HIDROBOLETÍN
FENTAP
Martes, 13 de mayo de 2015 – Año X – Edición 2229 – www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
·
Perú - La Defensoría del Pueblo registró 208 conflictos sociales
durante el mes de abril. Se registraron dos personas fallecidas y 189 heridas. Se
contabilizaron 199 acciones colectivas de protesta.
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Perú - Tía María: intentando hacer un recuento del conflicto.
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Según el Reporte N° 134
La Defensoría del Pueblo registró 208
conflictos sociales durante el mes de abril
Se registraron dos personas
fallecidas y 189 heridas.
Se contabilizaron 199 acciones
colectivas de protesta.
Nota de Prensa
Nº089 /OCII/DP/2014 – 12/05/2015.- La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte
de Conflictos Sociales N° 134, correspondiente al mes de abril de 2015, el cual
da cuenta –entre otros aspectos- que durante ese período se registraron 208
conflictos sociales (149 activos y 59 latentes). Respecto al mes anterior vemos
que se incorporaron dos nuevos casos, se resolvieron dos, tres casos salieron
del registro debido a su inactividad prolongada y seis casos pasaron de estado
activo a latente.
Durante el
período que nos ocupa, los casos nuevos se presentaron en Lambayeque (protestas
de los trabajadores de la empresa agroindustrial Pomalca por temas laborales) y
Piura (relacionado con el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Modernización de la Refinería de Talara y otros reclamos), señala el documento
defensorial.
Por otro lado,
se resolvieron dos conflictos por asuntos de gobierno local en Puno, en los
distritos de Pusi (provincia de Huancané) y Pilcuyo (provincia de El Collao).
En ambos casos los reclamos fueron contra las anteriores gestiones y los
actuales alcaldes llevan una mejor relación con la población y han atendido
algunas de sus demandas.
Respecto a la
distribución territorial de los conflictos reportados, el Reporte N°134 da cuenta
que Apurímac concentra la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una
sola región (22 casos), seguida de Áncash (21) y Puno
(17). En
cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más
abundantes (66.8%) seguidos de lejos por los casos por asuntos de gobierno
local (10.1%). En relación a actividades extractivas relacionadas a conflictos,
la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos (66.9% de los
casos). Estas proporciones prácticamente no han variado con respecto al mes
anterior.
En cuanto a la
violencia en los conflictos, durante el mes de abril se reportó, nuevamente,
una gran cantidad de personas heridas (189) y dos muertos. Estos lamentables
hechos están relacionados con el conflicto en Tía María y seis de los heridos
fueron en Lambayeque (caso Pomalca). En lo que va del año la cifra de heridos
ha llegado a los 549. De mantenerse esta tendencia, el 2015 podría llegar a
superar a los años 2008 (752), 2009 (64) y 2012 (649) y configurarse como el
año con mayor cantidad de heridos en conflictos sociales. En ese sentido, la
Defensoría del Pueblo invoca nuevamente a todos los involucrados en los
conflictos a canalizar sus demandas y posiciones por la vía del diálogo, bajo
el respeto de las leyes y de los derechos humanos.
Para una visión
ampliada y detallada
del Reporte Mensual de
Conflictos Sociales se invita a los
interesados a visitar la
siguiente dirección electrónica:
HIDROCOMENTARIO
Tía María: intentando hacer un recuento del conflicto
Por José De Echave C.
http://cooperaccion.org.pe/
- 08/05/2015.- A estas alturas, la vorágine de acontecimientos en torno al
conflicto Tía María, provoca que se pierda la perspectiva, no se tomen en
cuenta los antecedentes, lo que está en juego, los cuellos de botella que
persisten, pero al mismo tiempo los temas de fondo y hasta las oportunidades
que todo conflicto trae consigo y que es necesario identificar.
A continuación intentaremos subrayar algunos aspectos que
no deben pasar inadvertidos para entender la situación actual:
Una primera etapa que marcó
El caso Tía María tiene claramente una primera etapa que
se remonta al
período 2009-2011. ¿Qué pasó entonces? El 2009 el
proyecto minero ya era totalmente visible en la zona y la población expresó su
rechazo. Desde un inicio el tema del agua apareció como uno de los aspectos
centrales del conflicto y en ese contexto la empresa rechazó la posibilidad de
desalinizar agua de mar e insistió en utilizar agua de la cuenca: el argumento
central era que el proceso de desalinización encarecía el proyecto y le restaba
viabilidad. Cabe señalar que entonces el precio del cobre se encontraba en alza
y alcanzando picos máximos históricos.
El 28 de octubre de 2009, se realizó una consulta popular
en los distritos de Cocachacra, Punta del Bombón y Deán Valdivia en la que más
del 90% de los votantes se pronunciaron en contra de la minería en la zona y
del uso del agua subterránea y superficial. Estaba claro que el proyecto era
rechazado por la población.
En medio de la protesta, la polarización del conflicto y
el cuestionamiento al proyecto, las autoridades del Ministerio de Energía y
Minas de entonces decidieron que la Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas
en inglés) revise el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) presentado por la empresa Southern. El resultado fue demoledor
para los intereses de la empresa: la UNOPS presentó 138 observaciones centrales
que daban cuenta que el EIA había omitido información sobre componentes
básicos, habían datos y desarrollo insuficientes o conceptualmente erróneos.
En otras palabras, el informe de la UNOPS destrozó el EIA
presentado por Southern y confirmó las preocupaciones de la población. Al
Ministerio de Energía y Minas no le quedó otra alternativa que declarar
inadmisible y rechazar el Estudio de Impacto Ambiental (Resolución Directoral
105-2011-MEM-AAM, de fecha 8 de abril de 2011).
Algunos resultados de esta primera etapa: confianzas
dañadas entre los principales actores
(población, empresa y Estado); instrumentos como el EIA sin ninguna
credibilidad y una imagen de una empresa que buscaba maximizar la rentabilidad
del proyecto a costa de alternativas más responsables.
Un segundo intento que no tomó en cuenta los antecedentes
Dos años después la empresa volvió a la carga bajo el
supuesto que la presentación de un nuevo EIA superaría todos los problemas de
la primera etapa. En efecto, el EIA planteaba cambios importantes, como la
propuesta de desalinizar agua de mar, sin embargo, las confianzas dañadas en la
primera etapa se mantenían, así como la percepción negativa hacia el proyecto:
el rechazo de la población era firme y
evidenciaba que el proyecto no contaba con lo que las propias empresas
denominan como licencia social para operar.
Además, los agricultores de Islay ven a Tía María como el
inicio de un proceso de reconversión de la provincia en una nueva zona de
expansión minera: bajo este supuesto, después de Tía María otros
emprendimientos mineros continuarían a cargo de las empresas que ya cuentan con
derechos mineros vigentes en la zona.
En estas condiciones y sin tomar en cuenta los
antecedentes, el Ministerio de Energía y Minas decidió realizar la audiencia
pública en el distrito de Cocachacra en una fecha próxima a las fiestas de fin
del año 2013 (19 de diciembre) y de esa manera limitar la capacidad de
respuesta de la población. Lo cierto es que la audiencia requirió la
movilización de cerca de dos mil policías; la presentación del EIA duró apenas
35 minutos y los dirigentes del frente de defensa y de la junta de regantes
fueron impedidos de ingresar.
Culminada la audiencia y en medio de enfrentamientos
entre la policía y los manifestantes que no pudieron ingresar a la audiencia,
el entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, declaró: “el proyecto
Tía María ya cuenta con licencia social”. Finalmente, el 1 de agosto de 2014,
la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros emitió la Resolución
Directoral 392-2014-MEM/DGAAM aprobando el EIA de Tía María.
En esta segunda etapa la empresa ha intentado mostrar a
la opinión pública que sí contaba con el respaldo de la población, sin embargo,
los hechos han seguido mostrando lo contrario. Para los que tenían alguna duda
sobre cuán importante era la oposición al proyecto, dos meses después de la
aprobación del EIA se realizaron elecciones municipales que arrojaron
resultados contundentes: la población eligió como alcalde provincial de Islay y
alcaldes distritales de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, a
connotados líderes de los sectores de oposición al proyecto minero[2].
Las dificultades de un diálogo sobre la base de hechos
consumados
En medio del conflicto se ha intentado instalar mesas de
diálogo. El gobierno ha pretendido replicar sus ya conocidas -y poco efectivas-
mesas de desarrollo, tratando de contrarrestar los cuestionamientos a Tía María
con ofrecimientos de proyectos de inversión. Sin embargo, hasta el momento no
ha habido mayores avances y en función de lo que está en juego parece difícil
pensar que esta estrategia de resultados.
Quizás uno de los principales problemas de estos intentos
de diálogo es que han sido planteados sobre la base de hechos consumados. El
hecho que el EIA ya esté aprobado y con la casi totalidad de vistos buenos y
autorizaciones, es en realidad un mensaje claro que para el gobierno el
proyecto va sí o sí y que no hay vuelta atrás.
Bajo estas condiciones será difícil que cualquier intento
de diálogo prospere. Frente al hecho consumado del EIA aprobado, los dirigentes
y autoridades de Islay también expresan una posición irreductible: el proyecto
no va y pretenden que el gobierno dé marcha atrás. Un diálogo e intercambio
sobre si el nuevo EIA levantó o no las observaciones del organismo de Naciones
Unidas si bien es necesario, parece difícil pensar que sea la vía para superar
el conflicto.
Lo cierto es que la falta de una lectura adecuada de la
situación que se vive en Islay, los antecedentes del conflicto, intervenciones
a destiempo, decisiones cuestionadas -como la de llevar adelante audiencias
públicas sin condiciones mínimas, restringiendo la participación y bajo
estricto control policial-, entre otros errores cometidos, ha llevado a la
actual situación de entrampamiento de la que está siendo difícil salir.
Lo que está en juego y las perspectivas
La sensación que deja este nuevo caso de conflicto
minero, es que seguimos sin sacar las lecciones de una larga lista de casos
similares que han ocurrido en las dos últimas
décadas y se pretende seguir actuando como si fuese la primera vez que
algo así ocurre: desde Tambogrande, pasando por los casos del Cerro Quilish,
Río Blanco, Espinar, Santa Ana y varios otros conflictos, se actúa como si en
el país no hubiese una vasta experiencia previa.
Tía María era quizás uno de los conflictos más
previsibles de todos los casos que han ocurrido en el Perú, precisamente por
los antecedentes descritos y pese a ello se han empleado las mismas estrategias
y se utilizan los mismos discursos, aunque con adjetivos cada vez más duros y
descalificadores. Se necesitan mayores esfuerzos de todos lados.
Por el lado de las empresas, debería haber mayor
consecuencia entre lo que dicen sus códigos de conducta y sus políticas de
responsabilidad social y lo que finalmente hacen. Algunos textos del Consejo
Internacional de Minería y Metales[3] (2) y en los propios eventos de este
organismo, se admite que hoy en día el negocio minero necesita construir por lo
menos cuatro viabilidades principales: la viabilidad técnico productiva, la
financiera, la ambiental y, finalmente
la social. Si una de esas viabilidades falla el proyecto está en riesgo; pero
además cuando la viabilidad social pretende ser sometida a los tiempos de
maduración de las otras viabilidades del negocio minero, se provocan
situaciones de tensión y conflicto que pueden terminar por paralizar los proyectos
mineros de manera indefinida. Algo de esto ha pasado en el caso de Tía María.
Del lado del Estado peruano (no es el problema de un solo
gobierno) se emplean básicamente las mismas estrategias pese a algunos cambios
superficiales que se han implementado en los últimos años, como el de las mesas
de desarrollo y una anunciada estrategia preventiva que en el caso de Tía María
está claro que ha brillado por su ausencia. Además, se sigue actuando frente a
los conflictos con una lógica de compartimientos estancos y de competencia
entre los propios sectores: ¿se puede entender que dos instituciones del Estado
peruano, como la Defensoría del Pueblo y la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, tengan diagnósticos y
enfoques distintos y que por ejemplo emitan informes sobre los conflictos que
difieren en cuanto a cifras y análisis? Se sigue sin entender que los
conflictos sociales son luces rojas que se prenden cada cierto tiempo y que nos
están diciendo que desde hace tiempo algo no funciona bien.
Se necesita a gritos hacer ajustes: instrumentos
fundamentales, como los EIA y sus procedimientos carecen de credibilidad, más
aún cuando los recientes cambios normativos han seguido debilitándolos: no hay
que olvidar que el nuevo EIA de Tía María ha sido aprobado bajo la nueva
normativa que entró en vigencia en los dos últimos años y que ha reducido
plazos, mantiene la misma precariedad institucional y ha debilitado los
instrumentos de evaluación, fiscalización y sanción ambiental. Esta tendencia
no favorece el rol de garante de derechos que cualquier Estado debe tener y lo
aleja aún más de las poblaciones.
En este punto, los organismos no gubernamentales pueden
aportar, ya no solo en el diagnóstico, sino también en la revisión de los
cambios normativos y en las posibles propuestas de políticas públicas que el
país necesita urgentemente. Hay también una suerte de vacío en el debate
técnico acerca de los instrumentos de gestión ambiental que un país como el
Perú requiere.
Del lado de la población se deben hacer todos los
esfuerzos posibles para que el derecho de movilización y de protesta se ejerza
priorizando vías pacíficas, institucionales y de diálogo. Las mejores
experiencias de conflictos similares así lo demuestran. Lamentablemente, al
momento de escribir este editorial, se había confirmado la muerte del
suboficial de la policía, Alberto Vásquez Durand, que se encontraba gravemente
herido luego de los enfrentamientos de la semana pasada en Islay. Ya son seis
las personas fallecidas en lo que va del conflicto por el proyecto Tía María.
Los esfuerzos de mediación que viene haciendo la
Defensoría del Pueblo deben ser respaldados por todos. Esperamos que este tipo
de iniciativas prosperen, como parte de una estrategia mayor e integral, que
permita sacar al conflicto de la actual situación de entrampamiento y de
violencia: que la calma retorne al Valle del Tambo y que los derechos de todos
sean tomados en cuenta en la solución final.
“Defender el Agua
es Defender la Vida”
