HIDROBOLETÍN FENTAP
Viernes, 24 de octubre de 2014 – Año IX – Edición 2094 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
- Perú - Frente del Agua de Piura rechaza ley que pretende privatizar servicio. Dirigentes cuestionan que EPS Grau no entregue agua de calidad y siga contaminando el río Piura.
- Chile - El negocio del agua: ley que rige hace 26 años asegura millonarias utilidades a sanitarias. Negociación a puertas cerradas para nuevas tarifas 2015-2020.
- Ecuador - Ecuatorianos afectados por contaminación denuncian a Chevron ante la CPI.
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Frente del Agua de Piura rechaza ley que pretende privatizar
servicio
En pie de lucha. Dirigentes cuestionan que EPS Grau no entregue
agua de calidad y siga contaminando el río Piura.
Enrique Villegas Rivas
http://www.larepublica.pe/ - 23/10/2014.- El presidente del Frente de Defensa del Agua Potable, Juan Ordinola Pingo, lamentó que el Gobierno Central avale la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento (Ley Nº 30045), pues no es otra cosa que una privatización encubierta al promover una asociación público privada.
“El
agua es un derecho humano, pero aquí no se reconoce nada de esto, porque ahora
los directivos de la EPS Grau están creando el ambiente propicio para que la
gente piense que la privatización es lo mejor; es decir, que a pesar de todas
las inversiones que se han hecho todo sigue igual y el sector público no
soluciona la crisis”, afirmó.
“El
problema no es la privatización porque recursos hay y se han invertido, pero la
corrupción y la mala gestión han anulado el saneamiento”, expresó.
En
ese aspecto, el dirigente Juan Romero recordó que el Proyecto de Aguas
Superficiales (PAS), que costó 100 millones de dólares, nunca se recepcionó, no
se sabe en qué estado se encuentra y no cumplió con los objetivos principales;
es decir, descontaminar el río Piura y entregar agua de calidad.
Sin
embargo, Ordinola Pingo dijo que los congresistas por Piura no dicen nada
porque conocen que algunos de ellos tienen a familiares y amigos trabajando en
la empresa del agua.
“Ahora
no tienen olfato para percibir la terrible contaminación y no escuchan el
clamor popular. Por ello las organizaciones de los diferentes sectores nos
uniremos para emprender la lucha contra la privatización del agua”, resaltó.
Este
sábado 25 dicho frente se reunirá con la Federación Nacional
de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú y
delegados de Lambayeque, La Libertad y Lima para exponer los riesgos y
consecuencias de la ley privatista.
HIDROMUNDO
Negociación a puertas cerradas para nuevas tarifas 2015-2020
El negocio del agua: ley que rige hace 26 años asegura millonarias
utilidades a sanitarias
http://ciperchile.cl/
- 22/10/2014.- En estos precisos días la Superintendencia de Servicios
Sanitarios negocia con Aguas Andinas y ESVAL, las mayores empresas del sector,
las tarifas que pagarán en los próximos cinco años sus casi 8 millones de
clientes por agua potable, alcantarillado y tratamiento de residuos. La
decisión afecta directamente el bolsillo de las familias de Santiago y
Valparaíso, pero el secreto envuelve esta etapa clave normada por una ley que
asegura a las empresas un piso de rentabilidad hoy cuestionado por los cálculos
de la superintendencia. Sepa por qué pagamos el agua más cara que en Roma,
Caracas, Lima y Sao Paulo.
Para los habitantes de
Santiago el metro cúbico de agua potable es más caro que en Lima, Sao Paulo,
Caracas e incluso Roma. Así lo estableció en 2011 un estudio realizado por la
Red Internacional de Comparaciones para Empresas de Agua y Saneamiento (ver
cuadro). Y aunque los estudios realizados por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios (SISS) indican que la tarifa podría ser sensiblemente más barata,
una ley promulgada durante el régimen militar lo impide.
La ley aun vigente
establece un 7% de ganancias mínimas sobre activos para las empresas
sanitarias. Así quedó establecido en 1988 con el Decreto con Fuerza de Ley N°
70, firmado por Augusto Pinochet y sus ministros de Obras Públicas, mayor
general Bruno Siebert; de Economía, brigadier general Manuel Concha; y de
Hacienda, Hernán Büchi. Una fórmula destinada a incentivar el ingreso de
capitales privados al sector, proceso que se materializó años después bajo los
gobiernos de la Concertación.
A diferencia de ese piso de
7%, los cálculos de la SISS indican que el suministro de agua, las inversiones,
la reposición del equipamiento y las ganancias de las compañías se pueden
satisfacer con una rentabilidad garantizada de entre 5% a 5,3%. Así lo explicó
a CIPER la superintendenta Magaly Espinoza Sarria al ser consultada respecto de
las millonarias utilidades que obtienen las sanitarias en Chile. De hecho, acotó, en Inglaterra, país que
tiene un sistema similar al chileno, ya rebajaron a 5% ese piso.
Dado que ese aspecto de la
ley no ha sido modificado durante estos 26 años, los cálculos de la SISS ni
siquiera serán materia de discusión en la mesa de negociación instalada desde
el 1 de octubre para fijar las nuevas tarifas que cobrarán desde marzo de 2015
y hasta 2020 las dos mayores sanitarias del país: Aguas Andinas (Gran Santiago)
y Esval (Región de Valparaíso). Ambas atienden el suministro de 7,7 millones de
personas.
En 2013, las utilidades de
las 25 sanitarias más grandes del país alcanzaron los $261.000 millones, casi
siete veces más que las obtenidas por las isapres el mismo año. De ese monto,
$116.000 millones (44%) se concentraron en un solo operador: Aguas Andinas,
propiedad de la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar), controlada a su
vez por la francesa Suez (ver reportaje El negocio del agua: los vacíos de la
ley que disparan las millonarias ganancias de Aguas Andinas).
Las ganancias de la sanitaria
que suministra y trata el agua en la Región Metropolitana se han acrecentado en
el último quinquenio, acumulando en los últimos cuatro años $453.742 millones.
En 2013, su rentabilidad sobre activos alcanzó el 10,6%. Aunque si se calcula
la rentabilidad sobre patrimonio la cifra es aún más alta y roza el 19%. Ello,
sin considerar las millonarias utilidades provenientes de 15 otras empresas
relacionadas directamente a Aguas Andinas o a su controlador Aguas de Barcelona
que operan en Chile (ver mapa de sociedades relacionadas).
En medio de la manga ancha
que dejó el DFL N° 70 de 1988, el que ofrece un generoso piso de utilidades a
las sanitarias, aparecen vacíos que encienden alertas respecto de la
transparencia y el equilibrio en el proceso de negociación que fija los precios
del agua potable y alcantarillado. Una instancia que se realiza cada cinco
años, en la que el ente regulador del Estado debe asegurar tarifas eficientes
para los consumidores.
Y es aquí donde aparecen
los problemas. A diferencia de lo que sucede en otros países, el modelo chileno
de fijación de tarifas se caracteriza por un profundo secretismo. Esa reserva
impide que se conozca antes de la negociación qué objetivos perseguirá la
superintendencia en beneficio de los consumidores y cuál es la “tarifa
eficiente” que ésta defenderá frente a las sanitarias. La participación
ciudadana está restringida a una etapa preliminar del proceso y según reconocen
asociaciones de consumidores es meramente simbólica. Sin ninguna incidencia
posterior.
Así ocurrió, por ejemplo,
en 2009 cuando la superintendencia anunció que tras el proceso de negociación
tarifaria con Aguas Andinas para el periodo 2010-2015, las cuentas bajarían un
1,3% (a contar de marzo de 2010). Era una excelente noticia. Pero se omitió un
detalle: al inicio de la negociación los cálculos de la propia SISS, elaborados
a partir de diversos estudios técnicos, indicaban que la tarifa eficiente debía
ser 21% menor a la que Aguas Andinas cobraba en ese momento a sus clientes. Y
fue con esa posición con la que la superintendencia se sentó en la mesa de
negociación. Al término de ésta, Aguas Andinas logró acortar en 16 veces la
disminución propuesta por la SISS y la llevó de 21% a 1,3%.
Lo sucedido en 2009
abre para algunos expertos otros cuestionamientos sobre esa mesa de
negociación. Y uno de ellos se refiere al peso real con el que llega la
superintendencia a enfrentar a las sanitarias. El éxito de la negociación
depende hasta cierto punto de los estudios que ambas partes –regulador y regulado–
encargan a distintas consultoras para respaldar sus propuestas tarifarias. En
el proceso anterior, la SISS gastó $963 millones en estudios elaborados por
consultores externos para negociar las tarifas con 25 empresas. Es un secreto a
voces entre los operadores del sector que hay sanitarias que invierten mucho
más que eso: “Sólo Aguas Andinas gasta por lo bajo tres veces más que la SISS”,
señalaron a CIPER.
Y aunque la superintendenta
de Servicios Sanitarios señala que esa evidente disparidad en los gastos en
estudios técnicos no afecta la negociación, hay quienes creen lo contrario y
que la SISS no ha hecho todo lo que está en sus manos para reducir los precios
del agua. “De otro modo no se explica que la SISS pretendiera un 21% de rebaja
y haya aceptado apenas un 1,3%”, señaló un experto en negociación tarifaria que
pidió mantener su nombre bajo reserva.
Lea el texto completo aquí: http://bit.ly/1FIiJVD
HIDROALERTA
Ecuatorianos afectados por contaminación denuncian a Chevron ante
la CPI
http://www.ecuavisa.com/ - 23/10/2014.- El
Frente de Defensa de la Amazonía, que congrega a unos 3.000 indígenas y colonos
que habitan en esa región de Ecuador, presentaron una denuncia ante la Corte
Penal Internacional (CPI) contra el gerente de la gigante petrolera Chevron,
John Watson, al que acusan de delitos de lesa humanidad.
Así lo reveló a Efe en
Quito el abogado de los demandantes Pablo Fajardo, quien aseguró que la demanda
fue presentada hoy en La Haya contra Watson y otros altos directivos de la
petrolera estadounidense.
Fajardo señaló que la
demanda se sustenta en la permanente negativa de la compañía a acatar la
condena judicial impuesta contra ella por las cortes ecuatorianas, que la
declararon culpable por el grave daño ambiental dejado en la Amazonía durante
el tiempo en que operó como Texaco en el país andino, entre 1964 y 1992.
Chevron ha sido condenada a
pagar 9.500 millones de dólares de indemnización para reparar los graves daños
que se le imputan, aunque la compañía reniega de ese fallo por considerar que
obedece a una supuesta trama de fraude en su contra perpetrada por los
demandantes y sus abogados.
Por ello, la petrolera, en
un comunicado difundido esta tarde, calificó al anuncio de la demanda contra su
máximo directivo como una "maniobra" para "distraer la atención
del hecho de que la sentencia en contra de Chevron en el Ecuador carece de todo
mérito y es el resultado de un fraude sin precedentes".
James Craig, portavoz de la
firma, recordó que una corte estadounidense determinó que los abogados de los
ecuatorianos "violaron las leyes contra la asociación ilícita y la
corrupción, al haber cometido fraude, lavado de dinero, manipulación de
testigos y obstrucción de la justicia".
"Si hay alguien que
debería aparecer ante un tribunal penal, son aquellos que han corrompido las
cortes ecuatorianas en un intento de extorsionar a Chevron", apuntó Craig.
Fajardo, en respuesta, dijo
que esa es "una vieja cantaleta" de Chevron, que se sustenta en el
fallo de un juez del primer distrito de Nueva York, Lewis Kaplan, contra los
abogados de los demandantes, que ha sido apelada debidamente.
El abogado dijo tener
"mucha confianza" en que "todo el show y la farsa que hizo el
juez Kaplan se revierta" en el proceso que se seguirá en el segundo
circuito.
Asimismo, señaló que espera
que la CPI estudie la denuncia presentada hoy en La Haya, ya que se mantienen
los preceptos de "ecocidio, etnocidio y genocidio" contra la
petrolera por su renuencia a acatar un fallo de las cortes de justicia de
Ecuador.
Además, señaló que Watson,
como máximo representante de la petrolera, es el responsable de aplicar un
supuesto "plan sistemático" para impedir que la condena se ejecute,
lo que ha causado "un gran sufrimiento a la población civil" de la
Amazonía ecuatoriana.
Para los abogados de los
demandantes, las acciones de obstrucción de la sentencia por parte de la
compañía constituyen un "ataque generalizado y sistemático" contra la
población civil de la Amazonía ecuatoriana, "lo que es penado en el
artículo 7 (crímenes de lesa humanidad) del Estatuto de Roma".
Según Fajardo, Watson
también tiene un "gravísimo conflicto de intereses en este caso",
pues fue él el "artífice de la fusión de Chevron y Texaco" en 2001.
Watson "conoció de
primera mano todos los hechos del caso en Ecuador, pero lo ocultó a sus
accionistas" y ahora ha dicho que irá "hasta que el infierno se
congele, porque su permanencia en el cargo" tiene alto riesgo de concluir,
opinó Fajardo.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
