HIDROBOLETÍN FENTAP
Martes, 26 de
noviembre de 2013 – Año VIII – Edición 1866 – www.fentap.org.pe
La FENTAP
informa:
· Perú - EMSA Puno realizará refacturación en 11 barrios con servicio
restringido de agua.
· Ecuador - La búsqueda de un millón de firmas para salvar el Yasuní.
UN colectivo de jóvenes ambientalistas mantiene la lucha por salvar la reserva
natural y se aferra a la consulta popular.
- España - La guerra del agua estalla en Rascafría. Los vecinos del municipio se rebelan contra el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Canal que triplica el precio por familia.
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EMSA Puno realizará refacturación en 11 barrios con servicio
restringido de agua
http://www.pachamamaradio.org/ - 24/11/13.-
La refacturación anunciada por EMSA Puno, en 11 barrios de la ciudad de Puno
que tienen servicio restringido, donde se indicó que beneficiaría a más de 7
mil usuarios, se dará mediante reclamos y de manera personalizada por consumos
altos que estén por encima de los 25 metros cúbicos.
Las zonas
que tendrán la respectiva re facturación son: Alto Chacarilla, Alto Huascar, José
Antonio Encinas, Alto Puno, Indoamerica,
Alto Llavini, Alto Bellavista, Alto Vallecito, Alto Santa Rosa, Ricardo Palma y
Barrio Manto zona alta.
Según
un comunicado de EMSAPUNO S.A. esto se viene dando en cumplimiento de la
ley y en aplicación de la nueva estructura tarifaria.
HIDROMUNDO
La búsqueda de un millón de firmas para salvar el Yasuní
UN colectivo de jóvenes ambientalistas mantiene la lucha por salvar
la reserva natural y se aferra a la consulta popular
http://internacional.elpais.com/ -
24/11/2013.- Cada jueves, en las afueras de algún ministerio, se escucha la
“zapateada” de los Yasunidos. Este colectivo de jóvenes ambientalistas sigue en
su lucha por salvar la reserva natural y se aferra a la posibilidad de la
consulta popular. Deben presentar en torno a 600.00 firmas (el 5% del padrón
electoral de Ecuador) para que el Consejo Nacional Electoral autorice el
referéndum, pero se ha puesto la meta de recolectar un millón para cubrir
aquellas firmas que sean invalidadas.
“¡Por el
Yasuní, nadie se cansa!”, es una de las frases que más corean los activistas en
cada “zapateada”. No superan la treintena, pero su acción es muy potente porque
llevan tambores y altavoces y llegan a la hora que salen los funcionarios. Se
colocan en la entrada principal de los ministerios y entre canto y canto hacen
un acto de clausura simbólica. Hasta ahora han pasado por las carteras de
Justicia, Ambiente, Recursos Naturales No Renovables y Cultura, donde
estuvieron el pasado jueves.
Durante estas
acciones, los Yasunidos procuran recoger firmas entre los transeúntes y también
abordan a los funcionarios públicos. David Suárez, de 33 años, sociólogo e
investigador de temas ambientales, es uno de los voluntarios que se ha apuntado
para recoger firmas. De su experiencia cuenta que: “La gente que se identifica
con Alianza País (el partido de gobierno) siente que es algo en contra del
Gobierno y por lo general no firma”. Otra de las voluntarias, Vanessa Cárdenas,
de 27 años, diseñadora, ha llegado a la conclusión de que la gente que apoya la
consulta popular son los veinteañeros y las personas mayores. “Los jóvenes oyen
Yasuní y enseguida firman y las personas mayores se interesan por la iniciativa
y nos animan a seguir adelante”.
Las decenas de
voluntarios que se han apuntado en todo el país están reportando un promedio de
5.000 firmas diarias. Esto hace pensar que para abril de 2014, cuando vence el
plazo de 180 días que les dio el Consejo Electoral, van a cumplir con la meta
de reunir un millón de firmas y pedir que se apruebe el referéndum en torno a la
explotación de parte del Parque Nacional Yasuní.
Los Yasunidos
ocupan las instalaciones de Acción Ecológica para planificar sus acciones. En
el patio trasero de la casa de esta organización, cada semana se decide dónde y
cómo van a recoger las firmas. La estrategia incluye salir a las calles a dar
información y alternativas a la explotación como el impulso al bioconocimiento,
el turismo comunitario, el incremento de impuestos a los diez grupos económicos
más grandes del país.
Los materiales
que reparten, como el “triptico yasunizador”, se han hecho con los pocos
recursos que han llegado vía autogestión. En su página web piden ayuda para
todo, incluso para recolectar los bolígrafos de color azul para salir a
recolectar las firmas. Uno de los mayores desafíos que tiene el colectivo es
enfrentar la agresiva campaña gubernamental a favor de la explotación del
Yasuní, que incluye una fase culposa que plantea la pregunta: ¿Qué hiciste tú
por el Yasuní? y el discurso sobre la mínima intervención en el parque o la promesa
del presidente Rafael Correa de que se afectará menos del 1x1000.
Además, a la
hora de recoger firmas se pelean con las otras iniciativas que también buscan
llevar el tema de la explotación del Yasuní a consulta popular, pero con un
enfoque diferente, como la propuesta de los alcaldes amazónicos que han
integrado el grupo Amazonía Vive y que plantean otra pregunta: ¿Apoya al
Presidente de la República, Rafael Correa, con su propuesta para la explotación
del petróleo en un área no mayor al uno por mil del Parque Nacional Yasuní y
que el producto del petróleo que se extraiga del Bloque 43 (campos Ishpingo,
Tambococha y Tiputini) se destine a la lucha contra la pobreza, la protección
ecológica del país, el financiamiento de los planes de vida de las comunidades
ancestrales y la dotación de servicios básicos?
Pero los
Yasunidos no se amilanan y el esfuerzo no solo se concentra a nivel nacional,
también hay una comisión encargada de la recolección de firmas en el
extranjero. La semana pasada llegó el primer cargamento de firmas recogidas en
las colonias de ecuatorianos en Europa y Australia. Fueron alrededor de 2.000
firmas.
Sobre el apoyo
a la defensa del Yasuní en el extranjero, Esperanza Martínez, presidenta de
Acción Ecológica, dice que la defensa del parque tiene gran acogida fuera de
Ecuador. “Por más que el presidente haya argumentado que no ha habido apoyo
internacional, ha habido mucho apoyo de la sociedad, pero de esa sociedad que
no tenía manera de aportar en la propuesta o metas económicas de la iniciativa
Yasuní”.
Martínez confía
en que reunirán las firmas necesarias, sin embargo, le preocupa que todo sea en
vano porque no tienen el dictamen de la Corte Constitucional acerca de la
pregunta que plantean para la consulta popular: ¿Está usted de acuerdo en que
el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43,
indefinidamente bajo el subsuelo?
El máximo
órgano constitucional, en teoría, debería haberse pronunciado sobre la
constitucionalidad de la pregunta antes de dar paso a la recolección de firmas,
pero tras un mes de espera desde que el colectivo Yasunidos presentara la
pregunta, la Corte decidió que primero se reunieran las firmas necesarias para
convocar a la consulta popular.
El abogado que
apadrina al colectivo, Julio César Trujillo, explica que no hay una norma
establecida para las consultas populares, pero que debieron aplicar el
procedimiento que existe para solicitar la opinión del pueblo en el caso de una
modificación constitucional. “En ese caso sí se dice que antes de iniciar la
recolección de firmas es necesario el dictamen de la Corte Constitucional y, en
principio, debieron haber aplicado la misma norma”.
De todas
formas, el jurista asegura que su pedido está dentro el marco constitucional y
que harán varias jornadas con expertos constitucionalistas para adelantarse a
lo que diga la Corte. “Nosotros hicimos la pregunta muy conforme con la
Constitución, que dice que los ciudadanos pueden solicitar una consulta popular
sobre asuntos de interés general y el Yasuní es de interés general”.
La guerra del agua estalla en Rascafría
Los vecinos del municipio se rebelan
contra el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Canal que triplica el
precio por familia
http://ccaa.elpais.com/ - 24/11/2013.- Vecinos
que se niegan a pagar la factura de agua, hojas en los negocios para recoger
firmas o panfletos con recomendaciones como no firmar ningún contrato
individual con el Canal, evidencian el malestar general que padece Rascafría, en
pleno valle del Lozoya. Una gran parte de sus ciudadanos se ha movilizado
contra el convenio firmado entre el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, y el
Canal de Isabel II Gestión en junio de 2012 por el que el pueblo ha traspasado
a la empresa pública la distribución, depuración y alcantarillado por 50 años.
El municipio mantiene la aducción o toma de agua (un 40% del total de la
factura) y recibe una participación del 0,000612 del capital de la sociedad.
En Rascafría el
agua era casi gratis. Hasta ahora. Los grifos del pueblo serrano se alimentan
directamente del río Lozoya y para el esfuerzo veraniego —sus 1.890 habitantes
se multiplican por tres— se toma agua de varios manantiales. Los vecinos
pagaban una tasa fija anual independientemente del consumo. Una vivienda
abonaba 45 euros, cantidad que se incrementaba para el que tuviera parcela en
0,30 céntimos por metro cuadrado y llegaba a los 200 en caso de tener piscina.
Para los comercios la cantidad era de unos 250 euros.
Pero, al
tiempo, el consumo era disparatado. Según los cálculos municipales, un vecino
de Rascafría utiliza de media 1.000 litros de agua al día, mientras que en
España la media es de 160 litros.
Había que poner
freno a este dispendio. Algo en lo que coinciden equipo de Gobierno y vecinos.
Era necesario proveer a cada casa de un contador. La alcaldesa, Ana García
Masedo, celebró una consulta en la que participó un tercio de los vecinos.
Finalmente, los residentes eligieron que el Canal gestionase el agua y no el
Ayuntamiento o una empresa privada. Pero ahora los vecinos afirman que las
preguntas estaban redactadas de “forma liosa” y mal explicadas. El descontento
estalló cuando recibieron las primeras facturas (mayo de 2013). Los vecinos
sostienen que “no hay argumentos ni económicos, ni técnicos, ni sociales que
justifiquen este acuerdo”.
Los abonados
vieron como el coste del agua se multiplicaba por tres, por cuatro y en algunos
casos por siete con respecto a lo que abonaban antes. Según los cálculos de la
plataforma ciudadana que se ha formado para reivindicar que el municipio
continúe con la gestión del agua, los 45 euros que pagaba una vivienda con
cuatro personas se han transformado en 138; los 260 de un comercio en 1.800
euros; y los 270 de un bloque de cinco inmuebles más un comercio en 1.469.
“Estamos de
acuerdo en que no se podía seguir como estábamos”, sostiene un portavoz de la
plataforma. “Con lo que discrepamos es con dar la gestión al Canal. ¿Por qué no
podíamos seguir haciéndolo nosotros?”, se pregunta. A su alrededor, otros vecinos
asienten. Recuerdan que con este acuerdo se ha perdido el control total de la
gestión, y que ya no será el pleno municipal quien fije las tarifas, sino el
Canal. La empresa aplica los mismos precios en todos los municipios.
La alcaldesa
afirma que el sistema anterior era “insostenible”. “Cada vecino gastaba lo que
quería e ineficiente porque no cubríamos gastos, el acuerdo con el Canal es el
mejor para el pueblo”. Lo dice al mismo tiempo que recuerda que fue su grupo
político el que llevó ante el Tribunal Constitucional un recurso de
inconstitucionalidad contra la privatización del Canal de Isabel II que este
admitió a trámite. Indica también que la empresa instala los contadores sin
coste para los vecinos y que en dos años comenzará la renovación de la red de
alcantarillado a hierro de fundición, que ahora es de uralita y PVC. “Y nos
condonan la deuda por depurar las aguas residuales que el pueblo nunca había
pagado”.
Unas razones
que no logran convencer a todos los vecinos, que llevan unas 1.000 firmas
recogidas para presentar una moción en el pleno de rechazo al convenio.
“Nosotros tenemos que ser garantes para que el agua llegue bien a Madrid,
tenemos que cuidar el medio, no se puede instalar casi ninguna industria. Nos
gustaría pagar lo que cueste llevarla al grifo, pero ya está. Los contadores
eran necesarios, porque había abusos, averías ocultas. Lo que queremos es que
la alcaldesa denuncie el convenio”, dicen los reclamantes.
Una catarata al sumidero
Cada vecino de
Rascafría (1.890 habitantes) consume, según los datos municipales, seis veces
más agua que un ciudadano de otra parte de España. ¿Y cómo es posible que se
gaste tanta agua?
“Sobre todo en
fugas accidentales”, responde la alcaldesa, Ana García Masedo. La instalación
de contadores en el pueblo, después del controvertido acuerdo con el Canal de
Isabel II, que rechaza gran parte de los vecinos, ha desvelado datos
sorprendentes.
“En una
urbanización de unas 40 viviendas, se ha detectado una avería que en un mes y
19 días ha supuesto una pérdida de agua de 17 millones de litros, que se iban
hacia el sumidero”, explica Masedo. Los técnicos indican que la fuga puede
llevar, al menos, 10 años. “Hay muchos más casos”, sostiene la regidora.
“Ya era hora de
que se instalaran los contadores y de que cada uno pague lo que consume”,
sostienen los vecinos del pueblo. “Pero para ello no era necesario dar la
gestión del agua al Canal durante 50 años, lo podía haber seguido haciendo el
municipio”, opinan.
Ahora están
reuniendo firmas para presentar una moción al pleno para rescindir el contrato.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
