HIDROBOLETÍN FENTAP
Jueves, 17 de enero de 2013 – Año VII – Edición 1656 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP
informa:
· Perú - La minería artesanal en el Perú emite 70 toneladas al
año del tóxico mercurio. Centro Mercury Watch dijo en Ginebra, donde se negocia
un tratado para reducir el uso de ese elemento, que por cada porción de oro que
se extrae en el país se utilizan veinte de azogue.
· Perú - MVCS autoriza expropiación de terreno a favor de
Sedapal con miras a construir planta de procesamiento de lodos.
· Bolivia - Proponen crear empresas ediles de agua y
saneamiento. El diputado Fabián Yaksic elaboró un proyecto.
· España - El agua como derecho humano. El intento de
expropiación de los bienes comunes.
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La minería
artesanal en el Perú emite 70 toneladas al año del tóxico mercurio
Centro Mercury Watch dijo en
Ginebra, donde se negocia un tratado para reducir el uso de ese elemento, que
por cada porción de oro que se extrae en el país se utilizan veinte de azogue.
PERU21 - 16/01/13.- Las emisiones de mercurio de la minería
de oro artesanal en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú están entre las más
elevadas del mundo, lo que representa una amenaza a la salud y al medio
ambiente por la alta toxicidad de esta sustancia, que se evapora fácilmente y
puede permanecer por años en la atmósfera.
Esto se desprende del análisis del centro Mercury Watch,
dedicado a recopilar, analizar y publicar informaciones sobre las emisiones de
azogue originadas por la extracción artesanal de oro y que ha presentado hoy
sus resultados a los delegados de más de cien países que negocian en Ginebra un
tratado para reducir y, a largo plazo, eliminar su utilización.
Según esa evaluación, que fija un nivel máximo de emisiones
entre 50 y 500 toneladas por año, se estima que las actividades de la minería
informal de oro en Colombia emiten hasta 180 toneladas de mercurio anualmente.
A ese país le sigue Bolivia, con 120 toneladas; Perú (70);
Ecuador (50); mientras que Brasil se encuentra en la escala inferior —emisiones
entre 25 y 50 toneladas anuales— con 45 toneladas.
China es de lejos el mayor emisor con relación a la minería
de oro artesanal, con 444,5 toneladas al año.
Sudán y Ghana figuran como los principales en África, con 60
y 70 toneladas, respectivamente.
En la minería ilegal el mercurio es utilizado esencialmente
para concentrar el oro, metal al cual se adhiere hasta formar una amalgama
pesada que luego es fácilmente separada de otros minerales, un procedimiento
que resulta barato, simple, rápido y efectivo para las personas que se dedican
a esta actividad, quienes muchas veces ignoran los graves efectos que la
manipulación de esta sustancia tiene para su salud.
Los efectos nocivos del mercurio están científicamente
corroborados y entre ellos figuran graves daños neurológicos, además de causar
deformación fetal cuando la víctima de la intoxicación es una mujer embarazada.
Las negociaciones del tratado internacional que busca
reducir y, finalmente, eliminar el uso del azogue entraron esta semana en
Ginebra en su fase final, de la que se espera que surja un texto definitivo que
debe ser aprobado por los estados a finales de 2013 en Japón.
En América Latina, las prácticas mineras artesanales en la
búsqueda de oro son particularmente nefastas en Perú, “donde se usa mucho” ese
elemento y donde —como en otros países de la región— por cada porción de oro
que se extrae se utilizan veinte de mercurio, según explicó en Ginebra la
investigadora del Consejo del Oro Artesanal, Paleah Black Moher.
ECONOMÍA
MVCS autoriza expropiación de terreno a favor de
Sedapal con miras a construir planta de procesamiento de lodos
http://semanaeconomica.com
- 15/01/13.- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
autorizó la expropiación a favor del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima (Sedapal) del terreno denominado Viñedo Bajo del Fundo Vicentello
localizado en el distrito de El Agustino, informó El Peruano.
La norma que autoriza la expropiación
señala que el terreno será destinado a la operación de una planta de
tratamiento de lodos provenientes de los estanques reguladores pertenecientes a
la planta de tratamiento de agua llamada La Atarjea.
Por último, la ley otorga al MVCS un
periodo de dos años para dar inicio al proceso de expropiación
HIDROMUNDO
BOLIVIA
El
diputado Fabián Yaksic elaboró un proyecto
Proponen crear empresas ediles de agua y
saneamiento
http://www.laprensa.com.bo
– 15/01/2013.- A fin de garantizar la producción, almacenamiento y suministro
de agua potable para los municipios de La Paz, El Alto y sus alrededores, el
diputado Fabián Yaksic (MSM) propuso la creación de una empresa metropolitana
de agua, que sustituya a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento
(EPSAS).
Según el proyecto de ley, se debe
establecer un nuevo modelo de gestión pública de agua potable y alcantarillado,
que permita otorgar un carácter estratégico estatal a las fuentes de los
recursos hídricos, a fin de garantizar la suficiente producción del líquido,
con base en las características propias de cada municipio en los ámbitos
económico, técnico, social y ambiental.
Además, la propuesta plantea que
quede bajo tuición del Gobierno nacional, a través de la constitución de la
Empresa Metropolitana de Producción de Agua (Emproagua), la potestad de
administración de la producción del líquido por medio de mecanismos de
almacenamiento, explotación y manejo sostenible para el suministro de agua
potable a los habitantes de los municipios de La Paz y El Alto, a través de sus
respectivas entidades operadoras de carácter público municipal.
Los beneficios. Según su impulsor,
Fabián Yaksic, la propuesta denominada Ley de Gestión Pública de Agua Potable y
Alcantarillado otorga a cada gobierno municipal la facultad de establecer
políticas específicas e independientes de distribución de agua potable y
prestación del servicio de alcantarillado y saneamiento básico, en sus
respectivas jurisdicciones y alrededores, mediante la formación en cada
Alcaldía de su respectiva Empresa Municipal de Agua (Emagua), bajo un esquema de participación, control
social y regulación. El diputado señaló que el proyecto se entregó a la
Asamblea en diciembre pasado. “En El Alto se crearía una empresa pública
municipal para prestar el servicio de agua potable y alcantarillado pluvial y
sanitario. Sus autoridades determinarán cómo quieren administrarla y en La Paz
se haría lo propio, una vez que el Estado garantice el suministro de agua”.
Según la propuesta, la organización
empresarial deberá establecer políticas tarifarias aplicables a la prestación
de los servicios de agua potable y alcantarillado (sanitario y pluvial), con
tarifas sociales y solidarias, debidamente autorizadas mediante resolución
administrativa regulatoria a ser emitida por la Autoridad del Agua.
Este factor deberá considerar la
cobertura de las necesidades de inversión que garanticen el acceso universal al
agua potable de las personas que habitan en los municipios de La Paz y El Alto.
El personal administrativo y
operativo de EPSAS, a fin de dar continuidad a los sistemas de producción y
almacenamiento, será contratado por Emagua.
6 años y más de 10 meses que EPSAS
opera en la ciudad de La Paz, según datos del proyecto de ley.
“El proyecto de ley ya fue
presentado a la Asamblea Legislativa el 3 de diciembre. Sin embargo, estamos
esperando la respuesta porque esta propuesta traerá beneficios”.
Fabián Yaksic /
DIPUTADO DEL MSM
Según el proyecto de ley, la Empresa
metropolitana de Producción de Agua y las Empresas Municipales de Agua deberán
mantener vínculos de coordinación permanentes, bajo criterios de cooperación y
complementación mutua.
Alcances del proyecto
Según el diputado Fabián Yaksic,
para las empresas de agua en El Alto y La Paz se requiere unos 300 millones de
dólares.
LA PROPUESTA
En caso de ejecutarse el proyecto,
La Paz y El Alto podrán administrar la distribución del líquido, de acuerdo con
sus características municipales.
HIDROCOMENTARIO
ESPAÑA
El agua
como derecho humano. El intento de expropiación de los bienes comunes
Salvador López Arnal
http://www.rebelion.org
– 14/01/13.- Entre corrupciones, despidos, disminución-anulación de derechos
sociales y económicos, desesperanza creciente entre sectores de la ciudadanía y
anuncios publicitarios –efectivos en ocasiones- de nuevas estructuras de un
estado nada nuevo y sesgadas declaraciones institucionales sobre el “derecho a
decidir”, la contrarrevolución conservadora, antiobrera, insolidaria y
neoliberal sigue su marcha en Catalunya, mientras focos y titulares suelen
ubicarse en otros escenarios describiendo otras escenas.
No olvidemos que el actual gobierno, continuador de aquel
gobierno de los mejores privatizadores, además de una presidencia que se mofa
en sede parlamentaria de niños/as que hablan mal castellano y una
vicepresidencia que es dirigente de un partido que ha aceptado su corrupción,
tiene, en cuatro de sus vértices esenciales, políticos neoliberales de la
“altura social” de miras de Andreu Mas-Colell, Irene Rigau, Boi Ruiz y Felip
Puig. El apoyo crítico de ERC, un partido que se dice republicano y de
izquierdas, no ha conseguido reorientar esta larga marcha programada hacia el
desmantelamiento de lo público y la apropiación privada de los bienes comunes.
Ya lo anunció Mas-Colell en su discurso en el Círculo de Empresarios catalán en
2011: ¡Aprovechemos que el sector público pasa por un mal momento! ¡A por
ellos! ¡Son nuestros!
La “Plataforma Aigua és Vida” nos alerta de todo ello y hace
un llamamiento para que votemos la “Iniciativa Ciutadana Europea perquè l'Aigua
és un dret humà i no un bé comercial”, para que el agua sea un derecho humano y
no, por el contrario, un bien comercial.
Argumentan del siguiente modo las razones de su urgente,
necesario y democrático llamamiento:
El Parlament de Cataluña tiene la oportunidad de poner fin
“al sabotaje social de la economía ciudadana” -esta es la magnífica expresión
usada en el manifiesto- llevado a cabo con la privatización de ATLL [Aigües Ter
Llobregat]. La privatización nos obligará a todos a pagar innecesariamente más
4.000 millones de euros y “muestra claramente la incompatibilidad”, por si
fuera necesario, entre los servicios públicos y su gestión privada. Cuanto
menos dos propuestas de resolución, que ya figuran en la mesa del Parlament,
intentan “poner cordura en la gestión del agua de Cataluña y mantener la
titularidad pública de la empresa Aigües Ter Llobregat”.
La Plataforma “Aigua és Vida” pide (es decir, exige) a todos
los partidos del Parlament catalán que piensen y velen por el interés general
de la ciudadanía, y que se mantengan, en sus actuaciones, dentro de una
poliética cuyo horizonte sea el servicio de los intereses populares. Pedimos,
apunta la Plataforma, “a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Cataluña
que trabajen conjuntamente y recuperen el rumbo que el propio Parlamento de
Cataluña inició el 1990 al crear la empresa pública de Aigües Ter Llobregat”,
una estructura de Estado, señalan con notable ironía, “que tenía que velar por
el interés y la función pública, es decir, de la ciudadanía, de todas y todos”.
La gestión del agua, prosiguen, es capital para la
gobernabilidad del país y “no puede depender de los intereses económicos de la
multinacional de turno”. Nos jugamos demasiado todos y todas como para depender
de la voluntad e intereses de un grupo de accionistas, sean del país que sean
señalan con acierto, “que tienen como único fin maximizar sus beneficios”. La
plataforma señala que el gobierno de la Generalitat ha entrado erróneamente en
el cuerpo a cuerpo con las multinacionales (Acciona, Agbar), “olvidando que
este paso nunca se tendría que haber producido pues los servicios básicos nunca
serán muy gestionados por los mercados”.
Todos los diputados de Cataluña, sostiene la Plataforma,
“están a tiempo de poner fin a una privatización que encarecerá el servicio
innecesariamente y que no responde a ningún argumento técnico, económico,
ambiental o social”. A ninguno. Lo contrario es más verdadero: “la maximización
de los beneficios, a la que estará sometido el servicio, vendrá dada por una
reducción de las inversiones; un menor mantenimiento de las instalaciones; una
reducción de personal; un aumento de las tarifas; unas subcontrataciones opacas
a empresas afines; y una desconsideración hacia la Directiva Marc del agua, el
Plan Hidrológico de Cataluña y el buen estado de las masas de agua de
Cataluña”. En síntesis: el plan estratégico de todas las privatizaciones. Lo
anterior comportará una “pérdida de la calidad del servicio y del medio, así
como una subida de tarifas desmesurada, pues esta tendrá que responder a nuevos
costes totalmente innecesarios en la gestión pública”.
La plataforma señala documentadamente que mientras que el
gobierno de la Generalitat conseguirá 300 Millones por la operación, que la
empresa beneficiada recupera en poco más de 12 años, la privatización obliga a
la ciudadanía a abonar más de 4 mil millones. Teniendo en cuenta el
anteproyecto de explotación elaborado por la propia Generalitat catalana,
recuerdan que pagaremos 1.668 M€ de beneficio neto para los accionistas (que no
existían en la gestión pública: todas las ganancias
se reinvertían en la gestión); 715 M€ de impuestos de
sociedad (no se tenían que pagar siendo la empresa pública dado que estaba
exenta; “los 300 M€ iniciales, los 700 M€ restantes y todos los intereses
asociados que hacen un total de 1.645 M€”.
De hecho, los 300 M€ -lo que ingresa la Generalitat- no
suponen apenas nada ante un déficit anual de 8.000 M€ [apenas un 4%] y una
deuda acumulada de 48.000 M€ [en torno al 0,6%]. No es esa la cuestión
realmente. La cuestión reside en “el interés de profundizar en un modelo
ultraliberal que beneficiará a una empresa, pero que perjudicará a todos los
ciudadanos y agravará las desigualdades sociales en todo el país”. Se puede
hablar de déficits y deudas (parole, parole, parole), “pero la realidad es que
la privatización de Aigües Ter Llobregat en ningún caso será una medida de
ahorro económico, ni una nueva financiación por la Generalitat sino que será un
encarecimiento totalmente innecesario del servicio de agua”. No es,
propiamente, una medida de austeridad “sino que nos encontramos ante un
sabotaje social de la economía ciudadana”. El programa oculto de CiU y los
sectores privilegiados que tan bien representa.
Se puede decir más alto y con más retórica pero no más
claro. ¿Hay o no hay motivos para abonar y generar una potente revolución
democrática y ciudadana que impida los nuevos planes de aniquilación y
privatización de los bienes comunes? ¿Van a atreverse incluso con el agua?
¿Podemos confiar en un gobierno que obra con alevosía, premeditación y ansias
insaciables de eliminar todas las conquistas sociales, sea cual sea el asunto
que airee o pregone?
Lo quieren todo y lo quieren ahora. De nosotras y nosotros
depende que no sea así. “El esfuerzo por crear un nuevo mundo humano” [2]. Ese
era ya hace cuatro o cinco décadas el programa de la hora de la izquierda no
entregada según un profesor de metodología de las ciencias sociales que nos
recordó también que era necesario dar batallas que podían parecer perdidas.
Notas:
[2] Manuel Sacristán, Papeles de filosofía, Icaria,
Barcelona, 1984, p. 396.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos
Mayoría
“Defender el Agua es Defender la Vida”
