HIDROBOLETÍN FENTAP
Martes 24
de junio de 2014 – Año IX – Edición 2009 – www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
- Perú – Documento. Sociedad civil advierte que debilitamiento de los estándares e institucionalidad ambiental pondrá en riesgo el medio ambiente y generará conflictos sociales.
- Paraguay reclama por la planta de uranio que se construye en Formosa.
- Argentina - Ecologistas argentinos protestan contra aumento de producción de papelera UPM.
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HIDROMUNDO
Paraguay reclama por la
planta de uranio que se construye en Formosa
http://www.tiemposur.com.ar/ -
22/06/14.- Cinco años de lucha, cortes de rutas y puentes, empapelar una ciudad
bajo la consigna “Fuera Botnia” parecerían estar dándose al revés. Ahora, es
Argentina la que promueve una medida que el país vecino considera contaminante:
la posible mudanza de una planta de producción de dióxido de uranio –que sirve
de combustible para las plantas nucleares del país–, de Córdoba –donde funciona
hoy– a Formosa, cerca del límite con Paraguay.
Esta situación se viene
agravando desde hace tiempo. En febrero de este año, tanto autoridades del
Gobierno y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), como dirigentes
de la empresa comunicaron que la planta Dioxitek, una sociedad anónima del
Estado, con 99% de sus acciones en manos de CNEA y 1% del gobierno de la
provincia de Mendoza, que se hizo cargo de la fábrica, podría radicarse en la
provincia de Gildo Insfrán. PERFIL publicó en la edición del 23 de marzo pasado
que se estaba “a las puertas de un nuevo conflicto con un país vecino”. Los
meses pasaron y hubo nuevos episodios: un viaje de senadores paraguayos a la
provincia de Córdoba para conocer la planta, aunque no pudieron ingresar;
marchas en contra y audiencias públicas en el Congreso paraguayo y en la
provincia de Formosa sobre el tema.
Este diario pudo acceder a
la versión taquigráfica de cuando el propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich,
visitó el Senado de la Nación el 7 de mayo pasado y determinó que “el eventual
terreno donde se instalará la empresa Dioxitek SA será en el Parque Tecnológico
de Formosa” y brindó las coordenadas del lugar: la planta estaría emplazada a
pocos metros del riacho Formosa, que desemboca en el Río Paraguay. Esto es, a
metros de la ruta 81, entre los Km. 1.184 a 1.189, en dirección oeste, a tan
sólo 16 Km del centro de Formosa, cien del límite con Paraguay y 170 Km de
Asunción. PERFIL fue al lugar y constató que hay gente trabajando la zona.
Hasta el día de hoy,
diversos senadores y diputados argentinos como paraguayos, organizaciones
vecinas y ambientales, como Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) reclaman “acceder a la información pública completa de este
proyecto vinculado al plan nuclear y de querer recibir, por parte del Estado,
un estudio completo de impacto ambiental”.
Los senadores paraguayos
que encabezan este reclamo son de diversos partidos políticos. PERFIL habló con
varios de ellos, quienes se quejaron de la falta de información, a pesar de una
visita especial que en el interín realizó el 23 de abril pasado, el canciller
Héctor Timerman. “El tema es que la vía interparlamentaria fue mucho más
eficiente que la comunicación vía gubernamental a través de Cancillería, que ha
tenido una actitud cómplice al tratar de ocultar datos de relevancia como los
daños ambientales producidos en Córdoba por Dioxitek”, expusieron a PERFIL
Fernando Silva Facetti, del Partido Liberal Radical Auténtico y presidente de
la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna); y
Arnoldo Wiens, del Partido Colorado y presidente de la Comisión de Energía y
Medio Ambiente de ese país.
Ambos explicaron que se
unieron por el rechazo de la construcción de Dioxitek y el reactor Carem 150 en
la provincia de Formosa. “La actitud cómplice del embajador paraguayo ante
Buenos Aires, Nicanor Duarte Frutos, quien afirmó que la planta no causaba daño
ambiental, quedó al descubierto con la presentación de documentos sobre los
residuos radiactivos de baja intensidad que han producido en Córdoba. El
Congreso Nacional expresó su rechazo al proyecto Nuclear de Formosa”, agregaron
los senadores.
Por su parte, Arnaldo
Giuzzio, del Partido Democrático Progresista, manifestó que en Paraguay no hay
plantas nucleares: “Nosotros presentamos un proyecto de ley que prohíbe el uso
de energía nuclear en el territorio paraguayo. No queremos la instalación de
plantas de este tipo de energía. Apoyamos la generación de otro tipo de energía
limpia: solar, hidroeléctrica, eólica”.
Según Giuzzio, el problema
es que “la información que estamos recibiendo es muy vaga. En ningún momento se
consultó al gobierno paraguayo sobre este tipo de instalación. Lo que
sospechamos es que se quiere instalar cerca de Paraguay porque aquí hay
uranio”.
El gran peligro. Grupos
ambientalistas y especialistas afirman que Dioxitek dejó sesenta mil toneladas
de residuos de uranio, que descargó en una zona conocida como “el chichón” en
Alta Córdoba, un barrio periférico de la ciudad de Córdoba, donde está la
planta. “Esos materiales radiactivos más que tratados fueron aislados, pues la
radiactividad de un material radiactivo no puede ser modificada”, revela el
ambientalista Raúl Montenegro, profesor de Biología Evolutiva de la Universidad
Nacional de Córdoba.
PERFIL habló con Javier
Giordano, delegado de ATE y empleado de Dioxitek, quien confirmó que la planta
continúa aún en funcionamiento, pero cuenta con los niveles de contaminación
aceptados por la CNEA. Además, “el chichón de Dioxitek en Córdoba carece de
membrana y sus residuos radiactivos contaminan aire, suelo, agua y otros
organismos vivos”, dice Montenegro. “La misma CNEA lo reconoce en sus
estadísticas. La planta de Córdoba ha venido descargando, cada año, varios
kilos de aerosoles de uranio al aire del barrio y centenares de kilos de uranio
a la colectora cloacal”.
Hace diez días, Montenegro
y un grupo de senadores paraguayos quisieron entrar a la planta, pero no
pudieron. Giordano le dijo a PERFIL que fue “porque no cumplieron con las
medidas protocolares estipuladas”. El empleado aclaró no estar al tanto de la
veracidad del traslado, ni de los plazos ya que “es una medida que analizan los
altos mandos”.
En los barrios afectados,
nunca se hicieron estudios epidemiológicos. Existen mediciones independientes y
alertas de la Autoridad Regulatoria Nuclear sobre la presencia del gas
radiactivo Radón 222 y altos niveles de contaminación en aire y suelo.
Por su parte, en 2005 se
gestionó el financiamiento internacional mediante un préstamo del BID por un
monto total de US$ 30 millones, los cuales servirían para financiar las tareas
de remediación ambiental de estos sitios conocidos como el “chichón”. Según le explicó a PERFIL Norma Morandini,
senadora nacional por Córdoba, “este préstamo tenía un plazo de cinco años a
contar desde el inicio de la ejecución del mismo, en abril de 2010. En marzo de este año, Capitanich informó que
a cuatro años de vida del proyecto, sólo se ejecutó el 28% de las metas y que de
los sitios emplazados en Córdoba continúan en estudio sobre cuál sería la mejor
medida de remediación”
La historia de una fábrica
que ninguna provincia quiere alojar
En 1982 comenzó a funcionar
una fábrica de dióxido de uranio en Alta Córdoba. En 1985, la Municipalidad
sancionó una ordenanza que prohibió ese tipo de industrias en la zona. Entonces
empezó a buscarse un destino para el traslado. Más de diez años después, en
1996, se creó Dioxitek. Varias ciudades integraron el listado de posibles
destinos (Mendoza, La Rioja, Río Tercero, Embalse). La planta sufrió también
varias clausuras. “Si es tan beneficiosa, ¿por qué la rechazaron en todos los
municipios del país? ¿Por qué la rechazó hasta Mendoza, que también tiene un
porcentaje del paquete accionario de la propia firma? Yo entiendo las
relaciones políticas, pero tampoco se puede entregar en bandeja a un pueblo por
negocios que supuestamente pueden beneficiar a unos pocos, y comprometer todo
el bienestar de una provincia entera”, se pregunta el senador nacional
formoseño Luis Petcoff Naidenoff, organizador de varias audiencias.
En noviembre de 2012, se
firmó un acuerdo entre Dioxitek, la Municipalidad y la CNEA para relocalizar la
planta en un plazo no mayor a 18 meses. Ese mismo año, la ciudad clausuró la
empresa, hasta que la firma se comprometió a trasladar la planta fuera del
municipio y la CNEA a remediar el basural de 57 mil toneladas de colas de
mineral de uranio.
A pesar del tiempo y la
ordenanza que lo prohíbe, la planta continúa en funcionamiento en Córdoba.
Ecologistas argentinos
protestan contra aumento de producción de papelera UPM
lainformacion.com - 22/06/14.- Unos 500 ecologistas y vecinos de Gualeguaychú (Argentina) se movilizaron hoy para protestar contra el aumento de la producción de una planta de celulosa instalada sobre la ribera uruguaya de un río fronterizo, lo que será recurrido por el Gobierno de Cristina Fernández ante el Tribunal de La Haya.
Convocados por la Asamblea
Ciudadana Ambiental, los manifestantes se trasladaron en caravana hasta el
puente internacional "General San Martín", fronterizo entre Argentina
y Uruguay, para reclamar por la planta que la finlandesa UPM (antigua Botnia)
tiene en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Una vez allí, los
ecologistas y vecinos leyeron un documento en el que solicitaron que se
ratifique el pedido de desmantelamiento de la planta "porque hay pruebas
de que es contaminante".
Los manifestantes,
alrededor de medio millar, según fuentes de la Gendarmería, rechazaron al
aumento de la producción de la papelera finlandesa, y advirtieron al Gobierno
de la presidenta argentina, Cristina Fernández, que "las deudas
ambientales también se pagan".
En declaraciones a una
radio local, Juan Veronesi, dirigente de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú,
señaló que desde que se supo la autorización del Gobierno uruguayo para el
aumento de producción de la planta de celulosa "tenemos más
indignación".
"Más producción es más
contaminación y en este sentido estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno
de volver a La Haya. Esperamos que ahora pueda demostrar la contaminación que
no pudo probar antes el Tribunal, porque ahora hay pruebas", añadió
Veronesi.
Uruguay autorizó el pasado
13 de junio a la papelera a incrementar su producción hasta alcanzar 1,3
millones de toneladas al año, una decisión que el Gobierno argentino consideró
"un gesto inamistoso" del Ejecutivo del mandatario uruguayo, José
Mujica.
Tras conocerse la decisión,
el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, envió una
misiva al canciller de Uruguay, Luis Almagro, en la que le reclamó dejar
"de inmediato sin efecto" el aumento de producción en la planta de
celulosa.
"El Gobierno argentino
ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la
propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010, para lo cual he dado
instrucciones de comenzar los procedimientos correspondientes", indicó
Timerman en la carta.
Igualmente, Timerman
informó a Almagro que el Gobierno argentino "procederá a reevaluar todas
las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el
funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales".
La instalación de la planta
de Botnia en 2005 fue motivo del peor conflicto bilateral en décadas entre
ambos países por el bloqueo que los vecinos de la localidad argentina de
Gualeguaychú mantuvieron durante varios años en el puente fronterizo.
Por este conflicto,
Argentina recurrió en 2006 a la CIJ, con sede en La Haya, que en 2010 determinó
que la planta no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a
su vecino sobre los detalles de la construcción.
El fallo ordenó, además,
crear una comisión conjunta para vigilar y controlar la contaminación en el
entorno de UPM.
A pesar de la oposición de
las autoridades argentinas, el Gobierno uruguayo otorgó la autorización de
ampliar la producción pero exigió que UPM rebajara el contenido de fósforo en
las aguas que se vierten al limítrofe río Uruguay y que se enfriara a menos de
30 grados la temperatura de las mismas.
La autorización definitiva
de Uruguay llegó una vez que la compañía acreditó haber cumplido con esas
condiciones medioambientales.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
