HIDROBOLETÍN FENTAP
Lunes 16
de junio de 2014 – Año IX – Edición 2003 – www.fentap.org.pe
La FENTAP
informa:
- Perú - Amazonas peruano: 30 años sufriendo la contaminación por petróleo. «Supone un peligro importante para las zonas más vírgenes y remotas de la región», advierte un grupo de expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona.
- Perú – Lambayeque - Sunass vuelve a rechazar pedido de Epsel para financiar pavimentación.
- Perú – Piura - Ciudadanos exigen salida de gerente de EPS Grau.
- Chile - La agenda ecologista después de HidroAysén. Tras celebrar el rechazo al megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia, los activistas centrarán sus esfuerzos en regularizar el uso del agua como un bien público.´
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Amazonas peruano: 30 años
sufriendo la contaminación por petróleo
http://www.abc.es – 16/06/14.- La contaminación
por petróleo ha afectado a la región
La
mayor parte de las selvas tropicales contienen reservas de gas y petróleo. En
el Amazonas peruano, la producción de dichos combustibles empezó en los años 20
y logró su máximo nivel en los 70. Sin embargo, la creciente demanda ha
provocado un nuevo repunte de las extracciones. Aproximadamente, el 70% del
territorio fue concesionado para la exploración petrolera entre 1970 y 2009.
Un
grupo de investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales y del
Departamento de Sanidad y Anatomía Animal de la UAB han elaborado una base de
datos de análisis químicos realizados en el Amazonas occidental entre los años
1983 y 2013, evaluando los vertidos ocasionales y crónicos que se han producido
a lo largo de los ríos de la selva amazónica. Los datos provienen de varias
fuentes, incluidas las agencias públicas peruanas y las compañías petroleras.
Mediciones de 9 contaminantes
«Hemos
estudiado los registros de contaminantes de 18 puntos de vertido de aguas de
formación -subproducto de la extracción petrolera- distribuidos en 10 afluentes
del río Amazonas, midiendo las variaciones de 9 contaminantes, entre ellos
plomo, mercurio y cadmio, durante los últimos 30 años», explica uno de los
autores, Raúl Yusta. «El 68% de las muestras estaban por encima de los límites
actuales permitidos en cuanto a las concentraciones de plomo y el 20% superaban
los niveles de cadmio. También pudimos comparar los niveles de contaminación
aguas arriba y abajo de los puntos de vertidos, encontrando 11 veces más
cloruros -indicadores de contaminación petrolera- río abajo», continúa Yusta.
«El
aumento de los niveles de contaminantes se debe a los vertidos de petróleo, a
la perforación y a la extracción; procesos que hasta ahora no se han controlado
de manera eficaz. Algunos de los contaminantes pueden pasar a las personas y
muchos de los terrenos donde se producen los vertidos son zonas de alimentación
de muchos animales, incluidas especies en peligro de extinción», indica Antoni
Rosell, codirector de la investigación.
«La
contaminación de las aguas superficiales debido a la extracción de petróleo se
redujo en la región hacia el 2008, cuando se inició la reinyección de las aguas
de formación. Pero hay un gran desconocimiento sobre la contaminación presente
en sedimentos, suelo, así como de la posible bioacumulación de metales pesados
en animales que la población indígena local pesca y caza para alimentarse»,
asegura Martí Orta, también codirector del estudio.
La
falta de información y la mayor demanda de combustibles fósiles genera una gran
preocupación a los expertos de la UAB sobre las consecuencias que podría tener
la ampliación de las fronteras para nuevos proyectos de explotación y
extracción en el Amazonas peruano.
EMPRESAS DE AGUA
Sunass vuelve a rechazar pedido de Epsel para
financiar pavimentación
http://www.larepublica.pe/ - 15/06/2014.-
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) por tercera
vez desautorizó a los funcionarios de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento de Lambayeque (Epsel) a desembolsar recursos del Plan de
Inversiones para el mejoramiento de la pavimentación de la urbanización
Campodónico y San Martín.
De
cumplirse con esta disposición, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh)
tendrá que asumir el costo total de esta obra valuada en casi 11 millones de
soles.
A
través del Oficio Nº 409-2014, el gerente de Supervisión y Fiscalización de
Sunass, Renzo Rojas Jiménez, informó al gerente general de la EPS, José Baca
Távara, que la reconsideración interpuesta por Epsel, tras prohibirse la
entrega de dinero del Plan Maestro Optimizado (PMO) para la pavimentación, no
resulta atendible.
El
funcionario explicó que se interpone un recurso administrativo cuando se
determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión.
Es
por eso que los Oficios Nº 299-2014, 345-2014, remitidos a Sunass, no
constituyen un recurso administrativo sino opiniones técnicas, afirmó Rojas
Jiménez.
En
otro punto del documento se especifica que a la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización no le corresponde pronunciarse sobre la modificación del Plan de
Inversiones por ser materia de
evaluación y autorización de la Gerencia
de Regulación Tarifaria.
Asumir obligaciones
El
director de Epsel, Rogerio Custodio Cachay, manifestó que en cumplimiento de
esta disposición, la empresa prestadora solo debe entregar un millón 800 mil
soles de los siete millones que se comprometió en aportar. “Este monto
corresponde a los primeros metros cuadros considerados en la pavimentación”, precisó.
CLAVES
Custodio
aseveró que Epsel entregó una primera valorización de un millón 200 mil soles para que el Consorcio Chiclayo
prosiga con sus labores.
Y
anotó que solo quedaría una diferencia de 600 mil soles. “La municipalidad debe
buscar el presupuesto restante”, recalcó.
Ciudadanos exigen salida de gerente de EPS Grau
CORREO
– 14/06/2014.- Portavoces del Frente de Defensa del Agua y Medio Ambiente
programaron una movilización para el día 26 de junio junto a dirigente de
distintos asentamientos humanos de Piura contra la Entidad Prestadora de
Servicios Grau.
El
motivo según alegaron es que el gerente general de dicha entidad Carlos Alva
debido a que lleva nueve años en el cargo y no ha mejorado la situación dentro
de la empresa.
Los agraviados señalaron: "No se ha
realizado una buena gestión, muestra de ello es que los servicios de
alcantarillado colapsan, hay contaminación de los drenes fluviales, hicimos
denuncia por la distribución de agua no apta para consumo humano, por ello el
26 quemaremos los recibos de agua frente a la empresa".
HIDROMUNDO
La agenda ecologista
después de HidroAysén
http://diario.latercera.com/
- 15/06/2014.- Para fines de mes, los ambientalistas y activistas del Consejo de
Defensa de la Patagonia preparan una gran cena de celebración por el término
del proyecto HidroAysén.
La convocatoria incluye a Robert Kennedy Jr. y el
equipo de la estadounidense Natural Resource Defense Council (NRDC); a Douglas
Tompkins, a su esposa, Kristine McDvitt, y a los directivos de su fundación
Conservation Land Trust, que pusieron buena parte de los más de US$ 4 millones
que costó la campaña contra el megaproyecto hidroeléctrico. Pero también a los
publicistas, intelectuales y colaboradores que participaron en la pelea que se
prolongó por ocho años y que se ha convertido en el mayor triunfo en la
historia del movimiento medioambiental chileno.
La batalla tuvo su punto cúlmine el martes 10, cuando
-de manera unánime- el Comité de Ministros del Medioambiente del gobierno de
Michelle Bachelet acogió las 34 reclamaciones que pesaban sobre la iniciativa
que pretendía construir cinco represas en la Patagonia, invalidando de paso su
Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
En la práctica, la instancia firmó el acta de
defunción del megaproyecto tras seis años de tramitación y cerca de US$ 320
millones de inversión de Endesa y Colbún.
Entre los dirigentes del Consejo de Defensa de la
Patagonia -movimiento que logró reunir a 80 ONG medioambientalistas y
organizaciones sociales en contra de HidroAysén- están conscientes de que
resultará casi imposible volver a levantar una campaña a nivel nacional e
internacional de la magnitud que tuvo la pelea contra el megaproyecto
hidroeléctrico. No sólo por los recursos financieros que dispusieron para su
embestida, impensables para los pequeños movimientos ecologistas chilenos, sino
también por el apoyo ciudadano que logró Patagonia sin Represas.
La presión de las expectativas -en todo caso- no es
exclusiva de los activistas, sino que también recae en La Moneda, respecto de
futuros proyectos energéticos y batallas medioambientales. El gobierno de
Bachelet, a diferencia del de su antecesor, Sebastián Piñera, mantiene fuertes
vínculos con los grupos ecologistas y un sector no menor de la Nueva Mayoría
-la coalición oficialista- no sólo simpatiza, sino que también impulsa algunas
de sus causas.
“Este triunfo potencia al movimiento ambiental,
porque HidroAysén se había convertido en un proyecto emblemático, pero también
tiene efectos prácticos, pues se acaban los gigantes energéticos. Con la
resolución se dio una señal muy potente en contra de un modelo y una política
energética que había permitido la concentración de la generación eléctrica en
muy pocos actores”, señaló Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología
Política y dirigente del movimiento contra HidroAysén.
Por lo pronto, el Consejo de Defensa de la Patagonia
ya decidió que no se va a disolver tras la resolución del Comité de Ministros
del martes 10. ¿Las razones? Aún mantiene temas pendientes.
El más urgente es esperar la decisión que tomen los
accionistas de Endesa y Colbún frente a la determinación del gobierno de
Bachelet, ya que luego del rechazo del Comité de Ministros tienen 30 días
-desde el momento en que son notificados formalmente- para definir si optan o
no por la vía judicial. Una alternativa que se evalúa en HidroAysén es recurrir
al Tercer Tribunal Medioambiental, con sede en Valdivia, para tratar de
revertir la medida.
“Patagonia sin Represas no se disuelve. Además de
seguir oponiéndonos a los proyectos hidroeléctricos que siguen pendientes,
vamos a participar en la creación del Estatuto de la Patagonia, que ordene y
establezca el desarrollo territorial de la región”, afirmó Patricio Rodrigo,
secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia.
Más allá del futuro de HidroAysén, megaproyecto que
pretendía construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, con una
inversión cercana a los US$ 10.000 millones para producir 2.750 megawatts, en
la región de Aysén hay otros tres proyectos hidroeléctricos que están en
distintas fases de tramitación para obtener la autorización medioambiental:
Puelo, Manso y Río Cuervo, este último está paralizado porque los
ambientalistas presentaron recursos en tribunales, pues el proyecto no incluyó
estudios geológicos, pese a que la represa estaría emplazada sobre una falla
geológica activa.
A fines de enero, durante un encuentro de los líderes
del Consejo de Defensa de la Patagonia que se realizó en el fundo que el
matrimonio Tompkins tiene en Cochrane, ya sabían con un 90% de certeza que el
proyecto de HidroAysén estaba muerto.
Bajo esas expectativas, los líderes ambientalistas
definieron los pasos siguientes al fin del megaproyecto hidroeléctrico. “Vamos
a ir tras las aguas de Endesa”, resolvieron los más de 30 dirigentes reunidos.
La premisa que los convenció de la embestida apuntaba
a que “mientras Endesa esté preocupado de defender sus derechos de agua no
seguirá pensando en construir represas”, explicó uno de los ambientalistas que
estuvo en esa reunión.
Endesa tiene cerca del 80% de los derechos de aguas
no consuntivos en Chile, los que recibió gratis tras la privatización de la
empresa. A pesar de que HidroAysén no pueda construirse en los próximos años,
Endesa seguirá teniendo los derechos de agua en las cuencas de los ríos Baker y
Pascua, por lo que en el futuro podría presentar nuevos proyectos
hidroeléctricos en esa zona.
El primer paso de los ambientalistas es lograr que se
cambie el Código de Aguas chileno, que data de 1981, para que se consagre el
agua como un derecho humano y por ende, le otorgue al Estado la potestad de
definir las prioridades en el uso del agua. Primero para consumo humano de agua
potable, para la agricultura y la producción de alimentos, después para la
industria, primero hidroeléctrica y en último término, para la minería.
Este es sólo un primer paso. El segundo es que en la
nueva Constitución planteada por Bachelet se consagre el agua como un bien de
uso público y se le den las potestades al Estado para fiscalizar e intervenir
en las concesiones.
El anuncio lo hizo la Mandataria en la cuenta pública
del 21 de mayo, tras lo cual se constituyó el Comité Hídrico, que se abocará a
implementar la estrategia del gobierno respecto del uso de este recurso.
La semana pasada, los ministros Ximena Rincón
(Segpres) y Alberto Undurraga (Obras Públicas) se presentaron en la Comisión
del Agua de la Cámara de Diputados, que preside Denise Pascal, y pidieron
detener la tramitación del proyecto de ley para cambiar el Código de Aguas que
se estaba trabajando desde el 2008. En la comisión faltaban por votar sólo tres
artículos; sin embargo, el gobierno les pidió esperar el envío de una moción
sustitutiva. Fijaron un plazo de ocho semanas.
La decisión sobre HidroAysén generó inquietud en el
empresariado y en sectores que consideran que la señal del Comité de Ministros
podría poner en jaque proyectos de inversión similares, con el impacto que
tendría una situación de esa naturaleza en la política energética del país.
Apenas tomada la resolución, el ministro de Energía,
Máximo Pacheco, se apresuró a explicar que el gobierno no ha renunciado a
desarrollar el potencial hidroeléctrico de la zona de Aysén, respetando a las
comunidades y el medioambiente, e hizo hincapié en que el rechazo al proyecto
de Endesa y Colbún no implicaba un “veto” a las hidroeléctricas de gran tamaño.
Ahora, uno de los desafíos de La Moneda es lograr
compatibilizar las expectativas que generó en los medioambientalistas la decisión
de los secretarios de Estado con agenda energética comprometida por el propio
gobierno.
Desde el mundo medioambiental le han enviado señales
al ministro Pacheco de que no pondrán obstáculos a una mayor gasificación de la
matriz energética en los próximos años, siempre y cuando cumplan las
termoeléctricas con las normas medioambientales y exista un manejo territorial
adecuado. La condición es que estas termoeléctricas a gas sean sólo una medida
de transición mientras se desarrollan proyectos de ERNC. Al gas, además, no le
quedan más de 20 años de explotación industrial antes de que las reservas se
agoten y sus precios se disparen, por lo que será obligatorio emigrar hacia
otras fuentes de generación.
Pero todos están convencidos de ese camino. Y con los
ojos puestos en lograr el 100% de ERNC en la matriz energética, apuestan a
potenciar las políticas de eficiencia en el sector.
Con todo, en el gobierno deben lidiar con las
expectativas generadas tras HidroAysén y la incertidumbre que se generó en el
sector privado respecto de la agenda energética, en especial luego del portazo
al emblemático proyecto.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
