HIDROBOLETÍN FENTAP
Jueves 26
de junio de 2014 – Año IX – Edición 2011 – www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
- Perú - Indígenas y ONG ecologistas rechazan la explotación de recursos naturales anunciada por Humala.
- Perú - Polémica. Cuestionan las propuestas ambientales del gobierno.
- Ecuador - Al Yasuní lo defiende el mundo, el gobierno lo opaca.
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Indígenas y ONG
ecologistas rechazan la explotación de recursos naturales anunciada por Humala
http://www.eleconomistaamerica.pe/
- 26/06/14.- Indígenas y ONG ecologistas de Perú han mostrado este miércoles su
rechazo a las medidas anunciadas por el Gobierno de Ollanta Humala, que
pretende relajas las normas ambientales para la explotación de recursos
naturales como parte de un paquete de medidas dirigido a reactivar la economía.
Indígenas
y ONG ecologistas de Perú han mostrado este miércoles su rechazo a las medidas
anunciadas por el Gobierno de Ollanta Humala, que pretende relajas las normas
ambientales para la explotación de recursos naturales como parte de un paquete
de medidas dirigido a reactivar la economía.
El
presidente envió hace unos días al Congreso el paquete que incluye cambios en
el sistema tributario, flexibilización de restricciones ambientales y medidas
para impulsar las inversiones en los sectores como la minería y el petróleo. El
plan debe ser debatido esta semana en el Congreso.
"Este
no sólo es un paquete económico, existe una dimensión política que pretende
retroceder los pequeños avances ambientales a un punto de no retorno", ha
denunciado el director de la ONG CopperAcción, José De Echade, en una rueda de
prensa.
Entre
las medidas que han molestado a diversos sectores de la sociedad civil figuran
la reducción a un tercio el costo de las multas ambientales durante tres años y
otras normas que recortan la competencia del Ministerio del Ambiente.
La
Defensoría del Pueblo, un órgano del ámbito estatal, ha recomendado al Congreso
"no aprobar" la iniciativa del Gobierno porque considera que debilita
la institucionalidad.
"Sostenemos
la necesidad de que el fomento de las inversiones no desestime, ni condicione
el deber del Estado de cautelar el cuidado del ambiente en el que
vivimos", ha dicho el jefe de la defensoría, Eduardo Vega, sobre el
paquete económico propuesto, en una carta enviada al Legislativo.
Los empresarios celebran el anuncio del Gobierno
Por
su parte, el paquete del Gobierno ha sido considerado como "positivo"
por empresarios e inversionistas, preocupados por la caída en la clave
producción minera en medio de una menor demanda de grandes consumidores de
metales como China.
Entre
otras medidas, el Gobierno busca fijar un plazo máximo de 30 días para que el
Estado emita opinión respecto a los estudios de impacto ambiental de las
empresas, para "evitar las dilaciones que afectan el clima de las
inversiones".
Asimismo,
plantea que la creación de "zonas reservadas" se realice por un
decreto supremo del Consejo de Ministros y no por el Ministerio del Medio
Ambiente como se hace actualmente. Las zonas reservadas tienen restricciones de
uso y están protegidas de cualquier explotación de sus recursos naturales.
El
Gobierno ha rechazado que las medidas pretendan recortar las normas que
protegen el medioambiente. "No hay un debilitamiento en lo absoluto de las
leyes ambientales. Se mantiene los estándares y lo que se quiere es una
regulación asumible por los agentes económicos", ha explicado el ministro
de Economía, Luis Castilla.
Sin
embargo, el jefe de la organización que reúne a los pueblos amazónicos de Perú
(Aidesep), Henderson Rengifo, ha insistido en que las normas "vulneran y
ponen en riesgo los derechos, van en contra de una vida sin contaminación y
favorecen a las empresas".
El
tema de la explotación de los recursos naturales es muy sensible en Perú y en
ocasiones ha provocado fuertes protestas. En el 2009 un enfrentamiento entre
policías e indígenas que protestaban contra la explotación de los recursos
naturales de sus tierras dejó unos 33 muertos.
Polémica
Cuestionan las propuestas ambientales del
gobierno
http://www.larepublica.pe/ - 26/06/14.- Casi
de contrabando. Las propuestas ambientales para la promoción de las inversiones
fueron incluidas en el Capítulo III del proyecto de Ley que establecen medidas
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la dinamización
de la inversión en el país, presentado por el gobierno y que fue aprobado ayer
por la Comisión de Economía del Congreso de la República.
Esta
norma, según algunos especialistas, debilitaría los estándares de calidad
ambiental, pero el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, consideró que no
será así, pues incluso fortalecería las entidades de fiscalización del sector.
"El
presidente de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) ha
dicho que el proyecto presentado por el Ejecutivo los fortalece", dijo
Castilla durante su exposición en el citado grupo de trabajo legislativo.
Aclaró
que no hay ningún tipo de relajamiento en los estándares ambientales, pues no
se debilita el marco jurídico para hacer la fiscalización respectiva en esta
materia.
"El
desarrollo ambiental es sustentable, pero tiene que ser sostenido y en armonía
con las políticas y con la comunidad”, afirmó.
Señaló
que se introdujo un "incentivo perverso" en algunas entidades
fiscalizadoras para aplicar multas, como en el caso de la OEFA, y financiar su
propio presupuesto.
Explicó
que se plantea cambiar la fuente de financiamiento de la actual recaudación de
multas a recursos ordinarios provistos por el Estado.
Asimismo,
dijo que se quiere que la OEFA privilegie la prevención y corrección de las
infracciones ambientales durante tres años, antes que la sanción punitiva, a
excepción de las faltas graves.
Sobre
la declaración de zonas naturales reservadas, que por ahora se crean por
Resolución Ministerial emitido por el Ministerio del Ambiente, Castilla
justificó la propuesta de que sea el Consejo de Ministros la que apruebe esto,
vía Decreto Supremo.
"Esto
logra un balance entre las actividades sujetas a protección y los derechos ya
otorgados para la explotación de una determinada actividad. Se quiere
incorporar un enfoque multisectorial a este tipo de decisiones, sin menoscabar la
regulación en la materia", dijo el titular del MEF.
20 años de retroceso
En
tanto distintos organismos de la sociedad civil denunciaron ayer que a pesar de
que este 2014 es el "Año de la Promoción de la Industria Responsable y
Compromiso Climático", el Ejecutivo –a través del "paquetazo"
reactivador de la economía– plantea drásticos cambios en temas ambientales,
atacando la institucionalidad del ente rector (Ministerio del Ambiente) y
retrocediendo los 20 años de avance en la materia.
Más
de 50 organizaciones de pueblos indígenas y originarios, sociales,
trabajadores, redes de derechos humanos y ONG, demandaron al Congreso no
aprobar el proyecto en la Comisión Permanente.
Advirtieron
que la puesta en marcha de diversos proyectos extractivos con estándares
mínimos ambientales exigibles podrían acarrear conflictos sociales en los
próximos meses.
Henderson
Rengifo, representante de AIDESEP, señaló que el debilitamiento de OEFA y el
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE), es en claro beneficio de empresas privadas del sector extractivo
puesto que por tres años no habrán sanciones ni multas y una mera función
informativa de estas agencias.
José
De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental, explicó que la supuesta
"sobrerregulación" en materia ambiental que existe en el Perú y que
ahuyenta la inversión minera y petrolera, no es nada comparada con los
estándares exigidos en Chile o Australia, países con los que competimos palmo a
palmo para atraer la inversión de las mismas empresas.
Se "petardea" el TLC
"No
nos podemos ni comparar con la regulación ambiental de estos dos países. Las
empresas de países que invierten en los sectores extractivos vienen de marcos
jurídicos que tienen una capacidad de regulación y estándares socioambientales
mucho más elevados. No queremos repetir la triste historia de Doe Run o de
petroleras en la Amazonía", sostuvo.
De
Echave comentó que hay contradicción, puesto que hoy son los empresarios
quienes petardean el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, el
primero suscrito por el Perú, sin embargo el proyecto de ley “reactivador”
contraviene clara y abiertamente uno de los compromisos asumidos por el Estado
peruano, en este acuerdo.
Detalló
que se trata del artículo 18.3 numeral 2 que textualmente señala: “…las partes,
los Estados, reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión
mediante el debilitamiento o reducción en las protecciones contempladas en sus
respectivas legislaciones ambientales. En consecuencia una parte ofrecerá dejar
sin efecto o derogará dicha legislación de manera que delimite la protección
otorgada por aquella legislación para que no afecte el comercio y la
inversión”.
HIDROMUNDO
ECUADOR: Al Yasuní lo defiende el mundo, el gobierno lo opaca
http://kaosenlared.net/ - 24/06/2014.- silencio,
aparentemente, es la nueva estrategia del gobierno para silenciar la negativa a
la consulta popular para que no se explote el crudo de los bloques 31 y 43 del Parque
Nacional Yasuní, impulsada desde las organizaciones sociales.
Mientras más días
transcurren desde la negativa del máximo organismo electoral del país,
organizaciones de profesionales y colectivos dan razones éticas y técnicas para
la defensa y la legitimidad de la consulta popular, a través de foros,
movilizaciones e informes técnicos de especialistas extranjeros así como videos
sobre el acorralamiento del que serían objeto los pueblos indígenas en
aislamiento a causa del avance de las actividades extractivas en el Yasuní.
El grupo de
profesionales de la Universidad Politécnica Nacional liderado por Pablo Duque,
Decano de la Facultad de Geología, entregó un informe técnico estadístico con
el que se comprueba que Yasunidos sí habría completado y superado el porcentaje
necesario para que se llame a consulta popular, y en aplicación del Art. 169 de
la Constitución que menciona que las formalidades no pueden omitir la justicia,
es decir que se debe mantener el criterio que si una firma es lo suficientemente
clara para manifestar su deseo eso debe ser
considerado;
entonces, detalles como tamaño y gramaje de papel, fechas, firmas de
recolectores y el orden de nombres quedan solo en formalidades legalizadas
mediante reglamentos.
El 5 de junio
varias organizaciones juveniles, estudiantiles y ambientalistas se
autoconvocaron en el Ministerio del Ambiente para entregar una carta en la que
se “retira la licencia de confianza del pueblo a Petroamazonas” y exigir
respeto a las cientos de miles de firmas entregadas por el colectivo Yasunidos
al Consejo Nacional Electoral para que se convoque a Consulta Popular.
Haciendo una
remembranza de las decisiones y decretos gubernamentales, según Enver Orna,
“las declaraciones del Presidente de pretender terminar con la pobreza del país
con los recursos que provengan de la venta del crudo del ITT, y de resolver los
problemas del Ecuador con los 19 mil millones de dólares que el Estado obtendrá
con la venta del crudo de los campos Tambococha y Tiputini, o con los 52 mil
millones que se obtengan con la explotación de la totalidad de los bloques 43 y
31, conllevan una serie de violaciones a la Constitución, entre ellas a los
Artículos 47, 95, 57”, acotó el dirigente.
Otra evidencia es
el informe técnico de 18 hojas “ Bloque 31: ¿Sendero Ecológico o carretera
petrolera?”, realizado por cuatro investigadores de larga trayectoria sobre
temas ambientales en la Amazonía, con publicaciones en revistas académicas como
Amazon Conservation Association (Washington DC, USA) y de la Universidad de
Palova de Italia, en el que constan imágenes satelitales de alta resolución que
revelan que Petroamazonas transgredió el estudio de Impacto ambiental entregado
por el Ministerio del Ambiente al construir verdaderas carreteras en esa zona
sensible del Parque Nacional Yasuní.
“La licencia
ambiental del bloque 31 implica que toda la infraestructura para el ‘sendero
ecológico’ debía ser desmontable, para que una vez que concluyera la
construcción quedara impedida la circulación. Lo curioso es que se construyó
una vía sobre un talud e incluso se instalaron puentes de acero”, consta en el
informe.
También se
menciona que las evidencias sugieren que Petroamazonas se desvió de una buena
práctica técnica prevista y continuó con la práctica común que es la construcción
de caminos de acceso tradicionales, según las fotografías satelitales
recientes.
En la descripción
de otra de las fotografías se detecta 36 cruces sobre cuerpos de agua diseñados
para vehículos. En particular, dice el informe, hay una estructura importante
de puente de acero que cruza el río Pindoyacu, y que constaría entre los
últimos informes del gobierno.
Según el
documento, “ la ruta de acceso del río Tiputini (en el límite del Parque
Nacional Yasuní) a la plataforma Apaika tiene un promedio de 26m de Derecho de
Via, DDV, es decir 2,5 veces superior a lo aprobado en el estudio ambiental”; y
en similares circunstancias estarían otras vías construidas por la empresa.
Ante estas
evidencias, la petrolera ecuatoriana Petroamazonas a través de su gerente de
Seguridad Guido Abad, dijo a la agencia de comunicación ANDES que “Ningún
proyecto de Petroamazonas tiene carreteras. Lo que tenemos es un sendero de
cuatro metros de ancho que se usa exclusivamente para conectar las plataformas
y poder operarlas. No tenemos carreteras, tenemos dos medios para llegar: el
medio fluvial, con gabarras por el río Napo, y a través de helicópteros que
llevan carga pesada”, dijo el especialista en entrevista con la Agencia Andes.
Las fotografías
del informe técnico no serían las primeras fotografías satelitales, Acción
Ecológica en noviembre del 2013 publicó en su web unas instantáneas publicadas
por National Geografic en el 2012, en las que se muestran nuevos “senderos
ecológicos” realizados por Petroamazonas en el Yasuní, que sobrepasan la dimensión
autorizada.
Más allá de lo que
han difundido los funcionarios de Gobierno y de Petroamazonas, estas
evidencias, por las que se debe revocar la licencia ambiental a la petrolera,
revelan el doble discurso del gobierno de que la estatal petrolera recién
estaría operando en la zona, ya que las fotografías muestran que el Plan B (la
explotación del ITT) se desarrolló y estuvo como prioridad mientras el Plan A
fue solo una coartada.
Casi a la par,
también se difundió el video ‘Yasuní, genocidio en la selva’ del periodista
español David Beriain, quien luego de un extenso trabajo muestra las
entrevistas a funcionarios y a especialistas nacionales y extranjeros que
conocen de la realidad de los pueblos en aislamiento de la zona, así como la visita
al interior de la selva a indígenas waoranis que participaron de un matanza en
marzo del año pasado, como respuesta a la muerte de los dos ancianos líderes
waoranis a manos de miembros de la tribu Taromenane por razones hasta ahora no
confirmadas.
El documental
inicia con las imágenes borrosas de la muerte de los dos ancianos waoranis,
Ompore y Buganey, que fue lo que llamó la atención y despertó la curiosidad del
periodista para conocer la raíz de esas muertes y la problemática que
atraviesan estas tribus en aislamiento voluntario.
El rapto de dos
niñas Taromenane como muestra de los hechos y como parte de la venganza
evidencia la poca comprensión de la cultura ancestral y crea más incertidumbre
en quienes miran el video, cuando se conoce que una de las niñas sigue viviendo
con una de las familias asesinas de sus padres.
El documental
claramente muestra la poca acción del gobierno para la protección de estos
pueblos ancestrales y los intereses de poderosas compañías petroleras y
madereras, que invisibilizan a propósito a esa gente y les mantienen presos en
su mismo territorio.
Estas evidencias
recomendamos difundirlas y revisarlas para entender porqué gremios de
profesionales y activistas de todas las edades defienden la vida, que no puede
ser sacrificada a cambio de “terminar con la pobreza”.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
