HIDROBOLETÍN FENTAP
Miércoles 09 de julio de 2014 – Año IX – Edición 2020 –
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La FENTAP informa:
- Perú - Nuevamente EPS Grau vierte aguas servidas al río Piura.
- Argentina - La megaminería desangra los Andes. La minería a cielo abierto pone en peligro los ecosistemas y la forma de vida de los pueblos latinoamericanos, pero estos han decidido no resignarse ante un modelo extractivista que actualiza el saqueo colonizador con la complicidad de las clases gobernantes. Argentina es un caso de libro.
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Nuevamente EPS Grau
vierte aguas servidas al río Piura
http://www.rpp.com.pe/ - 08/07/2014.- El
gerente de Medio Ambiente, Población y Salud de la Municipalidad de Piura,
Wilfredo Rodríguez, informó que desde hace diez días la EPS Grau nuevamente ha
comenzado a verter aguas servidas al río Piura.
Esta
situación se ha detectado a la altura del puente Bolognesi, cuyo discurrir de
aguas contamina hasta el Bajo Piura, indicó el funcionario edil.
Precisó
que “este caudal es más fuerte que las descargas anteriores, por lo menos se
tienen 300 litros por segundo, ocasionando un impacto ambiental a esta zona…
hay presencia de aves carroñeras del lado de la margen izquierda del río”.
Rodríguez
Sandoval indicó que la Municipalidad de Piura enviará un documento a la
Fiscalía Especializada en materia Ambiental, para que puedan constituirse a la
zona, y establecer nuevamente una denuncia a la EPS Grau por el daño que hace a
la población de Piura y Bajo Piura.
HIDROMUNDO
La megaminería desangra
los Andes
La minería a cielo abierto pone en peligro
los ecosistemas y la forma de vida de los pueblos latinoamericanos, pero estos
han decidido no resignarse ante un modelo extractivista que actualiza el saqueo
colonizador con la complicidad de las clases gobernantes. Argentina es un caso
de libro.
http://blogs.publico.es/
- 09/07/14.- “Eso anhelan con gran sed. Se les ensancha el cuerpo por eso,
tienen hambre furiosa de eso. Como unos puercos hambrientos ansían el oro”. Así
describe un texto náhuatl, citado por
Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de
América Latina, la codicia que despertó la fiebre del oro entre los
conquistadores que llegaron al continente americano cinco siglos atrás.
Aquel oro, cuenta el propio Galeano, financió la
revolución industrial inglesa y consolidó la hegemonía europea, al tiempo que
condenaba a la pobreza a los pueblos latinoamericanos, cuya “derrota estuvo
siempre implícita en la victoria ajena”.
Quinientos años después, muchas cosas han cambiado;
otras, no tanto. Las venas de América Latina, una tierra muy rica con muchos
pobres, siguen abiertas mientras los grandes capitales locales o extranjeros
expolian la riqueza de unos pueblos originarios condenados a desplazarse o
desaparecer. Con una diferencia: el oro y la plata se agotan. Ya no es rentable
explotar los socavones mineros.
Así que la lógica del sistema impone un nuevo modelo
de explotación: la minería a cielo abierto (‘open pit’). A saber: mediante
colosales explosiones, se detonan los cerros; a continuación, la roca se
sumerge en una mezcla de agua y cianuro, para separar el oro de la piedra: es
el llamado proceso de lixiviación. Ahora que, con la crisis financiera, el
valor del oro ha aumentado exponencialmente, se estima que basta obtener 0,35
gramos de oro por tonelada de piedra para que el negocio sea rentable.
Las consecuencias para el medio ambiente son más que alarmantes, comenzando por los daños al paisaje y la biodiversidad que producen esas brutales detonaciones. Algunas de ellas se dan en regiones supuestamente protegidas, como la Biosfera de San Guillermo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su diversidad, y que hoy alberga el emprendimiento de Veladero, una de las mayores minas de Argentina, explotada por la canadiense Barrick Gold, ubicada en la provincia de San Juan. Está también el uso del cianuro, un metal que contamina el agua y tiene consecuencias sobre la salud de las poblaciones locales. Por no hablar de la lluvia ácida que provocan los metales que guardaba la montaña, al quedar expuestos a la luz y el agua.
“El cianuro es lo de menos: como es muy caro, lo
aprovechan todo. El problema es todo el agua que se desperdicia”, explica José
Leiva, operador perforista en la mina de Veladero, en una entrevista a la
revista Mu. “La cantidad que se consume es inimaginable. Acá no hay
caudalímetro a propósito, para que nadie sepa cuánta usan. Lo que es seguro es
que no alcanza el agua en Veladero: están secando totalmente los ríos y las
fuentes de agua”, añade José, y concluye: “Barrick Gold es la que gobierna en
San Juan”.
El gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, es uno de
los más firmes defensores del modelo megaminero. Sostiene que el proceso de
lixiviación es inofensivo para el medio ambiente. Cabe preguntarse entonces por
qué muchos países –como Turquía, Australia, Costa Rica o Alemania– y varias
provincias argentinas han prohibido este tipo de minería.
En su documental “Tierra sublevada. Oro impuro”
(2009), el diputado y cineasta Fernando ‘Pino’ Solanas calcula que proyectos
como La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, y Veladero consumen
diariamente entre 80 y 100 millones de litros de agua potable. Ambos
emprendimientos están ubicados en el Noroeste argentino, una región
semidesértica. No solo eso: la minería a cielo abierto amenaza los glaciares
argentinos, su mayor reserva de agua dulce.
Connivencia estatal
La megaminería es una de las metáforas más tristes
del absurdo de un sistema económico que confunde desarrollo con crecimiento del
PIB, y beneficio con dinero. Sin embargo, las empresas mineras, muchas de ellas
canadienses, han conseguido que los gobernantes latinoamericanos, sin excepción,
sean sus mejores aliados. “Los Estados han aceptado cumplir el rol de
guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la
integridad, seguridad y derechos de las poblaciones”, sostiene un informe del
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).
En 2012, Cristina Fernández de Kirchner anunció la
expropiación de Repsol YPF a bombo y platillo, como un símbolo incontestable de
la renacionalización de las riquezas argentinas; nada dijo del saqueo minero.
Unos años antes había vetado la Ley de Glaciares, salvaguardando así los
intereses de la Barrick Gold. La ley acabó aprobándose, pero se incumple
sistemáticamente.
Los gobiernos brindan a las empresas mineras un marco
legislativo de ensueño. Argentina es un caso de libro: en los años 90, la
década del neoliberalismo salvaje en América Latina, Carlos Menem promovió
leyes que garantizan a las empresas mineras exenciones fiscales, variopintos
subsidios –por ejemplo, a los combustibles-, estabilidad jurídica por 30 años,
regalías de apenas un 3%, cuando no menos, y el derecho a llevarse al
extranjero el 100% de las divisas obtenidas.
Además, pueden exportar los metales con una simple
declaración jurada y sin control estatal, por lo que, según denuncian los
movimientos sociales, a menudo registran menos de lo que exportan, y junto con
el oro y la plata se llevan otros muchos metales, algunos tan valiosos como el
cadmio. El Estado se hace cargo del riesgo ambiental y de una parte de los
costes de transporte y flete. Pino Solanas denuncia que, en algunos casos, se
llega al absurdo de que Argentina pague a las mineras para que se lleven sus
recursos. No es de extrañar, entonces, que los emprendimientos mineros hayan
aumentado en un 740% desde el año 2003, según datos del OCMAL. Ya en 2007 había
un total de 336 proyectos.
Los argumentos a favor de la megaminería son los de
siempre: empresarios y gobiernos aseguran que llevará empleo y desarrollo a
regiones empobrecidas, como el Noroeste y el Norte de Argentina. Pero la
megaminería es una actividad muy intensiva en capital y muy poco en fuerza de
trabajo: apenas un 0,7% de los asalariados argentinos trabajan en la minería.
Por aportar un dato, el emprendimiento de La Alumbrera prometió 10.000 empleos;
tras las obras, quedaron apenas 1.400 trabajadores fijos. Por el camino, las
actividades económicas locales experimentaron un profundo deterioro.
Ocurre que, mientras países como Perú, Bolivia o
Chile tienen una prolongada trayectoria minera, en Argentina es una actividad
reciente. El país del tango tiene un potencial extractivo que lo sitúa en el
sexto lugar del ranking mundial, y el 75% de las áreas atractivas para la
minería todavía no han sido sometidas a prospección. Esto ayuda a crear una
“visión eldoradista que ciega el debate sobre las consecuencias sociales y
ambientales de la megaminería”, en palabras de la investigadora Maristella
Svampa, profesora de la Universidad de La Plata.
Una “ilusión desarrollista” que se ve favorecida por
los altos precios internacionales de las ‘commodities’, pero que lleva a una
reprimarización de la economía. “Si fuese verdad que la minería trae riqueza y
desarrollo, países como Bolivia y Sudáfrica serían grandes potencias
mundiales”, ironizaba un asambleísta de la Patagonia durante una reciente intervención
en el Senado de la Nación.
La legislación garantiza el derecho de las
comunidades a ser consultadas, pero esos preceptos se incumplen
sistemáticamente. El Estado oculta los graves impactos de esta actividad y
articula, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación, un discurso
en que el enemigo se encarna en la figura del ecologista, descrito como un
fundamentalista, como advierte Svampa. Pero la realidad es tozuda, y el avance
de la megaminería deja a su paso un reguero de contaminación y escombros, así
que ese discurso no cala.
Aunque en algunas regiones los vecinos están
divididos, cada vez más argentinos son conscientes de que no se trata de unos
pocos ecologistas, sino de comunidades enteras, articuladas en asambleas
vecinales, que se organizaron espontáneamente a lo largo y ancho del país –y de
todo el continente–cuando apreciaron los efectos devastadores de la minería a
cielo abierto sobre su salud y sus economías locales.
No a la Mina
“Mina es muerte”. “El agua vale más que el oro”. “No
a la Mina. Sí a la Vida”. Lemas como estos se repiten en las calles y las
carreteras al atravesar las provincias de San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta
o Jujuy. La megaminería se ha convertido en el principal foco de las
resistencias sociales no solo en Argentina, sino en toda la región. Por eso
este “modelo de mal desarrollo” lleva aparejado el conflicto social de manera
inherente. Según recientes estudios del OCMAL, habría actualmente unos 120
conflictos sociales activos contra la megaminería en América Latina.
Cuando falla la propaganda, se hace necesaria la
represión. El Estado criminaliza los movimientos sociales y detiene a sus
referentes; la ley antiterrorista pende sobre los activistas argentinos como
una espada de Damocles. Pero las luchas no cesan: desde 2003 han surgido
organizaciones de “vecinos autoconvocados” en 15 provincias argentinas. Son 70
asambleas de base organizadas en torno a la Unión de Asambleas Ciudadanas
(UAC), verdaderos núcleos de resistencia que se articulan junto a las comunidades
campesinas e indígenas afectadas.
Su lucha ha dado frutos: en nueve provincias las
movilizaciones consiguieron que se aprobasen leyes que prohíben la minería a
cielo abierto, aunque en dos de ellas –La Rioja y Río Negro– fueron derogadas.
Pionera fue la batalla que dieron en 2003 los vecinos de Esquel, en la
provincia de Chubut. Con sus movilizaciones lograron evitar la instalación de
una explotación minera, y aún hoy siguen resistiendo a las presiones para que
se suavice la legislación que protege el medio ambiente.
“El modelo de la megaminería plantea un conflicto
territorial: compite por recursos, como la tierra y el agua, y reestructura e
influye en la forma de vida de las poblaciones locales”, resume Svampa. En
muchas regiones, optar por la actividad minera exportadora conlleva renunciar a
la agricultura o al turismo. Por eso la investigadora plantea la necesidad de
una discusión sobre los bienes comunes –la tierra, el agua- y sobre el propio
modelo de democracia que se construye cuando los intereses económicos de grupos
transnacionales condenan al despojo presente y futuro de pueblos enteros.
El tiempo de la montaña
Pese a las protestas sociales y los cuestionamientos
jurídicos, avanzan las obras de ejecución del emprendimiento de Pascua-Lama, de
la Barrick Gold, en la frontera andina entre Chile y Argentina, un
megaemprendimiento que dejará pequeña la mismísima mina de Veladero. “Pocos
argentinos están al tanto de que la actividad minera proyecta extenderse por
toda la larga franja cordillerana y precordillerana”, advierten Maristella
Svampa y Mirta Antonelli en su ensayo Minería transnacional, narrativas del
desarrollo y resistencias sociales (2009). Pascua-Lama es solo el comienzo. Y
otros peligros menos conocidos acechan a los ricos ecosistemas argentinos, como
la extracción de gas no convencional con el método de la fractura hidráulica.
La montaña impone sus tiempos y su silencio. La
cordillera andina, la espina dorsal de una América Latina con las venas todavía
abiertas, se alza majestuosa, con sus cerros de mil colores, atravesando el
continente suramericano. En el Paso de Agua Negra, que comunica Chile con la
provincia argentina de San Juan, a 5.000 kilómetros de altura, hace frío y
calor al mismo tiempo.
Basta permanecer allí un instante para entender,
siquiera un poco, esa idiosincrasia andina que resiste silenciosa, que conecta
con la tierra, que venera por encima de todo su montaña. Basta presenciar una
sola vez el espectáculo inefable de la luz del amanecer sobre los cerros
multicolores de Jujuy para escandalizarse ante la sola idea de que se esté
pulverizando la montaña para extraer las sobras del oro que aún guarda en sus
entrañas.
Potosí, en Bolivia, es el símbolo del despojo. De
donde brotaban ríos de plata, solo quedan ruinas que se alzan como una
acusación. “La perpetuación del actual orden de cosas es la perpetuación del
crimen”, escribió Galeano hace 40 años. Sus palabras son hoy más oportunas que
nunca. Y el oro sigue siendo la más triste metáfora de la codicia del hombre blanco,
que, cinco siglos después, sigue sin entender que el oro no se come.
El avance sobre los pueblos originarios
Aunque la Constitución argentina avala el derecho de
las comunidades indígenas a preservar sus territorios ancestrales, la ley no se
cumple, y a menudo “la justicia termina siendo una herramienta muy eficiente”
para los intereses de los grupos transnacionales, como ha denunciado el
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Dos son los principales peligros
a los que se enfrentan: la megaminería y el avance del monocultivo sojero. El
saqueo es el fin; el medio, el desalojo violento, que, incumpliendo leyes, deja
a las familias afectadas desamparadas.
En Argentina, como en toda la región, buena parte de
las tierras no están regularizadas, y esto deja a las comunidades indígenas y
campesinas en una situación muy vulnerable. Desconocen sus derechos y se ven
amenazados y amedrentados, como ha advertido Amnistía Internacional. En algunas
regiones se ha denunciado la presencia de grupos paramilitares y mercenarios a
sueldo de los empresarios, con la connivencia de las autoridades locales y
provinciales.
De cuando en cuando, esta violencia es noticia, como
cuando mataron a Cristian Ferreyra, militante del Movimiento Campesino en una
de las provincias más afectadas por los desalojos, Santiago del Estero. La
noticia pasa y todo sigue igual, mientras desde hace un año un proyecto de ley
para proteger a estas comunidades espera el sueño de los justos guardado en
algún cajón del Congreso de los Diputados.
“Defender el Agua es Defender la Vida”