HIDROBOLETÍN FENTAP
Viernes, 16 de agosto de 2013 – Año VIII – Edición 1798 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
- Perú: Minería e Hidrocarburos ya no escaparán de la Consulta Previa. El Poder Judicial (PJ) estableció las diferencias entre el derecho a la consulta previa y la participación ciudadana en los proyectos de inversión, y anuló las disposiciones reglamentarias que confundían estos derechos y provocaban que en los proyectos de exploración minera y de hidrocarburos no se realizaran consultas a los pueblos indígenas y tribales, sino solo talleres informativos.
- El Salvador: El agua enfrenta a pequeña comunidad salvadoreña con transnacional. Comunidades ubicadas en la jurisdicción de Nejapa, 21 kilómetros al norte de San Salvador, comenzaron a movilizarse desde abril contra los planes de Industrias La Constancia (ILC), subsidiaria del consorcio transnacional SabMiller, de abrir un nuevo pozo en la planta de producción que la compañía ya tiene en el cantón Galera Quemada, de ese municipio.
- Colombia - Viaje a la tierra del tungsteno. Hernández-Mora narra desde Guainía cómo las Farc se lucran de la minería ilegal de tungsteno.
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Perú: Minería e Hidrocarburos ya no escaparán de la Consulta Previa
http://actualidadetnica.com/ –
15/08/2013.- El Poder Judicial (PJ) estableció las diferencias entre el derecho
a la consulta previa y la participación ciudadana en los proyectos de
inversión, y anuló las disposiciones reglamentarias que confundían estos
derechos y provocaban que en los proyectos de exploración minera y de
hidrocarburos no se realizaran consultas a los pueblos indígenas y tribales,
sino solo talleres informativos.
La sentencia de la Corte Suprema
-que resuelve en última instancia la demanda interpuesta por el Instituto de
Defensa Legal contra el Ministerio de Energía y Minas- señala que el Convenio
169 de la OIT -que norma la consulta previa a los pueblos indígenas y tribales-
es también una norma constitucional peruana, por lo que cualquier disposición
de menor rango (como el reglamento) que se oponga no tendrá efecto legal luego
de que este fallo se publique en el diario oficial.
Sector minero
Esta decisión de la Corte Suprema
deja sin efecto la norma que disponía que en el sector minero “la consulta
previa se implementara a través del proceso de participación ciudadana”, ya que
ello tenía como efecto dejar sin procedimiento de consulta e impedía garantizar
una participación libre, previa y con la finalidad de llegar a un acuerdo con
la comunidad afectada por una exploración minera.
Sector
petrolero
La Corte también dejó sin efecto la
disposición que afirmaba que “la consulta es una forma de participación
ciudadana aplicable a las áreas de influencia directa de un proyecto de
hidrocarburos”.
La sentencia precisa que esta norma
reglamentaria incurre en un error y confusión con la finalidad de evitar que
los pueblos tengan el control sobre ciertas medidas. Explica que la consulta
previa es un derecho fundamental humano (exigible frente al Estado); por el que
las comunidades indígenas y tribales deben ser consultadas para obtener su
aprobación previa en exploraciones y otras actividades que los puedan afectar.
Las
Claves
Hidrocarburos.
Se anuló el artículo 2.1 del reglamento de participación ciudadana relacionada
a temas de hidrocarburos DS N° 012-2008-MEM.
Minería. Se
anuló el artículo 4 del reglamento de participación ciudadana del subsector
minero DS N° 028-2008-MEM.
HIDROMUNDO
El agua enfrenta a pequeña comunidad salvadoreña con
transnacional
http://www.ipsnoticias.net/
- 14/08/2013.- Josefina Escamilla viajó a la capital salvadoreña desde la
cercana Las Marías para protestar contra el gigante cervecero SabMiller, cuya
subsidiaria local pretende perforar un nuevo pozo en los terrenos adyacentes a
su comunidad y eso, aseguró, volverá escasa el agua para la población.
“Nosotras ya estamos viejas, pero
luchamos por el agua que van a tomar nuestros hijos y nietos”, dijo Escamilla a
IPS, mientras, pancarta en mano, ayudaba a bloquear el tránsito vehicular en
una concurrida calle capitalina, en protesta por el proyecto.
Comunidades ubicadas en la
jurisdicción de Nejapa, 21 kilómetros al norte de San Salvador, comenzaron a
movilizarse desde abril contra los planes de Industrias La Constancia (ILC),
subsidiaria del consorcio transnacional SabMiller, de abrir un nuevo pozo en la
planta de producción que la compañía ya tiene en el cantón Galera Quemada, de
ese municipio.
Esas comunidades, apoyadas por
organizaciones ambientalistas, aducen que, si se hace esa nueva perforación, se
agotará el manto acuífero de la zona y, al final, serán los residentes los que
ya no tendrán agua, mientras la compañía la extrae para sus beneficios
empresariales.
Solo 69,8 por ciento de los hogares
rurales salvadoreños cuentan con servicio de agua por cañería, mientras que en
las ciudades llega a 93,5, según la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples
2012.
“He madrugado para andar aquí en la
protesta, no es por gusto que estamos bloqueando esta calle”, contó Escamilla.
“Sin electricidad podemos vivir, pero sin agua no”, sentenció.
ILC abrió dos pozos en 1999 en
Galera Quemada y trasladó allí sus operaciones de embotellado de gaseosas, que
incluyen la marca Coca-Cola. Ahora necesita un tercer pozo para fortalecer su
producción de agua purificada.
Esta empresa comenzó sus actividades
produciendo cervezas en 1906, de la mano de Rafael Meza Ayau, un conspicuo
miembro de la oligarquía de la época. En 2005, cuando ya había ampliado el
horizonte agregando jugos, agua embotellada, bebidas carbonatadas e isotónicas,
fue adquirida por SabMiller, la segunda cervecera en volumen del mundo.
SabMiller opera en 75 países y sus ganancias llegaron en el último año
fiscal a los 6.421 millones de dólares, sin descontar los impuestos, según
información de su portal de Internet. En cuanto al aumento de los ingresos de
ILC, en particular, la firma da cuenta que en el mismo periodo crecieron 30 por
ciento, sin consignar el monto.
Carlos Flores, activista de la
Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), dijo a IPS que pobladores de la zona y
organizaciones ecológicas presentaron al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Marn) 2.200 cartas para impugnar el proyecto de ILC, en las
que se plantea el temor a que se disminuya el recurso hídrico.
Al respecto, el jefe de esa cartera,
Herman Rosa Chávez, informó a IPS que el organismo revisa actualmente el
estudio de impacto ambiental presentado por ILC, tras lo cual realizará sus
propios análisis de la cuenca hidrográfica y, finalmente, dará su dictamen.
El hidrólogo Julio Quiñónez indicó a
IPS que el Balance Hídrico Dinámico de El Salvador, elaborado por el Marn en
2005, ya señalaba que el acuífero de Nejapa estaba llegando a su límite.
Lo mismo advirtió un reporte de
Geólogos del Mundo en 2003, al afirmar que el manto freático bajó desde 1972
porque la explotación era superior a la recarga.
Quiñónez explicó que el acuífero
tiene una capacidad de recarga anual de unos 15 millones de metros cúbicos y en
este momento el consumo fluctúa entre siete y 10 millones, incluyendo la
explotación comercial que hace la misma firma ILC y el agua que distribuye a la
población la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Reportes del Marn indican que la
apertura del nuevo pozo, más los dos ya existentes, implicaría la extracción de
1,7 millones de metros cúbicos por año.
“La gente tiene la razón de
manifestar su preocupación por el nuevo pozo, es algo que no debe tomarse a la
ligera”, acotó Quiñónez. Es también preocupante destacar que la deforestación
de la zona, impuesta por nuevos proyectos urbanísticos y agrícolas, reducirá
aún más las condiciones de recarga del acuífero, a la par de que aumenta la
demanda, agregó.
IPS tuvo acceso a un documento
entregado por ANDA a la compañía, el 10 de enero del 2013, en el que afirma que
el nuevo pozo no afectaría el suministro de agua que esa firma estatal hace a
la población, siempre y cuando la extracción de ILC no supere 1,1 millones de
metros cúbicos por año, 600.000 menos de lo que quiere ILC.
La llamada Carta de no Afectación no
da luz verde al proyecto sino que se constata que, si la extracción no
sobrepasa esos límites, ANDA asegura el suministro de agua a la población de la
zona.
ANDA exigió además otras condiciones
para entregar su aval, como el hecho de que ILC debe tomar medidas ambientales
compensatorias, construir pozos de infiltración, que encaucen las aguas de
lluvia al acuífero, así como instalar macromedidores que permitan una lectura
exacta de la extracción de agua de los pozos.
Los dos pozos ya existentes,
construidos en 1996, no requirieron una Carta de no Afectación, porque esa
exigencia está vigente solo desde 2004.
La compañía Industrias La Constancia
no atendió la solicitud de IPS para hablar sobre el conflicto generado por el
proyecto del pozo.
ANDA tampoco concedió la entrevista
para aclarar si la firma sigue sin permitir la entrada de inspectores de esa
oficina estatal para que lean los registros de la extracción de agua en los
pozos que tiene en su sede central en San Salvador, tal como ha sido
denunciado.
“Nunca nos dejaron entrar, ponían a
unos matones en la entrada para cerrar el paso”, afirmó Francisco Gómez, quien
presidió ANDA del 1 de junio de 2009 a enero de 2010. “La compañía pagaba por
el agua con los reportes de lo que ellos decían que consumían”, añadió a IPS.
Mientras tanto, Josefina Escamilla,
de la Comunidad Las Marías, se mantuvo firme a las críticas de los
automovilistas que se quejaban por el bloqueo de la calle en San Salvador, en
la protesta que no solo era por su lucha contra SabMiller e ILC sino contra los
legisladores de derecha que se oponen a aprobar una Ley General del Agua, en
debate en la Asamblea legislativa
Ese proyecto establece que el agua
es un bien nacional de uso público y reconoce el derecho de las personas a
tenerla, entre otros. Pondría más control y regulación al recurso hídrico,
afectando a compañías como ILC.
“Con la ley podríamos defender mejor
el agua en Nejapa”, dijo Escamilla.
HIDROALERTA
Viaje a la tierra del tungsteno
Hernández-Mora narra desde Guainía cómo las Farc se lucran de
la minería ilegal de tungsteno.
http://www.eltiempo.com/
- 13/08/2013.- Dos manchas ocres aparecen en medio de un inmenso manto verde.
Junto a los claros y socavones de escasa hondura, entre los árboles, se
aprecian numerosas cabañas para los trabajadores, aunque no se divisa a ninguno
porque, nada más escuchar los motores de la pequeña Cessna de la policía,
corren a esconderse. Solo por aire, en un vuelo de 50 minutos sobre la selva
desde Puerto Inírida, es posible acercarse a la mina de tungsteno de Cerro
Tigre, a escasa distancia del río Inírida, en la Reserva Nacional Natural
Puinawai. El frente ‘Acacio Medina’ la protege para que dos empresas legales
puedan explotarla sin sobresaltos, engañando a las autoridades.
Las Farc no permiten que nadie
molesto llegue hasta ese paraje por el río en un tortuoso viaje de dos días desde
Puerto Inírida, para cubrir los 557 kilómetros fluviales que los separan, en el
que hay que superar ocho peligrosos raudales. En cada uno es necesario
desembarcar pasajeros y carga para que el motor pueda atravesarlo. Y en las
pequeñas comunidades indígenas de la ruta cualquier miliciano puede impedir el
paso, un exceso de celo inusual en otras minas, salvo que haya razones de peso.
En este caso existen: ocultar que el tungsteno que extraen lo sacan por río y
trochas en largas travesías hasta Tomachipán, en el departamento del Guaviare,
donde las compañías pueden exhibir títulos mineros, o lo hacen pasar por
piedras negras procedentes del Vichada, otra región que carece de los
impedimentos legales que rigen en Guainía. Para alcanzar su destino, pagan peaje
a los tres frentes de las Farc –16, 1 y 44– que ejercen dominio sobre distintos
tramos del camino.
Un esfuerzo muy lucrativo por
tratarse de un mineral de elevado precio en el mercado mundial, puesto que es
esencial en la fabricación de carros, celulares inteligentes, tabletas, entre
otros bienes de consumo de alta gama.
Intentar una operación militar en el
terreno, para clausurarla, sabiendo que las Farc defenderían a bala su feudo,
requiere poner en riesgo muchas vidas, tanto de uniformados como de mineros,
gentes humildes que solo pretenden ganarse el sustento. Unos son indios
puinaves del Zancudo, diminuta comunidad de 180 habitantes al otro lado del
río; y otros, hombres llegados del Chocó.
Trabajan de sol a sol y sacan por
persona alrededor de 30 kilos diarios. Por cada uno les pagan 9.000 pesos, y el
minero da mil a quien lo transporta sobre sus espaldas hasta Puerto Cambalache,
punto de acopio a orillas del Inírida, distante una hora a pie, y 3.500 a la
guerrilla como vacuna.
Cuando las Farc se tomaron la mina,
en el 2010, mataron o expulsaron a los compradores que había e impusieron a los
suyos, pero en las últimas semanas no apareció ninguno con dinero, por lo que
cambian piedras por bienes y los almacenan hasta que llegue el billete. En San
José del Guaviare ese kilo sube a 40.000 pesos; en Bogotá, a 60.000, y en el
exterior se duplica o triplica, según calidades.
El año pasado la Policía, bajo el
mando del coronel Luis Antonio Montenegro, en colaboración con la autoridad
ambiental regional, la CDA, decomisó 4,7 toneladas en la capital del Guaviare,
pero Rafael Rodríguez, propietario de Carey de los Cristales, una mina legal
del Vichada, los reclamó como propios con su legión de abogados, y debieron
devolvérselos, aunque las autoridades sospechaban que procedían de Cerro Tigre.
Hasta la fecha, con los recursos disponibles, ha resultado imposible probar el
auténtico origen del mineral. También en Puerto Inírida reposan
varias toneladas que en años
anteriores consiguieron incautar.
Guainía, región de la Orinoquia de
una belleza exuberante y una población de apenas 45.000 habitantes, el 80 por
ciento indígena, no obtiene rédito alguno de su tungsteno, puesto que, en
teoría, no es suyo sino de sus departamentos vecinos. Incluso, en la reciente
declaratoria de Zona de Reserva Minera Estratégica, ni mencionan ese mineral.
Por tanto, lo que sigue moviendo su economía, máxime
desde que la coca desapareció casi
por completo del departamento tras la operación Gato Negro, del 2002, es el
oro, que explotan de manera artesanal desde hace unos treinta años.
‘Cuando hay oro, hay para todos...’
De ahí que, más que lo que ocurre
con el tungsteno, preocupan los últimos acontecimientos de las minas de oro al
otro lado de la frontera, en Venezuela, donde miles de colombianos –tres o
cuatro mil– buscan el precioso metal con un esfuerzo titánico, en condiciones
infrahumanas y arrasando la Naturaleza.
En especial, después de lo sucedido
el 7 de julio pasado, cuando el Ejército venezolano entró disparando a la mina
El Moyo, abierta en plena sabana en el término municipal de San Fernando de
Atabapo Estado Amazonas-, a cuarenta y cinco minutos en fuera borda de Puerto
Inírida. De los 1.200 mineros que se encontraban en ese momento, murieron dos o
tres, según relatan testigos presentes en la refriega. Dicen que fue el propio
frente ‘Acacio Medina’ de las Farc el que pidió la intervención militar, porque
se les había salido de las manos el control del yacimiento.
Para imponer orden en la mina
venezolana, porque la Guardia nacional y el Ejército bolivariano les permiten
ejercer el mando, comenzaron por reducir a menos de la mitad el número de
obreros y a un tercio las máquinas –había 70–, y prohibieron el trago, que
causaba frecuentes peleas. “Eso es bueno, así uno está en lo que está”, comenta
un minero que espera regresar pronto. “Pero de madrugada –allá solo trabajamos
en la noche para que no nos vean los helicópteros, aunque pagamos a la ley–,
cuando uno está metido en un pozo, mojado y muerto del frío, lo único que
calienta es el ron o el aguardiente”. Descansan en el día, arropados por la
espesura de las madreselvas de los alrededores.
“Defender el Agua es
Defender la Vida”
