lunes, 24 de agosto de 2015

HIDROBOLETÍN FENTAP Lunes, 24 de agosto de 2015 – Edición 2297



HIDROBOLETÍN FENTAP
Lunes, 24 de agosto de 2015 – Año X – Edición 2297 – www.fentap.org.pe

La FENTAP informa:
·        Perú - Más regidores de Talara rechazan pretensión del gobierno de privatizar EPS Grau.
·        Argentina - YPF y la teoría del Derrame.  En el fondo del debate sobre la propiedad de la empresa, ambos coinciden en avanzar con el extractivismo energético. Un modelo energético neoliberal, orientado a la obtención de divisas con el fracking.
·        España - Decenas de municipios blindan o rescatan el agua de la privatización. El cambio político tras las municipales genera una corriente para recuperar el servicio público.
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Más regidores de Talara rechazan pretensión del gobierno de privatizar EPS Grau

http://www.elregionalpiura.com.pe/ -      23/08/2015.- Luego de sesión extraordinaria de concejo en la que representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informaron sobre la propuesta del gobierno que pretendería privatizar la EPS Grau. En dicha reunión también intervinieron algunos usuarios, la mayoría de los cuales mostraron su desacuerdo con la intención del gobierno nacional saliente.

Al ser consultado por El Regional de Piura – Prensa Digital Talara, el regidor provincial Juan José Rosas Huiman de la UDN se mostró en total desacuerdo con la propuesta del Ministerio de Vivienda que busca que los 5 Municipios propietarios de la EPS Grau les den facultades para intervenir en la privatización de la empresa de agua potable.

“Lo que busca el MVCS es que les demos un “cheque en blanco” para que ellos privaticen la EPS Grau. Acá no nos van a venir con el cuento que una concesión no es una privatización. Desde 1996 sabemos que los gobiernos de turno no fiscalizan los contratos con los privados. Este gobierno, que felizmente está de salida, quiere que los municipios dueños de la EPS Grau les digamos ustedes negocien, elaboren las condiciones y los contratos con el consorcio (conformado por 2 empresas españolas y una peruana) a quien el MVCS le va a dar la concesión. Por qué tanto apuro”, sostuvo el regidor de “mayoría”.

Por su parte, el regidor de Somos Perú, Wilder Alayo Corro, manifestó que es cierto que la EPS Grau no pasa por el mejor momento porque arrastra una deuda generada por el propio estado a través de la UTE Fonavi. También dijo que la situación está así porque como la EPS Grau es propiedad municipal desde hace años se politizó, por lo que hay la necesidad de despolitizar la empresa y exigir un trabajo con resultados concretos y exitosos.

“Me pregunto por qué el gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda dice que congelará la deuda a los acreedores y dejarla en cero al nuevo concesionario. Acaso también va a demorar un buen tiempo en pagar la deuda. Y por qué mejor no lace lo mismo con la EPS Grau, que en lugar de concesionarla mejor que le congele la deuda a para que salga de la insolvencia que está actualmente y empiece un nuevo derrotero”, propuso.

Para tener en cuenta…

Con la finalidad de conocer los detalles de la propuesta de concesión de la EPS Grau, el alcalde José Bolo Bancayán y los once regidores provinciales sostuvieron una reunión con el director general de Programas y Proyectos del Ministerio de Vivienda, José Salarde Rodríguez; el director de Gestión y Coordinación, Rodolfo Zapata Román; y el director regional de Vivienda Construcción y Saneamiento de Gobierno Regional, Carlos Valdivia.

Durante la reunión que tuvo carácter informativa, el director general de Programas y Proyectos del Ministerio de Vivienda, José Salarde Rodríguez, informó que el objetivo de la concesión a un operador privado es brindar a los pobladores un servicio eficiente.

Indicó que para que el proceso avance es necesario que los cinco municipios provinciales, que son dueños de la EPS Grau deleguen facultades de representación al Ministerio de Vivienda, indicando que tienen hasta fin de mes para definir su posición.


HIDROMUNDO

YPF y la teoría del Derrame

http://www.rebelion.org/ - 24/08/15.- Hace dos años, la Presidente Cristina Fernández acusó –sin razón– a la comunidad mapuche de Neuquén de no haberse manifestado contra YPF-Repsol. Este año, eligió como candidato oficialista a Daniel Scioli, quien sí defendió explícitamente la privatización menemista. Lo mismo se puede decir del candidato opositor Mauricio Macri, aunque ahora sostiene que YPF seguirá siendo estatal. En el fondo del debate sobre la propiedad de la empresa, ambos coinciden en avanzar con el extractivismo energético. Un modelo energético neoliberal, orientado a la obtención de divisas con el fracking.

La reciente difusión de un video de Daniel Scioli en 1998 donde defiende la privatización de YPF como una "transformación de base" vuelve a poner en jaque el discurso del modelo de la soberanía energética. De esta forma, su actual defensa oficialista a la estatización resulta un mero ajuste al cambio de coyuntura, de manera similar al reciente giro en el discurso electoral del opositor Mauricio Macri. En el fondo, subsiste compartida la llamada "Teoría del Derrame" del neoliberalismo, por la cual se cree que las inversiones privadas para el crecimiento redundarán en un beneficio social. Sin embargo, el impacto ambiental del extractivismo energético impacta en las poblaciones del territorio.

Contra-Dicciones

"YPF seguirá en manos del Estado". La frase de Mauricio Macri luego de las elecciones porteñas sorprendió a propios y extraños. Tanto llamó la atención entre las filas del PRO, que los presentes exclamaron "No" cuando la frase salió de su boca. El cambio de discurso fue luego justificado por otros dirigentes, sin mayor éxito.

Desde el oficialismo, el candidato Daniel Scioli se apuró a contestar: "Me llamó la atención la contradicción de Macri, ahora le gustan Aerolíneas e YPF". Y agregó: “Yo defiendo la recuperación de YPF, Mauricio (Macri) estuvo en contra”. Mostrándose preocupado por el futuro, agregó: ¿Le vamos a devolver YPF a Repsol?

Las actuales reflexiones de Scioli tal vez provengan de su propia experiencia. Ya que el actual candidato kirchnerista fue defensor del gobierno menemista. En ese mismo sentido, particularmente, defendió la privatización de YPF, justificando incluso esta decisión dentro de la doctrina peronista.

En una entrevista de 1998 –que circuló esta semana– el entonces diputado Daniel Scioli hacía explícito: "Yo creo que estaba no sólo en el pensamiento de Menem sino en el de Perón, cuando decía que de acuerdo a las circunstancias internacionales había que estatizar o también podía privatizarse".

Del mismo modo, Scioli defendía esta medida como parte de las transformaciones de base: "El presidente Menem actualizó el pensamiento y tomó el desafío de incorporar Argentina al mundo". Agregó entonces sobre YPF: "En buena hora que privatizó. Veamos lo que eran las pérdidas, no pagaba impuestos".

Como paradoja del momento, el actual candidato kirchnerista criticaba en ese momento a la oposición que no había acompañado políticas de Menem pero que -en 1998, al final de su gestión- admitía sus éxitos (como Macri ahora). También se anticipó al hablar de la continuidad del modelo, buscando alcanzar la "sintonía fina".

Privatizados

En 2013, la Presidente Cristina Fernández arremetió contra la comunidad mapuche de Neuquén por sus protestas contra el acuerdo entre YPF y Chevron: "Sé que algunos se subieron a torres de YPF, pero con todo respeto a los que se expresan, ¿por qué no lo hacían cuando Repsol se llevaba toda la guita (sic) de la Argentina y no invertía nada acá?".

Como aclaró Mapuexpress, la mandataria: "al parecer no se ha informado sobre las graves denuncias y movilizaciones que se han sostenido desde hace años en territorio Mapuche contra los daños e impactos de la explotación petrolera y particularmente sobre el saqueo de la transnacional REPSOL".

En el mismo sentido, el periodista Darío Aranda puntualizó: "El Pueblo Mapuche denuncia la contaminación de Repsol desde 1995 en Loma la Lata". Incluso en 1997, la Defensoría de Menores de Neuquén inició una causa por los niños mapuches, por la cual el gobierno provincial está obligado a suministrar agua potable, ya que el territorio está contaminado por las explotaciones petroleras.

La Presidente no ha notificado de esta situación, ni pidió disculpas al pueblo mapuche, que sufre desde los noventa la contaminación provocada por la YPF privatizada. Recordemos también que se habló de la contaminación producida por Repsol como "pasivos ambientales" en la negociación de la expropiación, aunque finalmente se terminó pagando un precio que no se ajustaba al reclamo de deuda ecológica.

Más aún, fue por decisión de Cristina Fernández que se eligió este año como candidato del proyecto a Scioli, quien incluso hasta 1998 defendía la privatización. Del mismo modo, se señala que la actual Presidente junto a Néstor Kirchner (entonces gobernador de Santa Cruz) apoyó el proceso de privatización en 1993 por las regalías provinciales y la venta de las acciones de Santa Cruz en YPF a la propia Repsol en 1999.

Lea el texto completo aquí: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202459

HIDROALERTA


Decenas de municipios blindan o rescatan el agua de la privatización
El cambio político tras las municipales genera una corriente para recuperar el servicio público

http://politica.elpais.com/ - 24/08/15.- La situación de los últimos años, cuando la crisis favoreció que los Ayuntamientos lanzaran una oferta general de venta de los servicios de agua a empresas privadas para hacerse con dinero, ha comenzado a revertir. El último cambio político municipal ha llevado a decenas de ciudades a rescatar las empresas o a aprobar medidas para blindarlas ante posibles privatizaciones. Santiago de Compostela, Valladolid, Vitoria o Sevilla son algunas de las capitales que han abierto la senda para que los grifos vuelvan o sigan en manos de los vecinos, mientras las empresas del sector defienden que la colaboración es la mejor fórmula.

La capital gallega ha empezado el camino del rescate. Xan Duro (Compostela Abierta), miembro de la Junta de Gobierno Local, tiene claro que, “pese a que la legislación ha puesto muchas trabas”, recuperarán el servicio, cuya concesión acaba en 2019. Le mueven diversos motivos: la declaración de la ONU en 2010 que reconoce el agua como un derecho humano, razones económicas –Duro defiende que como mínimo pueden conseguir un 30% de ahorro que revertiría en los ciudadanos- y evitar la supuesta corrupción. El sumario del caso Pokemon incluye “presuntas adjudicaciones ilícitas de contratos y servicios” a sociedades privadas de agua.

“Con la empresa estamos perdiendo dinero y calidad”, justifica un técnico de la entidad encargada del suministro en Valladolid y que ha pasado por los dos modelos de gestión. A raíz de esta experiencia, afirma claramente que la sociedad municipal es “mejor y perjudica menos al ciudadano”. La concesión caduca en dos años.

Gregorio García, presidente del comité de Aguas de Valladolid, coincide con su compañero. “Los trabajadores lo tenemos muy claro”, afirma para explicar que una sociedad municipal persigue el servicio al ciudadano y una privada, “el lucro a costa de lo que sea”. Su balance de la última gestión empresarial es contundente: subida de tarifas, pérdida de calidad y una peor atención al público.

El primer pleno de Vitoria se dedicó a blindar el servicio público al aprobar, con el apoyo de PSE, PNV, Bildu y Podemos, el Pacto Social por el Agua, una iniciativa promovida por más de 300 asociaciones, organizaciones y partidos que pretende evitar la gestión privada y defender este recurso como derecho humano. El PP se abstuvo.

El concejal socialista Peio López de Munain defiende la importancia de esta medida tras unos años de gobierno del PP que, según afirma, intentó abocar a la privatización mediante la descapitalización de la sociedad municipal y poniendo en riesgo su viabilidad con “excusas para meter la mano en la caja”.

El Pacto Social por el Agua ha empezado a recorrer cientos de plenos municipales. En Toledo lo promueve IU que, según el responsable de servicios públicos de esta formación, José María Fernández, pretende aunar las voluntades políticas y de los ciudadanos, imprescindibles para blindar el carácter público de un servicio fundamental.

Este representante de IU enarbola las conclusiones de un informe tras siete meses evaluando a las empresas privadas del sector que operan en la provincia: no hay transparencia al anularse cualquier opción de licitación, disminuye la calidad del agua y del empleo, se pierde dinero por el “chantaje” que supone la cláusula de equilibrio financiero –"si hay beneficios se lo lleva la empresa y si hay pérdidas paga el ciudadano", explica- y falta eficacia.

Sevilla, con una histórica empresa pública metropolitana (Emasesa), también se va a sumar al pacto social. El nuevo alcalde, Juan Espadas (PSOE), ya ha empezado a establecer medidas incluidas en este acuerdo, como impedir los cortes de suministro por impago, pero quiere que el compromiso con un derecho humano como el agua pase por el resto de ayuntamientos de los que dependen un millón y medio de vecinos.

Lea el texto completo aquí: http://bit.ly/1NEhxHy

 

“Defender el Agua es Defender la Vida”