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martes, 25 de junio de 2013

HIDROBOLETÍN FENTAP Martes, 25 de junio de 2013 – Edición 1764



HIDROBOLETÍN FENTAP
Martes, 25 de junio de 2013 – Año VIII – Edición 1764 – www.fentap.org.pe

La FENTAP informa:
  • Colombia y Perú acuerdan lucha contra minería ilegal.
  • Perú - 12 PP.JJ. de Chiclayo en espera de agua y alcantarillado.
  • Bolivia - Hidroalerta - Gobiernos y contaminación del agua.
  • Perú - Hidrocomentario - La locomotora de inversiones que arrolla derechos.
  • Hidrocomentario - Privatización. Privatización como fenómeno tentacular, generador de distancia social, que transforma las rentas de los trabajadores en beneficios del capital y extingue derechos, y que podemos desglosar en tres aspectos interrelacionados: la privatización del poder político, la privatización de servicios públicos y la privatización de espacios públicos.
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Colombia y Perú acuerdan lucha contra minería ilegal
 
http://www.prensa-latina.cu/ - 24/06/2013.- La lucha conjunta contra la minería ilegal y una invitación al presidente de Perú, Ollanta Humala, a visitar Colombia, destacan hoy en el saldo de la breve visita a Lima de la canciller del vecino país, María Ángela Holguín.
Holguín y su colega peruana, Eda Rivas, acordaron igualmente realizar reuniones periódicas de gabinetes ministeriales para tratar temas fronterizos y de integración, según dijeron tras suscribir acuerdos de fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Ahora nos convoca el tema de la minería ilegal, con un compromiso muy grande para evitar que esto siga expandiéndose y no degrade nuestros ríos y maravillosa Amazonía, señaló Rivas, cuya preocupación compartió Holguín.
Ambas destacaron el compromiso de sus gobiernos por estrechar lazos bilaterales y subrayaron la importancia de la declaración conjunta y el plan de desarrollo de una zona de integración fronteriza, que firmaron en el palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería.
Holguín resaltó que la referida iniciativa implica un trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida a las poblaciones fronterizas, con mayor presencia del Estado y proyectos sociales.
Dijo esperar que la reunión de gabinetes ministeriales se realice en este año, como "la manera de dar un gran empuje a la relación", acotó.

HIDROREGIONES

12 PP.JJ. de Chiclayo en espera de agua y alcantarillado

http://www.larepublica.pe/ - 23/06/2013.- Por más de 50 años, 26 mil moradores de 12 pueblos jóvenes del distrito de Chiclayo, ubicados en la carretera a Pomalca, aún esperan con ansias contar con el servicio básico de agua potable y alcantarillado.
El mencionado proyecto se encuentra formulado desde hace quince años y a la fecha el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS)  no ha dado luz verde, tras pasar por dos observaciones de parte de los técnicos y del ministerio encargado, así informó el presidente del Comité Integral del Proyecto de agua potable y alcantarillado de los pueblos jóvenes, Mario Ramírez Aguinaga.
Según se conoció, en su tercera oportunidad a este proyecto se le observa la carencia de saneamiento físico legal de cuatro pueblos  jóvenes: Samán, San Bartolo, Precursores y San Félix, lo que ha impedido seguir con el proyecto de los ochos pueblos jóvenes restantes.
"El proyecto está presupuestado en 60 millones y la dilatación para ejecutar la obra parte de la voluntad política de funcionarios del Ministerio de Vivienda", advirtió el dirigente.

OPORTUNIDAD

Los dirigentes aprovecharon la presencia del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Roberto Torres Gonzáles, quien acudió al pueblo joven Las Vegas, donde solicitaron el compromiso de avanzar con los primeros ocho pueblo jóvenes que cuentan con saneamiento físico legal para la instalación de redes de agua y alcantarillado.

Ante el pedido de los moradores, la autoridad edil invitó a los dirigentes de los doce pueblos jóvenes a una reunión que se realizará mañana y tendrá lugar en el Palacio Municipal, donde se contará con la presencia de los funcionarios de COFOPRI para sanear sus terrenos.

HIDROALERTA

Gobiernos y contaminación del agua

HIDROCARBUROSBOLIVIA.COM - 22/06/2013.- La contaminación del agua ha comenzado a ocupar parcialmente la agenda de algunos gobiernos. Recientemente la prensa ha informado que técnicos de Petroecuador recogieron muestras de agua de ríos de Perú, Colombia y Brasil para comprobar el grado de contaminación tras un derrame de 11.480 barriles de crudo en la Amazonía norte de este país pero que por los afluentes fluviales viajó a esas dos naciones.
La agencia de noticias AP señala que la estatal petrolera del Ecuador indicó que a partir de los resultados, la empresa Oil Spill Response (Estados Unidos) definirá los procedimientos y los equipos que traerá para remediar los efectos de la contaminación
“Un comunicado de la empresa destacó que una comitiva con técnicos del Ministerio de Ambiente, Petroecuador, la fiscalía y un experto estadounidense en derrames de petróleo, cumplió un sobrevuelo de 900 millas en cuatro días en los que recogió muestras de agua en la zona de Iquitos, Perú; Leticia, Colombia; y Tabatinga, en Brasil”, refiere esta fuente de información.
Agrega que el agua será “analizada en el Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental, de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y en el Laboratorio Ambiental de Petroecuador”.
Según esta agencia noticiosa,  “a partir del informe que presente la comisión, la empresa Oil Spill Response (Estados Unidos), contratada por Petroecuador para la remediación de las zonas afectadas, definirá los procedimientos y equipos que traerá al país para continuar con estas tareas en las riberas y vegetación de los ríos que recibieron el impacto del derrame de petróleo”.
Explica, en este marco, que el 31 de mayo, a causa de las intensas lluvias, se produjo un deslave de tierra y piedras en el kilómetro 82 del tubo, en la zona del volcán Reventador, que rompió un tramo de 100 metros del principal oleoducto del país andino indicando que en la zona se vertieron 11.480 barriles de petróleo y que el petróleo derramado viajó hacia el sur, a Perú y Brasil, por los cauces de los ríos Coca y Napo, este último uno de los principales afluentes del río Amazonas.
Al momento se sabe que la contaminación por petróleo, ocurre ya sea por su liberación accidental o intencionada en el  ambiente, lo cual afecta a los seres humanos, al medio circundante (agua, aire, fauna y flora) de manera directa o indirecta, razón por la cual los gobiernos se están viendo obligados a considerar, al menos, medidas de remediación.
Expertos señalan que los efectos de los vertidos de petróleo sobre el agua producen disminución del contenido de oxígeno, y en el caso de las aguas subterráneas, el mayor deterioro se manifestaría en un aumento de la salinidad, por contaminación de las napas con el agua de producción de petróleo de alto contenido salino.
Asimismo, consideran que si la zona de explotación es costera o mar adentro, el derrame de hidrocarburos produce daños irreversibles sobre la fauna marina.
Por el momento, se sabe que los efectos del transporte de hidrocarburos es el que ha producido los mayores accidentes con graves consecuencias ecológicas y que los gobiernos han comenzado a implementar programas que permitan una revisión cuando no la sustitución  paulatina y controlada de los riesgos en la cadena de producción de los hidrocarburos y a encarar medidas menos contaminantes, sin un manifiesto claro -empero- sobre las recientes y sofisticadas tecnologías que han adquirido popularidad a partir de nuevas formas de explotar el shale gas. Un mundo con muchas contradicciones energéticas en agenda, sin lugar a dudas.

HIDROCOMENTARIO

La locomotora de inversiones que arrolla derechos
Escribe: Luis Hallazi

http://www.losandes.com.pe/ - 23/06/2013.- La marcha a la laguna El Perol de cerca de tres mil comuneros cajamarquinos para detener un eventual transvase de sus aguas, coincidió con las recientes declaraciones del Ministro Merino sobre el proyecto Conga (El Comercio, 17-06-13), en dicha entrevista se ratifica que no hay señales de cambio ni formal ni sustantivo tras el conflicto de mediados del 2012 que costó la vida de 5 personas; parece haber sido solo una “tregua” engañosa, que ahora vuelve a reactivarse y polarizar a los actores.
Si el agua era una de las causas de conflicto ¿que se hizo al respecto? además de un reservorio a espaldas y en contra de la voluntad de las comunidades; se menciona que están trabajando en la “microutilización” del agua con las comunidades pero ¿en qué consiste y con qué comunidades se hace ese trabajo? Por otro lado se sigue estigmatizando a una parte de las comunidades al dividirlos en dos grupos uno cercano al gobierno y otro radical (antiminero) con el que no están dispuestos a dialogar. Sin embargo se menciona que es importante el dialogo pero además se señala que “en paralelo tenemos que hacer respetar el orden y la ley” El mensaje es un dialogo condicionado o caso contrario aplico la ley ¿y qué es la ley bajo estas circunstancias? ¿Flexibilización de las normas ambientales? o acaso ¿criminalización de la protesta? Se siguen repitiendo los mismos argumentos “Conga es de todos los peruanos” y ¿Aún no se han identificado cuales son los derechos humanos que están en juego en las comunidades cajamarquinas?
Por otro lado, todos los sectores del Poder Ejecutivo tiene el deber de cumplir con sus funciones contenidas en sus leyes orgánicas de creación y respectivos reglamentos, hay una obligación de sujeción a las normas constitucionales y ordinarias, cada sector conoce sus funciones y si bien debiera trabajar conjuntamente, esto no significa que en el MEM se tome atribuciones por encima de dichas leyes y mencione categóricamente “ningún organismo del Estado puede poner problemas a una inversión como Conga” ¿qué clase de Estado de derecho está por debajo de los intereses de inversionistas? Por ultimo para despejar dudas que del conflicto pasado no se aprendió nada, en la entrevista se dice que “Estado no puede solo”, puesto que necesita de las Empresas, ya que en conjunto, se deja leer entre líneas, podrán imponer los proyectos; poco o nada importa lo que piensen las comunidades a pesar de que tengamos una ley de consulta previa.
En detrimento de la implementación del derecho a la consulta previa se ha referido a que no se publicará la base de datos porque en la sierra donde se encuentra casi la totalidad de proyectos y mega proyectos mineros, simplemente no se quiere consultar. Es mejor para el gobierno hacerlo caso por caso y además que sean las comunidades campesinas las que hagan su petición, incumpliendo con la propia ley que el mismo gobierno dio, Ley 29785, art. 2 segunda párrafo “la consulta es implementada de forma obligatoria por el Estado”, art. 8 inc. b las entidades promotoras deben cumplir con la “identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados” expresamente el Art. 10 menciona la identificación “debe de ser efectuada por las entidades estatales“. Por su parte el Reglamento de la consulta en su Art. 6 sobre consulta y recursos naturales vuelve a señalar la obligación del Estado, Art. 8.1 vuelve a mencionar que la entidad promotora identifica a los pueblos indígenas, es más el Art. 8.2 señala que en caso se cuente con nueva información que no está registrada esta se remitirá al Viceministerio de Interculturalidad, ratificando el rol tuitivo del Estado en la identificación de los pueblos. El derecho de petición tal como lo señala el Art. 9 del reglamento de la Ley de consulta opera cuando un pueblo indígena solicita su inclusión en un proceso de consulta, donde ya se han identificado a uno o un grupo de ellos, es decir cuando un pueblo indígena o comunidad campesina ha sido excluida del proceso.
Finalmente tanto estas nuevas declaraciones del ministro Merino como en su momento las del mismo presidente evidencian un pobre conocimiento sobre los derechos de nuestros pueblos, discursos como el de “comunidades agrarias” o aquellas ”En Cañaris hoy todos tienen costumbres occidentales, todos utilizan celulares” y por tanto no hay pueblos indígenas ni derecho a la consulta, no hace más que obligarnos a una lectura que nos ponga en alerta, en vista que la lógica actual del gobierno, parece ser arrollar todo derecho que se ponga de por medio a la locomotora de las inversiones, sin entrar a un debate trascendental, sobre si nuestro país está preparado para recibir más inversión minera.

Privatización

María Vacas Sentís

http://www.rebelion.org/ - 24/06/13.- Definir este tiempo de catástrofe social con algún concepto aglutinador es complicado y hasta aventurado, pero tal vez el término privatización, entendido como la colonización de lo público, de lo que nos pertenece y beneficia a amplias mayorías sociales, por parte de intereses privados, minoritarios y exclusivos, sirva como eje central de la deriva del sistema. Privatización como fenómeno tentacular, generador de distancia social, que transforma las rentas de los trabajadores en beneficios del capital y extingue derechos, y que podemos desglosar en tres aspectos interrelacionados: la privatización del poder político, la privatización de servicios públicos y la privatización de espacios públicos.
Hablar de privatización del poder político es remitirnos a la agresiva ejecución de medidas dictadas por instituciones internacionales no elegidas democráticamente, llegando incluso a la ocupación directa de los gobiernos por parte de tecnócratas cercanos a empresas y bancos, confundiéndose personajes públicos y privados, que tan pronto dirigen un ministerio como participan en algún consejo de administración. No gobierna el pueblo, tampoco los políticos tradicionales, ni siquiera sus partidos. No existe democracia real y se ha volatilizado hasta su anticuado disfraz. El poder político se ha privatizado.
Esta privatización política se vincula a la privatización de servicios públicos, como la sanidad. Con los zorros al cuidado del gallinero es fácil asaltar y desguazar nuestro estado de bienestar. Constructoras e inmobiliarias, que echaron luego ancla en el sector eléctrico, posan ahora su ávida mirada en los hospitales, con ayuda de sus servidores políticos. Se ponen a disposición del sector privado las historias clínicas de los pacientes, y las reformas de la administración pública persiguen facilitar la penetración del sector privado y la implantación de sus peligrosos criterios del beneficio a toda costa. Por su parte, la privatización del espacio público se traduce en su colonización, en forma de patrocinio de estatuas, plazas y estaciones de metro; y simultáneamente, en la confusa percepción del espacio privado como público por parte de la ciudadanía, como sucede con los centros comerciales, paraíso del ocio del consumo.
El reto: revertir este perverso proceso, defender y recuperar el protagonismo de lo público, del Estado protector, defensor de las mayorías sociales.

“Defender el Agua es Defender la Vida”

lunes, 27 de mayo de 2013

HIDROBOLETÍN FENTAP Martes, 28 de mayo de 2013 – Edición 1744



HIDROBOLETÍN FENTAP
Martes, 28 de mayo de 2013 – Año VIII – Edición 1744 – www.fentap.org.pe

La FENTAP informa:
  • Perú - En la ruta de la minería informal. El negocio de la minería informal, que está presente en 21 regiones del país, crece en la sombra del flagrante delito, al que le han prestado poca importancia o en el peor de los casos, situación que las autoridades han preferido evadir.
  • España - Detectados problemas en el 5 % de los análisis del agua potable gallega. No se adaptan a los niveles de ph o cloro, o presentan turbidez, pero no supone riesgo sanitario.
  • Chile - Agricultores de Los Ángeles denuncian contaminación en agua debido a pisciculturas.
  • Uruguay - OSE aumentará las tarifas para obras que eviten contaminación de la cuenca.
  • España - Hidroalerta - Ya no valen prórrogas: Madrid debe reducir la contaminación.
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En la ruta de la minería informal

http://www.spaciolibre.net/ - Bajo tierra, en penumbra y en condiciones extremas de trabajo se alimenta la informalidad, víctima del apetito voraz del tráfico de minerales para conseguir metales preciosos, que luego serán comercializados.
El negocio de la minería informal, que está presente en 21 regiones del país, crece en la sombra del flagrante delito, al que le han prestado poca importancia o en el peor de los casos, situación que las autoridades han preferido evadir. El último informe de la Defensoría del Pueblo: Gestión del Estado frente a la minería ilegal e informal en el Perú, revela que dicha actividad genera trabajos directos para un promedio de 100 mil personas y representa en impuestos dejados de pagar al fisco más de 500 millones de soles.
La última investigación del programa dominical Panorama revela la ruta de la ilegalidad, que se erige sobre los cuatro mil metros de altura, en el mutismo de la jalca de los andes centrales apurimeños, hasta donde llegan decenas de camiones para transportar toneladas de mineral.
En el distrito de Progreso en Abancay, a 25 horas de viaje de la capital, se ubica el centro de operaciones de la negligencia, donde se han derogado leyes y medidas de seguridad. Ahí donde el oro y el cobre anularon la formalidad.
Un grupo de ronderos vigilan los alrededores y preparados ante cualquier eventualidad, aguardan en las faldas de los cerros, desde donde amenazan a cualquier persona que solo intente mirar. Es casi imposible adentrarse en esta especie de aldea que trabaja en busca del tesoro.
Para que estos dependientes del mineral rojo puedan llevar a cabo su  extracción, cuentan con grupos electrógenos y maquinaria pesada que hace posible apilar en sacos de 77 Kg.  de roca, que luego es transportada en camiones hasta Pampas de Nazca, destino final.
Dichos camiones cargan de siete a ocho toneladas de roca con mineral que son trasladados durante 10 diez horas de viaje hasta Pachachaca, en Junín. Luego en un grifo de PetroPerú esperan tres estibadores que cargan el material a grandes trailers, que transportarán cada uno, un total de 30 toneladas.
Después, más de 30 mil Kg. de mercadería son conducidos hasta el valle Las Trancas y Pajonal en Nazca, donde operan más de 20 plantas sin licencia de procesamiento, quienes procesan gran parte del mineral que se extrae artesanalmente en el Perú. Previo a esto cada camión se pesa en una balanza electrónica a vista y paciencia de los efectivos policiales, burlando varios controles.
Hace tres años que Nazca ha visto crecer estas fábricas, que operan al borde de la ley y que ponen en riesgo la salud con metales tóxicos contenidos en pozas de relave. Y peor aún, cuando estas operaciones colindan con zonas arqueológicas del patrimonio cultural. La contaminación por cascajo es evidente.
Nadie paga impuestos, todos transgreden la ley en este mercado clandestino al que cada día se adhieren nuevos hombres. Las cuevas esconden minerales sin control y el negocio crece en la senda de la ilicitud. La serenidad y el descaro gobierna mientras se sigue pensando qué medidas implementar para enfrentar la minería ilegal e informal en todo el país. Este es solo un caso. ¿Cuánto más se esconderá entre cuevas y socavones?

HIDROMUNDO

Detectados problemas en el 5 % de los análisis del agua potable gallega
No se adaptan a los niveles de ph o cloro, o presentan turbidez, pero no supone riesgo sanitario.

http://www.lavozdegalicia.es/ - 25/05/2013.- El 94,95 % de los análisis de agua potable realizados el año pasado en las 593 principales zonas de abastecimiento de Galicia han dado resultados normales y aptos para el consumo humano. En el 5,05 % restante los datos han revelado algunos problemas por no adaptarse a los niveles de ph (acidez) o cloro, o por presentar turbidez, según el balance presentado por la directora xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública de Sanidade, Sonia Martínez.
El balance es «satisfactorio», indicó. Esos problemas no suponen riesgo sanitario y se solucionan de inmediato tras ser detectados, según se indicó.
La mayoría de las zonas que se controlan (531, que suponen casi el 90 % del total) están dadas de alta en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac), y parte de sus resultados pueden seguirse en tiempo real por la población en su página web.

Agricultores de Los Ángeles denuncian contaminación en agua debido a pisciculturas

http://www.biobiochile.cl/ - 26/05/2013.- Pequeños agricultores de Los Ángeles solicitaron una reunión con representantes del Servicio de Evaluación Ambiental para denunciar los presuntos efectos de la contaminación en sus aguas para riego, por desperdicios que provendrían de las pisciculturas.
Aroldo Puente, Secretario de la Junta de Vecinos Número 21 de Caliboro, explicó que se han visto afectados por la presencia de químicos, sal y antibióticos que serían aplicados por dichas empresas a las aguas que los campesinos utilizan para riego, modificando el PH de la tierra.
Al respecto, José Luis Urrutia, ejecutivo de fomento de INDAP en Los Ángeles, indicó que como entidad están asesorando a los pequeños agricultores afectados, con el fin de no poner en riesgo su productividad.
En tanto Andrés Castillo Director de Desarrollo Comunitario precisó, que como municipio están articulando una exposición con los afectados y las entidades de gobierno encargadas de fiscalizar el correcto uso del agua, con el fin de garantizar que tanto la piscicultura como la agricultura se desarrollen sin que eso signifique un perjuicio para el medioambiente.
Cabe mencionar que los afectados por la acción de al menos tres pisciculturas ubicadas al norte de Los Ángeles, solicitaron una reunión con representantes del Servicio de Evaluación Ambiental para exponer su denuncia, sin embargo la cita debió reagendarse para los próximos días, luego que el director regional del SEA no pudiera participar de una primera instancia de diálogo.

OSE aumentará las tarifas para obras que eviten contaminación de la cuenca

http://www.lr21.com.uy/ - 26/05/2013.- El presidente de OSE afirmó que si bien hay quienes se cuestionan porqué el Estado tiene que pagar obras para asegurar la potabilidad del agua que lleva a Montevideo –cuando la contaminación es obra de empresarios agrícolas fácilmente identificables- será aumentando las tarifas como se financien los trabajos.
En declaraciones a Subrayado 10, el ingeniero Milton Machado reconoció que las obras para que el agua siga siendo de la mejor calidad insumirán millones de dólares que se pagarían con “un ajuste de tarifas, donde todos los uruguayos serían conscientes del problema, porque el problema es de toda la sociedad”.
Básicamente las obras necesarias para enfrentar la contaminación denunciada serán una planta para suministrar más cantidad de carbón activado, otra planta de dióxido de cloro para el tratamiento de residuos orgánicos y una tercera planta para mejorar el tratamiento de los lodos que deja en el agua del río la propia estación de OSE en la localidad de Aguas Corrientes, sobre el Santa Lucía.

Mayor acceso al agua potable y subsidios para carenciados

“OSE colabora con los medios materiales para que los técnicos del MIDES puedan hacer las visitas y la identificación social. El Organismo subsidia para favorecer el acceso del agua potable con una tarifa social de 60 pesos cada 15 m3, priorizando el interés social al económico”, dijo el presidente Machado, al ratificar el convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social.
El ministro Daniel Olesker dijo que los subsidios tienen que llegar a los hogares que verdaderamente los necesitan y consideró de importancia que OSE lleve a cabo este tipo de convenios de inclusión.
Ambos jerarcas apuntaron a la continuidad de la identificación de hogares en situación de vulnerabilidad socio económica, principalmente en las localidades rurales como “factor clave para el convenio de cooperación firmado entre OSE y el MIDES”, según publica la página web del ente.

HIDROALERTA

Ya no valen prórrogas: Madrid debe reducir la contaminación

http://ecomovilidad.net/ - 23/05/2013.- La contaminación en Madrid es un tema serio. Cada año mueren más de 5.000 personas por esta causa en nuestro país (el doble que por accidentes de tráfico), y para la capital es uno de sus principales problemas.
Sin embargo, nuestros gobernantes nunca se han tomado este problema en serio, a pesar de que las estaciones de medición superan constantemente los niveles máximos permitidos por ley para proteger la salud pública. La respuesta del ayuntamiento fue presentar un insulso plan de mejora del aire y pedir a la Comisión Europea que nos deje seguir contaminando por encima de la ley cinco años más. Por suerte, el sentido común se ha impuesto en Europa y nos lo han denegado, al considerar que con las actuaciones previstas no se garantiza que vaya a disminuir la contaminación.
Se ve que la Comisión Europea no está de acuerdo con la alcaldesa cuando ella dice que “el aire de Madrid es el mejor de la historia”. Ahora Madrid se enfrenta a multas millonarias y deberá reducir, esta vez sí, la presencia de contaminantes en el aire que respiramos. Y es que ya basta de huidas hacia adelante y de medidas que, aunque positivas, solo son maquillaje: sí, está bien comprar autobuses más ecológicos para la EMT o subvencionar los cambios de caldera a las comunidades de vecinos, pero eso es el chocolate del loro. El auténtico problema de la contaminación en Madrid son los coches, y a día de hoy, no se ha tomado una sola medida valiente para reducir su número. Y trabajo hay: según reconocía la actual alcaldesa hace unos meses, tendría que haber un 50% menos de coches circulando por la ciudad para cumplir los límites de contaminación.
Tenemos pocos motivos para creer que esta vez las administraciones van a hacer algo. Las áreas de prioridad residencial no se amplían desde hace años, como tampoco se peatonalizan calles. La excusa es que no hay dinero, aunque todos sabemos que peatonalizar es gratis: lo caro es que una constructora pavimente la calle con granito traído de Vigo.
La zona de bajas emisiones es poco más que una broma consistente en pegatinas en los parquímetros, que solo compite en vergüenza ajena con la mayoría de carriles bici de la ciudad. El servicio de bicicletas públicas MyBici ni está ni se le espera (ah, la crisis, qué bien viene para hacerse la foto prometiendo cosas que luego no se van a hacer), y todo lo que entienden nuestros políticos por cambiar las tarifas del transporte público supone encarecerlas aún más y complicar el sistema con nuevos billetes, en vez de una verdadera integración. Y por supuesto, nadie se atreve a proponer un peaje urbano como el que aplica Londres para disuadir a todos aquellos que se acercan con su coche hasta el mismísimo centro de la ciudad. Aún peor: estudian darles facilidades construyendo macroaparcamientos a pocos metros de la Puerta del Sol. ¿Para qué necesitamos promover el transporte público? Estamos tan sobrados que hasta rechazamos millones de euros hace años para bajar el precio del abono transportes.
No hacen falta costosas obras para devolver la calle al peatón. Basta con una maceta como esta, en la calle Carretería de Cuenca.
Ya basta de privilegios absurdos al coche, que es el factor que más contribuye a la contaminación ambiental en la ciudad. Las externalidades positivas del coche solo las disfruta quien lo conduce, y las negativas (contaminación, ruidos, accidentes, ocupación de espacio público, gasto en infraestructuras) las sufre toda la ciudad. Si durante los últimos años en vez de construir grandes infraestructuras para el coche, innecesarias ampliaciones del “mejor metro del mundo”, burlarse de la bicicleta, subvencionar la compra de coches y pelearse más por colocar logos y salir en fotos se hubiera una política de apoyo a la movilidad sostenible, hoy disfrutaríamos de un aire más limpio y un sistema de transporte público más eficiente y sostenible económicamente. Y por supuesto no tendríamos que mendigar a Europa que nos deje seguir saltándonos la ley hasta que se nos ocurra algo mejor ni que pagar vergonzosas multas.
¿Necesitan ideas nuestros políticos? Pregunten a los técnicos en movilidad sostenible. Ampliaciones razonables de líneas, integración de tarifas, disuasión del uso del coche, auténtica promoción de la bicicleta, peatonalizaciones valientes e inversiones racionales en mejoras son solo algunas ideas. Pero hay muchas más.

“Defender el Agua es Defender la Vida”

martes, 14 de mayo de 2013

HIDROBOLETÍN FENTAP Miércoles, 15 de mayo de 2013 – Edición 1735



HIDROBOLETÍN FENTAP
Miércoles, 15 de mayo de 2013 – Año VIII – Edición 1735 – www.fentap.org.pe

La FENTAP informa:
·       Colombia, un país que se volvió minero. (Análisis).
·     Chile niega haber ofrecido exportar agua de la Patagonia a Catar.
·  México - Clausuran Surfamex en Irapuato por contaminar Río Temascatío.
· México - Miles mueren en México por culpa de la contaminación. Las emisiones de PM10 y dióxido de nitrógeno son tan altos que es el segundo país latinoamericano con más muertes por esta causa.
  •  Perú - Hidrocomentario - Momento de resultados. La designación del Alto Comisionado para la Minería Ilegal.
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Análisis
Colombia, un país que se volvió minero

http://www.elmundo.com.ve/ - 08/05/2013.- "Yo estoy desplazado acá por la minería, hace un mes. Me sacó de mi municipio la minería ilegal. No, no vaya a decir de dónde vengo. Mi nombre, menos".
Con el atemorizado hombre de piel azabache, de unos 40 años, IPS acordó decir solo que proviene del sur de la Costa Pacífica de Colombia.
Allí, en medio de una biodiversidad desbordante, entre la cordillera de los Andes y la costa oceánica campean las dos guerrillas izquierdistas activas, una que está en negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y la otra en plan de emprender un camino similar.
También operan grupos paramilitares de ultraderecha, que las autoridades llaman Bacrim (bandas criminales) tras una desmovilización negociada durante el mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Son el único sector armado en crecimiento.
En la actualidad, esos bandos se dedican a la minería del oro, actividad ancestral en el lugar. La producción y tráfico de cocaína no va más en el sur de la región conocida como Costa Pacífica, se asegura. "El negocio es el oro", confirmó el hombre que se declara desplazado de su hogar.
Según sus datos, el oro genera hoy entre 13 y 23 veces más ganancia neta que la cocaína en el suroccidente colombiano, cerca de la frontera ecuatoriana.
Pero para dedicarse al oro hay que tener más capital inicial. Y la minería también trae conflictos. Muchos.
En los últimos 20 años, Colombia se transformó radicalmente al convertirse en un país minero y petrolero. Y la institucionalidad no se ha ajustado a esa nueva realidad.
Es la conclusión de los especialistas que hablaron para IPS en el marco de la presentación de "Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista", el estudio más completo hasta ahora, primero de una serie de informes de la Contraloría General de la República, máximo organismo interno de control fiscal.
El economista Luis Jorge Garay dirigió durante seis meses el grupo de autores, integrado por los expertos Julio Fierro, Guillermo Rudas, Álvaro Pardo, Fernando Vargas, Mauricio Cabrera, Rodrigo Negrete y Jorge Espitia.
Los comentaristas durante el lanzamiento, el lunes 6, fueron Manuel Rodríguez, el exministro de Ambiente, Jorge Iván González, director del Centro de Estudios Económicos de la pública Universidad Nacional, y el jurista especializado en derecho constitucional Rodrigo Uprimny, director de la no gubernamental DeJusticia.
"Esta investigación es de la mayor importancia. Por primera vez aparece en un solo volumen la complejidad de la minería en todos sus aspectos: el ambiental, el social, el jurídico, el económico", indicó Rodríguez.
"Nos indica que estamos encaminando el sector minero con muy poca consideración de los enormes costos sociales y ambientales que implica", dijo.
La Constitución de 1991 establece una serie de derechos fundamentales que, sin embargo, se degradan a la hora de las normas mineras. Un funcionario de turno puede emitir una medida que contradiga la carta magna, pero es la que va a primar en la práctica.
"El Estado está renunciando, desde hace dos o tres décadas, a tener una participación en los recursos que genera la minería legal", dijo el economista Rudas. "El problema no es únicamente la minería ilegal, sino la minería legal, que no está dejando réditos al país para que tenga un Estado fuerte, capaz de solventar los otros problemas", argumentó.
La contralora general, Sandra Morelli, consideró que "el Estado colombiano se ha venido debilitando notablemente, y no es un tema de tamaño, sino de capacitación técnica y de facultades jurídicas para intervenir, de manera mucho más oportuna, para evitar afectaciones al interés público".
La minería aporta anualmente a Colombia unos 1.100 millones de dólares, según la contralora. "La pregunta es si esa cifra está compensando el impacto de la actividad minera o no", planteó.
En la actualidad, los principales rubros mineros de Colombia son el carbón, del que es décimo productor mundial, el níquel, en que ocupa el séptimo lugar, y el oro, en el puesto 22 entre los mayores países extractores.

HIDROMUNDO

Chile niega haber ofrecido exportar agua de la Patagonia a Catar

AFP – 13/05/2013.- Chile negó que su embajador en Emiratos Árabes Unidos haya ofrecido un proyecto para exportar agua de los australes campos de hielo de la Patagonia a Catar, versión difundida por un medio de prensa catarí que causó polémica, informó un comunicado de la cancillería chilena.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores y su embajador en Emiratos Árabes Unidos, Jean Paul Tarud K., descartan que dicha información sea efectiva", indicó este lunes un comunicado oficial.
La nota niega la noticia publicada el 11 de mayo por el diario catarí Gulf Times, en la que se indica que Chile ofreció vender agua de los glaciares patagónicos de Campos de Hielo Sur a Catar, uno de los países del mundo con los menores niveles de lluvia y que depende de la desalinización de agua de mar para asegurarse el sustento de agua para consumo.
Los campos de Hielo Sur son unos milenarios hielos continentales de 16.800 km2 de extensión que se ubican en la cordillera de Los Andes en la frontera austral entre Chile y Argentina, y que constituyen una de las mayores reservas de agua dulce del mundo.
Gulf Time difundió en su nota supuestas declaraciones del embajador Tarud en las que habría sugerido que los Campos de Hielo son una "fuente confiable de agua dulce" y que "su aprovechamiento no tiene ninguna de las desventajas del proceso de la desalinización" que se realiza en Catar.
"El embajador Tarud desmiente haber hecho las declaraciones que se le atribuyen sobre el tema y menos aún haber efectuado un ofrecimiento que involucrara al Gobierno de Chile", aseguró la nota de la Cancillería.
Tarud explicó que durante un seminario realizado en Catar para atraer inversiones a Chile, la empresa catarí Fresh Waters expresó su interés por importar agua desde Chile, mientras que la compañía chilena Waters of Patagonia -que actualmente comercializa agua embotellada procedente de Campo de Hielo Sur, según su página web- se mostró interesada en exportarla.
"Se trata de conversaciones entre inversionistas privados y no una iniciativa de la Embajada", aseveró Tarud en declaraciones a La Tercera.

Clausuran Surfamex en Irapuato por contaminar Río Temascatío

http://www.periodico.am/ - 09/05/2013.- El río Temascatío ha sufrido incendios por el exceso de contaminantes químicos que son vertidos por las empresas de la Ciudad de Industrial de Irapuato y los habitantes que viven cerca del cauce en la comunidad Cuarta Brigada se habían quejado desde hace muchos meses con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, clausuró la empresa Surfamex ubicada en la Ciudad Industrial porque vierte aguas contaminadas al río Temascatío y tiene adentro desechos tóxicos, dijo el delegado de la dependencia federal José Isaac González Calderón.
Apenas el martes, una vecina de la comunidad Cuarta Brigada dijo a AM, que el río se incendió hace poco más de 20 días por tanto desecho químico.
A la vez el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, señaló que hay varias empresas de la Ciudad Industrial “en la mira”, por incumplimiento a las normas ecológicas.
María Guadalupe Castañeda, de la comunidad Cuarta Brigada, dijo, “sentimos un olor muy fuerte y picante en la nariz y en la boca y los ojos se nos irritan, el río está muy contaminado.
Tenemos problemas con el drenaje porque la red fue conectada a un canal y las aguas negras se nos regresan a nuestras casas”, dijo Guadalupe Castañeda.
El líquido que hay en el río, parece una mezcla de aguas negras con productos químicos y el lecho presenta un color blanco.
Leticia Ayala Duarte, quien es otra de las vecinas, aseguró que “hace 20 días o un mes, salió lumbre del agua, se incendió”.
El caso del siniestro del río Temascatío que dicen los habitantes que sucedió hace unos días, es parecido a los incendios que afectaron el río Lerma.

Clausuran empresa

El nuevo delegado en Guanajuato de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente José Isaac González Calderón explicó que la tarde del pasado martes, fue clausurada la empresa Sufarmex ubicada en la calle San Miguel de Allende de la Ciudad Industrial.

Miles mueren en México por culpa de la contaminación
Las emisiones de PM10 y dióxido de nitrógeno son tan altos que es el segundo país latinoamericano con más muertes por esta causa.

http://www.veoverde.com/ - 07/05/2013.- A pesar de ser el único país de la ONU que cumple con todas las normas para combatir el cambio climático, México tiene 14.000 muertes al año causadas por la contaminación atmosférica. Es el segundo país con más fallecidos por esta causa en América Latina, siendo superado por Brasil con 23 mil muertes. Argentina ocupa el tercer lugar con 10 mil muertes. Los datos fueron dados por un estudio elaborado por el Clean Air Institute.
La ciudad de Monterrey alcanza una concentración de PM10 de 85,9 microgramos por metro cúbico, obteniendo el récord en cuanto a niveles de partículas PM10. El límite legal marcado por la Unión Europea es de 40 microgramos, mientras que la OMS señala que superar los 20 microgramos ya es peligroso para la salud. En México D.F. la acumulación de este tipo de partículas es de 57 microgramos por metro cúbico y, en Guadalajara, de 70,1.
Estos gases son emitidos, fundamentalmente, por la quema de combustibles fósiles de los vehículos. A demás, también se encuentra el dióxido de nitrógeno, un gas que afecta especialmente las vías respiratorias y provoca enfermedades pulmonares.  Guadalajara y el Distrito Federal, con 57,2 y 54,2, respectivamente, superan los 40 microgramos por metro cúbico recomendados por la OMS.
Sergio Sánchez, director del Clean Air Institute y coeditor del estudio, pidió un esfuerzo para a los políticos locales para que adopten una serie de estándares de calidad del aire para proteger las salud de los ciudadanos. Actualmente, no hay técnicas de monitoreo ni recolección de datos, para medir la contaminación y tratar de reducirla.

HIDROCOMENTARIO

Momento de resultados
La designación del Alto Comisionado para la Minería Ilegal

http://www.larepublica.pe/ - 13/05/2013.- La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó un Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental encargado de la coordinación y supervisión de las acciones contra la minería ilegal.
El Estado ejecuta desde hace algunos meses una estrategia nacional contra la minería ilegal. Con ese propósito se dictaron los decretos legislativos 1005, 1099 y 1100. La primera de estas normas creó la comisión multisectorial para el seguimiento de esta estrategia y las dos últimas declararon de necesidad pública y de interés nacional la lucha contra la minería ilegal y la remediación ambiental.
Esta actividad se ha convertido en gravemente dañosa para la economía y el ambiente. Los datos oficiales reportan que se encuentra presente en 21 puntos del país y ocupa a cerca de cien mil trabajadores. La Defensoría del Pueblo informó hace poco que solo 50% de ellos ha presentado su declaración de compromiso para iniciar el proceso de formalización.
Las normas legales para enfrentar este fenómeno, esperadas hace tiempo, fueron expedidas recientemente. Sin embargo, se encuentran pendientes el cumplimiento de obligaciones vinculadas al registro de formalización, el caso de la ventanilla única, a los planes de erradicación y a la remediación. El Estado ha incumplido sus compromisos de fortalecer el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), las fiscalías especializadas y el trabajo policial. En gran medida estos retrasos se deben a las dificultades en el financiamiento; como se sabe, el fondo para el proceso de formalización, que usará para el efecto los recursos provenientes de la lucha contra la minería ilegal, marcha con dilaciones. También adolecen de la falta de normas complementarias para la fiscalización de los insumos químicos.
La lucha contra la minería ilegal implica también que la interdicción sea eficaz hasta las últimas consecuencias.
El Alto Comisionado para la Minería Ilegal tiene frente a sí otras tareas urgentes además de las señaladas. Una de ellas es el seguimiento de los resultados de las 59 acciones de interdicción realizadas en Madre de Dios, Loreto, Junín y Áncash, las 100 investigaciones preliminares en el Ministerio Público y los 9 casos judicializados. Esta labor se dificulta por el creciente poder que asumen los productores ilegales que han alcanzado presencia en los gobiernos municipales y regionales, el Parlamento y el Poder Judicial.
El tema ha llegado a mayores. Informes periodísticos recientes revelaron que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios era parte de la trama minera ilegal a la que sirve incluso en labores de traslado de personal. En esa dirección van las prevenciones del Ministro del Ambiente que propone que el tema de la minería ilegal en Madre de Dios, en vista de la corrupción, se trate en Lima y que existe el riesgo de que, para protegerse, la minería ilegal financie a grupos armados, como ha ocurrido en Colombia.
El país debe ser consciente de que la actividad minera ilegal opera en varios lugares como una mafia y utiliza métodos propios del crimen organizado. Es la puerta de entrada y el crisol de otros delitos, como la prostitución ilegal, evasión tributaria, extorsión, explotación infantil y destrucción del medio ambiente. Estamos a tiempo y es el momento de los resultados.

“Defender el Agua es Defender la Vida”

miércoles, 3 de abril de 2013

HIDROBOLETÍN FENTAP Jueves, 04 de abril de 2013 – Edición 1707



HIDROBOLETÍN FENTAP
Jueves, 04 de abril de 2013 – Año VII – Edición 1707 – www.fentap.org.pe

La FENTAP informa:
·       Colombia - Oro y crimen: minería ilegal. Grupos armados sembraron el terror y destruyeron el medio ambiente por cuenta de la minería informal. SEMANA investigó.
  • Bolivia - Las aguas del río Silala intensifican la disputa entre Bolivia y Chile.
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Oro y crimen: minería ilegal
Grupos armados sembraron el terror y destruyeron el medio ambiente por cuenta de la minería informal. SEMANA investigó.

http://www.semana.com/ - 29/03/2013.- Acada rato, la Policía captura a algún delincuente metido hasta la cintura en la explotación ilegal de oro. Pantera cayó herido y preso en 2011; a Don Leo, miembro de los Urabeños, terror de los mineros del Bajo Cauca, lo pescaron en Perú hace un mes; y hace tres semanas mataron a Zabala de las Farc, quien estaba asesinando mineros en Zaragoza. Como pocos se animan a denunciarlos, cada golpe es una hazaña. Así, la mancha de la criminalidad sigue avanzando sobre el mapa minero del país.
Nadie tiene cifras exactas de cuántas de las 9.044 unidades de producción minera sin títulos ni licencias que cuenta el Ministerio de Minas, están tomadas por grupos armados. Ni cuántos de los 15.000 mineros informales están bajo su yugo. La Policía, en una separata de julio de 2011, reveló que en 151 municipios de 25 departamentos convergen la minería ilegal y los grupos armados. Un reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz denuncia que en más de la mitad de los municipios productores de oro hay presencia de bandas criminales.
En algunos lugares los grupos armados explotan directamente el negocio. Controlan las dragas y venden el mineral. Por ejemplo, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, exjefe paramilitar, consiguió que el Estado le diera títulos mineros a una empresa de su esposa.
En otras minas, los violentos no tienen títulos, pero derivan millones con la extorsión. En Segovia, varios de los 200 mineros que operan en el territorio de la concesión de la Gran Colombia Gold, pagan vacunas a bandas criminales antes asociadas a Macaco. Y en el sur del Chocó los mineros tradicionales son chantajeados. “Cada retén de la guerrilla es un peaje a pagar y cada decreto que sacan es un salvoconducto para que las autoridades nos pidan plata”, denuncia un líder minero.
Según la información que recogió SEMANA en cinco minas del país con presencia de guerrillas o de bandas criminales, los mineros deben pagarles entre el 5 y el 20 por ciento del oro que saquen; los dueños de las dragas les pagan alrededor de 5 millones de pesos mensuales; los comerciantes que compran, otro 10 por ciento, y los que venden gasolina para operar las retroexcavadoras, otro tanto. (Ver notas siguientes).
Pocos tienen cálculos ciertos de cuánto dinero puede dejarles a los grupos armados ilegales la minería de oro. Son en todo caso sumas gruesas porque de las 51toneladas que exportó Colombia hasta septiembre de 2012 por 2.331 millones de dólares, más de la mitad provenía de la minería informal, y principalmente de ésta, varios grupos armados sacan tajada.
Así, entre los municipios, Nóvita –al sur del Chocó– reportó la mayor producción de oro del país en 2011: 9,8 toneladas. También es el municipio que concentra el 45 por ciento de los cultivos ilícitos del departamento y ha sido epicentro de confrontaciones violentas de la Rondas Campesinas Populares conformadas por los Rastrojos contra el Eln y las Farc. Sipí, en la misma cuenca chocoana, vive una situación similar y es el segundo productor nacional de oro. Tarazá, en Antioquia, ocupa el tercer lugar y está asfixiado por la banda de los Urabeños.
En una investigación reciente, la Universidad de Eafit se aproximó a un cálculo estudiado del negocio criminal en Antioquia. Según sus hallazgos, las 450 retroexcavadoras que sacan oro en el departamento les dejan a los grupos armados una suma que oscila entre los 650 y los 3.450 millones de pesos; es decir, entre un 20 y un 70 por ciento del PIB minero antioqueño. El porcentaje puede ser mayor en Chocó, el otro gran productor de oro del país.

Coca bañada en oro

La riqueza no solo les entra a los grupos armados en pepas del metal precioso o en fajos de billetes por pago de extorsiones, pues la minería legal también les facilita lavar el dinero del negocio ilegal de la cocaína que venden en el exterior. Una investigación para la Contraloría hecha por Guillermo Rudas suena las alarmas del tamaño de las irregularidades. Entre 2009 y 2011 se exportaron en promedio diez toneladas de oro más al año de las que pagaron regalías. ¿Cómo se explica que si la Dian exige el pago de regalías para poder exportar oro, se esté vendiendo más oro en el exterior del que se declara para regalías? Puede haber una enorme evasión de regalías, o peor, puede que se esté exportando oro solo en papeles, que sirven para justificar la entrada al país de pesos producto de actividades ilícitas.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) desnudó un tramo de este mecanismo, cuando congeló los giros de regalías a los municipios que súbitamente las multiplicaron por diez, y no podían explicar los contratos con los que aparentemente estaban devolviendo el dinero, ya lavado, a grupos criminales. Algo sospechoso también deducen especialistas de las cifras que está arrojando Chocó, que en pocos años pasó de producir un promedio de tres toneladas anuales, a casi 28 en 2011, como si hubiesen hallado El Dorado en sus selvas. “La circulación del dinero es tan sofisticada que uno se pierde tratando de seguir el rastro”, dijo un exfuncionario del DNP que explicó que a veces truecan directamente coca por oro.
Los tentáculos del pulpo criminal alcanzan a algunas de las comercializadoras. Solo alrededor del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín hay más de 20, y algunas de estas, según el dueño de una de las más tradicionales, están recibiendo oro de contrabando de Venezuela y lo declaran como extraído aquí. Pagan así menos regalías que en el vecino país (4 por ciento en Colombia, versus el 13) y además legalizan el oro que sacan en el fronterizo estado Amazonas, pues para preservar el ecosistema, desde 1999 el gobierno venezolano prohibió allí la minería. Las comercializadoras, explica la fuente, no tienen cómo verificar cuál es la procedencia del oro.
El negocio de la maquinaria es otro terreno cenagoso. Tan rápido como florecieron nuevos entables mineros, los ríos del país se llenaron de dragas, retroexcavadoras, y dragones (dragas con más brazos). Hay una empresa china que la entrega a domicilio, no importa si es en medio de la selva, y les hace mantenimiento. Y en Caucasia ya hay tecnología criolla que les adapta brazos más largos para que excaven más hondo.
En este reportaje se ven las fotografías del daño que están causando los aparatos hasta en los sitios más alejados, en medio de la Orinoquia. Pero como también se pueden usar para la construcción, es difícil ponerles restricciones. Sería como prohibir los hornos microondas porque los usan en los laboratorios de coca.
Es lo que ocurrió en Timbiquí, a donde un alcalde autorizó la entrada de dragas aparentemente para construir una vía, pero la carretera no se hizo y las dragas hoy están destrozando la cuenca del río. En Chocó se calcula que más de 800 retroexcavadoras y 50 dragones arrasan diariamente con su biodiversidad, pero las autoridades pueden hacer poco. “¿Cómo me cargo una draga en la mitad selva?”, se pregunta el comandante de la Policía del Chocó, Jesús Paredes.

¿Qué despertó la fiebre?

Colombia ha producido oro desde que se tiene memoria, pero nunca antes se estaban extrayendo –como en los últimos tres años– más de 50 toneladas anuales en promedio. La principal razón es el precio, que pasó de 16.000 pesos el gramo en 2000 a 87.000 pesos, hoy. (Ver gráficos)
A un país donde la informalidad caracteriza a gran parte de la minería de metales preciosos le llegó la bonanza, y esta fue la receta perfecta para que los grupos armados le echaran mano al negocio. A las guerrillas el oro les vino como anillo al dedo, pues las minas quedaban precisamente en la selva donde se refugiaron por la ofensiva militar. Y los paramilitares que no se desmovilizaron encontraron réditos en un negocio legal, como el del oro, que también les servía de buen complemento para camuflar las ventas ilegales de coca en el exterior.
Además, la debilidad y la corrupción institucional hicieron a la minería más vulnerable a la entrada de estos grupos y, como ya se vio, criminales conocidos obtuvieron títulos mineros, crearon empresas, montaron entables, con el visto bueno del gobierno.
La madeja legal tampoco ha ayudado. El código minero de 2001 les impuso a los mineros informales requisitos exorbitantes para legalizarse. Las asociaciones consiguieron que les dieran tres años de plazo, y 2.845 de ellos presentaron solicitudes formales, pero hasta 2010 el gobierno solo legalizó 23. Ese año, una nueva ley intentó formalizar la minería de tradición, pero quedó con agujeros. No les sirvió a los mineros de buena fe, pues les puso las mismas trabas, y después de un año de más de 700 solicitudes, solo se había legalizado una mina. Pero les vino bien a los grupos armados, pues prohibió cerrar minas que tuvieran permisos en trámite, sin importar si tenían o no tradición minera.
La presión mediática por el daño ambiental llevó al gobierno Santos a prohibir el uso de maquinaria pesada en la minería sin licencia en la Ley del Plan de Desarrollo. En 2012 sacó también un decreto –inspirado en una norma de la Comunidad Andina– que permite destruir dragas y cerrar minas sin licencias ni títulos. En la práctica, los funcionarios temen aplicar estas normas, pues si se caen en los tribunales donde están demandadas, ellos tendrían que responder por la incautación de la costosa maquinaria.

Las víctimas

La bonanza minera manipulada por el crimen y sin reglas claras para los auténticos mineros ha traído consecuencias devastadoras. Además de la carestía y la descomposición social clásica de cualquier zona minera, la puja por el control de las rentas ha producido muerte y temor. Como lo muestran las historias que investigó SEMANA, en diversas minas reina la extorsión violenta a los mineros, y hay pena de muerte a quien desafíe su control.
En algunos lugares, la gente se ha levantado, como en la mina de oro y cuarzo Las Ánimas en Santa Isabel, Tolima, donde los mineros se declararon en asamblea permanente por dos meses en protesta por los abusos de las Farc contra una empresa local que los contrataba.
El dominio violento de zonas mineras además obstaculiza la protección de la salud de la gente expuesta a la contaminación. En Segovia, Antioquia, por ejemplo, el vapor de mercurio inunda las calles en una concentración tóxica que oscila entre los 192 y 679 microgramos µ por metro cúbico de aire, cuando lo máximo permitido es de 0,025 µ. El estudio de 2005 realizado para Ingeominas muestra que el metal está produciendo en los habitantes síntomas como temblor en los labios, indicativos de posibles daños neurológicos. Otros han encontrado una alta incidencia de enfermedades renales y casos de malformación genética en los bebés.
El afán por arrancarle el oro a la tierra también ha victimizado a la naturaleza. “Hay lugares de Colombia que parecen en Marte: ya no quedan sino cráteres”, dice la viceministra de Ambiente, Adriana Soto. La extracción de minerales ha creado daños que nadie ha cuantificado en las selvas, los ríos y las montañas. Muchos lugares están desapareciendo. En el parque Puinawai, “la minería prácticamente rebanó un cerro”, denuncia Julia Miranda, directora de Parques Nacionales. En el Chocó los nativos ya se pierden en sus ríos pues las enormes dragas desviaron sus cauces, y la ciénaga de Ayapel en Córdoba, que antes era de aguas cristalinas, ahora parece un charco putrefacto.

¿Por qué no se avanza?

Perseguir a los criminales detrás de la extracción de oro enfrenta varios obstáculos. Uno es la dificultad de los operativos en lugares aislados y bajo control del crimen. La única acusación que se puede sustentar contra ellos es por cometer delitos ambientales, cuyas penas no superan los 32 meses y son excarcelables. Y aun cuando las autoridades logran llegar a las minas, a veces no tienen cómo probar ni estos delitos. Según explica la directora de la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía, Gloria Elsa Arias, se necesitan peritos que comprueben la contaminación del agua y el daño a la naturaleza y no les queda fácil recoger muestras en medio de un tiroteo con la guerrilla o las Bacrim. Desde finales del año pasado, en el Chocó no se volvió a hacer ni un operativo, pues no hay peritos. Y en muchos lugares las capturas no tienen sustento legal o, si lo tienen, como las normas son contradictorias, los abogados de mineros esgrimen la que más les convenga, según el caso.
Por todas esas razones, la lucha contra la minería ilegal, en la que participan tantas entidades del Estado, se parece a la de Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca gigante hasta la cima de una montaña, que siempre vuelve a caer. La Unidad que dirige Arias tiene cerca de 300 procesos en todo el país, el 90 por ciento por minería ilegal. Y la Justicia apenas ha podido condenar a siete personas en el último año.
La formalización de los mineros tradicionales es otra talanquera. El gobierno del presidente Santos puso en marcha un nuevo plan de legalización y en los últimos meses ha avanzado más que en años anteriores, pero el ritmo sigue siendo paquidérmico. Apenas se han entregado 197 títulos, de las más de 9.000 explotaciones que no lo tienen. Según María Constanza García, directora de la Agencia Nacional Minera (ANM), el proceso no va más rápido porque hay que tratar los casos uno a uno, y por las dificultades de acceso y seguridad de muchas regiones. Explica que buscan crear un modelo como el de la Federación Nacional de Cafeteros que permita que los mineros tengan recursos y apoyo técnico.
Es una buena política, pero hacer que funcione exige un liderazgo excepcional. Hay que sincronizar normas contradictorias que permitan perseguir más a los criminales y menos a sus víctimas, los mineros tradicionales. Hay que profundizar la capacidad investigativa, para que los presos no sean solo Pantera y Zabala, sino los alcaldes que auspician dragas, los policías que extorsionan como ‘águilas verdes’ y los funcionarios de cómplices en la exportación ficticia de oro o la evasión de regalías. Y, por supuesto, hay que respaldar a líderes locales y autoridades, que están jugándose el pellejo para liberar a la minería del imperio de los fusiles.
Vea mapas y fotos aquí:

HIDROMUNDO

BOLIVIA
Las aguas del río Silala intensifican la disputa entre Bolivia y Chile

Americaeconomica.com – 03/04/2013.- El Gobierno boliviano de Evo Morales ha emprendido una serie de obras en las aguas del río Silala compartidas con Chile para aumentar su presión contra el país vecino en el marco de las tensas relaciones entre las dos naciones. Morales inauguró un criadero de truchas en dichas aguas y planea la construcción de una hidroeléctrica.
Así lo ha informado el gobernador de Potosí, Félix González, quien ha asegurado que su país proyecta construir la planta con las aguas del río Silala. Segón González, Chile utiliza 169 litros por segundo de este caudal a través de un acueducto artificial que es Bolivia considera ilegal. La electricidad, ha anunciado el gobernador, será utilizada para alimentar un puesto militar en la frontera con Chile y para abastecer una planta envasadora de agua.
La hidroeléctrica se sumaría así al criadero de truchas que el pasado jueves inauguró Morales. "Tenemos que empezar a planificar cómo recuperar nuestra agua del Silala para que preste servicio al pueblo boliviano, es nuestra agua", señaló ese día el presidente boliviano.

“Defender el Agua es Defender la Vida”