HIDROBOLETÍN FENTAP
Viernes
30 de mayo de 2014 – Año IX – Edición 1992 – www.fentap.org.pe
La FENTAP
informa:
- España, quinto país de la Unión Europea con más calidad insuficiente del agua en playas, ríos y lagos.
- Chile - Declaración Pública: Comunidad organizada del Valle del Huasco rechaza acuerdo de algunos diaguitas con Barrick Gold.
- Ecuador - Carta pública sobre explotación del Yasuní.
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España, quinto país de la
Unión Europea con más calidad insuficiente del agua en playas, ríos y lagos
http://ecodiario.eleconomista.es/
- 27/05/2014.- El agua de las playas, ríos y lagos europeos fue, en general, de
gran calidad el año pasado, ya que más del 95% de esas zonas reunía los
requisitos mínimos, pero España forma parte del furgón de cola en el grupo de
países de la UE con mayor proporción de zonas de calidad insuficiente.
Así se desprende del último Informe Anual sobre la
Calidad de las Aguas de Baño, de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA),
hecho público este martes y que incluye un seguimiento de la calidad del agua
en unas 22.000 zonas de baño de la UE, Suiza y, por primera vez, Albania.
Junto con el informe, la AEMA ha publicado un mapa
interactivo en el que se muestran los resultados de todas las zonas de baño
europeas.
Todas las zonas de baño de Chipre y Luxemburgo
obtuvieron la calificación de excelente, a los que siguen Malta (99%), Croacia
(95%) y Grecia (93%).
En el otro extremo se sitúan Estonia, con un 5,7% de
aguas de baño de calidad insuficiente; Holanda (5,1%), Bélgica y Francia
(3,5%), España (3,3%) e Irlanda (3,0%).
Sobre España, el informe incluye 2.161 zonas de baño
(un 9,8% de todas las de la UE), de las cuales el 89% son costeras y el 11%
restante, interiores.
El periodo de temporada para el baño era del 1 de
marzo al 30 de noviembre del año pasado para las playas, en tanto que el de las
zonas interiores fue del 15 de mayo al 30 de septiembre.
El informe registra 25 “situaciones anormales” en 22
zonas de baño españolas, así como 79 situaciones de “contaminación de corta
duración” en 71 lugares.
El 97,1% de las playas reunieron la calidad
suficiente del agua, en tanto que un 0,1% tuvieron que ser cerradas durante la
temporada de baño.
HIDROMUNDO
Comunidad organizada del Valle
del Huasco rechaza acuerdo de algunos diaguitas con Barrick Gold
Somos agricultores, crianceros, pobladores, iglesias,
comunidades diaguitas que hace más de 15 años hemos denunciado la inviabilidad
de hacer megaminería en la naciente de nuestras cuencas, enfrentándonos a las
autoridades, a la empresa, a la justicia, a los medios de comunicación, para
demostrar con conocimiento que este proyecto es inviable en el lugar donde se
encuentra, y que los temores que desde el inicio hemos tenido, hoy son una
realidad. Hoy, existen daños irreparables en nuestro tejido social, hemos
demostrado ante todos los organismos existentes que Pascua Lama ha vulnerado groseramente todas las
condiciones y acuerdos para su funcionamiento.
La solidez de nuestros argumentos ha
posibilitado, entre otras cosas, que el
Pleno de la Cámara de Diputados aconseje la revocación del permiso ambiental
del proyecto Pascua Lama, que el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ordene rehacer
un proceso de sanción viciado donde Barrick trabajó en conjunto con la
Superintendencia de Medioambiente para no perder sus permisos ambientales. Además tenemos en curso una demanda por daño
ambiental irreparable a Glaciares y hemos logrado que los inversionistas
demanden en Estados Unidos y en Canadá a la empresa por no haber informado la
inviabilidad de este proyecto. Hemos
demostrado que el extractivismo sobre estos ecosistemas frágiles es
incompatible con la vida.
Sabemos cómo opera la empresa para lograr sus
objetivos, ya en el 2005 hizo un acuerdo de muy similares características con
los empresarios de la Junta de Vigilancia de las aguas, entonces repartió 60
millones de dólares para la directiva de la junta, y el quiebre entre los
agricultores permitió que se aprobara el proyecto. Ahora quieren quebrar a las
comunidades diaguitas, pero no lo van a lograr, porque más allá de lo que diga
la CONADI, en este Valle, todas y todos
los que amamos el territorio, somos diaguitas, y desde la fuerza profunda que
nos enseñó a mirar la naturaleza como un bien común y no como una mercancía,
reiteraremos una y otra vez que el agua no se vende, que la vida se defiende.
En este mismo sentido, denunciamos que CONADI ha bloqueado la inscripción de
nuevas comunidades diaguitas, cuando sabe que éstas están integradas por
habitantes del territorio que no queremos la mega minería en la cabecera de
nuestras cuencas.
Nos preocupa que este acuerdo surja justo luego de
las declaraciones de la Ministra de Minería instando a la empresa a trabajar
con las comunidades, y exigimos que la Ministra explicite si se refería a dar
luz verde a las empresas para que compren voluntades y pretendan fragilizar aún
más el tejido social que defiende los bienes comunes. Creemos que todo es parte
de la misma estrategia comunicacional y comunitaria de la empresa para
viabilizar este nocivo proyecto en nuestro territorio.
Repudiamos el rol de abogados como Lorenzo Soto, que
se ha dedicado a lucrar con el sufrimiento y vulnerabilidad de nuestros
territorios, ya lo vimos negociar con el caso de la termoeléctrica los Robles y
Farellones, intentó realizar transacciones económica que pusieron en riesgo la
acción judicial de la comunidad de Totoral en el caso contra la termoeléctrica
Castilla, quiso operar a favor de Agrosuper en Freirina. Soto piensa que las
comunidades tenemos derecho a ponerle precio a los bienes comunes, y de paso
darle un buen porcentaje por sus oficios. Nosotros reiteramos, la VIDA, NUESTRA
VIDA, NO TIENE PRECIO.
Es un grupo muy reducido de dirigentes quienes
firmaron un acuerdo inconsulto y secreto con Lorenzo Soto para ser
representados y negociar con Barrick, bajo supuestos estándares
internacionales, buscando entregar dinero a las comunidades para mitigar los
daños ambientales. No existe la cantidad de dinero que recupere el sistema
glaciar, las vegas y los bofedales afectados. Se ha demostrado a través de
estudios y diagnósticos por parte de todos los organismos que han sancionado a
la empresa que este proyecto es inviable con nuestra vocación agrícola y la
subsistencia de nuestras comunidades. No queremos plata, queremos continuar sosteniendo la fertilidad
de nuestro Valle.
Queremos ser enfáticos que invalidamos todo acto de
negociación de comunidades que no representan a los más de 70.000 habitantes
que podemos ser afectados por este proyecto. Creemos que la única compensación
por el daño que ha hecho es que se revoque la resolución de calificación
ambiental y cierren definitivamente Pascua Lama. Eso es lo que exigiremos en la
marcha del próximo sábado 7 de Junio a realizarse en Vallenar.
Asamblea por el Agua del Guasco Alto
- Comité Ecológico y Cultural Esperanza de Vida - Unidos por el Agua -
Comunidad Diaguita Los Tambos - Comunidad Diaguita Patay Co - Consejo de Defensa del Valle del Huasco - Iglesia
Presbiteriana, Chigüinto - Iglesia Católica, Alto del Carmen. - Pastoral Salvaguarda de la Creación,
Provincia de Huasco - Asociación pequeños Agricultores de San Félix, AGE -
Pajareteros Alto del Carmen - Junta de
Vecinos Piedras Juntas, San Félix, Alto del Carmen - Creando Valle - Observatorio Latinoamericano de Conflictos
Ambientales, OLCA.
Carta pública sobre
explotación del Yasuní
Quito, 27 de mayo de 2014
Sr. Rafael Correa Delgado
Presidente del Ecuador
Sra. Lorena Tapia
Ministra del Ambiente
Sr. Oswaldo Madrid
Gerente General de Petroamazonas EP
De nuestras consideraciones:
Los pueblos y nacionalidades del Ecuador, los
trabajadores del campo y la ciudad, los y las estudiantes secundarios y
universitarios, hombres y mujeres de este país que somos parte de
organizaciones populares, que integramos colectivos y espacios organizativos en
los que construimos sueños y alternativas para concretar el Sumak Kawsay, que
habitamos en la costa y la sierra, en el oriente y en la región insular, que
residimos en el extranjero por lo que ha ocurrido en nuestra patria en las
últimas décadas, escribimos con profunda preocupación y tristeza a quienes
gobiernan este país por lo que ha sucedido, sucede y sucederá con nuestro
Yasuní.
El 15 de agosto de 2013 el gobierno de la Revolución
Ciudadana emitió el decreto 74 para la explotación de petróleo en los bloques
31 y 43 que forman parte de Yasuní ITT, la comunidad nacional e internacional
se vio profundamente afectada por esta decisión, que ustedes tomaron de forma
inconsulta y que desmantelaba la iniciativa presentada en junio de 2007 por su
mismo gobierno, en la que se proponía mantener bajo tierra 920 millones de
barriles de petróleo a cambio de una compensación económica de por lo menos el
50% de lo que Ecuador obtendría como ingreso si es que estos bloques fueran
explotados; es decir, aproximadamente 350 millones de dólares anuales.
En efecto, el decreto 74 establece como “declaración
de interés nacional el aprovechamiento del petróleo en el Yasuní, utilización
que afectará menos del 1% del parque Yasuní, que tiene más de un millón de
hectáreas”. Esa misma noche, Usted Sr. Presidente, en cadena nacional argumentó
la decisión y sostuvo que el aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría
un ingreso de 18.292 millones de dólares que servirían para “vencer la miseria,
especialmente de la Amazonía”. Posteriormente, el 17 de agosto de 2013, emitió
el Decreto Ejecutivo 84 que corregía la proporcionalidad de la explotación
señalando que sería el uno por mil del territorio del Parque Nacional Yasuní.
La decisión que ustedes han adoptado de explotar el
Parque Nacional Yasuní no solo implica la afectación de una de la zonas con
mayor biodiversidad del mundo por Km., sino que amenaza gravemente la
existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (que ya se han visto
afectados por la reducción sistemática de su territorio debido a la extracción
petrolera y a la tala ilegal de árboles). Su argumento de obtener ingresos
mediante la explotación petrolera en el Yasuní y así resolver la pobreza es
insostenible. Los pueblos del Ecuador, los firmantes de esta carta entendemos
que la pobreza no se resolverá con los 19 mil millones de dólares que percibirá
el Estado por la explotación del bloque 43, o los 52 mil millones que se
obtengan con la explotación de los bloques 43 y 31. Usted, Sr. Presidente,
ustedes Sres. del gobierno de la Revolución Ciudadana que han tenido bajo su
administración los mayores presupuestos del Estado ecuatoriano en toda su
historia, es decir en siete años de gobierno 167 mil millones de dólares, más
de lo que podría tenerse si se explotaran tres Yasunís, no han logrado eliminar
la pobreza. La pobreza y la desigualdad no están resueltas. La resolución de
estos problemas no está en la explotación petrolera, sino en la afectación de
la concentración de la riqueza. Pero, ya que Usted, Sr. Presidente, no quiere
que esto ocurra, podría al menos incrementar en algo los impuestos de los
grupos económicos más grandes de este país o podría también nacionalizar los
recursos, por ejemplo, las telecomunicaciones y financiar la inversión social a
través de las ganancias que puede obtener el Estado, que es también nuestro.
(Le planteamos dos propuestas, para que no diga que esta es una carta que no
aporta con alternativas)
La explotación petrolera en el Yasuní-ITT conlleva
una serie de violaciones a la Constitución mayoritariamente aprobada en 2008
por los ecuatorianos y ecuatorianas. Ésta, en su artículo 407, que prohíbe la
actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en
zonas declaradas como intangibles, como es el caso de los bloques
Ishpingo-Tambococha-Tiputini, ubicados dentro del Parque Nacional Yasuní, en la
Amazonía ecuatoriana.
Además se vulnera el artículo 95 que establece el
derecho de la ciudadanía ecuatoriana, individual y colectivamente, a participar
“de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los
asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la
sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del
poder ciudadano… La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de
interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la
democracia representativa, directa y comunitaria.”.
Esta decisión deja sin efecto el artículo 57, que
reconoce y garantiza los derechos humanos y colectivos de comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, cumpliendo con los pactos, convenios,
declaraciones y que además, en el Numeral 7 establece la obligatoriedad de
realizar una “consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable
sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de
recursos naturales no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan
afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos
proyectos reporten”. Con la explotación del Parque Nacional Yasuní la
existencia del pueblo indígena Huaorani y los pueblos en aislamiento voluntario
se ve amenazada. Por ello su decisión no toma en cuenta la voz, el deseo y la
opinión de los y las ecuatorianos y ecuatorianas, pero además transgrede
nuestros derechos, violenta nuestras libertades, anula las garantías que allí
se establecen, es decir, ustedes Sres. de la “Revolución Ciudadana” hacen letra
muerta de lo que aprobamos, pero además de lo que opinamos y queremos los
pueblos del Ecuador, al explotar el Yasuní.
En respuesta a su anuncio de explotación del ITT las
organizaciones sociales, los colectivos ambientalistas, feministas y de
derechos humanos hemos sumado fuerzas y hemos unificado acciones ejerciendo
nuestro legítimo derecho “a la participación en la toma de decisiones”
reconocido en el Art.- 95 de la Constitución. En tal virtud, el 18 de agosto de
ese mismo año surge el Colectivo Yasunidos, compuesto por organizaciones,
colectivos e individuos que denuncian el carácter inconsulto de su decisión de
explotar el Yasuní e inicia el trabajo de cara a exigir la consulta popular,
para que sea el pueblo ecuatoriano quien defina en las urnas si se explota o no
el petróleo de los campos 31 y 43. En octubre del 2013, siguiendo las normas
que la ley establece para que la sociedad ecuatoriana convoque a consulta
popular, se autoriza la entrega de formularios para la recolección de firmas y
el 14 de octubre se inicia la recolección que culminó el 12 de abril de 2014,
en el que los pueblos, las nacionalidades y las organizaciones de jóvenes,
estudiantes, mujeres, ecologistas entregan 55 cajas con 757.623 firmas al
Consejo Nacional Electoral.
Sin embargo, es necesario recordar que desde la
emisión del decreto para la explotación del Yasuní, ustedes, Sres. del
gobierno, emprendieron una campaña sistemática de deslegitimación de la
Consulta Popular, de las actividades que se desplegaron en las distintas
ciudades del país, de represión y amedrentamiento a quienes salimos a las
calles de manera pacífica a exigir nuestro derecho a la realización de la
consulta y nuestro trabajo en la recolección de firmas. Una muestra fue lo
ocurrido en la movilización del 27 de agosto de 2013, en la que la Policía
Nacional impidió nuestro paso hacia el Palacio de Carondelet y utilizó gas
pimienta, balas de goma, toletes y bastones extensibles para reprimirnos; o la
injusta detención de nuestro compañero David Mármol, miembro de la Comisión
Vivencia Fe y Política y del colectivo Yasunidos, efectuada el 14 de marzo de
2014 por la escolta presidencial al realizar la señal de pulgar abajo en
rechazo a la explotación del ITT.
A pesar de todo el desprestigio y la obstaculización
para la recolección de firmas, estas fueron entregadas al CNE para su
validación. Sin embargo, antes de su entrega escuchamos sorprendidos las
declaraciones del presidente del CNE, Domingo Paredes, deslegitimando las
firmas recogidas, porque el gramaje del papel no era el adecuado, etc. Durante
el proceso de validación de firmas el Colectivo Yasunidos denunció un conjunto
de irregularidades por parte del CNE. El 12 de mayo de 2014, el CNE notificó
finalmente que no se había alcanzado el mínimo de firmas requerido para
convocar a Consulta Popular, argumentando que miles de estas son inválidas por
no haber cumplido requerimientos técnicos.
Lea el
documento completo aquí:
“Defender el Agua es Defender la Vida”
