miércoles, 25 de febrero de 2015

HIDROBOLETÍN FENTAP Miércoles, 25 de febrero de 2015 – Edición 2178



HIDROBOLETÍN FENTAP
Miércoles, 25 de febrero de 2015 – Año IX – Edición 2178 – www.fentap.org.pe

La FENTAP informa:
·       Perú - Tensión entre nativos y Pluspetrol: las claves del conflicto. Comunidades demandan remediación ambiental y compensación económica por el uso de sus tierras.
·       Perú - Piura: protesta interrumpe pase en carretera Sullana – Loja. Reclaman agua.
·       Perú: Anuncian movilización indígena en San Martín.
·       Perú - Descontaminar el Rímac. La principal vía acuática de la que dependemos los limeños requiere cuidados urgentes.
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Tensión entre nativos y Pluspetrol: las claves del conflicto
Comunidades demandan remediación ambiental y compensación económica por el uso de sus tierras


http://elcomercio.pe/ - 25/02/2015.- 1. ¿Cuáles son los lotes involucrados en el conflicto y quién los administra?
Los lotes 192 (antes 1AB) y 8 (incluido el 8x) son administrados por la empresa petrolera Pluspetrol, desde el año 1999 en el caso del lote 192 y
desde 1996 el lote 8. Los lotes se ubican en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Se estima que solo el lote 192 es responsable de casi un cuarto del total de la producción de petróleo del país.

2. ¿Cuál es el reclamo de las comunidades indígenas?
Antes de la llegada de Pluspetrol a Loreto, la empresa estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) y Petro-Perú administraban los lotes 192 y 8, respectivamente. El inicio de estas explotaciones se da al comienzo de la década del 70, cuando se descubren yacimientos petroleros en la cuenca del río Corrientes. Sin embargo, al dejar los lotes, tanto Oxy como Petro-Perú abandonaron también los pasivos ambientales que habían ocasionado durante más de 20 años de operaciones. La argentina Pluspetrol se comprometió a resolver un grupo identificado de puntos de contaminación que aún está en proceso de resolución. El reclamo indígena se concentró en la remediación de estos pasivos que acarreaban problemas de salud a la población, además de que se dé una compensación económica por el uso de sus tierras.

3. ¿Cuál es el papel del Estado en este conflicto?
El Estado ingresó en el diálogo en el 2006 con la firma del acta de Dorissa, en la que se acordó, entre otros puntos vinculados a temas de salud de los pueblos, que el 10% del canon petrolero sea derivado a proyectos de desarrollo social para las comunidades. La Contraloría General de la República denunció el año pasado que hasta el 2013 no se había destinado ni un sol de ese dinero a los indígenas de la zona. En el último tramo del conflicto, el Estado creó una comisión multisectorial para acordar planes de desarrollo para los nativos. Estos comprenden la implementación de varias plantas de tratamiento de agua para consumo humano en las 65 comunidades nativas de las cuatro cuencas, la electrificación rural de los distritos de frontera, el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, entre otros puntos. Sin embargo, fue en el uso de la guía de valorización de tierras por parte de las comunidades indígenas en que se detuvo el diálogo, pese a que el Ejecutivo ya lo había considerado en su matriz de compromisos el 20 de febrero pasado.

4. ¿Cuándo vence la concesión de los lotes? ¿Se realizará consulta previa para volver a licitarlos?
El lote 8 tiene una concesión hasta el 2024, sin embargo, el lote 192 tiene un plazo hasta el 29 de agosto de este año. De acuerdo con la ley de consulta previa, la licitación de este lote –ya sea para renovar el contrato con Pluspetrol o para crear uno nuevo con otra empresa– debe pasar por un proceso de consulta a las comunidades indígenas ya que esta concesión podría poner en riesgo sus derechos colectivos. Aunque el Ejecutivo no se ha pronunciado oficialmente sobre este punto. Lo que las comunidades exigen por ahora es la resolución de sus pasivos ambientales antes de que la empresa Pluspetrol termine sus operaciones oficialmente en agosto.

5. ¿Pluspetrol ha cancelado las sanciones que ha recibido?
Actualmente, la empresa ha abierto procesos judiciales para no pagar S/.39,4 millones por 12 multas que entre el 2010 al 2014 le impuso el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El portal “Ojo público” expuso esta situación y que Pluspetrol ha interpuesto una medida cautelar contra un informe del OEFA que la responsabiliza de la remediación de 92 sitios con daños ambientales en el lote.

EMPRESAS DE AGUA

Piura: protesta interrumpe pase en carretera Sullana – Loja


http://www.rpp.com.pe/ - 25/02/15.- Más de 200 personas del distrito de Lancones, en la provincia piurana de Sullana, realizan una protesta tomando las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable y obstaculizando el pase en la carretera Sullana – Lancones – El Alamor, que conecta además con la provincia de Loja en Ecuador.
Los vecinos reclaman por el constante desabastecimiento del servicio señalando que, ya cumplen nuevamente una semana sin agua y sus reclamos no son atendidos por la empresa EPS Grau.
Los manifestantes exigen la presencia de los funcionarios de la empresa prestadora del servicio a quien también reclaman por la no ejecución de la nueva planta de tratamiento que es un proyecto estancado en esta jurisdicción.
El distrito de Lancones, ubicado en la frontera con Ecuador, acoge en su territorio al reservorio más grande del país, Poechos; sin embargo para su construcción hace más de cuarenta años, esta jurisdicción tuvo que ser reubicada con la promesa de tener los servicios básicos óptimos, promesa que hasta hoy no ven como realidad.

HIDROREGIONES

Perú: Anuncian movilización indígena en San Martín


www.claveverde.org – 23/02/2015.- El pasado 14 de febrero de 2015, la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa del Bajo Huallaga de la Región San Martín (FEPIKBHSAM) se reunió con sus bases y decidieron formalmente movilizarse pacíficamente para protestar contra los abusos e inoperancia del Gobierno Regional de San Martín respecto de los procesos de titulación y la política territorial adoptada en los últimos años.
En la reunión se contó con la presencia de los Jefes de las comunidades indígenas de Ishkay Urmanayuc de Tununtunumba, Shilcayo, Muchullacta de Chipaota, Ricardo Palma, Callanayacu, Canayo, Ankash Yacu de Achinamiza y Chipeza, acordando movilizarse el próximo 10 de marzo en la ciudad de Tarapoto bajo la siguiente plataforma de lucha;
1. Exigir al Gobierno Regional de San Martín una respuesta oficial sobre la solicitud de presentar el proceso de inconstitucionalidad sobre los contratos de cesión en uso en los procesos de titulación de comunidades nativas.
2. Exigir al Gobierno Regional de San Martín incrementar el presupuesto y la contratación de personal calificado para culminar los trabajos de demarcación territorial y la titulación de las comunidades indígenas.
3. Exigir al Gobierno Regional de San Martín una respuesta oficial respecto de la modificación de las Zonas de Conservación y Recuperación Ecosistémicas (ZOCRES) que están afectando los territorios indígenas.
4. Derogar las políticas territoriales y la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) por no haberse realizado la consulta previa respecto de estos instrumentos de gestión.
5. Detener los procesos de consulta previa respecto de las inversiones petroleras en la región hasta que no se culmine con los procesos de titulación, como una salvaguarda a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Elias Sinti, Vicepresidente de la FEPIKBHSAM señaló; “Esta es sólo una movilización regional que esperemos que tenga frutos positivos, pero se avecina una protesta con una agenda nacional que se encuentra enmarcada en el Paquetazo Ambiental y en la simplificación administrativa de la inversión minera”
Por su parte, Carlos Cenepo Pizango, Presidente de FEPIKBHSAM, señaló; “No estamos de acuerdo con los contratos de cesión en uso en los procesos de titulación de nuestras comunidades y lucharemos cueste lo que cueste para que se respete nuestro derecho; el gobierno regional de San Martín tiene deudas históricas con los pueblos indígenas y tiene que asumirlas.”
“Los pueblos indígenas saldremos a las calles y no regresaremos sin obtener por parte del gobierno regional una respuesta favorable, (…) nosotros también estamos a favor de la conservación y hemos mantenido nuestro bosque sin tantas leyes de protección, sólo que ahora como se han dado cuenta que el bosque puede ser puesto en valor existen muchos funcionarios que han lucrado de ello, haciendo creer que una mariposa es mas importante que la vida de un indígena,” acotó Sinti.

LIMA

Descontaminar el Rímac
La principal vía acuática de la que dependemos los limeños requiere cuidados urgentes.

http://www.larepublica.pe/ - 25/02/15.- El río Rímac sigue siendo, como en tiempos coloniales, la principal fuente de abastecimiento de agua de la capital y sus nueve millones de habitantes. Por eso resulta inaceptable la indiferencia de nuestras autoridades –aunque también en ella se incluyan muchísimos limeños– ante el deterioro ecológico que sufre el curso de agua del cual dependemos para algo tan vital e irreemplazable como la satisfacción de nuestras necesidades de bebida e higiene.
Existe por ello la obligación, de parte de las autoridades y la ciudadanía, de velar por la conservación en las mejores condiciones posibles de las aguas del Rímac, un río que se ha transformado, a causa de años de desidia, en un curso de agua envenenado que en su recorrido recibe de todo: filtraciones de antiguos relaves mineros, desechos industriales, detritus fecales aportados por colectores clandestinos y, finalmente, toneladas de basura que son arrojadas irresponsablemente desde sus márgenes.
Hace unos 25 años, la Comisión de Ecología del luego disuelto Senado, que era presidida por Beatriz Merino, demostró ante la opinión pública que el río Rímac recibía contaminación procedente de más de un centenar de puntos ubicados a lo largo de su recorrido hacia el mar. Esta denuncia se enmarcaba en un esfuerzo para promover la creación de una autoridad ecológica para el río, un proyecto pionero que permaneció encarpetado en el Congreso.
Como resultado, en años recientes han sido cada vez mayores los esfuerzos que deben realizar los técnicos de La Atarjea para purificar el agua del Rímac
y lograr un grado tolerable de potabilización de modo a hacerla apta para el consumo humano. La situación permaneció invariada hasta la creación del Ministerio del Ambiente, que ha marcado un inicio de acciones destinadas a sanear el río limeño, aunque no se han clausurado focos evidentes de contaminación.
Sin embargo, hay que destacar estos esfuerzos: se ha impulsado la creación de un bosque en la zona de Matucana, se han hecho inspecciones técnicas de las canchas y depósitos de relaves existentes y se ha contactado con equipos extranjeros especializados en recuperación de ríos, entre ellos un surcoreano. La aplicación de las sanciones establecidas por el Código del Medio Ambiente para penalizar a los contaminadores también forma parte de este cambio de actitud.
Hay que tomar en cuenta que del río que atraviesa la ciudad depende también la alimentación de la napa freática de la que se alimenta la red de pozos que intentan satisfacer la escasez de agua que subsiste en algunos distritos, la que resulta esencial en caso de año seco. Es mucho lo que queda por hacer, aunque el panorama no es tan crítico como hace unos años. Con la creación del Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua se ha logrado acabar con el archipiélago de ineficacia que provocaba la existencia de diferentes “direcciones de medio ambiente y recursos naturales” en distintas dependencias del Estado.
Una declaración de emergencia de la cuenca del Rímac en periodo de estiaje podría influir en la aceleración de los trabajos de limpieza de esta y permitir la recuperación del tiempo perdido en materia ambiental. Las futuras generaciones de limeños lo agradecerán.

“Defender el Agua es Defender la Vida”