HIDROBOLETÍN FENTAP
Martes, 18 de junio de 2013 – Año VIII – Edición 1759 - www.fentap.org.pe
La FENTAP
informa:
· El riesgo de ser ambientalista en Guatemala. Más de 50
personas han sido asesinadas por cuidar la naturaleza entre 1989 y 2012.
· Perú - ¿Se respeta la libertad sindical en el Perú? Manuel
Cortez, representante de la CGTP, considera contradictoria la felicitación de
la OIT al gobierno peruano en la materia.
- Chile - 635 mil hectáreas han sido concesionadas para proyectos mineros en Aysén.
_____________________________________________________________________
El riesgo de ser ambientalista en Guatemala
Más
de 50 personas han sido asesinadas por cuidar la naturaleza entre 1989 y 2012
http://sociedad.elpais.com/
- 15/06/2013.- Guatemala, cuyas selvas eran consideradas hasta hace pocos años
“el segundo pulmón de América, sólo después del Amazonas”, sufre un proceso
preocupante de deforestación. Según estimaciones oficiales, anualmente se
pierden alrededor de 101.000 hectáreas de bosque. Y una de las razones de la
tala despiadada de árboles es la explosión demográfica (1.400 niños nacen cada
día) en un país donde la mayoría de la población sólo tiene acceso a la leña
para cocinar sus alimentos.
Pero no es la única. La más contundente, los
intereses empresariales de industrias mineras, madereras y ganaderas. Según
Yuti Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de
Guatemala (CALAS), entre 1989 y 2012, en este país han sido asesinados 46 guardias
encargados de proteger los bosques y otros recursos naturales.
“En los últimos 10 años, el patrón se ha modificado.
Ya no sólo se persigue a la gente que trabaja en la defensa del ambiente, sino
también a quienes defienden sus tierras o recursos como el agua. Y lo más
grave: ya no sólo se les asesina, sino que su actividad se criminaliza”,
puntualiza.
“Esta gente, cuando se ve afectada, considera a
quienes denuncian como personas que representan un riesgo alto a sus intereses.
Y no se andan con pequeñeces. Buscan directamente la eliminación física de los
ambientalistas”, dijo Melini, quien hace cinco años sufrió un atentado que lo
mantuvo cerca de 10 días en una unidad de cuidados intensivos.
Lo más grave, añade en conversación con EL PAÍS, es
que las organizaciones ambientalistas no tienen ningún respaldo del Gobierno
para el cumplimiento de su labor. “Durante el actual gobierno, presidido por
Otto Pérez Molina, se ha criminalizado la protesta social en defensa de la
naturaleza. Quienes defendemos el agua, la vida y estamos en contra de la
minería a cielo abierto somos considerados terroristas por este gobierno”.
En tanto, la Fundación para el Desarrollo y la
Conservación de la Naturaleza (Fundaeco), que opera mayoritariamente en la zona
Caribe de Guatemala, ha perdido a siete hombres y sufrido dos atentados en la
última década, confirma a este periódico el director general de la
organización, Marco Cerezo.
Para el ambientalista, el hecho de que personas que
llegan desarmadas traten de que se respete la ley en zonas donde la ausencia
del Estado es secular, incomoda a los transgresores, acostumbrados a operar
dentro de la más absoluta impunidad. Sensación que se ha incrementado desde que
las mafias del narcotráfico invadieron estas zonas y han hecho valer su enorme
potencial económico y sus armas. Así, “los pequeños caudillos que deforestaban
zonas para el cultivo de pastos para el ganado, se fueron convirtiendo en
potentados, cuyos intereses colisionan con el ambiente”.
Para Cerezo, este problema sólo empezará a
solucionarse con una mayor presencia del Estado, Ejército y Policía, que
recuperen el control territorial y hagan valer la legalidad, “Es la gran
petición de los ecologistas guatemaltecos”, comenta. Y advierte que quienes más
riesgo corren son los pequeños líderes comunitarios que velan por conservar su
acceso al agua limpia y a un ambiente sano. “Están totalmente desprotegidos”,
subraya.
La connivencia entre industrias que explotan la
minería, al parecer sin cumplir los protocolos de respeto a la naturaleza, y
las autoridades guatemaltecas, amenaza con crear conflictos más allá de
nuestras fronteras. Este domingo 9, el arzobispo de El Salvador, José Luis
Escobar, dijo a la prensa del vecino país que su gobierno debería “acudir a
organismos internacionales para contrarrestar la amenaza que representa para
las aguas salvadoreñas la mina de oro Cerro Blanco”, en la provincia
guatemalteca de Jutiapa, informa la agencia EFE. El cable añade que el prelado
salvadoreño calificó como “una aberración jurídica y social” la contaminación
que la mina produce en aguas de ríos que, según denuncias, empiezan ya a causar
estragos en el río Lempa y la laguna de Güija, en el vecino país.
POLÍTICA
¿Se respeta la libertad sindical en el Perú?
Manuel
Cortez, representante de la CGTP, considera contradictoria la felicitación de
la OIT al gobierno peruano en la materia.
http://redaccion.lamula.pe/
- 16/06/2013.- En medio de protestas de los gremios sindicales por la Ley de
Servicio Civil, la ministra de Trabajo, Nancy Laos, viajó a Ginebra para
participar de la 102 Conferencia Internacional del Trabajo. En ese evento, se
reunió con la directora del Departamento de Normas de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Cleopatra Doumbia-Henry, quien felicitó al
gobierno peruano por la calidad y el avance logrado por Perú en materia de
libertad sindical. "Es contradictorio que la OIT felicite al gobierno, ya
que la legislación laboral se mantiene intacta desde tiempos de Fujimori",
dijo en respuesta Manuel Cortez, secretario de defensa de la Confederación
General de Trabajadores del Perú (CGTP).
La
OIT ha felicitado al gobierno peruano por el avance logrado en materia de
libertad sindical. ¿Qué piensa de eso?
El empresariado está presionando al gobierno en estos
temas. Es contradictorio que la OIT felicite al gobierno peruano, ya que la
legislación laboral se mantiene intacta desde tiempos de Fujimori. Ahora,
Produce y Mincetur quieren ampliar la legislación que hay en las micro y pequeñas
empresas para las empresas de más de 100 trabajadores; es decir, habrán
más recortes de derechos.
Lo
que ha tomado en cuenta la directora del Departamento de Normas de la OIT es la
aprobación del Segundo Plan Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso. ¿Es
eso suficiente?
Ese no es el tema central en el país. Hace dos
semanas la propia OIT presentó observaciones al Proyecto de Ley de Servicio
Civil. En ese tema, el gobierno ha querido imponer una flexibilización mayor de
trabajadores de servicio público. Este gobierno no conversa con los actores, a
pesar de que la OIT establece que el Estado debe consultar a los trabajadores
cuando quiere hacer una modificación. El Perú es firmante de ese convenio y lo
ha incumplido. Se supone que ese proyecto debería haber ido primero a la
Comisión de Trabajo del Congreso. Pero el gobierno solamente lo ha enviado a la
Comisión de Presupuesto. Luego, en 20 minutos aprobó un
proyecto de 105 artículos.
La
ministra Laos ha anunciado que en los próximos días se publicará el reglamento
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo ¿Cuáles son las observaciones de
la CGTP en este tema?
La reglamentación de esta ley viene desde el 2003 y
no se le han hecho modificaciones. Nosotros respaldamos este proyecto cuando
era viceministro el señor Pablo Checa. Una de nuestras observaciones es que en
el actual reglamento, los trabajadores tienen que hacer una serie de trámites
para conseguir su reconocimiento por parte del Ministerio. Al respecto, la OIT
ha señalado que tenían que agilizarse esos trámites. Otro tema es el de la
cotización sindical. No se han establecido los mecanismos para que los
trabajadores se las hagan llegar a las federaciones y confederaciones.
Nosotros, como CGTP, hemos propuesto que esto se pueda superar; es decir, que
las federaciones puedan recibir los aportes de sus trabajadores. Además,
respecto a la licencia sindical, (este derecho) no está establecido para los
trabajadores de federaciones y confederaciones. Deberían haber 4 dirigentes a
tiempo completo.
El
Congreso estaría por aprobar la Ley de Servicio Civil el próximo 5 de julio
¿Cuál es la posición de la CGTP al respecto?
En la CGTP, hemos dado la directiva de que se les
persuadiera a los congresistas de que el proyecto era negativo para los
trabajadores, que propiciaba el despido de cientos de miles de trabajadores.
Hemos conseguido que la Comisión de trabajo aprobara un nuevo dictamen. Ahora,
el gobierno busca las alianzas políticas para imponer al carpetazo esta ley.
Por un lado, los fujimoristas ofrecieron su apoyo en función de que se diera el
indulto. Los toledistas ponen como condición que se blinde a Toledo.
Como medidas, hemos acordado reiniciar la huelga la
próxima semana a nivel de los estatales. El 4 de julio se va a realizar una
jornada nacional de lucha con paralización de labores.
HIDROMUNDO
635 mil hectáreas han sido concesionadas para
proyectos mineros en Aysén
http://diarioaysen.cl/
- 17/06/13.- Una publicación del Diario La Segunda, emitida el día sábado, dio
a conocer la gran cantidad de hectáreas
entregadas a la minería en la región de Aysén, especialmente para exploraciones
en búsqueda de oro en la zona.
Según el escrito del periodista Luis Mendoza, se está produciendo una especie de “fiebre del
oro”, donde las empresas mineras ya controlan más de 635 mil hectáreas en la región, la gran mayoría
en fase prospectiva.
“Una cifra no menor, si se considera que algo más del
50% de la superficie regional son parques nacionales o áreas protegidas, y otro
20% está entregado a instituciones del Estado para su preservación. De hecho,
el territorio concesionado para la minería en Aysén supera en más ocho veces el
radio urbano del Gran Santiago y es cien veces mayor que las 5.910 hectáreas
del proyecto Hidroaysén”, expresa la publicación.
Según las estadísticas del Servicio Nacional de
Geología y Minas (Sernageomin), al cierre del año pasado el 6% de la superficie
de la Región de Aysén (que abarca 10,8 millones de hectáreas) está entregada a
concesiones mineras de exploración o explotación; en 2011 esa cifra equivalía
al 8% de la superficie. Los datos indican que el año pasado existían 635.802
hectáreas entregadas a la minería, de las cuales 564.700 hectáreas eran para
exploraciones.
“El oro es una alternativa importante y con potencial
dentro de la Región de Aysén, antiguamente lo había, y lo más probable es que
sigan existiendo opciones de ese oro, sobre todo para los pequeños mineros”,
reconoció el ministro de Minería, Hernán de Solminihac.
Tres
personas poseen parte importante de peticiones
Según el escrito, “tres personas naturales: María
Teresa Cañas, (vinculada a Hidroaysén) y sus hijos Andrea de la Barra y Jorge
de la Barra; controlan más de 800 reclamaciones mineras en la zona”.
Estas tres personas poseen parte importante de las
peticiones mineras en todo Chile. Sólo entre 2010 y 2013, María Teresa Cañas
registra 1.345 solicitudes mineras en los tribunales civiles del país, y su
hijo Jorge de la Barra ha ingresado a la justicia otras 700 peticiones.
Canadienses
Según la investigación, gran parte de las empresas
que buscan minerales en la región son canadienses. Su interés por Aysén radica,
según lo expresado en el escrito, en que
son “las mineras con mayor experiencia en la extracción de oro ciento por
ciento bajo hielo, dada la zona extrema en la que operan: los límites de Canadá
con el Ártico y el Polo Norte”.
De esta forma, la canadiense GoldCorp es la cuarta
empresa con mayor número de concesiones de exploración, con 70 reclamaciones en
las comunas de Chile Chico y Cochrane, y un área de trabajo de unas 21.000
hectáreas.
La anglo-canadiense Patagonia Gold, que opera en
Argentina la mina “Lomada de Leiva”, ha explorado desde 2006 unas 20.500
hectáreas cerca de Coyhaique, en 66 concesiones ubicadas entre los lagos
Pollux, Castor y Thompson. La compañía dijo en su memoria 2012, que este año va
a proseguir las prospecciones al oeste de Coyhaique dado “su alto potencial”.
Agregó que para procesar el oro y plata detectados evalúa tres opciones: “Lixiviación
con cianuro, separación por gravedad o envío directo a fundición”.
Otra canadiense con concesiones en Aysén es Redhill,
que cuenta con 18 zonas que abarcan cerca de 5.000 hectáreas en Río Ibáñez.
Esta compañía también realiza prospecciones para inversionistas australianos en
Magallanes.
Otra empresa que busca oro en la XI Región es Terrane
Minerals, firma de exploración minera que opera en Chile y Perú. Esta sociedad
posee 26 concesiones, con un área de 8.700 hectáreas en las comunas de Chile
Chico, Río Ibáñez y Coyhaique.
De las empresas que cuentan con operaciones en la
región, según la información emitida por Sernageomin y replicada en la
publicación citada, El Toqui tiene 192 concesiones de exploración, con un área
que supera las 40 mil hectáreas en Río Ibáñez, Aysén y Coyhaique. Esta mina el
año pasado produjo 51.600 onzas de oro (un alza de 54%) y 113.000 onzas de
plata (un 163% más), informó su matriz.
Por su parte, Cerro Bayo, de Mandalay Resoruces de
Toronto, opera nueve concesiones de explotación con unas 10 mil hectáreas en el
margen suroriental del lago General Carrera y Laguna Verde. La compañía explota
siete minas de oro y plata, para lo cual mantiene una planta concentradora y un
tranque de relaves. Además, posee la mina Furioso (cerrada en 2005) al sur
poniente del Lago General Carrera.
La única minera chilena que ha solicitado concesiones
en la región empleando su “nombre y apellido” (las demás utilizan a
representantes) es la Compañía Minera del Pacífico (filial de CAP), que hoy
abarca 93 paños de exploración con más de 230 mil hectáreas en las comunas de
Aysén y Cisnes, según los datos del Sernageomín.
Preocupación
de pobladores
Según lo publicado por nuestro medio hace algunas
semanas, en Puerto Aysén se reunieron
pobladores de los sectores El Blanco, Lago Riesco, parte del Estuario de Aysén,
Río Tabo, y Lago Yulton, las que se ven afectadas por las concesiones mineras
de la empresa Energía Austral, particulares, y otras empresas privadas del
rubro minero.
Según Julio Uribe, representante de este grupo de
trabajadores, uno de los puntos que originó este encuentro es el efecto sobre el patrimonio de este tipo
de solicitudes, “nos pudimos dar cuenta en general que todos los que llegaron a
esta convocatoria le habían entregado autorización a una empresa para que
hiciera estudios en sus campos que para mí esto es sumamente grave, porque ellos,
los pobladores, de buena fe
autorizaron a hacer esto y ahora nos dimos cuenta que nuestros predios han
bajado su valor económico por esta situación”.
“Defender el Agua es
Defender la Vida”
