martes, 25 de junio de 2013

HIDROBOLETÍN FENTAP Martes, 25 de junio de 2013 – Edición 1764



HIDROBOLETÍN FENTAP
Martes, 25 de junio de 2013 – Año VIII – Edición 1764 – www.fentap.org.pe

La FENTAP informa:
  • Colombia y Perú acuerdan lucha contra minería ilegal.
  • Perú - 12 PP.JJ. de Chiclayo en espera de agua y alcantarillado.
  • Bolivia - Hidroalerta - Gobiernos y contaminación del agua.
  • Perú - Hidrocomentario - La locomotora de inversiones que arrolla derechos.
  • Hidrocomentario - Privatización. Privatización como fenómeno tentacular, generador de distancia social, que transforma las rentas de los trabajadores en beneficios del capital y extingue derechos, y que podemos desglosar en tres aspectos interrelacionados: la privatización del poder político, la privatización de servicios públicos y la privatización de espacios públicos.
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Colombia y Perú acuerdan lucha contra minería ilegal
 
http://www.prensa-latina.cu/ - 24/06/2013.- La lucha conjunta contra la minería ilegal y una invitación al presidente de Perú, Ollanta Humala, a visitar Colombia, destacan hoy en el saldo de la breve visita a Lima de la canciller del vecino país, María Ángela Holguín.
Holguín y su colega peruana, Eda Rivas, acordaron igualmente realizar reuniones periódicas de gabinetes ministeriales para tratar temas fronterizos y de integración, según dijeron tras suscribir acuerdos de fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Ahora nos convoca el tema de la minería ilegal, con un compromiso muy grande para evitar que esto siga expandiéndose y no degrade nuestros ríos y maravillosa Amazonía, señaló Rivas, cuya preocupación compartió Holguín.
Ambas destacaron el compromiso de sus gobiernos por estrechar lazos bilaterales y subrayaron la importancia de la declaración conjunta y el plan de desarrollo de una zona de integración fronteriza, que firmaron en el palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería.
Holguín resaltó que la referida iniciativa implica un trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida a las poblaciones fronterizas, con mayor presencia del Estado y proyectos sociales.
Dijo esperar que la reunión de gabinetes ministeriales se realice en este año, como "la manera de dar un gran empuje a la relación", acotó.

HIDROREGIONES

12 PP.JJ. de Chiclayo en espera de agua y alcantarillado

http://www.larepublica.pe/ - 23/06/2013.- Por más de 50 años, 26 mil moradores de 12 pueblos jóvenes del distrito de Chiclayo, ubicados en la carretera a Pomalca, aún esperan con ansias contar con el servicio básico de agua potable y alcantarillado.
El mencionado proyecto se encuentra formulado desde hace quince años y a la fecha el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS)  no ha dado luz verde, tras pasar por dos observaciones de parte de los técnicos y del ministerio encargado, así informó el presidente del Comité Integral del Proyecto de agua potable y alcantarillado de los pueblos jóvenes, Mario Ramírez Aguinaga.
Según se conoció, en su tercera oportunidad a este proyecto se le observa la carencia de saneamiento físico legal de cuatro pueblos  jóvenes: Samán, San Bartolo, Precursores y San Félix, lo que ha impedido seguir con el proyecto de los ochos pueblos jóvenes restantes.
"El proyecto está presupuestado en 60 millones y la dilatación para ejecutar la obra parte de la voluntad política de funcionarios del Ministerio de Vivienda", advirtió el dirigente.

OPORTUNIDAD

Los dirigentes aprovecharon la presencia del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Roberto Torres Gonzáles, quien acudió al pueblo joven Las Vegas, donde solicitaron el compromiso de avanzar con los primeros ocho pueblo jóvenes que cuentan con saneamiento físico legal para la instalación de redes de agua y alcantarillado.

Ante el pedido de los moradores, la autoridad edil invitó a los dirigentes de los doce pueblos jóvenes a una reunión que se realizará mañana y tendrá lugar en el Palacio Municipal, donde se contará con la presencia de los funcionarios de COFOPRI para sanear sus terrenos.

HIDROALERTA

Gobiernos y contaminación del agua

HIDROCARBUROSBOLIVIA.COM - 22/06/2013.- La contaminación del agua ha comenzado a ocupar parcialmente la agenda de algunos gobiernos. Recientemente la prensa ha informado que técnicos de Petroecuador recogieron muestras de agua de ríos de Perú, Colombia y Brasil para comprobar el grado de contaminación tras un derrame de 11.480 barriles de crudo en la Amazonía norte de este país pero que por los afluentes fluviales viajó a esas dos naciones.
La agencia de noticias AP señala que la estatal petrolera del Ecuador indicó que a partir de los resultados, la empresa Oil Spill Response (Estados Unidos) definirá los procedimientos y los equipos que traerá para remediar los efectos de la contaminación
“Un comunicado de la empresa destacó que una comitiva con técnicos del Ministerio de Ambiente, Petroecuador, la fiscalía y un experto estadounidense en derrames de petróleo, cumplió un sobrevuelo de 900 millas en cuatro días en los que recogió muestras de agua en la zona de Iquitos, Perú; Leticia, Colombia; y Tabatinga, en Brasil”, refiere esta fuente de información.
Agrega que el agua será “analizada en el Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental, de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y en el Laboratorio Ambiental de Petroecuador”.
Según esta agencia noticiosa,  “a partir del informe que presente la comisión, la empresa Oil Spill Response (Estados Unidos), contratada por Petroecuador para la remediación de las zonas afectadas, definirá los procedimientos y equipos que traerá al país para continuar con estas tareas en las riberas y vegetación de los ríos que recibieron el impacto del derrame de petróleo”.
Explica, en este marco, que el 31 de mayo, a causa de las intensas lluvias, se produjo un deslave de tierra y piedras en el kilómetro 82 del tubo, en la zona del volcán Reventador, que rompió un tramo de 100 metros del principal oleoducto del país andino indicando que en la zona se vertieron 11.480 barriles de petróleo y que el petróleo derramado viajó hacia el sur, a Perú y Brasil, por los cauces de los ríos Coca y Napo, este último uno de los principales afluentes del río Amazonas.
Al momento se sabe que la contaminación por petróleo, ocurre ya sea por su liberación accidental o intencionada en el  ambiente, lo cual afecta a los seres humanos, al medio circundante (agua, aire, fauna y flora) de manera directa o indirecta, razón por la cual los gobiernos se están viendo obligados a considerar, al menos, medidas de remediación.
Expertos señalan que los efectos de los vertidos de petróleo sobre el agua producen disminución del contenido de oxígeno, y en el caso de las aguas subterráneas, el mayor deterioro se manifestaría en un aumento de la salinidad, por contaminación de las napas con el agua de producción de petróleo de alto contenido salino.
Asimismo, consideran que si la zona de explotación es costera o mar adentro, el derrame de hidrocarburos produce daños irreversibles sobre la fauna marina.
Por el momento, se sabe que los efectos del transporte de hidrocarburos es el que ha producido los mayores accidentes con graves consecuencias ecológicas y que los gobiernos han comenzado a implementar programas que permitan una revisión cuando no la sustitución  paulatina y controlada de los riesgos en la cadena de producción de los hidrocarburos y a encarar medidas menos contaminantes, sin un manifiesto claro -empero- sobre las recientes y sofisticadas tecnologías que han adquirido popularidad a partir de nuevas formas de explotar el shale gas. Un mundo con muchas contradicciones energéticas en agenda, sin lugar a dudas.

HIDROCOMENTARIO

La locomotora de inversiones que arrolla derechos
Escribe: Luis Hallazi

http://www.losandes.com.pe/ - 23/06/2013.- La marcha a la laguna El Perol de cerca de tres mil comuneros cajamarquinos para detener un eventual transvase de sus aguas, coincidió con las recientes declaraciones del Ministro Merino sobre el proyecto Conga (El Comercio, 17-06-13), en dicha entrevista se ratifica que no hay señales de cambio ni formal ni sustantivo tras el conflicto de mediados del 2012 que costó la vida de 5 personas; parece haber sido solo una “tregua” engañosa, que ahora vuelve a reactivarse y polarizar a los actores.
Si el agua era una de las causas de conflicto ¿que se hizo al respecto? además de un reservorio a espaldas y en contra de la voluntad de las comunidades; se menciona que están trabajando en la “microutilización” del agua con las comunidades pero ¿en qué consiste y con qué comunidades se hace ese trabajo? Por otro lado se sigue estigmatizando a una parte de las comunidades al dividirlos en dos grupos uno cercano al gobierno y otro radical (antiminero) con el que no están dispuestos a dialogar. Sin embargo se menciona que es importante el dialogo pero además se señala que “en paralelo tenemos que hacer respetar el orden y la ley” El mensaje es un dialogo condicionado o caso contrario aplico la ley ¿y qué es la ley bajo estas circunstancias? ¿Flexibilización de las normas ambientales? o acaso ¿criminalización de la protesta? Se siguen repitiendo los mismos argumentos “Conga es de todos los peruanos” y ¿Aún no se han identificado cuales son los derechos humanos que están en juego en las comunidades cajamarquinas?
Por otro lado, todos los sectores del Poder Ejecutivo tiene el deber de cumplir con sus funciones contenidas en sus leyes orgánicas de creación y respectivos reglamentos, hay una obligación de sujeción a las normas constitucionales y ordinarias, cada sector conoce sus funciones y si bien debiera trabajar conjuntamente, esto no significa que en el MEM se tome atribuciones por encima de dichas leyes y mencione categóricamente “ningún organismo del Estado puede poner problemas a una inversión como Conga” ¿qué clase de Estado de derecho está por debajo de los intereses de inversionistas? Por ultimo para despejar dudas que del conflicto pasado no se aprendió nada, en la entrevista se dice que “Estado no puede solo”, puesto que necesita de las Empresas, ya que en conjunto, se deja leer entre líneas, podrán imponer los proyectos; poco o nada importa lo que piensen las comunidades a pesar de que tengamos una ley de consulta previa.
En detrimento de la implementación del derecho a la consulta previa se ha referido a que no se publicará la base de datos porque en la sierra donde se encuentra casi la totalidad de proyectos y mega proyectos mineros, simplemente no se quiere consultar. Es mejor para el gobierno hacerlo caso por caso y además que sean las comunidades campesinas las que hagan su petición, incumpliendo con la propia ley que el mismo gobierno dio, Ley 29785, art. 2 segunda párrafo “la consulta es implementada de forma obligatoria por el Estado”, art. 8 inc. b las entidades promotoras deben cumplir con la “identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados” expresamente el Art. 10 menciona la identificación “debe de ser efectuada por las entidades estatales“. Por su parte el Reglamento de la consulta en su Art. 6 sobre consulta y recursos naturales vuelve a señalar la obligación del Estado, Art. 8.1 vuelve a mencionar que la entidad promotora identifica a los pueblos indígenas, es más el Art. 8.2 señala que en caso se cuente con nueva información que no está registrada esta se remitirá al Viceministerio de Interculturalidad, ratificando el rol tuitivo del Estado en la identificación de los pueblos. El derecho de petición tal como lo señala el Art. 9 del reglamento de la Ley de consulta opera cuando un pueblo indígena solicita su inclusión en un proceso de consulta, donde ya se han identificado a uno o un grupo de ellos, es decir cuando un pueblo indígena o comunidad campesina ha sido excluida del proceso.
Finalmente tanto estas nuevas declaraciones del ministro Merino como en su momento las del mismo presidente evidencian un pobre conocimiento sobre los derechos de nuestros pueblos, discursos como el de “comunidades agrarias” o aquellas ”En Cañaris hoy todos tienen costumbres occidentales, todos utilizan celulares” y por tanto no hay pueblos indígenas ni derecho a la consulta, no hace más que obligarnos a una lectura que nos ponga en alerta, en vista que la lógica actual del gobierno, parece ser arrollar todo derecho que se ponga de por medio a la locomotora de las inversiones, sin entrar a un debate trascendental, sobre si nuestro país está preparado para recibir más inversión minera.

Privatización

María Vacas Sentís

http://www.rebelion.org/ - 24/06/13.- Definir este tiempo de catástrofe social con algún concepto aglutinador es complicado y hasta aventurado, pero tal vez el término privatización, entendido como la colonización de lo público, de lo que nos pertenece y beneficia a amplias mayorías sociales, por parte de intereses privados, minoritarios y exclusivos, sirva como eje central de la deriva del sistema. Privatización como fenómeno tentacular, generador de distancia social, que transforma las rentas de los trabajadores en beneficios del capital y extingue derechos, y que podemos desglosar en tres aspectos interrelacionados: la privatización del poder político, la privatización de servicios públicos y la privatización de espacios públicos.
Hablar de privatización del poder político es remitirnos a la agresiva ejecución de medidas dictadas por instituciones internacionales no elegidas democráticamente, llegando incluso a la ocupación directa de los gobiernos por parte de tecnócratas cercanos a empresas y bancos, confundiéndose personajes públicos y privados, que tan pronto dirigen un ministerio como participan en algún consejo de administración. No gobierna el pueblo, tampoco los políticos tradicionales, ni siquiera sus partidos. No existe democracia real y se ha volatilizado hasta su anticuado disfraz. El poder político se ha privatizado.
Esta privatización política se vincula a la privatización de servicios públicos, como la sanidad. Con los zorros al cuidado del gallinero es fácil asaltar y desguazar nuestro estado de bienestar. Constructoras e inmobiliarias, que echaron luego ancla en el sector eléctrico, posan ahora su ávida mirada en los hospitales, con ayuda de sus servidores políticos. Se ponen a disposición del sector privado las historias clínicas de los pacientes, y las reformas de la administración pública persiguen facilitar la penetración del sector privado y la implantación de sus peligrosos criterios del beneficio a toda costa. Por su parte, la privatización del espacio público se traduce en su colonización, en forma de patrocinio de estatuas, plazas y estaciones de metro; y simultáneamente, en la confusa percepción del espacio privado como público por parte de la ciudadanía, como sucede con los centros comerciales, paraíso del ocio del consumo.
El reto: revertir este perverso proceso, defender y recuperar el protagonismo de lo público, del Estado protector, defensor de las mayorías sociales.

“Defender el Agua es Defender la Vida”