HIDROBOLETÍN FENTAP
Viernes, 01 de marzo de 2013 – Año VII – Edición 1685 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP
informa:
- Perú - Sedapal informará sobre sanciones por descargas prohibidas.
- Perú - Loreto - Alertan sobre contaminación en el Pastaza. Uno de los lugares donde se encontró mayor cantidad de Bario procede de la tierra de lo que fue la laguna Shanshococha. En este punto, el Bario supera hasta en 31 veces el límite de referencia.
- Bolivia - Parlamentarios piden acciones contundentes contra Chile.
- España - Agua en venta. Varios Ayuntamientos andaluces han iniciado la privatización de un servicio básico para obtener liquidez y sortear la asfixia financiera que sufren. Los expertos cuestionan la eficacia de la polémica decisión.
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Sedapal informará sobre sanciones por descargas
prohibidas
http://www.rpp.com.pe – 27/02/13.- Entre el
14 y 16 de marzo Sedapal llevará a cabo el Segundo Encuentro Internacional
ProVMA en el Centro de Exposiciones del Jockey, donde se informará a los
usuarios industriales y comerciales sobre las sanciones por descargas
prohibidas, y se ayudará a implementar
sistemas de tratamiento de aguas residuales en forma adecuada.
Este
evento pondrá a disposición del empresariado nacional la oferta de productos y
servicios que existen actualmente en el mercado para la implementación de
sistemas de tratamiento.
También
se brindará información y se absolverán las dudas de los usuarios no domésticos
a fin de que adopten buenas prácticas en el proceso de vertimiento de los
residuos líquidos y sólidos.
Como
se sabe, a partir del 5 de setiembre de este año, las industrias y comercios
deberán cumplir con los Valores Máximos Admisibles (VMA), que son los
parámetros físicos y químicos que las aguas residuales deberán tener para ser
vertidas en el sistema de alcantarillado de las Empresas de Servicios de Agua
Potable (EPS) de todo el territorio peruano.
Las
industrias y comercios cuyas aguas residuales incumplan los Valores Máximos
Admisibles estarán sujetas a sanción, lo que se verá reflejado en el incremento
de las tarifas por el servicio de alcantarillado.
La
tarifa se incrementará en forma proporcional a la concentración del
contaminante en que excedan, pudiendo llegar en algunos casos a la suspensión
del servicio del alcantarillado.
Estas
normas han sido publicadas en el Decreto Supremo 021-2009-Vivienda y su
reglamento, así como en el Decreto Supremo N°003-2011-Vivienda, cuyo
objetivo es reducir la carga
contaminante de las aguas residuales no domésticas, pues actualmente generan el
desgaste y destrucción de las tuberías, ocasionando obstrucción y atoros, así
como aniegos e inundaciones en las calles y vías.
Igualmente,
los residuos industriales y comerciales generan deficiencias y deterioro de las
instalaciones en las plantas de tratamiento de aguas residuales, conllevando a
elevados costos de operación y mantenimiento.
Sin
embargo, el mayor impacto negativo de no aplicar Valores Máximos Admisibles es
la contaminación del mar, los ríos y los lagos, pues al ser parte del ciclo
hidrológico y fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, de una u
otra forma retornan a nuestras mesas contaminándonos en forma progresiva,
deteriorando nuestra salud y la de nuestros hijos.
HIDROREGIONES
LORETO
Alertan sobre contaminación en el Pastaza
Uno
de los lugares donde se encontró mayor cantidad de Bario procede de la tierra
de lo que fue la laguna Shanshococha. En este punto, el Bario supera hasta en 31
veces el límite de referencia.
http://proycontra.com.pe
– 28/02/13.- Organizaciones internacionales dedicadas al análisis ambiental y
la defensa de la salud y derechos, reconocieron altos índices de contaminación
en la cuenca del Pastaza, consecuencia de la actividad petrolera en el lugar.
Además, alertan sobre la salud de los pobladores de las comunidades.
Los informes corresponden a Source Internacional y
Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) y fueron realizados por encargo de
la Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP. Las interpretaciones se
basan en los reportes e informes emitidos por OEFA, ANA y DIGESA, producto del
primer diagnóstico ambiental que realizó la Comisión Multisectorial N°200-2012-PCM
en la zona.
En los documentos se señalan las graves consecuencias
a las que está expuesta la salud de los pobladores. Afirman, que la exposición
mediana o permanente a sustancias tóxicas como TPHs o algunos metales pesados
encontrados en el alto Pastaza, podrían ocasionar desde alteraciones al sistema
nervioso hasta, incluso, la muerte.
Un dato importante que surge de los informes es que
muchos de los elementos contaminantes reconocidos, como el Bario, los TPHs
(hidrocarburos totales de petróleo) o HAPs (hidrocarburos policíclicos
aromáticos), derivan casi exclusivamente de la actividad petrolera.
Además, los informes indican que la contaminación en
la zona se encuentra en estado “difuso”, esto es disperso en todos lados.
Asimismo, de los resultados se deduce que la zona ha estado expuesta a
contaminación por petróleo de forma recurrente, desde hace mucho tiempo.
Flaviano Bianchini, fundador y director de Source,
llama la atención sobre la presencia de Bario en la zona. “El Bario es
utilizado para la barite: sustancia que se usa en los lodos de perforación para
la extracción de petróleo”, señala el especialista. En siete puntos del total
de muestras, el Bario sobrepasa el límite permitido según la guía canadiense.
HIDROMUNDO
BOLIVIA
Parlamentarios piden acciones contundentes contra
Chile
http://fmbolivia.com.bo
- 27/02/13.- Legisladores bolivianos exigieron ayer que Bolivia asuma acciones
concretas contra Chile y así demuestre “más que palabras”. El corte del flujo
de las aguas del Silala y la denuncia al tratado de febrero de 1905 que dio
vigencia al Tratado de Paz y Amistad de 1904 son dos sugerencias que nacen
desde esferas políticas para sentar soberanía en la relación bilateral con el
vecino país.
El diputado de Unidad nacional (UN) Jaime Navarro,
dijo que el Tratado de 1904 debe ser abrogado y para ello se tiene que accionar
todos los antecedentes jurídicos por la vía correspondiente, en este caso, el
Legislativo.
“Es momento para dar señales a Bolivia y a Chile más
allá del intercambio de declaraciones verbales entre los presidentes Morales y
Piñera, porque ambos están en campaña, pero el tema acá es el Tratado de 1904,
entonces que Bolivia dé el paso y abroguemos la Ley que dio paso a ese Tratado,
es una cuestión de dignidad nacional”, dijo.
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mary
Medina, dijo que las recientes acciones de La Moneda afectan y atentan los
tratados internacionales, por ello, también citó esta posibilidad.
“Todos estos excesos que ha habido de parte del
gobierno chileno no se puede dejar pasar así nomás, porque realmente es una
infracción a los tratados internacionales, (…) Se va ir analizando este caso,
cada tratado se analiza primero con Cancillería, y la dignidad de nuestro país
tiene que primar”, dijo a Erbol.
El senador oficialista Eduardo Maldonado y el senador
opositor Marcelo Antezana coincidieron en señalar que el tema de las aguas del
Silala también son estratégicos para el país y por ello no descartan cortar el
flujo que sale desde los bofedales de Quetena hasta la línea fronteriza con
Chile, pues su uso ni siquiera responde a intereses del gobierno del vecino
país sino a empresas privadas que obtuvieron de forma ilícita las concesiones
para comercializar el agua.
HIDROALERTA
ESPAÑA
Agua en venta
Varios
Ayuntamientos andaluces han iniciado la privatización de un servicio básico
para obtener liquidez y sortear la asfixia financiera que sufren
Los
expertos cuestionan la eficacia de la polémica decisión
ElPaís.com - 23/02/2013.- Ya todos lo admiten.
Políticos, usuarios, operadores y asociaciones reconocen o denuncian que el
recibo del agua está financiando un sistema municipal en quiebra. La secuencia
es fácil: es un ingreso seguro y constante porque ningún ciudadano puede
prescindir de este servicio y no hay competencia; como pocos mercados tienen
características similares, el negocio atrae a grandes empresas privadas que
acuden a los Ayuntamientos a ofrecerles dinero a cambio de hacerse con los
clientes durante 25 años o más. La falta de una normativa precisa y un
regulador independiente para arbitrar esta tensión genera auténticas crisis
institucionales y favorece las supuestas irregularidades.
El último conflicto en Andalucía ha estallado con
Gestión Integral del Agua de Huelva (Giahsa), pero hay más frentes abiertos,
como el Puerto de Santa María, donde el proceso de concesión está muy avanzado.
El 60% de los andaluces paga a una empresa pública
cada vez que abre el grifo y el resto, a una compañía privada o participada.
Las principales son Aqualia, del grupo FCC, y Aquagest, con una mayoría de
Aguas de Barcelona. De las grandes capitales y áreas metropolitanas andaluzas,
solo Málaga, Sevilla y Córdoba mantienen el servicio público.
Tras el estallido de la crisis del ladrillo, los
Ayuntamientos se han lanzado a buscar ingresos que no encuentran ni en los
bancos ni en los Gobiernos ni en los impuestos. La salida más fácil es vender.
Pero las empresas solo compran algo que sea rentable y vaya a ser negocio y con
esas características solo está la basura en ciudades con población muy
concentrada y el servicio de agua en grandes municipios. En especial en
localidades costeras, donde muchos usuarios pagan religiosamente mes a mes,
pero no requieren el servicio más que en verano.
Las empresas privadas gestionan el agua desde hace
muchos años. En el levante español son mayoría. Cuando entran en este negocio
buscan un legítimo lucro mientras que las públicas tienen como misión principal
el servicio.
Las primeras argumentan que consiguen el beneficio
porque son más eficientes y reducen gastos en suministros, materiales y
repuestos al disponer de muchos contratos. Al mismo tiempo, afirman que innovan
y desarrollan tecnologías propias.
Al conceder el servicio a estas empresas, los municipios
obtienen un canon muy variable: Jerez calcula que recibirá 80 millones en dos
plazos; Huelva obtuvo 57,3 millones por el 49% de su empresa municipal y Lepe
vendió por 11 millones más dos en obras. Son solo ejemplos. Los municipios
consiguen, además de dinero, prescindir del problema del personal, de la
gestión del servicio y de la responsabilidad de subir las tarifas.
Jaime Morell, gerente del Consorcio de Aguas de
Sevilla y secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos
de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), advierte que los Ayuntamientos se
quedan sin la única empresa que les genera ingresos, que venden la gestión de
un elemento declarado derecho humano por la ONU, que las entidades públicas son
más transparentes y que las concesiones hipotecan el futuro sin posibilidad de
marcha atrás por el alto coste de los rescates. También rechaza el argumento de
la ineficiencia: “Lo que funciona mal habrá que hacerlo funcionar bien, porque
un derecho ciudadano [el acceso al agua] hay que prestarlo desde lo público.
Además, si no se controla al concesionario, este hace lo que quiere”. Concluye
que las empresas no obtienen el lucro del ahorro sino de los usuarios, a los
que les cobran, “desde el primer día”, con el recibo lo que adelantan al
Ayuntamiento, los intereses y los beneficios.
Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de
Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), donde se agrupan muchas de las
operadoras privadas y mixtas, además de públicas, admite que las empresas pueden
ser más eficaces que las sociedades públicas.
La presidenta de la fundación Nueva Cultura del Agua,
Nuria Hernández-Mora, cree que en España hay grandes empresas públicas para
gestionar el agua, y pone como ejemplo las de Sevilla, entre otras. De hecho,
sugiere que sean estas entidades las que intervengan o se asocien a otras
cuando algunos municipios se plantean la posibilidad de abrir el accionariado
de sus empresas. “Sería una forma de fortalecer lo público”, comenta.
Gistau añade que no cree que la titularidad sea el
problema, sino el destino del dinero. “Debe ir al agua. Si no, se trata de una
especie de malversación”, ha advertido reiteradamente.
En este sentido abunda el gerente de Aeopas, Luis
Babiano, al asegurar que “los usuarios del agua deben soportar solo los costes
de la gestión, las infraestructuras o los vinculados al medio ambiente, como
establece la normativa europea”. La repercusión en el recibo del agua de
cánones concesionales que no han sido destinados a infraestructuras hidráulicas
sino a otras necesidades financieras del municipio es una puerta abierta a
posibles irregularidades, según Babiano, quien reclama que se prohíba como se
ha hecho en la Ley de transparencia y anticorrupción francesa o que se cree un
regulador o un observatorio independiente que vele por la transparencia del
servicio.
Los problemas que genera la falta de una regulación
clara sobre los cánones y el destino de los fondos se ha puesto en evidencia en
la crisis generada en Giahsa, la empresa pública de la mancomunidad de Huelva
MAS, con procesos de privatización abiertos cuestionados legalmente.
Giahsa nace con el objetivo de garantizar un
suministro estable y de calidad a toda la provincia onubense, salvo la capital.
Su sistema se basa en la solidaridad: los municipios grandes y costeros
facilitan la prestación del servicio en pueblos que por su menor población, por
la dispersión de su caserío o por la distancia a la red principal, no podrían
tener una empresa propia ni serían atractivos para las privadas. Con este
principio de subsidiaridad, Giahsa se convirtió en una empresa rentable.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
