HIDROBOLETÍN FENTAP
Viernes, 22 de febrero de 2013 – Año VII – Edición 1680 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP
informa:
- El Salvador analiza la total prohibición de la minería. El aumento de conciencia sobre el impacto ambiental de la minería llevó a que los dos candidatos presidenciales en las elecciones de 2009 abogaran por suspender las operaciones mineras, una promesa mantenida por el actual presidente Mauricio Funes.
- Cuba cambiará tarifas subsidiadas del agua. Como parte de la Política Nacional del Agua aprobada en diciembre del 2012, se prevé que las personas paguen según el gasto con el propósito de crear una conciencia del ahorro.
- España - El agua: ¿un derecho público o una mercancía? Las entidades que han denunciado a las administraciones de Barcelona para adjudicar el servicio del agua sin hacer ningún concurso público reclaman la gestión pública para garantizar un "derecho básico". Arenys de Munt ha municipalizado el agua y "el servicio y el mantenimiento" han mejorado, según el alcalde de la CUP.
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El Salvador
analiza la total prohibición de la minería
Por: Robin Oisín Llewellyn
http://es.mongabay.com
– 21/02/2013.- En los días calurosos piedras y limo seco de la mina San
Sebastián, en el este de El Salvador se cuecen bajo el sol. La gran cantidad de
basura se vuelve pecosa con rocas teñidas de color azul brillante con cianuro,
el cual es librado a los elementos que en días lluviosos se lava cuesta abajo
hacia el Río San Sebastián.
Las entradas a los túneles de la mina parecen un colador en
las montañas, y más abajo una cañada naranja brillante con químicos fluye hacia
otra. El Grupo de Comercio Americano (American Commerce Group, en inglés) ha cesados
sus operaciones aquí en 1999 pero pretendía retornar las actividades cuando el
precio del oro escalara al precio de hoy. Luego de que el Centro de
Investigación para la Inversión y el Comercio encontrara que la cañada local
era 100.000 veces más ácida que el agua no contaminada en otro lugar, y que los
niveles de cianuro fueran 10 veces superiores a los niveles de seguridad, se
revocó el permiso ambiental del Grupo de Comercio. La compañía subsecuentemente
está demandando al gobierno salvadoreño por 100 millones de dólares a través
del Acuerdo de Libre Comercio Centro Americano.
El aumento de conciencia sobre el impacto ambiental de la
minería llevó a que los dos candidatos presidenciales en las elecciones de 2009
abogaran por suspender las operaciones mineras, una promesa mantenida por el
actual presidente Mauricio Funes. Para prevenir futuros casos legales, los
cuales ya están drenando millones de dólares de los cofres del estado, la
legislatura salvadoreña está considerando una ley especial que suspenda los
procesos administrativos relacionados con la exploración y explotación de
concesiones mineras metálicas.
Es así que los ambientalistas salvadoreños, están urgiendo
al gobierno que vaya más allá de la suspensión de proyectos mineros, y en vez
prohíba del todo la minería metálica. Miles de manifestantes marcharon a través
de la capital este mes para urgir al parlamento que firme la ley que ampare a
“los derechos humanos al agua”, lo que dicen que haría imposible otorgar
permisos mineros.
La semana pasada, en una presentación afuera de la Asamblea
Legislativa salvadoreña, el Ombudsman salvadoreño para los Derechos Humanos, el
señor Oscar Umberto Luna otorgó su apoyo a la total prohibición. Luna dijo que
las condiciones ambientales salvadoreñas, el clima, las instituciones y las
condiciones sociales y económicas significan que no son viables para que la
“industria minera metálica continúe con las actividades extractivas sin riesgos
para la salud o las condiciones de vida de las Personas Salvadoreñas y los
recursos de los cuales dependen”.
El ombudsman urgió a que “las diferentes instituciones
estatales deben priorizar los derechos humanos de la población, y deben tener
en cuenta que el verdadero desarrollo busca mejorar la calidad de vida de la
población, y no solo el provecho económico.”
Una ley en contra de la minería transformaría el marco
legislativo del país para con la inversión extranjera. El grupo canadiense
Pacific Rim está demandando 77 millones de dólares para recuperar sus
inversiones en la concesión El Dorado en la provincia norteña de Cabañas, y
reclama que el gobierno ha violado la ley de inversión de 1999 al denegarle la
licencia para extraer oro y plata. La ley de inversión permite que las disputas
entre inversionistas extranjeros y el estado sean llevadas fuera del país y
sean decididas por el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas en
Inversiones (ICSID) dependiente del Banco Mundial.
“El cianuro
no es una vitamina”
Los activistas en contra de la minería están llevando a cabo
reuniones en todo el país, tratando de concientizar sobre la historia
entrelazada de la minería y los cursos de agua en el cinturón de oro de América
Central. Una reunión en la ciudad de Ilobasco, en el norte de El Salvador,
convocó a varias figuras de las organizaciones unidas bajo el nombre Rondas
Nacionales en contra de la Minería.
Ilobasco está situada en la región agrícola de la provincial
de Cabañas, y el número de sombreros de paja que llenaba el mar de cabezas hizo
que la pregunta realizada desde el podio pareciera retórica: “¿qué es lo que la
mayoría de ustedes hace para vivir?”
La
audiencia respondió en masa: “Agricultura”
La oradora –Karen Vásquez del Foro del Agua de El Salvador-
se hizo eco de ellos antes de argumentar que el acceso a la tierra y al agua en
los granjeros se haría más difícil si el país no aprueba la Ley General del
Agua.
La ley dice que el agua es “un bien común, finito,
vulnerable, y esencial para la vida humana y los ecosistemas,” y prioriza el
consumo humano sobre los usos industriales. La ley ha sido enviada por el
presidente Mauricio Funes a la Asamblea Legislativa para su aprobación, donde
será debatida este mes. La asamblea es comandada por el opositor del
presidente, del partido de derecha –ARENA.
Cuando Pacific Rim excavó para encontrar oro en Cabañas, las
fuentes de agua utilizadas por los granjeros se secaron ya que los cursos de
agua subterráneos fueron desviados. Ángel Ibarra, de la Unión Ecológica
Salvadoreña, ve que tal problema va a re ocurrir.
“Pacific Rim está hablando de minería subterránea, entonces
van a tener que bombear agua subterránea para afuera y deshidratar el área, lo
que secaría las aguas superficiales y los pozos de agua” dijo en una reunión en
Ilobasco.
La minería propuesta consumiría, bajo sus propias
proyecciones, 3.2 millones de litros de agua por año, y utilizaría cianuro para
lixiviar o lavar el oro de la roca.
“El cianuro no es una vitamina,” dijo Ibarra, respondiendo a
un miembro de la audiencia que dijo que un químico de la mina El Dorado visitó
la comunidad para disipar las preocupaciones sobre el compuesto. “La minería
metálica provoca que el cianuro y el arsénico sean liberados hacia las aguas
del área, y causa un drenaje ácido. No hay tal cosa como una minería verde
desde el punto de vista científico o ecológico. Solo es propaganda.”
El drenaje ácido de una mina es causado por el agua que
genera acidez que proviene de los sulfitos metálicos en las rocas perturbadas.
Por consiguiente, el ácido sulfúrico generado libera compuestos tóxicos y
metales pesados, los cuales son subsecuentemente lavados o lixiviados hacia las
aguas superficiales.
Ibarra argumenta sobre los efectos a largo plazo en la salud
que estos elementos pueden causar cuando son liberados a las fuentes de agua del
área.
“El problema más serio comienza cuando la mina cesa de
operar, luego de 6-10 años desde que termina de funcionar,” explica. “Es
después de eso que los problemas de riñones empiezan y las enfermedades
crónicas comienzan. Hay muchos ejemplos de otros países donde esta
contaminación ha continuado por cientos de años; necesitamos una prohibición
total de la minería.”
El jefe ejecutivo de Pacific Rim dijo que los estanques de
relave se compondrán de una doble capa para prevenir pérdidas, y utilizará el
método INCO para eliminar el cianuro. El método INCO convierte cianuro en
cianato usando dióxido de azufre y aire, pero puede dejar altos niveles de
sulfatos y compuestos dañinos en la solución tratada.
El hidrólogo independiente Robert Moran condujo una revisión
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina El Dorado, de Pacific Rim, y
encontró que había una total ausencia de datos de base de calidad y cantidad de
agua, una falta de transparencia en el proceso de consulta requerido por la ley
salvadoreña, y una falta de consideración de los costos de la comunidad para
que la compañía utilice “agua gratis”. El concluyó que el EIA no sería aceptado
en Canadá o en Estados Unidos.
Los salvadoreños mas allá de las comunidades aledañas a El
Dorado y San Sebastián están consientes de la vulnerabilidad de las fuentes de
agua bajo la minería, ya que la mayoría bebe agua dulce del Río Lempa, el cual
comienza en Guatemala antes de pasar por Honduras. La reserva de biosfera
Trifinio cubre el área fronteriza desde Guatemala, Honduras y El Salvador, y
bajo el artículo 3 del tratado que gobierna la biosfera, los tres estados
reconocen que el área es de interés especial para cada uno y prometen no
desarrollar explotaciones unilaterales de los recursos naturales de Trifinio.
Sin embargo, Guatemala le ha dado permiso a la compañía canadiense gigante
Goldcorp, para que siga adelante con el proyecto minero Cerro Blanco el cual,
sin el permiso de El Salvador, descargará los desechos en los cursos de agua
que alimentan al Río Lempa.
Ángel
Ibarra trató el tema en la reunión.
“Necesitamos una ley salvadoreña en contra de la minería
metálica si vamos poner presión a Guatemala. ¿Si no, cómo vamos a reclamar?”
Tal ley iría en contra de la norma en un momento donde el
precio del oro ha subido y se han multiplicado las concesiones mineras a lo
largo de América Central. Pero será parte de la creciente concientización sobre
la vulnerabilidad de las comunidades de El Salvador con respecto a los temas
hídricos, los cuales ya han producido cambios en las políticas nacionales más
allá de las suspensiones mineras.
“Este es el primer gobierno que monitorea la calidad del
agua,” dijo a la audiencia Karen Vásquez, “55 ríos han sido estudiados en 123
puntos diferentes. Ahora estamos presionando a las autoridades locales para que
trate las aguas negras y aseguren que el agua potable no contenga E. coli, no
solo estamos trabajando en la erradicación de metales pesados. ”
Vásquez argumentó posteriormente que se necesita un cambio
de mentalidad, el cual no solo tenga en cuenta el tratamiento de aguas
peligrosas, sino que prevenga que las aguas sean contaminadas en primera
instancia.
El apoyo del Ombudsman a una completa prohibición de la
minería, con el lenguaje cada vez más generalizado basado en los derechos al
agua y al medio ambiente sano, indica que los opositores a la minería metálica
pueden ganar el argumento de la contaminación.
HIDROMUNDO
Cuba cambiará tarifas subsidiadas del agua
http://www.cre.com.ec
– 20/02/13.- Cuba tiene previsto un cambio en las tarifas subsidiadas del agua
para asegurar un empleo eficiente y uso racional de ese recurso, lo que
constituye un elemento indispensable para la actualización del modelo económico
del país.
Como parte de la Política Nacional
del Agua aprobada en diciembre del 2012, se prevé que las personas paguen según
el gasto con el propósito de crear una conciencia del ahorro, indicó Aymé
Aguirre Hernández, vicepresidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Además esta iniciativa tiene un peso
importante en la economía, la salud de las personas y también en la protección
del medio ambiente, añadió la experta.
Ahora el estado cubano subsidia el suministro
de agua, pero con esta nueva directiva todas las personas y entidades estarán
obligadas a pagar servicios de agua y saneamiento, señaló la ingeniera.
El actual sistema de tarifas no
estimula el ahorro, no hay una reducción total del consumo de agua y la
medición del gasto tanto a nivel macroeconómico como en la economía doméstica
carece de total eficiencia, indicó.
Con la entrada en vigor de la nueva
normativa, las tarifas se diferenciarán según el consumo, se penalizará las
ineficiencias y se estimulará el ahorro, puntualizó.
El estado cubano continuará con el
financiamiento de las inversiones y obras con alto impacto social.
Como parte de esta política se
priorizará también mejorar la capacidad de suministro a la población, a la
agricultura, la ganadería, la industria y otras áreas de interés económico.
El programa establece también que
las finanzas recaudadas por el sector hídrico serán reinvertidas en el mismo.
El agua: ¿un derecho público o una mercancía?
Las
entidades que han denunciado a las administraciones de Barcelona para adjudicar
el servicio del agua sin hacer ningún concurso público reclaman la gestión
pública para garantizar un "derecho básico"
Arenys
de Munt ha municipalizado el agua y "el servicio y el mantenimiento"
han mejorado, según el alcalde de la CUP
http://www.eldiario.es – 20/02/13.- Las entidades vecinales y ecologistas que han presentado a la Fiscalía Anticorrupción todos los documentos que denuncian "presuntos delitos penales" en el servicio del agua en el área de Barcelona quieren que se depuren responsabilidades ya que, según dicen, se trata de una "estafa ciudadana". Desde hace dos años reclaman al Ayuntamiento de Barcelona y al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) el "contrato de concesión" que ha servido para que Agbar explote el servicio de la gestión del agua durante años, sin la necesidad de celebrar ningún concurso público. Basándose en este contrato, que la plataforma Agua es Vida todavía no ha conseguido, el AMB creó en el verano del año pasado una empresa mixta formada por Agbar (85%) y por la propia administración (15%) para gestionar todo el ciclo del agua. Una vez más, la operación se realizó sin celebrar ningún concurso público.
"Esconder el contrato del
primer o el segundo servicio más importante de Barcelona es realmente
sospechoso", dijo Albert Recio, de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Barcelona (Favb) durante la presentación a los medios de
comunicación de la denuncia. Recio añadió que "siempre que se ha
privatizado un servicio se ha hecho defendiendo que la competencia mejora el
servicio, pero en este caso no ha habido ni concurso ni competencia".
Pero más allá de las
responsabilidades penales que se puedan encontrar, la plataforma también
reivindica un debate de fondo, que quiere situar el agua "como un derecho
humano, no como una mercancía", según palabras de Eloi Badia, de
Ingeniería Sin fronteras. Badia denunció que el año pasado se iniciaron 60.000
procesos para cortar el agua a familias que no podían pagar los recibos. Se
desconoce el número de cortes efectuados, pero es evidente que hay familias sin
agua por falta de dinero para pagar unos recibos cada vez más caros. Además,
María García, de Ecologistas en Acción, denunció también "la
sobreexplotación de los acuíferos y de los ríos" catalanes. La nueva
cultura del agua que reivindican estas entidades pasa por municipalizar este
servicio y garantizar el acceso al agua de todos los ciudadanos y el cuidado
del medio ambiente. Aseguran, incluso, que además se podría reducir el coste
del recibo. "En el mundo el 90% de la gestión del agua es público",
defendió Badia, que criticó también la privatización que ha hecho la
Generalitat de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat.
El ejemplo de Arenys de Munt
Fuera de los límites de Barcelona
hay muchas experiencias que demuestran que la gestión pública del agua es una
opción a tener en cuenta. Uno de los cambios más recientes y próximos es el de
Arenys de Munt. En este municipio del Maresme de 8.500 habitantes la gestión
del agua es municipal desde octubre de 2011.
El cambio de modelo fue gracias al
actual alcalde, Josep Manel Ximenis, de la CUP, que logró cancelar la concesión
a la empresa Sorea, filial de Agbar, para empezar a gestionar el servicio desde
el empresa 100% municipal Aigües d’Arenys. Ximenis reconoce que fue un
"reto" pero está convencido de que a partir de la municipalización ha
mejorado el servicio del agua.
"Hemos logrado que la solución
de los problemas sea mucho más rápida y hemos mejorado el mantenimiento de la
red", asegura. "Se estaban malversando fondos públicos porque el
mantenimiento de la red no se hacía o se hacía con materiales de mala
calidad", dice el alcalde. Cuando el ayuntamiento empezó a gestionar el
servicio descubrió que el 36% del agua se perdía, por culpa de fugas, mientras
que el compromiso de la empresa privada era reducir este porcentaje hasta el
25%. El estado de la red es un tema de disputa ya que la empresa que explotaba
el servicio le reclama al Ayuntamiento una compensación de 700.000 euros por
haber cancelado la concesión pero desde el consistorio lo consideran
desorbitado. El alcalde ha pedido una auditoría externa para comprobar si la
empresa hizo las tareas de mantenimiento que le correspondían. "Ya veremos
quién debe compensar a quien", apunta el alcalde.
El jefe de servicios de Aigües
d’Arenys, Enric Gormet, explicó que el recibo no bajará de precio, ya que
"con la privatización de Aguas Ter-Llobregat subirá el precio del
agua" pero, por contra, " los ciudadanos saben que todo lo que pagan
se destina a los gastos de mantenimiento y a la mejora de la red". Gormet
recordó que París, que en 2010 municipalizó el servicio del agua, ha pasado de
pagar dinero a una empresa externa para que la gestione, a rebajar el precio
del agua y tener un beneficio de 40 millones de euros.
El alcalde de Arenys de Munt, el
primer municipio en hacer la consulta de autodeterminación que luego se
extendió por cientos de pueblos toda Cataluña, considera difícil que en esta
ocasión otros ayuntamientos imiten su caso: "Aquí hay mucho intereses que afectan
a muchas empresas ", dijo.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
