HIDROBOLETÍN FENTAP
Viernes, 26 de julio de 2013 – Año VIII – Edición 1785 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP
informa:
- Perú - Pobladores de Espinar denuncian la contaminación del río. Xtrata Tintaya asegura que bombeó agua proveniente de ductos oxidados.
- Bolivia - Construcción de represa alcanzará los 85 metros.
- México - Pocos pagan agua en Progreso. Revelan que son morosos 65 de cada 100 usuarios.
- Colombia - Investigan contaminación por radiación del agua en Bogotá y Medellín.
- Ecuador - Canadá debería investigar la destructiva intervención minera a gran escala en la Amazonía ecuatoriana.
- Uruguay - Hidrocomentario. ¿Megaganancias mineras?
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Pobladores
de Espinar denuncian la contaminación del río
Xtrata Tintaya asegura que
bombeó agua proveniente de ductos oxidados.
http://espacio360.pe/ - 25/07/2013.- Ciudadanos de Espinar (Cusco) han denunciado el derrame de residuos tóxicos en un canal de su localidad, un área correspondiente a la zona de influencia del proyecto minero “Ampliación Tintaya Antapaccay” de la empresa Xstrata Tintaya.
La
Municipalidad de la localidad también ha denunciado el hecho, aseverando que se
han encontrado sedimentos amarillos en el río Ccocareta. En respuesta a sus
reclamos, el Ministerio del Ambiente (Minam) ha iniciado una acción de
fiscalización para tomar muestras del agua y determinar el daño
ocasionado.
Por
su parte, la compañía minera ha negado que se haya realizado un derrame. No
obstante, señala que una de sus tareas ambientales es bombear agua al canal de
Ccocareta, explicando que se ha optado por emplear el agua proveniente de un
pozo antiguo cuyos ductos están oxidados. “Este óxido ha producido la
coloración amarilla en el agua”, ha explicado la empresa.
HIDROMUNDO
Construcción de represa alcanzará los 85 metros
http://fmbolivia.com.bo/
- 23/07/2013.- La represa de embalse de las aguas del río Misicuni, hasta la
primera semana de agosto alcanzará los 85 metros de altura. Trabajadores
intensifican las obras que tienen un 70% de ejecución en función al cronograma
establecido por el Consorcio Misicuni.
El presidente del Proyecto Múltiple Misicuni, Jorge
Alvarado, informó que la construcción de la represa actualmente llega a los 83
metros de altura. En los próximos quince días se llegará a los 85 metros
concluyendo de esta forma la primera fase del proyecto.
"Nosotros consideramos que este hecho es
histórico porque demuestra que el proyecto está avanzando y se va concluir en
su totalidad hasta el próximo año", informó.
Según Alvarado, una vez que se concluya la primera
fase hasta diciembre de este año se deberá llegar a construir los 120 metros de
altura de la represa finalizando de esta manera la ejecución del proyecto.
En la oportunidad, el presidente de Misicuni afirmó
que los recursos económicos se encuentran garantizadas haciendo uso de tres
partidas presupuestarias: la Gobernación, el Gobierno Central y el Crédito
Italiano.
"Son más de 90 millones de dólares que se van a
invertir en toda la ejecución del proyecto Misicuni", precisó.
Aseguró que actualmente los trabajos se desarrollan
con total normalidad por las empresas que son parte del consorcio Misicuni.
Unos 180 obreros aceleran los trabajos complementarios a la construcción de la
represa como la canalización de las aguas, tratamiento de los suelos, traslado
de materiales y otros pormenores.
Según el contrato vigente en consorcio Misicuni
deberá entregar el proyecto concluido hasta agosto del próximo año.
Una vez embalsadas las aguas del río Misicuni dotarán
de 500 litros por segundos del líquido elemento al departamento de Cochabamba.
Entre los municipios que se beneficiarán se encuentran Sacaba, Cercado,
Colcapirhua, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe.
En una tercera fase, prevista para el 2015 con las
mismas aguas embalsadas del río Misicuni se impulsará la electrificación para
zonas rurales que actualmente no cuentan con luz. El agua para riego también
será otra prioridad una vez que el proyecto sea concluido. Además se anticipa
que la ciudad de Cochabamba contará con el suministro de agua potable las 24
horas del día.
Pocos pagan agua en Progreso
Revelan que son morosos 65 de cada 100 usuarios
http://yucatan.com.mx/
- 24/07/2013.- Tras años en que el Ayuntamiento no dio cifras y sólo dijo que
hay “alta morosidad”, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Progreso al fin precisa que los morosos suman 10,000 usuarios, que representan
el 65% del padrón (calculado en unas 15,384 personas).
Las cifras se informaron en la reciente sesión del
Consejo de Administración de la dependencia, aunque no se precisó a cuánto
asciende la deuda de los morosos.
El problema se trató en plena temporada vacacional de
verano, cuando aumenta la demanda de agua por la ocupación de las casas de
playa.
La morosidad se suma a una serie de problemas que
afronta la dependencia: deudas con la Comisión Nacional de Agua, el IMSS, el
Isstey y con ex trabajadores; embargos de cuentas bancarias, fugas por la
antigüedad de las tuberías y la ilegal instalación de bombas conectadas
directamente a las tomas de algunos predios.
De hecho, en junio Flora Muñoz Rosado, presidenta de
la Cámara de Comercio, afirmó que el Sistema de Agua es inoperable y un lastre,
porque necesita el subsidio municipal para funcionar y no puede exigir a los
usuarios que paguen porque no presta un servicio de calidad.
En la sesión, el Consejo de Administración del
Sistema autorizó pagar los $80,000 que se deben al IMSS y entregarle a éste el
terreno del edificio central como garantía de pago.
HIDROALERTA
Investigan contaminación por radiación del agua
en Bogotá y Medellín
http://www.rcnradio.com
– 25/07/13.- Expertos en Física
Radiológica de la Universidad Nacional, sede Medellín, realizan estudios de la
calidad del agua en Bogotá y la capital de Antioquia, para determinar los
niveles de contaminación por radiación y demostrar la baja potabilidad o no del
líquido. En Colombia no existe ningún estudio del tema.
Julián Zutta, uno de los líderes de la investigación,
advierte que en el país no hay estudios sobre la contaminación por radiación en
el agua y sus posibles efectos negativos en la agricultura, ganadería,
ecosistemas como páramos y cuencas hidrográficas y finalmente en el consumo
humano.
Afirma el experto que "la Organización Mundial
de la Salud, OMS, exige dentro de sus recomendaciones tener registros técnicos
y químicos para categorizar el agua como potable o no. Los registros y estudios
que piden son biológicos, químicos, físicos en cuanto a turbiedad del agua y
radiológicos, y en Colombia no hay ningún estudio radiológico en el agua".
"Lo que pretendemos hacer junto con el Organismo
Internacional de Energía Atómica, es realizar el primer estudio de agua y la
actividad radiológica en el agua", afirmó Zutta.
Se espera que los estudios sobre la radiación en el
agua, finalicen a mediados de 2014. Otro objetivo de la intensa investigación
es que el Gobierno tome medidas racionales y a futuro para evitar alertas por
contaminación del agua por causas naturales, y no químicas.
La contaminación por radiación en el agua se genera
por el contacto de líquido con rocas y gases presentes en la atmósfera, durante
sus recorridos por fuentes hidrográficas, también por las reacciones e
inestabilidad de las moléculas de hidrógeno presenten en el agua, explica
Zutta.
Canadá debería investigar la destructiva
intervención minera a gran escala en la Amazonía ecuatoriana
http://www.fidh.org/
- 25/07/2013.- Hoy, la FIDH, su organización miembro en Ecuador, CEDHU y
MiningWatch Canadá, en representación de un grupo de pobladores campesinos e
indígenas, afectados por el primer contrato de explotación minera a gran escala
en Ecuador, han presentado una denuncia ante el Punto Nacional de Contacto
canadiense bajo las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales.
La empresa ecuatoriana EcuaCorriente S.A. (ECSA)
ostenta el primer contrato para la explotación minera a gran escala en Ecuador.
El consorcio chino CRCC-Tongguan adquirió ECSA y todos los activos de la
empresa canadiense Corriente Resources en 2010, y aún mantiene dos filiales en
Canadá, justificando la presentación de la queja en Ottawa.
“El Proyecto Mirador puede ocasionar daños
irreparables para las comunidades campesinas e indígenas de su alrededor,
habiendo ya producido el desplazamiento forzoso de docenas de familias que se
han visto obligadas a abandonar sus hogares y sus tierras”, destacó Elsie
Monge, Directora Ejecutiva de CEDHU y Vicepresidenta de la FIDH. “ La
Constitución ecuatoriana, que protege los derechos humanos y los derechos de la
naturaleza, debe ser respetada”.
En 2011, FIDH y CEDHU publicaron un informe
denunciando los impactos sobre los derechos humanos y la naturaleza, que este
proyecto empezaba a generar, aún antes de su desarrollo. Tras varios intentos
de acceder a la justicia en Ecuador y ante las inminentes y graves
consecuencias de la ejecución del Proyecto para las personas y la naturaleza,
éstas se ven obligadas a llevar esta queja a Canadá.
“Canadá alberga el mayor número de empresas mineras
del mundo y por ello debe cumplir sus obligaciones internacionales, incluyendo
aquellas que contrae al ser estado miembro de la OCDE, y debe adoptar las
medidas necesarias para garantizar que las compañías domiciliadas en Canadá
respeten los derechos humanos fuera del país, incluso si están domiciliadas en
Canadá únicamente por motivos fiscales”, afirmó Karim Lahidji, Presidente de la
FIDH.
En la queja se solicita respetar los derechos humanos
de las comunidades afectadas, incluyendo los derechos de la población indígena
a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado y el derecho
de la población en general a vivir en un ambiente sano y libre de
contaminación, tal como reconocen normas de derecho internacional y nacional,
así como el espíritu del régimen del buen vivir o “sumak kawsay”, consignado en
la Constitución ecuatoriana. Además, plantea que la empresa desista de su
actividad minera en Ecuador, dados los graves riesgos e impactos en los
derechos humanos y el medio ambiente, tanto actuales como potenciales.
El Mandato Minero, aprobado por la Asamblea Nacional
Constituyente del Ecuador en abril de 2008, ordenó la extinción de toda
concesión minera otorgada sin consulta previa a las comunidades afectadas así
como de aquellas ubicadas en nacientes y fuentes de agua, como es el caso el
Proyecto Mirador. Dos meses después de su aprobación, el entonces presidente de
Corriente Resources reconoció el trabajo “incansable” que la Embajada
Canadiense en Quito estaba realizando para asegurar buenas condiciones a las
empresas mineras canadienses en Ecuador, las cuales mantuvieron sus proyectos a
pesar de la aplicabilidad del Mandato.
“Ya se debía haber cancelado este proyecto de acuerdo
con el Mandato Minero. Ahora, considerando el cabildeo político que la Embajada
canadiense en Quito realizó para proteger los intereses de la empresa en lugar
de abogar por la garantía de los derechos de las comunidades, es hora de que
Canadá asuma su responsabilidad por los abusos sistemáticos y permanentes que
hemos señalado”, comentó Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina
de Mining Watch Canadá.
En noviembre de 2012, durante el examen del informe
periódico de Ecuador, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de Naciones Unidas subrayó su preocupación por la «ausencia de consulta con los
pueblos y nacionalidades indígenas para obtener su consentimiento previo, libre
e informado sobre los proyectos de explotación de recursos naturales que les
afectan».
HIDROCOMENTARIO
¿Megaganancias
mineras?
Raúl Viñas
http://ladiaria.com.uy/ - 24/07/13 La
comisión de Industria del Senado planea finalizar hoy el tratamiento del
proyecto de ley de Minería de Gran Porte. El principal argumento para autorizar
la megaminería son los supuestos ingresos impositivos que se derivarían de esa
actividad. Frases como “fifty fifty” y la mención a cientos de millones de
dólares de ingresos generaron la idea de que la minería de metales traería gran
bonanza.
Sin
embargo, tal como está redactado el proyecto, sólo sería posible obtener esos
ingresos si en paralelo se aceptan altas tasas de extracción del mineral que agotarían
las reservas en pocos años. Tal como está planteado, el esquema acentúa la
primarización de la producción, limita la posibilidad de que la actividad
contribuya al desarrollo productivo y sólo permite una diversificación
temporaria de la matriz exportadora.
Si
bien se han presentado propuestas de modificación, el proyecto de ley a estudio
en el Senado carece aún de instrumentos que promuevan el desarrollo minero de
largo plazo, tal como lo establecía el acuerdo multipartidario de 2011.
Según
está redactado, la empresa minera decide, por sí y ante sí, el volumen de
extracción de un recurso que es propiedad del país y define los plazos de la
explotación. Lo hará, como es obvio, en función de intereses empresariales que
no tienen por qué coincidir con los del Estado, que es el custodio de los
bienes de todos.
En
una respuesta economicista, la única concesión en el proyecto de ley que
considera ese largo plazo está en la creación del Fondo Soberano Intergeneracional
de Inversión (FSII) al que se destinará el 70% de Los ingresos que perciba el
Estado por la actividad minera. Sin entrar en consideraciones sobre el plazo de
la extracción, ese fondo es una buena idea. Sin embargo, la ley lo hace
dependiente de la rentabilidad que la empresa minera declare y lamentablemente
el proyecto contiene varias disposiciones que facilitan una subdeclaración de
la rentabilidad.
El
artículo 10 dispone la posibilidad de que el Estado renuncie a considerar parte
de un conjunto económico a las empresas que no realizan tareas definidas como
mineras o conexas. De esta forma, se puede dar el caso de que una firma minera
no sea considerada parte del mismo grupo que una de servicios portuarios o de
transporte de combustible, cuando sí lo son, y de esta manera está abierta la
posibilidad de "desviar" las ganancias entre empresas y reducir e
incluso evitar el pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas
(IRAE) y su adicional, limitando el FSII.
Además,
si bien en el acuerdo multipartidario se estableció que no se daría a las
empresas megamineras “exoneraciones” de IRAE, el proyecto les otorga “deducciones”
tanto del IRAE como de su adicional.
A
pesar de que el proyecto ha sido mejorado en el Senado respecto de la versión
emanada de Diputados, esas y otras disposiciones aún incluidas en la ley
limitan la capacidad del Estado de obtener los ingresos impositivos que han
sido publicitados para justificar la megaminería.
Esperemos
que los senadores revisen y mejoren el proyecto, de manera de asegurar procesos
extractivos que promuevan el desarrollo productivo y no generen injustas e injustificadas
deducciones impositivas.
Si
estudiar el tema un par de semanas más hará que la minería de gran porte sea
realmente de beneficio para todos los uruguayos, la espera está plenamente justificada.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
