HIDROBOLETÍN
FENTAP
Martes, 18 de agosto de 2015 – Año X – Edición 2293 – www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
·
Perú - Confirman contaminación de la cuenca Llallimayo (Puno). Unos
150 pobladores de los distritos de Ocuviri, Llalli, Umachiri y Cupi, en la
provincia de Melgar, asistieron hoy al informe que la Autoridad Nacional del
Agua (ANA) brindó a esta zona, producto de los estudios que se realizaron en el
mes de junio.
·
Perú - Archivan denuncia por contaminación de lago Chinchaycocha. Notifican
sobre ello a exalcalde de Junín, cuatro meses después de haber emitido
resolución.
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Colombia - Destrucción y etnias amenazadas deja minería ilegal de
oro en Amazonía. Esta actividad causa estragos en el ecosistema regional.
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Confirman contaminación de la cuenca
Llallimayo (Puno)
Unos
150 pobladores de los distritos de Ocuviri, Llalli, Umachiri y Cupi, en la
provincia de Melgar, asistieron hoy al informe que la Autoridad Nacional del
Agua (ANA) brindó a esta zona, producto de los estudios que se realizaron en el
mes de junio.
CORREO - 17/08/2015.- Unos 150 pobladores de los distritos de Ocuviri, Llalli,
Umachiri y Cupi, en la provincia de Melgar, asistieron hoy al informe que la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) brindó a esta zona, producto de los estudios
que se realizaron en el mes de junio.
Las entidades técnicas encargadas de la comunicación fueron
además de la ANA, la Autoridad Administrativa del Agua - XIV Titicaca y ALA
Ramis.
El resultado de los estudios corresponde al monitoreo de
la calidad superficial del agua en los ríos Llallimayo, Chacapalca, Pataqueña y
en las quebradas de Huarucani y Punoeta, en afluente proviene de las
localidades de Llalli (Melgar) y Ocuviri (Lampa).
CONTAMINADO. El vocero de la ANA, Walter Ollarte, indicó
que sí existe
contaminación de las aguas de la cuenca Llallimayo.
“Los resultados están ahí, dice que sí superan los
estándares permisibles los metales que se han encontrado en el recurso hídrico,
el laboratorio Servicios Analíticos Generales SAC que está acreditado a través
del Indecopi así lo muestra, no lo decimos nosotros ahí entran los resultados”,
enfatizó ante la población.
HIDROREGIONES
Archivan denuncia por contaminación
de lago Chinchaycocha
Notifican
sobre ello a exalcalde de Junín, cuatro meses después de haber emitido
resolución
http://diariocorreo.pe/ - 17/08/2015.- La
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Junín archivó definitivamente la
denuncia penal seguido contra empresas mineras implicadas en la contaminación
del lago Chinchaycocha.
El pasado 26 de julio, el
exalcalde de la provincia de Junín, Luis Solórzano Talaverano, autor de la
denuncia, fue notificado del archivamiento definitivo. Sin embargo, hace 5 días
interpuso recurso de impugnación por considerar que se vulneró el debido
proceso.
Me notifican pero no me
adjuntan copia de la resolución, el cual viola las garantías del debido
proceso. Debo advertir que esa resolución fue emitida por el exfiscal Diego
Silva Ríos el 18 de marzo del 2015, siete días antes de su destitución. Es
decir, lo encarpetaron más de cuatro meses de manera irregular y acá no se
justifica carga laboral porque se trata de un documento con carácter de
decisión, el cual debió notificarse para que en plazo de ley presente la
impugnación correspondiente”, explicó el exburgomaestre.
QUEJA. Solórzano anunció que
presentará recurso de queja contra el actual fiscal ambiental de Junín ante el
órgano de control. “en este caso se evidencia un alto grado de parcialización,
incluso se puede advertir un claro acto de prevaricato, indicó.
Dijo que ha solicitado a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelante su fallo sobre la
medida cautelar que la Municipalidad Provincial de Junín presentó el 2013
contra el Estado peruano, por el retardo injustificado en la denuncia.
HIDROALERTA
Destrucción y etnias amenazadas deja
minería ilegal de oro en Amazonía
Esta
actividad causa estragos en el ecosistema regional.
http://www.eltiempo.com/ - 17/08/2015.- Las
playas del río Caquetá dejaron de ser seguras hasta para las tortugas charapas
que llegaban a anidarse. En ya casi una década del boom de minería ilegal de
oro, las dragas y el mercurio han hecho mella en las aguas y los estragos han
cambiado la vida de al menos cinco etnias indígenas. (Lea también: Invasiones,
minería y coca están arrasando 13 parques naturales)
La selva amazónica, a la
altura del corregimiento de Araracuara (municipio de Solano en Caquetá), ha
sido degradada a lo largo de su historia. Primero fue la ola del caucho y hoy
la ambición por el oro. Actualmente, no hay nada en la economía local que no se
relacione con la comercialización del oro.
Así lo concluye el informe
‘Las rutas del oro ilegal’, una investigación que recoge cinco estudios de caso
de este fenómeno que se apodera de la cuenca amazónica, el gran pulmón del
mundo, de 7,9 millones de hectáreas. La Sociedad de Derecho Ambiental del Perú
y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de Holanda
coordinaron este reporte que detalla los intríngulis de la minería informal en
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.
El río Caquetá tiene 2.280 km
de largo. Atraviesa la Amazonia desde el sur de Colombia hasta Brasil.
Fundación para la Conservación y el Dllo.
Sin ser la nación con mayor
producción –de hecho los investigadores aseguran que Colombia ocuparía el
cuarto puesto en la proliferación de esta actividad criminal en la región–,
nuestro país muestra una alarmante relación entre el conflicto armado, la
pérdida cultural de sus minorías étnicas y la extracción de este mineral. (Lea
también: Incautaciones por minería criminal servirán en restauración ambiental)
El capítulo colombiano, a
cargo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FDSC),
compila cifras alarmantes: se calcula que hay más de 15.000 mineros informales
y el 56 por ciento de las unidades de producción de esta actividad no tiene
ningún título ni licencia ambiental. La Fundación asegura que en cada región la
depredación del medioambiente por la minería ilegal es un universo distinto. En
Chocó, en el Caribe o en el centro del país varían las prácticas y los actores.
Por eso la crisis de Araracuara es tan solo una de las caras.
La tragedia de Villa Azul
Después de navegar tres horas
por río desde Araracuara, se llega al resguardo Nonuya de Villa Azul, un
bastión de la diversidad étnica del país. Allí conviven las comunidades
indígenas uitoto, muinane, andoque y nonuya.
Como este existen otros 20
resguardos habitados por cinco etnias dispersas en un área amplia del municipio
de Solano (Caquetá), el segundo más extenso de Colombia, lo que hace complejo el
acceso hasta sus más recónditos rincones.
La comunidad del resguardo
Villa Azul, de 134 personas reunidas en 21 familias, se formó en 1988 a partir
de varios grupos étnicos. Sin embargo, solo a diez años de ser constituida,
empezaron a ver la llegada de los mineros.
“La mayoría eran extranjeros.
Se encontraban en la zona de la Isla de Barranquilla, invadida por las balsas
que se encontraban de lado al lado del río. Muchas de las personas que
inicialmente trabajaban allí eran brasileños; en ese momento los indígenas y habitantes
de Puerto Santander y Araracuara no sabían de minería”, relata uno de los
líderes a la organización Tropenbos Internacional, que indagó la zona en el
2012.
Pero desde el 2004 empezó una
creciente oleada de nuevos trabajadores. La FDSC, que viajó al territorio en
noviembre del año pasado, logró establecer que en temporadas donde la
producción es menor, pueden estar funcionando unas 70 balsas, la mayoría de las
cuales ahora pertenecen a colombianos, que vienen del Caquetá, Chocó y
Antioquia. La cifra resulta alarmante si se tiene en cuenta el cálculo que dice
que cada balsa podría arrasar con cerca de 500 metros de las orillas del río.
Según el informe, en las
épocas en las que las balsas pueden trabajar a tiempo completo, y las
condiciones climáticas y la cantidad de obreros son adecuadas, una balsa puede
producir cerca de 60 gramos de oro diarios. Cuando las circunstancias no son
ideales, el resultado puede ser de 20 gramos.
Esto significa que en esta
zona se producen cerca de 4.200 gramos de oro por semana, de los cuales la
mitad va para el pago de empleados (regularmente trabajan cinco personas por
balsa), lo que deja una ganancia cercana a los 92.400 dólares. Los precios del
oro oscilan entre los 32 y los 44 dólares por gramo.
Ante las vastas ganancias de
esta actividad, la pobreza de la comunidad resalta. En el resguardo no hay
servicios de acueducto, alcantarillado ni electricidad. El agua que toman
proviene de los afluentes del río Caquetá, ese mismo que se mezcla con el
mercurio.
“Son indígenas que están en el
auto 004 y en peligro de extinción. Tienen amplios territorios, pero no tienen
una economía local fuerte que les permita tener una sostenibilidad a largo
plazo”, explica Alejandra Laina Agudelo, coordinadora del capítulo colombiano.
Laina asegura que algunos
jefes de familia y jóvenes han optado por dedicarse a esta actividad, y
alcanzan a ganar más de un salario mínimo a la semana. Sin embargo, el riesgo
es que se pierdan las tradiciones de su etnia. El municipio aledaño en Amazonas
es el centro de comercio del oro extraído. De ahí es llevado a Bogotá, donde
los compradores se encargan de ‘blanquearlo’. “Seguirle la pista es casi
imposible. No hay manera de controlarlo ni los países receptores tienen
regulación para saber si es un explotado legalmente”, agrega la investigadora.
El oro también ha dividido los
intereses de la comunidad. Mientras algunos trabajan en las actividades de
minería ilegal, debido a la falta de alternativas rentables de trabajo, otros
se ven restringidos en sus recorridos por el río, porque los mineros amenazan a
la población indígena en actividades como la pesca, la cacería y el uso de
sitios y especies culturalmente importantes para ellos. (Lea también: Minería
socava estabilidad de la vía a Buenaventura)
A esto se le suma la constante
zozobra por los operativos militares, liderados por la Fiscalía y el Ejército
Nacional, para combatir la minería ilegal con la destrucción de las balsas,
hecho que a su vez genera contaminación y daños en las chagras de las que viven
los indígenas.
Los investigadores también
identificaron una disminución en la disponibilidad de especies de cacería y
pesca debido a la alta demanda de los mineros, y esto se agrava con la
evidencia de contaminación con mercurio en los peces de la zona.
Medida contra el problema
Ante la situación de
Araracuara (Caquetá), el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, aseguró que las
dificultades del contexto colombiano, como la presencia de bandas criminales y
redes de narcotráfico, hacen más difíciles las actuaciones de la fuerza
pública. El Gobierno viene trabajando en un proyecto de ley que busca darle la
facultad a la Policía de cerrar minas ilegales y decomisar el oro cuando no se
pueda justificar su procedencia. También se incluye un aumento de las penas
relacionadas con este ilícito.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
