miércoles, 22 de enero de 2014

HIDROBOLETÍN FENTAP Jueves 23 de enero de 2014 – Edición 1904



HIDROBOLETÍN FENTAP
Jueves 23 de enero de 2014 – Año VIII – Edición 1904 – www.fentap.org.pe

La FENTAP informa:
·       Perú - Daniel Urresti Elera. Alto comisionado en asuntos de la minería: “Minería ilegal debe ser incluida en ley contra el crimen organizado”.
·       Perú – Ley que permite fiscalizar uso de agua genera controversia. Hasta ahora 114 juntas de usuarios no eran supervisadas, pese a manejar recursos públicos. En Arequipa marcharán contra norma.
  • Ecuador - El Yasuní de Jamil Mahuad y Rafael Correa.
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Daniel Urresti Elera. Alto comisionado en asuntos de la minería
“Minería ilegal debe ser incluida en ley contra el crimen organizado”

http://www.elperuano.pe/ - 21/01/2014.- Entrevista. Los días de la minería ilegal en el Perú están contados. Nada detendrá la decisión del Gobierno de aniquilarla con un trabajo coordinado, aseveró el alto comisionado en Asuntos de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental.
¿La minería ilegal podrá ser erradicada, no obstante su poder económico?
–Por supuesto que sí, quiero que quede bien claro, tenemos el encargo directo del Presidente de la República de erradicar la minería ilegal y de formalizar la informal. Tengo su respaldo y eso es lo que nos permite avanzar tan rápido en los cuatro meses que estoy en el cargo, mucho más de lo que se hizo en los últimos años.
¿Cuáles son las regiones más afectadas?
–La minería ilegal e informal está en 21 regiones, pero el 50% de la ilegal se concentra en el triángulo formado por las regiones Madre de Dios, Cusco y Puno. Y contrariamente a lo que la gente cree, la mayor depredación no es en Madre de Dios, sino en la parte alta de los ríos Ramis y Suches, que alimentan al lago Titicaca, en Puno.
¿Se intensificarán las operaciones de interdicción en 2014?
–Se harán operaciones de interdicción de manera constante en la zona de Quincemil, en la región Cusco, y en Huepetuhe, en Madre de Dios, donde la depredación es total. También se ejecutarán acciones diarias buscando artefactos en los ríos, labor a cargo de la Marina. Donde se encuentra maquinaria, inmediatamente se interviene, interdicta y se destruye.
¿Cuándo se iniciará la interdicción en Huepetuhe?
–Antes de culminar el primer trimestre de 2014 y se actuará con intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. La minería ilegal se practica desde hace 25 años y se han depredado más de 60,000 hectáreas, pero eso se acabó. Si no paramos esta situación, en un par de años ya no habrá bosques. Hoy se encuentra en esa zona gran cantidad de maquinaria pesada. Lo peor es que tienen años operando y están confiados en que nada les pasará. Incluso, han puesto tuberías permanentes con base de cemento, es decir, la impunidad total. Esta es tierra de nadie; hasta el cementerio de Huepetuhe lo han levantado.
¿De qué nivel es la depredación de bosques en la región Puno?
–En la cuenca alta de Puno, donde queda Pampa Blanca, Ancocala y Ananea, se han depredado 94,000 hectáreas. En esta zona ya no hay ni una sola máquina trabajando, las hemos erradicado y la Policía Nacional está patrullando la zona permanentemente. Hemos instalado una base policial con 300 agentes.
¿Qué pasa con el control de insumos y de combustible hacia Madre de Dios que son utilizados por la minería ilegal?
–En Madre de Dios operan alrededor de 5,000 máquinas dedicadas a la minería ilegal y la mejor manera de detener su funcionamiento es cortarle el combustible. Ante esto, ya se publicó el decreto legislativo que considera a Madre de Dios en el régimen especial para el control de hidrocarburos.
Además, este mes saldrá un decreto que establecerá la cuota de combustible que recibirá esta región, calculada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). También se suspenderá la emisión de licencias para nuevos grifos en esta zona, donde en un área de 10 kilómetros operan más de 50 establecimientos.
Los mineros informales presentan con frecuencia recursos legales para seguir operando, ¿qué se está haciendo?
–Tuvimos una reunión de coordinación con el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, en la que quedó claro que la organización está comprometida en la lucha contra la minería ilegal y para ello se instalarán dos juzgados especializados en minería ilegal.
Uno estará en Piura y el otro en Cusco, pero serán itinerantes para que el juzgado de Piura pueda atender de Lima hacia el norte y el de Cusco de Lima hacia el sur.
Paralelamente, estamos trabajando para que la minería ilegal sea incluida en la ley contra el crimen organizado, así como normas complementarias, mediante el Congreso, para evitar las acciones de amparo de los mineros ilegales.

Mayores controles

¿La interdicción continuará en todas las regiones donde hay minería ilegal?
–Cuando debilitemos lo suficiente el triángulo, comenzaremos a atacar las 18 regiones restantes, porque tenemos minería ilegal, por ejemplo, en la Cordillera del Cóndor, en Lima Provincias, pero está dispersa y focalizada en algunos puntos.
¿Se tiene pensado controlar los aeropuertos para evitar la salida del producto de la minería ilegal?
–En febrero se instalarán equipos especiales de la Policía y la Fiscalía en los aeropuertos de Madre de Dios, Cusco, Juliaca y Arequipa, cuya única misión será evitar que salga oro ilegal. Ahora sale fácilmente y el traslado es a través de los ‘golden burriers’. Además, se terminará de instalar los equipos de rayos X en los cuatro terminales.

ESTRATEGIA

El Ejecutivo aprobó el 11 de enero la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, a fin  de ayudar a erradicar los principales enclaves de la minería ilegal y reducir los delitos asociados.
Con ese fin se declaró “de interés nacional, de necesidad pública y de ejecución prioritaria” las acciones de interdicción relacionadas con la minería ilegal.
Entre los delitos conexos que se enfrentarán figuran la trata de personas, la evasión tributaria, el daño ecológico.

Cifra

250 policías tendrán la base que se instalará en febrero en el kilómetro 104 de la carretera interoceánica.



HIDROREGIONES

Ley que permite fiscalizar uso de agua genera controversia
Hasta ahora 114 juntas de usuarios no eran supervisadas, pese a manejar recursos públicos. En Arequipa marcharán contra norma

http://elcomercio.pe/ - 21/01/14.- Con dos días de promulgada, la Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua ya ha sido la causa de una protesta y de la disconformidad de algunas juntas de usuarios en la costa del país.
La norma publicada el domingo en el diario oficial “El Peruano” busca ordenar el sistema de riego en todas las regiones. El ministro de Agricultura, Milton Von Hesse, señaló a El Comercio que la ley pretende dar mayor peso al usuario, ya que hasta ahora las decisiones eran tomadas por un grupo muy reducido de directivos.
“Lo que demanda la nueva ley es que las juntas tengan planes anuales de operación y de inversión y que las cabezas de estos grupos sean elegidos por todos los usuarios”, explicó Von Hesse.
En la actualidad, el presidente y demás directivos de las juntas son nombrados por los líderes de las comisiones. Estas son subgrupos de las juntas que incluyen al total de usuarios.
“Estas elecciones en las que todos deben participar y elegir a su representante serán supervisadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”, añadió el ministro.

PUNTOS EN DEBATE

Entre otros aspectos centrales, la norma establece que en 180 días se debe convocar a elecciones y que debe haber un gerente profesional encargado de ejecutar una buena administración.
El punto de mayor conflicto con algunas juntas de usuarios ha sido el nuevo rol que el Estado asumirá en ellas: el de fiscalizador y supervisor.
“En estas organizaciones se manejan infraestructuras y recursos públicos. Lo que le toca ahora al Estado es supervisar que la ejecución sea la adecuada, algo así como lo que hace la Sunass con las entidades prestadoras de servicio de saneamiento”, indicó el ministro Von Hesse.
De acuerdo con Alfonso Llamosas, presidente de la Junta de Usuarios del Río Ica, esta norma viola la autonomía e institucionalidad de estas organizaciones. “Este es un intervencionismo y exigimos su derogación”, subrayó.
En Arequipa, Nelson Martínez, presidente de la Junta de Usuarios de El Pedregal, adelantó que dos mil agricultores protestarán hoy porque ellos creen que esa disposición busca intervenir en las juntas y aumentar las tarifas.
Al respecto, Von Hesse indicó que la Junta Nacional de Usuarios de Riego estuvo de acuerdo con las propuestas de la nueva ley  y que las protestas que se anuncian son de pequeños grupos. “Siempre que se trata de cambiar el statu quo hay resistencia, ya que piensan que no estarán al mando de la administración del agua. Lo que queremos es modernizarla”, dijo.

HIDROMUNDO

El Yasuní de Jamil Mahuad y Rafael Correa

ElComercio.com – 20/01/2014.- Han pasado 15 años desde que Jamil Mahuad declaró al Yasuní como zona protegida hasta que Rafael Correa autorizó su explotación.
El ex presidente Mahuad decretó el 2 de febrero de 1998 al Yasuní como Zona Intangible con el objetivo de preservar la biodiversidad y respetar el hábitat de pueblos en aislamiento voluntario en la Amazonía ecuatoriana.
El decreto 552 prohibía todas las actividades extractivas como la explotación petrolera, minera y maderera, pero el 15 de agosto de 2013, el gobierno de Rafael Correa autorizó su explotación tras el fracaso de la iniciativa que pretendía dejar el crudo bajo tierra a cambio de una compensación económica.
Quien encabezó la iniciativa desde el 2010 fue Ivonne Baki, funcionaria que también laboró en el gobierno de Mahuad como embajadora en Estados Unidos. El equipo de Baki estuvo conformado por 15 personas y en tres años gastó la mitad de lo recaudado. Contó con un presupuesto de USD 7,3 millones recolectando alrededor de 13 millones. Previo al equipo negociador de Baki, la iniciativa fue impulsada por Alberto Acosta, Roque Sevilla y Freddy Ehlers.
Otro tema que atraviesa a los dos gobiernos es el caso Chevron. Vladimiro Álvarez, exministro de Gobierno de Jamil Mahuad, fue vinculado en el 2013 con la petrolera por un informe presentado en el juicio Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) con el objetivo de evitar el pago de más USD 9 000 millones por indemnización a la contaminación ambiental en la Amazonía.
Álvarez aclaró que el informe sobre la credibilidad de la justicia ecuatoriana lo elaboró para el bufete de abogados Gibson Dunn & Crutcher y no para Chevron. El exfuncionario indicó que dicha investigación puede ser utilizada en cualquier juicio.
El 30 de septiembre de 1998, en el gobierno de Mahuad y donde Álvarez era ministro de Gobierno, se firmó el acta final que avalaba que Texaco (actualmente Chevron) había cumplido con todos los trabajos de remediación ambiental, liberando a la petrolera de toda responsabilidad.
Actualmente, Correa embandera la campaña 'La mano sucia de Chevron’, que busca denunciar el perjuicio ocasionado por la petrolera en la Amazonía.

“Defender el Agua es Defender la Vida”