HIDROBOLETÍN FENTAP
Martes, 10 de febrero de 2015 – Año IX – Edición 2167 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
- Perú - Arequipa. Instalarán comisión multisectorial por problema del agua. A la reunión se espera que asistan las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa, Autodema, Sedapar, Sunass, ANA, Conrede, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud.
- Uruguay - Comunicado de la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales.
- España - "La privatización transforma a la ciudadanía en clientela, y cuando la clientela es pobre es expulsada". El experto de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo destapa con argumentos las consecuencias de la gestión privada de los suministros urbanos. "Derecho humano implica que a una familia sin recursos no se le puede cortar el agua; es como nos hicieran pagar por el aire y, al que no lo hiciera le pusieran una pinza en las narices y le ahogaran".
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Arequipa. Instalarán comisión multisectorial por problema del
agua
A la
reunión se espera que asistan las autoridades del Gobierno Regional de
Arequipa, Autodema, Sedapar, Sunass, ANA, Conrede, el Ministerio de Vivienda y
el Ministerio de Salud.
http://diariocorreo.pe/
- 09/02/2015.- “Ante la urgencia de
solucionar la problemática del agua en Arequipa, este 11 de febrero se
realizará la instalación de la comisión multisectorial en el Colegio de
Abogados”, anticipó el congresista Justiniano Apaza Ordóñez, presidente de la
Comisión de Defensa del Consumidor.
A
la reunión se espera que asistan las autoridades del Gobierno Regional de
Arequipa, Autodema, Sedapar, Sunass, ANA, Conrede, el Ministerio de Vivienda y
el Ministerio de Salud.
El
pasado 22 de enero se desarrolló una audiencia pública cuya conclusión fue
conformar una comisión interinstitucional para proponer y hallar soluciones
concretas para mejorar el servicio y calidad del agua.
HIDROMUNDO
Uruguay - Comunicado de
la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes
Naturales
09/02/2015.- En los primeros días de febrero, vuelve
a estar en la opinión pública la empresa Zamin Ferrous y su proyecto de
megaminería a cielo abierto Aratirí.
Más allá de discursos divergentes, todo el sistema
político partidario con representación parlamentaria termina apoyando y votando
en el Senado, la iniciativa del gobierno de prorrogar por un año más la
negociación del contrato con la minera Aratirí.
Junto con esto, desde la presidencia de Mujica se
empieza a manejar una posible variante del proyecto de extracción de hierro,
sería un emprendimiento de menor envergadura, en cuanto al volumen de lo
extraído y la superficie del mismo.
Colectivos de la ANP reunidos el 7 de febrero
manifestamos:
1 - Volvemos a denunciar que la Ley de megaminería ya
aprobada, lo ha sido para el beneficio de Aratirí, que la ley de Inversiones
votada en este gobierno, protege las inversiones de las empresa multinacionales
y somete al país a juicios y multas cada vez que estas empresas entiendan no
recibir todos los beneficios que pretenden.
Esto subordina al país a todos nosotros a los
vaivenes del mercado y nos somete al interés y al lucro de estas empresas.
2 - Todas las negociaciones se han hecho en secreto y
a espaldas de quienes somos los verdaderos afectados
3 - Estamos alerta ante cualquier proyecto que se
sostenga en la lógica de saqueo de las multinacionales, que destruya las redes
de producción propias de las comunidades, que desarrolle en secreto sus
acuerdos y que robe nuestros bienes comunes, la tierra y el agua
4 - Reafirmamos que como en la primera etapa de
resistencia a la minera Aratrí, es el pueblo en la calle que podrá frenar los
nuevos intentos de consolidar un modelo que no es de desarrollo sino de muerte.
HIDROALERTA
Entrevista
"La privatización
transforma a la ciudadanía en clientela, y cuando la clientela es pobre es
expulsada"
El
experto de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo destapa con argumentos las
consecuencias de la gestión privada de los suministros urbanos
"Derecho
humano implica que a una familia sin recursos no se le puede cortar el agua; es
como nos hicieran pagar por el aire y, al que no lo hiciera le pusieran una
pinza en las narices y le ahogaran"
"Los
planes hidrológicos están fuera de la ley. Lo que ocurre con la legislación
europea es que tardamos diez años en hacerla efectiva", explica acerca del
futuro que ha reservado el Gobierno para los ríos españoles
http://www.eldiario.es/
- 30/01/2015.- Su voz y sus análisis siempre resuenan en cualquier foro local o
internacional que aborde el tema del agua. Enlace habitual entre la sociedad
civil y las instituciones, Pedro Arrojo aplica una óptica económica para
analizar la situación del vital líquido en sus múltiples dimensiones. Los
cálculos de este profesor emérito en la Universidad de Zaragoza, que en 2003 se
convirtió en el primer español en recibir el Premio Goldman de Medioambiente en
la categoría de Europa, ayudaron a demostrar la inviabilidad del trasvase del
Ebro. Ahora destapa con argumentos las actuales consecuencias y opacidades de
la privatización de los suministros urbanos.
2015 es año electoral y el debate sobre el
agua, pública o privada, está ya en la agenda de los partidos políticos. ¿Este
hecho va a suponer un antes y un después para la situación del agua y el
saneamiento?
Probablemente, sí. No tanto por el hecho electoral
sino porque coincide con un momento de mayor conciencia social, de mayor
cabreo, con un nivel de conciencia sobre lo que significan los actuales modelos
de privatización.
Se da la paradoja de que el discurso de la
no privatización ha sido abrazado por partidos que han privatizado en algunos
municipios o, cuanto menos, no han apoyado el empuje ciudadano.
Los actuales modelos de privatización son
sofisticados y han hecho que entraran sectores de la izquierda, presionados por
la anorexia financiera de la Administración. Lo primero que hace falta es ser
consciente, más que culpar a nadie de traidor. El modelo de privatización es
sofisticado y el debate ha requerido un nivel de información técnica, social y
política que muchas veces los dirigentes políticos no tenían. Pero tampoco
pretendo disculparles, pues hay mucha gente que no puede alegar que no sepa.
Por ejemplo, se suelen hacer empresas mixtas, pero siempre con una cláusula en
la que, en nombre del know how y de mutuo acuerdo, las partes acuerdan que el
socio minoritario queda a cargo de la gestión.
En segundo lugar, siempre hay otra cláusula que
amarra la cuestión económica: compras, contrataciones y subcontrataciones son
decididas también en nombre del know how privado. La paradoja es que, en nombre
del libre mercado, se colapsa el mercado. Cuando necesitan hacer compras o
adjudicaciones lo hacen dentro de su grupo. Lo que se consigue es que, aun si
un alcalde o una institución pública quisieran controlar el negocio, no
tendrían información suficiente ni tampoco capacidades de decisión, pues
previamente se ha firmado que las toma el privado. Calculo que, de los beneficios
de los grupos empresariales, cuando no hay corrupción, más de la mitad está
subsumido legalmente en esas adjudicaciones directas, sin concurso público. La
tercera clave es otra cláusula que alarga estos contratos por un mínimo de 20
años. No solamente para asegurar el negocio a largo plazo, sino para asegurar
la irreversibilidad de una decisión política. Así, hay alcaldes y presidentes
de comunidades autónomas que tienen mandatos por cuatro años pero que toman
decisiones por 40.
En todo caso, ¿es posible parar dicha
"sofisticación" privatizadora? ¿Cómo?
Primero, tiene que aparecer en el compromiso
electoral. Y aparte, tiene que haber un referéndum, pues se está hipotecando la
capacidad de decisión de los siguientes alcaldes. Esto no lo harán nunca porque
todas las consultas en esta materia han sido ganadas por entre el 70 y el 90%
de los planteamientos en contra de la privatización. Ahora ya se ha incorporado
a la conciencia de la gente, en su cabreo. Y también en el nivel de información
de los dirigentes, en una situación en donde, al haber crecido mucho las
opciones políticas emergentes que amenazan con barrer a otros, todo el mundo ha
sido mucho más sensible. Bienvenidos. Éste no debe ser un patrimonio de unos
pocos. En algunos países europeos el discurso antiprivatización es también
patrimonio de la derecha. Las votaciones que se dan en el Parlamento Europeo al
respecto incluyen por eso a un sector de la derecha centroeuropea que
sistemáticamente vota en contra de la privatización del agua.
Los problemas por el agua aumentan ya no
exclusivamente en el Sur, sino también en países como España, donde el agua
provoca los desahucios más silenciosos. ¿Qué ha supuesto en términos prácticos
que Naciones Unidas reconociera, en 2010, el acceso al agua y al saneamiento
como derechos humanos?
Durante años el lobby privado se ha opuesto a que se
hablara de 'derecho humano'. Prefería hablar de 'derecho fundamental'.
Rehuyeron del término 'derecho humano' hasta que ya no han tenido más remedio
que aceptarlo. Se trata de un término tipificado en la legislación
internacional, de manera que, una vez incorporado por Naciones Unidas, y cuando
se tipifique, lo que todavía se está haciendo en el Consejo de Derechos Humanos
a iniciativa de Alemania y de España en tiempos de Zapatero, será una
obligación internacional y se podrá denunciar a un Gobierno frente a un
tribunal internacional por incumplimiento de derechos humanos. Lo temen.
La situación actual es difícil de revertir y lo que
está haciendo el lobby privado es irse a las alternativas que le quedan, que
son feas. Por ejemplo, decir que los derechos humanos se van a gestionar desde
el mercado. Afirma que son buenos gestores de derechos humanos, preguntan quién
se lo paga, y miran al Estado o suben las tarifas. Porque ellos tienen que
tener beneficios. Tomar el derecho humano como una visión que asegura que no
todo se compra y se vende en el mercado ha sido una muy buena estrategia del
movimiento anti-privatización.
¿Qué implica hablar del agua y el
saneamiento como un derecho humano?
No toda el agua es derecho humano. Estamos hablando
de unas cuotas básicas, de unos servicios básicos. Derecho humano implica que a
una familia en vulnerabilidad o en pobreza no se le puede cortar el agua. Es
como si mañana nos hicieran pagar por el aire y, al que no pudiera pagar, le
pusieran una pinza en las narices y le ahogaran. No puede ser.
¿Se trata entonces de una cantidad fija
por encima de la cual ya puede operar el mercado?
Alrededor del derecho humano están los servicios de
agua y saneamiento en su conjunto, no solamente los 30-40 litros por persona y
día básicos. Ese conjunto, tener por ejemplo 24 horas al día agua de calidad en
casa, debe ser un derecho de ciudadanía, es decir, de acceso universal, bajo
una lógica de gestión pública y no de negocio.
A diferencia de los humanos, los derechos de
ciudadanía tienen deberes recíprocos. Por ejemplo, de orden tarifario: vamos a
pagar el agua, sí, pero de forma que quien no pueda, no tenga que hacerlo por
lo básico. Consiste en organizar los derechos de ciudadanía como norma de
acceso universal. Y eso tampoco lo garantiza el mercado, que garantiza derechos
de clientes, no de ciudadanos. Los procesos de privatización transforman la
ciudadanía en clientela y cuando la clientela es pobre, es expulsada.
¿Eso implica que lo privado debería estar
excluido per se del derecho humano al agua? La postura de la primera relatora
de Naciones Unidas en esta área, Catarina de Albuquerque, quien dejó hace poco
el cargo, sí admite la presencia privada, aunque bajo determinadas condiciones.
Teóricamente puedes contratar el trabajo de un
privado y tenerlo controlado. Pero en la práctica no está siendo así; controlar
a un monstruo que es 100 veces más grande que la institución pública que lo
contrata es imposible y menos a través de contratos que ya están modulados para
que en la práctica no sean controlables. Aun así podría ser, pero entonces los
contratos tendrían que ser por cuatro años, reversibles, transparentes,
decididos democráticamente… tantos condicionantes que, al final, sale más caro
el control del privado que la gestión pública participativa.
El agua tiene que ser una cuestión municipalista.
Siempre ha estado cerca de los ciudadanos: no hay ni un solo pueblo del mundo
que no se haya instalado al lado de una fuente de agua. Es de las cosas más
locales que hay y eso es lo que debe llevar a una visión de democracia
municipalista, en donde hagamos sencillo el control de lo próximo, en donde la
democracia sea lo más barato y lo más eficaz.
La primera Iniciativa Ciudadana Europea
con éxito reunió cerca de dos millones de firmas a favor de la gestión pública.
Ahora la estudia la Comisión Europea, que ha puesto trabas a pesar de que la
aceptó en un principio. ¿Ha sido una victoria diluida?
Es una victoria pero no definitiva; es parcial. La
primera gran victoria es que los grandes sindicatos europeos se lanzan a este
territorio, cosa que no había sucedido antes. Y lo hacen arriesgando, poniendo
80.000 euros por delante para llevar a cabo la Iniciativa. Se arrastró además a
la socialdemocracia alemana, al SPD. Segundo, dos millones de firmas no cambian
el eje de giro pero sí fuerzan el debate europeo, es decir, el Parlamento
Europeo pasa a debatirlo, lo que significa visibilidad pública, prensa… de
repente es un problema, entra en la agenda. Y tercero, lo hace al calor de
realidades ya nacionales como la italiana, ahora la griega, y puede que la
española.
Sin embargo y pese a este empuje ciudadano
que se vive en el continente, al agua todavía le cuesta cuajar con la fuerza
que arrastran movimientos como el de la sanidad pública y el de la educación
pública.
Muchas veces la gente, mientras el agua llegue a casa
y sea de calidad, mientras no se envenenen los críos o acaben en el hospital,
mientras pueda pagarla, no se levanta en alerta. Aunque a la ciudadanía le
parece mal si alguien propone la privatización. Pero la señal de alerta es más
difícil. Ahora está pasando lo mismo que con la electricidad, que antes
podíamos pagarla con cierta facilidad y, de repente, a mucha gente se la
cortan. En el agua empieza a suceder, sobre todo cuando llega el saneamiento,
que duplica el recibo. Y entonces la gente, aunque lo pueda pagar, se pregunta.
Y a partir de ahí viene la alerta sobre lo privado. Por eso la crisis ha
añadido una mayor sensibilidad.
Cambiando de tercio, Europa está
preocupada por los planes que el Gobierno reserva a los ríos españoles. ¿Espera
que finalmente la Comisión Europea haga un balance crítico y que los planes se
revisen?
Los planes hidrológicos, en rigor, están fuera de la
ley. Lo que ocurre con la legislación europea es que tardamos diez años en
hacerla efectiva, porque los Gobiernos no se responsabilizan de la ejecución de
la ley más que en la formalidad. Así acaba habiendo impugnaciones legales que son
exitosas pero tardan una década sentar jurisprudencia.
“Defender el Agua es Defender la Vida”