HIDROBOLETÍN FENTAP
Viernes
16 de mayo de 2014 – Año IX – Edición 1982 – www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
- La Defensoría del Pueblo registró 212 conflictos sociales durante el mes de abril.
- Minería 'artesanal' en el corazón de Lima "¿Podrá el presidente concentrar su atención en este tipo de problemas?"
- Crece presión por un tratado mundial que regule a las corporaciones.
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La Defensoría del Pueblo
registró 212 conflictos sociales durante el mes de abril
DEFENSORÍADELPUEBLO
– 15/05/2014.- La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos
Sociales N° 122, correspondiente al mes de abril de 2014, el cual da cuenta –entre otros aspectos- que
durante ese período se registraron 212 conflictos sociales, 161 en calidad de
activos y 51 en estado latente, uno más en relación al mes anterior.
El
panorama departamental muestra que Apurímac (25) encabeza la lista con el mayor
número de conflictos sociales, seguido de Áncash (23) y Puno (18). Un segundo
grupo de departamentos está conformado por Cajamarca, Cusco, Junín y Piura, con
trece (13) conflictos cada uno, a diferencia de Ucayali, Madre de Dios y
Huánuco quienes registran un (1) solo conflicto respectivamente.
En
relación a la naturaleza de los conflictos contemplados en el Reporte N°122,
los de carácter socioambientales continúan siendo los más numerosos con 136
casos, dos más que el mes anterior. Seguido por los conflictos por asuntos de
gobierno local, con 23 casos, por demarcación territorial, 16 casos, comunales,
con 9 casos; por asuntos de gobierno nacional, con 9 casos; laborales, con 7 casos; entre otros. También
se informa de dos conflictos resueltos y del surgimiento de cinco casos nuevos
ubicados en las regiones de Apurímac, Huancavelica, Cusco y Ayacucho.
Respecto
a los conflictos nuevos, el documento defensorial informa que se han registrado
cinco. Cuatro socioambientales y uno comunal. En el primer caso, ubicado en
Ayacucho, el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de la Provincia de
Sucre se opone al inicio de operaciones
de la empresa minera Laconia South América S.A.C. en las faldas del Nevado
Ccarhuaraso.
LIMA
Minería 'artesanal' en el
corazón de Lima
Por Martha Meier
"¿Podrá el presidente concentrar su atención
en este tipo de problemas?", cuestiona la periodista
http://elcomercio.pe/
- 14/05/2014.- El investigador en temas mineros Miguel Santillana ha revelado
que, en el mismísimo casco urbano de Lima,
el fenómeno de la minería “artesanal” crece. Esto no debe sorprendernos
pues a tiro de piedra del Centro de Lima,
desde cuyo Palacio Municipal Susana Villarán desgobierna la ciudad, la
minería “artesanal” (en buen cristiano ilegal y obsoleta) hace de las suyas.
Con su descuido y técnicas propias de siglos pasados,
la actividad amenaza directamente la salud de un millón de limeños.
Indirectamente, nos amenaza a todos y aniquila zonas en las alturas de
Chaclacayo, Chosica, Carabayllo y Huarochirí (Ricardo Palma), aptas para la
creación de circuitos de caminatas, ciclismo y otros deportes al aire libre,
además de atentar contra la reforestación (recuperando así lo que alguna vez
fueron los bosques de la vertiente occidental andina, cuyo último relicto es
San Bartolomé).
En febrero se intervino uno de los campamentos de
minería ilegal cuyas operaciones eran ya de escándalo por darse en la conocida
quebrada de California, a pocos metros del río Rímac. Esa quebrada –donde en
los años 80 se filmó “Sonata Soledad”, de Armando Robles Godoy– está
prácticamente a la vuelta de las casas
de campo de la urbanización del mismo nombre, junto a la tradicional zona de
Los Cóndores, ambos lugares a donde la gente va en busca de aire puro. Vaya ingenuidad: el aire
de la zona (que ninguna autoridad monitorea) ha estado cargado por años con
vapores de mercurio y cianuro.
Por lo pronto se sabe que la exposición prolongada a pequeñas dosis de
vapores de cianuro afecta la glándula tiroides, el corazón, causa lesiones en
el nervio óptico, presión alta y ataxia (descontrol muscular).
Información de Rights Action indica que la
degradación del cianuro es lenta, por lo que sí puede afectar a las comunidades
aledañas, a contramano de lo que afirman algunas comercializadoras de
minerales.
Otro metal pesado detectado en estos campamentos
ilegales, y manipulado inadecuadamente, es el mercurio. Como el cianuro,
también es altamente volátil y puede causar trastornos neurológicos y de
comportamiento, afecta el habla, la concentración, el hígado y la tiroides. Se
sabe, además, que puede causar malformaciones en los fetos. No vendría mal un
estudio de incidencia de cánceres en las zonas aledañas a este tipo de
campamentos que proliferan en las partes altas de Lima, de la calidad del suelo
y aguas subterráneas. Sobre el Rímac sabemos lo que dice un informe del
Ministerio de Energía y Minas, que el agua
“refleja la descarga de drenajes ácidos de mina hacia el río”. ¿Cuánto
de esto es responsabilidad de la llamada minería “artesanal”?
En los campamentos mineros cercanos a Lima, a pocos
kilómetros del Palacio, donde habita un presidente cuya lectura de cabecera es
“No me gusta la concentración de medios” (según lo dicho a la directora de
América TV, Clara Elvira Ospina, en la Feria del Libro de Bogotá), se encontró
que trabajan niñas y niños, así como mujeres en edad fértil. Señor esposo de la
primera dama, ¿puede “concentrar” su atención en este tipo de problemas, que
son reales y no imaginarios? Gracias.
HIDROMUNDO
Crece presión por un
tratado mundial que regule a las corporaciones
http://www.ipsnoticias.net/
- 09/05/2014.- Más de 500 organizaciones internacionales reclaman que los
gobiernos pongan en marcha en junio la redacción de un tratado internacional
que sancione a las empresas trasnacionales que violan los derechos humanos, en
respaldo de una propuesta presentada por Ecuador y otros países.
El miércoles 7, una red mundial de la sociedad civil
conocida como Treaty Alliance (Alianza por el Tratado) pidió a los países
miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) que respalden el mes que viene una resolución para redactar un
acuerdo vinculante que garantice la rendición de cuentas y los mecanismos de
reparación de las víctimas de abusos cometidos por empresas.
El Consejo celebrará su 26ª sesión del 9
al 27 de junio, en Ginebra.
La declaración conjunta de la Treaty Alliance subraya
“la necesidad de mejorar el marco jurídico internacional, con inclusión de
soluciones internacionales, aplicable a la acción estatal para proteger los
derechos en el marco de operaciones comerciales, y teniendo presente la urgente
necesidad de garantizar el acceso a la justicia, el remedio y la reparación de
las víctimas de abusos de las empresas a los derechos humanos”.
La declaración, que lleva la firma de más de 150
organizaciones y representa a cientos más, también pide a los Estados que
trabajen por un acuerdo vinculante que “afirme la aplicabilidad de las
obligaciones de derechos humanos en las operaciones de las empresas
transnacionales y otras firmas comerciales”.
Asimismo, exige a los Estados que “establezcan la
responsabilidad legal de las empresas por los actos u omisiones que violen los
derechos humanos”.
La alianza de la sociedad civil pide que se cree un
organismo supranacional que supervise la aplicación del tratado.
“Ya es hora de que haya un sistema de normas
vinculantes que considere legalmente responsables a las empresas por
violaciones de los derechos humanos”, afirmó David Pred, el director gerente de
Inclusive Development International, una de las organizaciones de Treaty
Alliance, en entrevista con IPS.
“Las empresas transnacionales se han salido con la
suya durante demasiado tiempo, asesinando literalmente, pero en vez de
frenarlas nuestros gobiernos les ceden aun más poder a través de acuerdos de
libre comercio y tratados de inversión”, dijo.
“Nos sumamos a este reclamo porque creemos que no
existe mayor amenaza para los derechos humanos y la democracia en el mundo de
hoy que el poder empresarial sin control”, opinó.
El apoyo de 85 países
Las voces que piden un marco internacional más
riguroso para las empresas se oyen desde hace décadas. Este movimiento tuvo un
éxito parcial cuando en 2011 el Consejo aprobó los Principios Rectores de la
ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
“No existen medios para garantizar el cumplimiento de
los Principios Rectores, y lo que hemos visto desde 2011 es que su aplicación
no funcionó como barrera para frenar las violaciones de los derechos humanos
que cometen empresas transnacionales”, señaló a IPS el investigador asociado
del Transnational Institute, Gonzalo Berrón, organizador de Treaty Alliance.
“No estamos diciendo que los Principios Rectores no
se apliquen, se trata de un proceso paralelo, pero creemos que cuanto antes
comencemos a discutir un código vinculante, mejor. Y ahora tenemos la
oportunidad de avanzar”, agregó.
De hecho, los partidarios del tratado sostienen que
el momento actual, en el período previo a la reunión de junio del Consejo, es
singularmente propicio.
“Antes veíamos que la movilización se daba entre las
comunidades afectadas y ciertas organizaciones no gubernamentales, pero por
primera vez vemos esta enorme alianza. Es algo nuevo en el ámbito
internacional”, según Berrón.
Este impulso se remonta a la 24ª sesión del Consejo,
cuando un grupo de 85 países señalaron en una declaración conjunta que los
Principios Rectores son “solo una respuesta parcial”, y enfatizaron “la
necesidad de avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante que regule el
trabajo de las empresas trasnacionales”.
Fue la primera vez que el tema fue abierto por
Estados miembros de la ONU, señalaron defensores del tratado.
“Este impulso se debe a la voluntad de los
representantes de muchos países, en muchas regiones, y no por agencias de la
ONU, lo que tiene mayor sentido democrático e importancia, dentro y fuera” del
foro mundial, sostuvo Dominic Renfrey, de la Red Internacional para los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los Estados ocupan escaños en el Consejo por períodos
de tres años. La integración actual de 47 miembros podría ser una ventaja para
los partidarios del tratado, observó Renfrey.
“En este momento varios miembros del Consejo de
Derechos Humanos entienden mejor que la mayoría el impacto que tiene en su
población el desarrollo mal regulado”, señaló.
“Estos Estados se beneficiarán de un sistema
internacional que proteja mejor los derechos humanos de sus pueblos, al tiempo
que garantice una forma más sostenible y respetuosa de inversión”, agregó.
El dilema de la aplicación
Aún así, no todos apoyan la idea de un
tratado.
“Aunque seguimos de cerca estos acontecimientos, nos
centramos en los grandes vacíos que existen para asegurar que los gobiernos
cumplan con su deber de proteger los derechos humanos”, explicó a IPS el
director de International Corporate Accountability Roundtable (Mesa Redonda
para la Responsabilidad Empresarial), Amol Mehra.
“Esos vacíos de pueden llenar en gran medida
regulando a las empresas para evitar potenciales violaciones de derechos
humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional, y por medio de firmes
medidas correctivas, incluyendo vías legales de rendición de cuentas cuando se
producen daños”, destacó.
La figura principal detrás de los Principios Rectores
de la ONU instó a la precaución.
John Ruggie, el relator especial de la ONU sobre
empresas y derechos humanos, cree que en parte el problema radica en que las
cuestiones relativas a las obligaciones de las empresas son demasiado amplias
para un único tratado.
Ruggie sostuvo la semana pasada que hay 80.000
empresas multinacionales, y millones de subsidiarias más, y que supervisar el
cumplimiento del tratado superaría la capacidad de la mayoría de los gobiernos.
Cualquier organismo supranacional que se cree generaría las mismas inquietudes.
Los problemas fundamentales de la aplicación del
tratado se exacerbarían por la reticencia de los Estados a juzgar delitos
cometidos fuera de su territorio. Este es un problema importante dado que los
tratados son documentos que se adoptan por consenso, señaló.
Para que añadiera valores, “las normas de aplicación
del tratado tendrían que entrañar una jurisdicción extraterritorial”, escribió
Ruggie.
“Algunos órganos de tratados de derechos humanos de
la ONU han pedido a los Estados de origen de las multinacionales que
proporcionen mayor protección extraterritorial contra los abusos relacionados
con las empresas… Pero la conducta de los Estados deja en claro que no
consideran que esta jurisdicción sea un medio aceptable para procesar
violaciones a toda la gama de derechos humanos reconocidos internacionalmente”,
escribió el experto.
“Defender el Agua es Defender la Vida”