HIDROBOLETÍN
FENTAP
Viernes, 12 de junio de 2015 – Año X – Edición 2251 – www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
·
Perú - ¿Por qué hay obras de agua y saneamiento paralizadas? Esta
situación afecta tus derechos.
·
Perú - Iniciarán diligencias por nombramiento ilegal en
Sedachimbote.
·
Perú - Piura: Dos grandes obras permitirán descontaminar Sullana
·
Vicegobernador regional, Alfredo Neyra, informó que la Subregión de
Obras Luciano Castillo trabaja en esos proyectos.
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¿Por qué hay obras de agua y
saneamiento paralizadas? Esta situación afecta tus derechos
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - 09/06/2015.- ¿Han escuchado
hablar de Margos? Margos es un distrito en Huánuco que en el año 2011 decidió
iniciar una obra de saneamiento con código SNIP N° 52039. Dicha obra se
denominaba “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y
alcantarillado del distrito de Margos, provincia de Huánuco, región Huánuco”.
En noviembre del 2011, el gobierno regional resolvió aplicar la penalidad
máxima a la contratista llamada “Consorcio Margos”, debido a los retrasos en la
ejecución de la obra, ya que se produjeron 16 observaciones diversas como
filtraciones de agua y conexiones en mal estado que afectaron viviendas,
escuelas y 8 calles del distrito de Margos. Por ello, el municipio solicitó al
Gobierno Regional de Huánuco ejecutar la garantía.
Pero ¿adivinen qué pasó? El gobierno regional elaboró un
expediente técnico para la culminación de la obra, en realidad fue para
corregir las deficiencias encontradas. El monto adicional para esta obra
ascendía a un poco más de 300 000 soles. Y adivinen ¿a quién creen que encargo la
obra? Pues al mismo contratista Consorcio Margos, pero no mediante una
licitación pública sino mediante un proceso de adjudicación directa pública.
Pero este no es el único caso increíble. De la
supervisión realizada a 19 proyectos de agua y saneamiento localizados en las
regiones de Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Pasco, Apurímac, Tumbes y
Moquegua, existen 12 obras inconclusas o paralizadas en las que se habían
invertido más de 173 millones de soles.
El agua y el saneamiento tienen una importancia trascendental
para la vida y salud de todas las personas. Por ello, las Naciones Unidas han
reconocido que el derecho al agua y al saneamiento forma parte del conjunto de
derechos humanos. De allí que las obras de saneamiento inconclusas, las
deficiencias que se observan en su ejecución o la corrupción que, generalmente,
rodea estas construcciones afectan en última instancia el pleno disfrute de los
derechos humanos.
Las Naciones Unidas fijaron entre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, que para el 2015 se debía reducir a la mitad el número
de personas que carecen de acceso a agua potable y del servicio básico de
saneamiento. El Perú aún no ha cumplido esta meta.
Según datos recientes del INEI, más de 4 millones de
peruanos carecen del agua potable y más de 9 millones no tienen servicio de
desagüe conectado a la red pública. Esta situación se agrava en zonas rurales,
donde el 35% de hogares no tiene acceso a agua potable y el 85% carece del
servicio de desagüe.
Nuestra Constitución y las normas internacionales obligan
al Estado a diseñar e implementar políticas públicas orientadas al cumplimiento
de condiciones mínimas que permitan garantizar el derecho humano al agua, a su
disponibilidad, calidad y suficiencia. Es imprescindible que el Estado genere
más y mejor infraestructura de saneamiento, a fin de incrementar la cobertura
de agua potable y alcantarillado, así como disminuir la brecha en el acceso a
estos servicios entre la población urbana y rural.
Pero junto con una mayor disponibilidad de los recursos
públicos para obras de saneamiento, en los diferentes niveles de gobierno, es
urgente fortalecer los mecanismos de control y vigilancia del gasto público,
así como de los procesos de ejecución de los proyectos de inversión pública.
Tenemos que asegurar la culminación, la calidad y la sostenibilidad de las
obras públicas de saneamiento y perseguir y sancionar las irregularidades y los
actos de corrupción que se pueden cometer durante estos procesos.
El caso del distrito de Margos no es el único. Hay otros
casos como los distritos de Pítipo y José Leonardo Ortiz en Lambayeque, Paiján
y Huanchaco en La Libertad, Contralmirante Villar en Tumbes, Pasco, Abancay y
la emblemática ciudad de Chiclayo, la cual para quienes la han visitado parece
una ciudad bombardeada.
El informe que presentamos demuestra que el incremento de
las inversiones estatales para infraestructura de saneamiento durante el
período 2006-2014 ha venido acompañado de varios problemas que han impedido que
estas cumplan cabalmente con su objetivo final de proveer de servicios de
calidad a la ciudadanía.
Uno de ellos es la flexibilización de los requisitos
técnicos para la ejecución de los proyectos, que muchas veces se ha producido
en el marco de la transferencia de recursos del gobierno central a los
gobiernos regionales, locales y empresas prestadoras de servicios de
saneamiento. Otros problemas son las deficiencias institucionales en el control
del gasto público y en la supervisión de la ejecución de las obras de
saneamiento, así como la falta de determinación de responsabilidad
administrativa.
Esta situación ha dado lugar a la existencia de un gran
número de obras paralizadas e inconclusas a nivel nacional, así como de otras
culminadas, pero que presentan graves deficiencias para su funcionamiento.
No nos cansaremos de señalar que la paralización de una
obra de saneamiento o su funcionamiento deficiente afectan la calidad de vida y
la salud de un gran número de personas.
Las entidades encargadas de supervisar, monitorear y
controlar la ejecución de estos proyectos coinciden en señalar que las
principales causas de esta situación son las deficiencias en la elaboración de
los expedientes técnicos y el incumplimiento de obligaciones por parte de las
empresas contratistas y entidades ejecutoras.
Estos hechos ponen en evidencia las debilidades en la
gestión y ejecución de estas inversiones públicas, a cargo, principalmente, de
los gobiernos locales, que afrontan una alta rotación de personal y
limitaciones para la contratación de profesionales capacitados y remunerados
adecuadamente para asumir la responsabilidad de la administración de recursos
del Estado.
Sigue siendo un reto fortalecer a las entidades públicas
para supervisar adecuadamente la ejecución de los proyectos de inversión
pública y determinar responsabilidades administrativas y penales por la
comisión de actos de corrupción. No es posible que solo 9 de los 19 proyectos
supervisados hayan sido materia de control por parte de los Órganos de Control
Institucional —los llamados OCI—, que las municipalidades distritales de
Pacasmayo, Huanchaco, Paiján, Mochumí y Pítipo carezcan de estos órganos o que
no existan plazos para la conclusión de las acciones de control.
Y es aquí donde debe intervenir un elemento central: el
control y vigilancia de la ciudadanía. Existen varios sistemas administrados
por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la
República y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que
ofrecen información sobre algunos aspectos a la ejecución financiera y física
de los proyectos de inversión pública.
¿Cuántos ciudadanos/as pueden acceder realmente a estos
sistemas? ¿Son amigables para el usuario? ¿Permiten hacer un seguimiento fácil
y efectivo de las obras que se ejecutan directamente en su comunidad? Como
Estado, tenemos la obligación de garantizar que estos sistemas sean útiles,
amigables y eficientes. Para ello, es necesario unificarlos en un sistema
integrado que pueda ser una herramienta potente para que la ciudadanía se
convierta, de manera individual o colectiva, en protagonista del control y
vigilancia del gasto público y de la lucha contra la corrupción.
Por lo pronto, hago un llamado cordial y urgente al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que intervenga directamente
en la culminación del proyecto de saneamiento en los centros poblados de
Huanchaquito y el Trópico, en La Libertad; el que se ejecuta en el distrito de
José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, que se encuentran paralizado desde el 2013, o
la construcción del sistema integral de agua potable y alcantarillado de
Pítipo, Lambayeque, obra que estuvo programada para 10 meses de ejecución y ya
lleva 82 meses sin concluir y con un arbitraje de por medio. Una verdadera
vergüenza. Estas obras no pueden seguir más tiempo en esa situación.
Tenemos la convicción que sí es posible tomar decisiones
y emprender los cambios institucionales, normativos y de actitud en la
Administración para salvaguardar los recursos públicos destinados a mejorar la
infraestructura de saneamiento e incrementar la cobertura de agua y desagüe en
nuestro país. El objetivo es uno solo: garantizar la vigencia del derecho
humano al agua de más peruanos y peruanas. Hacemos un llamado a los municipios,
gobiernos regionales, Contraloría General de la República, Ministerio Público y
OSCE a abordar este tema crucial para el país.
Quiero terminar agradeciendo al equipo de Servicios
Públicos de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos
Indígenas por el importante trabajo realizado y, al mismo tiempo a la
cooperación internacional, agrupada en la Canasta de Fondos, cuyo apoyo ha sido
fundamental para desarrollar la investigación y supervisión contenida en el
Informe Defensorial “El derecho humano al agua y saneamiento. El control del
gasto público en la ejecución de la infraestructura de acceso”.
Eduardo Vega
Luna
Defensor del
Pueblo (e)
Discurso de presentación del Informe Defensorial N° 170
“El derecho humano al agua y saneamiento. El control del gasto público en la
ejecución de la infraestructura de acceso”.
EMPRESAS DE AGUA
Iniciarán diligencias por nombramiento
ilegal en Sedachimbote
http://www.chimbotenlinea.com/
- 11/06/2015.- El Ministerio Público dispuso continuar las diligencias
preliminares de investigación por 60 días tras el nombramiento ilegal de quien
iba ser gerente de Sedachimbote, Manuel Rodríguez Senmanche y la integrante del
Directorio, Rosa María Bartra Barriga.
Esta investigación que tuvo casi cuatro meses de
retraso no logró tener avance significativo debido a que el fiscal Víctor
Abraham Pérez Yépez a cargo la carpeta habría trabajado en la gestión anterior
de la alcaldesa provincial, Victoria Espinoza García, una de las 4 autoridades
municipales que buscaba que ambas personas asuman estas funciones.
Esta vez será el fiscal Manuel Arroyo Ramírez quien
asuma este proceso que fue retomado el pasado 5 de junio, para el cual debe
continuar con las diligencias respectivas de manera preliminar para ver si se
cometió alguna irregularidad o ilícito.
En este caso el procurador Anticorrupción Richard
Asmat Urcia, quien formuló el pedido para esta investigación, fue citado para
el martes 21 de julio a las nueve de la mañana para rendir su manifestación, de
no asistir se le reiterará el pedido.
Manuel Rodríguez Senmanche y Rosa María Bartra
Barriga, ambos denunciados en este caso, deberán acudir para rendir su
declaración el viernes 3 de julio a las 9 y 12 de la mañana. En el caso de la
alcaldesa provincial, Victoria Espinoza fue citada para el día 22 de julio a
las nueve de la mañana; el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán
y su homólogo de Casma, Jhosept Pérez Mimbela, el mismo día, pero a las 11 y 2
de la tarde respectivamente.
En tanto el alcalde de la provincia de Huarmey, Miguel
Ángel Sotelo Llacas deberá concurrir a brindar su declaración el día jueves 23
de julio.
HIDROREGIONES
Piura: Dos
grandes obras permitirán descontaminar Sullana
Vicegobernador
regional, Alfredo Neyra, informó que la Subregión de Obras Luciano Castillo
trabaja en esos proyectos
Se trata de la
construcción de una planta de Tratamiento de aguas residuales, la misma que
solucionaría el problema de las aguas servidas que provienen de la zona
industrial y desembocan en el río Chira.
Así como el
mejoramiento y rehabilitación de los servicios de protección contra
inundaciones en la Vía Canal Cola “El Alacrán” y Vía Canal
“Sullana-Cieneguillo”.
En relación a
este último proyecto recordó que el Canal Vía; fue construido para que
discurran aguas provenientes de un fenómeno pluvial (lluvias) y no para que
discurran aguas putrefactas que contaminen el medio ambiente. Afirmó que estos
proyectos están a nivel de estudio de factibilidad.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
