HIDROBOLETÍN FENTAP
Jueves, 06 de noviembre de 2014 – Año IX – Edición 2103 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
- Perú - Arequipa: solicitan declaratoria de emergencia del sistema sanitario. El pedido fue hecho por la Gerencia Regional de Salud, tras último informe de Digesa sobre calidad del agua potable que consume la ciudadanía.
- Perú - La tala y la minería ilegal ponen en riesgo servicio de agua en Ucayali. Advierte la Sunass.
- España - Ecologistas en Acción suma a su querella por la contaminación, los camiones diésel de la basura. El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado a la nueva concesionaria a utilizarlos.
- Chile - La privatización del agua: Desde el código del 81 a las sanitarias de Frei. Si bien todos los dardos apuntan a que el Código de Aguas es la principal herramienta que mercantiliza el agua, otros han contribuido a profundizar el modelo. ¿Quiénes son los principales usuarios de agua en Chile?
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Arequipa: solicitan declaratoria de emergencia del sistema
sanitario
El pedido fue hecho por la Gerencia Regional de Salud, tras último
informe de Digesa sobre calidad del agua potable que consume la ciudadanía.
http://www.rpp.com.pe/
- 03/11/2014.- La Gerencia Regional de Salud solicitó al gobierno regional la
declaratoria de emergencia del sistema sanitario de Arequipa, tras recibir y
evaluar el segundo informe de agua potable de Digesa, que evidencia la
presencia de organismos de vida libre en el recurso hídrico.
El
gerente regional de Salud, Hugo Rojas, señaló que esta declaratoria permitirá
destinar un presupuesto para la limpieza de redes de agua, reservorios y
plantas de tratamiento; además de evaluar la calidad y cantidad de agua potable
que consume la población arequipeña.
“Arequipa
no puede consumir agua con algas, los reservorios no deben tener estos
organismos ni siquiera en una mínima cantidad”, dijo el funcionario.
Por
otro lado, informó que Sedapar tiene 30 días para remitirles un informe sobre
la calidad de agua potable que actualmente abastece a la ciudadanía.
“Evaluaremos
este documento y realizaremos las investigaciones necesarias. Si la empresa
prestadora del servicio básico tiene responsabilidad sobre esta problemática
será multado hasta con 30 Unidades Dispositivas Tributarias (UIT)”, advirtió el
gerente regional de salud.
HIDROREGIONES
La tala y la minería ilegal ponen en riesgo servicio de agua en
Ucayali
Advierte la Sunass
http://www.andina.com.pe/
- 04/11/2014.- El río Ucayali, principal fuente de agua potable para la región
Ucayali, se encuentra amenazado por la deforestación, la tala ilegal y la
minería informal, revela un estudio realizado por el Consejo de Usuarios
Oriente de la Sunass en la ciudad de Pucallpa.
La Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (Sunass) informó que el estudio indica que las características del
agua del río Ucayali han cambiado en los últimos años, generando problemas para
su potabilización.
Durante la visita hecha por el Consejo de Usuarios
Oriente, se observó que el agua tiene un importante volumen de turbidez y
“palizadas”, provocadas por la tala ilegal en la cuenca de Pachitea.
Esta situación complica la labor de potabilización,
por lo que se restringió el agua en más de una oportunidad.
Es en ese contexto, que el Consejo de Usuarios
Oriente de la Sunass, exhorta la Autoridad Local del Agua (ALA), al Gobierno
Regional de Ucayali (GR) y a la empresa de agua EPSA Emapacop a trabajar un plan
de contingencia para erradicar la tala ilegal y formalizar los mineros
informales.
Asimismo, durante el I Foro Regional se hizo un
llamado al sector salud, para trabajar sobre la problemática de los pozos
ilegales de agua que amenazan en convertirse en una alerta sanitaria y de salud
pública para la ciudad de Pucallpa.
Esta alerta se da porque donde existen pozos
domiciliarios artesanales también hay letrinas, que ante la carencia de
tuberías de desagüe provocan improvisadas alcantarillas que tienen un desfogue
en las calles.
HIDROMUNDO
Ecologistas en Acción suma a su querella por la contaminación los
camiones diésel de la basura
El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado a la nueva concesionaria a
utilizarlos
Lo harán temporalmente hasta que la flota de Gas Natural Comprimido
'esté a punto'
http://www.elmundo.es/ - 04/11/2014.- Ecologistas
en Acción está ultimando una querella contra la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, y su delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, por
la «vulneración sistemática de la normativa de calidad del aire». A los
argumentos que apoyan dicha denuncia, que se tramitará por la vía penal, se va
a sumar ahora la autorización por parte del Gobierno local para que las nuevas
adjudicatarias del servicio de recogida de basura en la periferia puedan
utilizar temporalmente camiones diésel, un combustible prohibido expresamente
en los pliegos de condiciones del concurso.
«El uso de este tipo de
vehículos es la principal causa de emisión de dióxido de nitrógeno a la
atmósfera. El asunto es más serio de lo que parece y debería ser una prioridad
política: la contaminación se traduce en 2.000 personas fallecidas de forma
prematura al año», señala Paco Segura, portavoz de la organización.
El Ayuntamiento de Madrid
ha autorizado a la UTE compuesta por Urbaser (ACS) y Cespa (Ferrovial) a
utilizar camiones diésel hasta que la flota de los de Gas Natural Comprimido
(GNC), compuesta por 239 unidades de propiedad municipal que ha estado utilizando
durante años la anterior adjudicataria, «esté a punto». Hacía una década que no
se empleaba tal combustible en la recogida de residuos en la capital.
A los problemas técnicos de
la puesta en marcha del servicio, al menos tres asociaciones de vecinos -las de
Puente de Vallecas, Butarque y Aluche- sumaron ayer martes la denuncia de que
había zonas por donde los basureros no habían pasado desde el fin de semana.
Todos coincidían en definir la estampa de sus calles como llenas de «cubos
desbordados de bolsas» de desperdicios.
En el Área de Medio
Ambiente y Movilidad, por el contrario, señalan que «eso no es cierto». «En los
primeros días de la entrada vigor puede haber alteraciones de horarios y
disfunciones», explica una portavoz municipal, que asegura que pese a los
problemas el trabajo se está realizando.
La privatización del agua: Desde el código del 81 a las sanitarias
de Frei
Si bien todos los dardos apuntan a que el Código de Aguas es la
principal herramienta que mercantiliza el agua, otros han contribuido a
profundizar el modelo. ¿Quiénes son los principales usuarios de agua en Chile?
http://www.elciudadano.cl/ - 04/11/2014.-
En Chile a lo largo de la historia se han manifestado una gran cantidad de
conflictos por el agua. Desde confrontaciones por usos industriales, agrícolas
y económicos, hasta las más graves situaciones de escasez que viven muchos
habitantes en nuestro país. El conflicto está presente, pero ¿De dónde nace
todo esto? El principal responsable es el Código de Aguas de 1981, pero en el
camino ha habido muchos medidas que han contribuido a empeorar aún más la
situación de recurso hídrico.
Los cambios radicales que
dieron lugar al Código de Aguas de 1981, transformaron al cuerpo legal chileno
en una situación única en el mundo. Esto, referido a que en ningún país existe
un otorgamiento gratuito y a perpetuidad sobre el agua, convirtiendo a los
derechos otorgados en propiedad absoluta de quien los solicita.
Una gran diferencia con el
anterior marco normativo, el Código de 1969, el que por ejemplo jerarquizaba
los usos ante situaciones en conflicto. Así, en su artículo 30declaraba que
ante diversas solicitudes de aprovechamiento, la concesión se realizaría
priorizando la bebida y el servicio de agua potable, luego, el uso doméstico y
saneamiento, y finalmente dando lugar a “otros usos”.
Parte de esta normativa fue
incluida en la indicación sustitutiva que realizó el gobierno a principios de
mes, donde se le da prioridad al consumo humano, pero no se incorpora un
listado claro, lo que ha sido criticado por organizaciones sociales.
“Hay algunos que pensaban
que se debería establecer una lista, pero los otros usos los puede resolver la
DGA si es que se produce un abuso, pero establecerlos en la ley respecto de los
otros usos, era rigidizar”, sostuvo al respecto el ministro de Obras Públicas
una vez ingresada en el Congreso la indicación del gobierno.
Dejando de lado las
particularidades de la propuesta del ejecutivo en esta materia, lo cierto es
que la mayoría de los gobiernos que han ejercido luego del ´90 han jugado un
rol importante en profundizar la comercialización de las aguas en nuestro país.
La privatización de las
sanitarias
Gráfico-Sanitarias
Durante su segunda campaña
electoral, en el año 2009, el ex Presidente Frei cargó con un peso que no pudo
alivianar: la privatización de las empresas sanitarias. El hecho fue motivo de polémica durante uno
de los debates televisivos que tuvieron los candidatos presidencial de aquel
entonces, entre los que estaban Marco Enríquez-Ominami, Jorge Arrate, Eduardo
Frei y Sebastián Piñera – quien posteriormente se convertiría en el presidente
electo-.
Durante su gobierno –entre
1994 y 1999-, Frei inició la privatización de ESVAL, ESBBIO, ESSAL y Aguas
Andinas, reservándose para el Estado sólo porcentajes minoritarios, siendo el
mayor de ellos el de Aguas Andinas, con un 40 por ciento.
Esta decisión fue vista
como la mercantilización de una de las últimas empresas de servicios que eran
totalmente estatales, y según argumentaron las autoridades de la época, se hizo
para aumentar la cobertura del servicio.
La medida tomada siguió su
curso, y fue durante el gobierno del ex Presidente Piñera que el Estado se
desprendió casi por completo –dejándose sólo un 5 por ciento- de su
participación en las empresas sanitarias. En ese momento, el por ese entonces
senador Eduardo Frei, criticó públicamente la operación.
Tiempo después, el panorama
tiene un oscuro lado humano. Chile cuenta con uno de los servicios más caros de
agua potable en toda América Latina, y como si esto fuera poco, los precios
promedio de la energía superan 60 por ciento al de países de la OCDE
(Organización para Cooperación de Desarrollo Económico). En esto, la generación
termoeléctrica juega un papel fundamental, pero también está el hecho de que
todas las empresas generadoras son privadas.
El caso de Endesa
Endesa, empresa de
capitales españoles e italianos, es la principal en generación eléctrica en
nuestro país con un 39 por ciento, según las cifras de Central Energía, lo que
equivalentes a 5.403 megawatt de potencia instalada en el Sistema
Interconectado Central (SIC).
Pero, esta gigante
eléctrica fue alguna vez una la única empresa estatal que proveía de energía a
la población. La Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (Endesa),
inició sus funciones a principios de 1944, con el objetivo de “explotar la
producción, transporte y distribución de la energía eléctrica de Chile”,
constituyendo una de las más importantes empresas estatales del país. Finalmente
en 1987, en la dictadura militar, la empresa comenzó un proceso de
privatización que acabo dos años más tarde con su completa desafiliación del
Estado.
El caso de Endesa y las
sanitarias son meramente ilustrativos con respecto a la realidad chilena, donde
todo pareciera que para todo lo relacionado con el agua nosotros pagamos más. Y
uno de los factores que influye fuertemente en esto es el Código de Aguas de
1981, que entregó miles de derechos a empresas y particulares.
“Hoy, el 90% de los derechos
de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se
encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que
prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no
consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de
transnacionales como ENDESA”, afirma Rodrigo Mundaca en una columna publicada
en CIPER Chile.
Las palabras del
secretario de MODATIMA (Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la
Tierra y Respeto al Medio Ambiente), no sólo dan cuenta del poder que poseen
muchas empresas, sino del gran mercado que hay detrás del recurso.
De acuerdo a un informe del
año 2011 encargado por la Dirección General de Aguas (DGA) al Banco Mundial,
entre los años 2005 y 2008 se realizaron cerca de 25 mil transacciones de
compra y venta de derechos de aprovechamiento de agua por un valor anual de
casi 1.200 millones de dólares.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
