HIDROBOLETÍN FENTAP
Lunes 23
de junio de 2014 – Año IX – Edición 2008 – www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
- Ginebra - Más de 80 países reclaman que la ONU penalice los abusos de multinacionales. Habilitar un marco jurídico vinculante para las multinacionales y garantizar que las víctimas de abusos de derechos humanos por parte de estas empresas puedan acceder a mecanismos mediante los que recibir protección, justicia y reparación. Son, a grandes rasgos, las dos exigencias que tanto Ecuador, con el respaldo de más de 80 países, y la red mundial de la sociedad civil Alianza por el Tratado (Treaty Alliance), en nombre de más de 500 organizaciones, está reclamando en la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
- Ecuador - Estudio: Chevron causó contaminación generalizada en selva ecuatoriana. Un informe elaborado por un equipo de científicos norteamericanos determinó que la petrolera Chevron causó contaminación tóxica generalizada a las tierras ancestrales indígenas en la selva tropical de Ecuador.
_____________________________________________________________________
Más de 80 países reclaman
que la ONU penalice los abusos de multinacionales
María Cappa
http://www.alainet.org/ - 22/06/2014.- Habilitar
un marco jurídico vinculante para las multinacionales y garantizar que las
víctimas de abusos de derechos humanos por parte de estas empresas puedan
acceder a mecanismos mediante los que recibir protección, justicia y
reparación. Son, a grandes rasgos, las dos exigencias que tanto Ecuador, con el
respaldo de más de 80 países, y la red mundial de la sociedad civil Alianza por
el Tratado (Treaty Alliance), en nombre de más de 500 organizaciones, está
reclamando en la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que
concluirá el próximo 27 de junio. Dos peticiones con muchos puntos en común,
pero también con recorridos, consecuencias y reivindicaciones algo distintas.
La
más antigua y la más completa de las dos es la elaborada por la Campaña
Internacional Desmantelando al Poder Corporativo, que aglutina a cientos de
organizaciones civiles que llevan, al menos, seis años trabajando sobre este
tipo de propuestas. La génesis de la Campaña fue el Tribunal Permanentes de
los
Pueblos (TPP), una herramienta de la Fundación Lelio Basso que, entre 2006 y
2010, actuó como un tribunal ético, con un gran impacto mediático gracias a que
quienes conformaban el jurado eran juristas, jueces y defensores muy
reconocidos de DDHH.
Estos
tribunales actuaron como una herramienta fundamental para hacer visible cómo
las violaciones que cometen las multinacionales en América Latina, África y
Asia son sistemáticas. Tal y como explica la investigadora del Observatorio de
Multinacionales en América Latina (OMAL) Erika González, este tipo de
violaciones abarcan todos los ámbitos de los DDHH. Por un lado, “políticos y
civiles por medio de la represión militar y paramilitar de las oposiciones
sociales a grandes proyectos de multinacionales, represión, persecución,
asesinato o detenciones”.
Pero
también violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, “cuando se
impide a la población acceder a bienes básicos para una vivienda digna como son
las pensiones, el agua o la electricidad, derechos colectivos relacionados con
los desplazamientos de los que son víctimas tanto las poblaciones campesinas
como los pueblos indígenas, violación de los derechos ambientales por la
destrucción de ecosistemas, acuíferos, zonas protegidas y parques nacionales”,
explica González.
El
último de los juicios que el TPP realizó fue en Madrid en el año 2010. Allí
volvieron a constatar que empresas como Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II,
Bayer, BBVA, HSBC, Banco Santander, Benneton, Endesa, Unión Fenosa, Telefónica
Pescanova o Repsol YPF han destruido el medio ambiente, vulnerando los derechos
laborales básicos y obligando a comunidades autóctonas a abandonar sus hogares
para dejar vía libre a la construcción de las empresas en determinados lugares.
Los
ejemplos más recientes, tal y como recuerda González, son “el desastre de 2013
en Rana Plaza, Bangladesh, que quitó la vida a 1132 trabajadores (en su mayoría
mujeres), la masacre de 2012 de Marikana que mató a 34 mineros en Sudáfrica, la
creciente destrucción causada por Shell en la región de Ogoni y por Chevron en
la Amazonia ecuatorial así como las violaciones de los derechos humanos
relacionadas con la Mina de carbón en Cerrejon, Colombia”.
Todos
estos ejemplos no son más que una muestra de la impunidad de la que gozan las
multinacionales, a pesar de que la ONU insiste en que hay un consenso
internacional respecto a la funcionalidad de los dos mecanismos con los que
cuentan actualmente: el Global Compact y los Principios Rectores sobre Empresas
y Derechos Humanos, elaborados por John Ruggie, que actúan más como
recomendaciones que como herramientas coercitivas de obligado cumplimiento. “Ya
sea por la Organización Mundial del Comercio, por los tratados de libre
comercio, por los tratados bilaterales de inversiones o por los tratados que
realizan las empresas multinacionales, la realidad es que se ha generado una
armadura legal que protege a estas empresas, sus derechos comerciales están
contemplados en contratos muy eficaces, que si un Estado no lo cumple, la
empresa lo denuncia ante un tribunal de arbitraje como es el Ciadi en el Banco
Mundial o La Haya en el de la ONU”, denuncia González.
Tal
y como se ha demostrado en la práctica, “la mayoría de esas sentencias se
resuelven en contra de los Estados; es decir, que encima son los países los que
tienen que pagar una multa a la empresa. Una muestra clara de que los derechos
de estas empresas están fuertemente garantizados en oposición a los DDHH, que
están integrados en lo que se conoce como “derecho blando” ya que no hay
mecanismos eficaces que se respeten. Ni las comunidades, ni las organizaciones
ni siquiera un Estado puede denunciar a una empresa ante una instancia
internacional”, recuerda.
La propuesta de Ecuador
Fue
en septiembre del año pasado, en el marco de la 25ª sesión del Consejo de DDHH,
cuando la Misión de Ecuador ante la ONU promovió por primera vez un una
declaración que hablaba sobre la necesidad de elaborar de manera inmediata un
tratado que obligara a las multinacionales a respetar los derechos de los
ciudadanos y la normativa de los países en los que decidían instalarse. Esta
declaración contó con el apoyo del Grupo Africano, el Grupo Árabe, Pakistán,
Sri Lanka, Kirguistán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Perú. En total,
más de 80 países entre los que destacan las ausencias de países aparentemente
afines como Argentina o Uruguay.
Para
la investigadora de OMAL, la postura de Ecuador respecto a la necesidad de
proponer este debate en la ONU “viene tanto de lo que ya estaban moviendo las
organizaciones internacionales como del problema que ha tenido el Gobierno con
Chevron, empresa que recientemente lo ha demandado ante el tribunal de La Haya
por la multa ejemplar que le impusieron los tribunales ecuatorianos, no sólo
para no tener que pagar la multa sino para que Ecuador tenga que indemnizar a
esta empresa por daños y perjuicios. A diferencia de los movimientos sociales,
la iniciativa de Ecuador -que Erika González cree que irá en la línea de lo
propuesto por John Ruggie y contendrá reivindicaciones más ambiguas- está
relacionada con un trabajo institucional. Esta propuesta será la que, junto con
el resto de los países que la secundan, tenga posibilidades de que se lleve a
cabo ya que, como recuerda González, “quienes participan en la ONU son los
Estados, no las organizaciones sociales”.
A
pesar de las más de 80 naciones de todo el mundo que apoyan la iniciativa de
Ecuador, el papel global de los gobiernos cuyos ciudadanos son víctimas de
abusos por parte de muchas multinacionales no es homogéneo. Por un lado están
los países cómplices como, según señala Erika González, Colombia, Perú,
Guatemala o México, que son ejemplos claros “de gobiernos funcionales a los
intereses de las transnacionales; todas sus decisiones políticas y sus leyes
benefician las inversiones y los negocios de las transnacionales y se priorizan
en detrimento de los DDHH”.
En
el lado opuesto hay otros gobiernos, “como Venezuela, Bolivia, Ecuador, que
están dentro del ALBA, y, en algunas cosas también Argentina, que han tomado
decisiones o han elaborado leyes que incrementan la soberanía de los gobiernos
del sur en la toma de decisiones políticas, que han repercutido negativamente
en los intereses comerciales de las empresas transnacionales”. Aunque González
destaca que esto no quiere decir que se opongan férreamente a las multinacionales.
De hecho, en Bolivia, Venezuela y Ecuador “siguen trabajando transnacionales en
sectores como la minería o el petróleo que siguen atentando contra el medio
ambiente y contra los derechos de los indígenas o de las comunidades cercanas a
las zonas donde se establecen, y sus gobiernos siguen firmando acuerdos y
contratos con ellas”.
Semana de reivindicaciones
en Ginebra
Durante
la última semana de la 26ª sesión Consejo de Derechos Humanos de la ONU (entre
el 23 y el 27 de junio), la Campaña Internacional Desmantelando al Poder
Corporativo tiene prevista en Ginebra una serie de movilizaciones con dos
objetivos claros. Primero, presionar a los integrantes de la ONU encargados de
decidir si la resolución que ha presentado Ecuador sale adelante. Pero también
conseguir la mayor visibilización posible para el tratado que las
organizaciones sociales han elaborado (más exhaustivo de lo que, probablemente,
haya presentado el gobierno de Rafael Correa) y que se presentará durante la
semana de movilizaciones.
Las
posibilidades reales de que la ONU habilite mecanismos para juzgar de manera
efectiva a las multinacionales son escasas. Ya en 2011, cuando se aprobaron los
Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y DDHH, las organizaciones
sociales lograron que se colara en el debate la necesidad de elaborar un
tratado internacional vinculante. Sin embargo, el propio John Ruggie, relator
especial de la ONU sobre este asunto y responsable de la elaboración de estos
principios rectores, se mostró reticente al respecto. Y es que, según afirmó,
dado que hay 80.000 multinacionales, y millones de subsidiarias más, supervisar
el cumplimiento de este tratado superaría la capacidad de la mayoría de los
gobiernos, y si se creara un organismo supranacional a tal efecto, le ocurriría
lo mismo.
Por
su parte, Erika González valora positivamente que en algunos países, gracias a
la resistencia y la lucha, protagonizadas por los movimientos sociales durante
años, se ha conseguido llevar a juicio a algunas transnacionales y que se reconozca
oficialmente que ha habido una violación de DDHH. “Un ejemplo muy claro es el
de Chevron, en Ecuador, después de más de 10 años de lucha por parte de las
comunidades afectadas. O el caso del pueblo mapuche, en Argentina, contra
Repsol y contra YPF por todos los años de contaminación de su territorio y que
había repercutido en su población”.
En
otras ocasiones, los países donde tenían establecida la sede las
multinacionales han juzgado a estas empresas gracias a los mecanismos de
extraterritorialidad. “Por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional denunció
a los tribunales holandeses la violación de DDHH e impacto ambiental de Shell
en el Delta del Níger y el año pasado consiguió que un tribunal juzgara algo
que había hecho una empresa de su país en otro lugar”. Pero son casos aislados
y, a veces, poco eficaces, ya que las multinacionales condenadas deciden no
cumplir con la pena que se les impone sin sufrir ninguna consecuencia. Y esta
una de las herramientas básicas que exigen desde la Campaña: “Que se pueda
juzgar a las empresas en sus países de origen por una vulneración de derechos
cometida en otros lugares”, concluye González.
HIDROMUNDO
Estudio: Chevron causó
contaminación generalizada en selva ecuatoriana
http://www.rpp.com.pe/ - 20/06/2014.- Un
informe elaborado por un equipo de científicos norteamericanos determinó que la
petrolera Chevron causó contaminación tóxica generalizada a las tierras
ancestrales indígenas en la selva tropical de Ecuador.
Los científicos eligieron
los sitios basados en una muestra representativa de los aproximadamente 375
pozos contaminados e instalaciones de producción construidas y operadas por la
compañía Texaco predecesora de Chevron entre 1964 y 1992.
El informe, publicado por
el grupo Louis Berger (LBG), una consultora Estados Unidos, también encontró
que Chevron se encuentra comprometido en un encubrimiento elaborado para
ocultar la información a la corte del Ecuador durante el juicio de Lago Agrio
que duró desde 2003 al 2011.
Los hallazgos del informe
de LBG esencialmente confirman los resultados de la corte de Ecuador que
Chevron es responsable de la contaminación generalizada.
Los científicos encontraron
contaminación extensa que todavía, más de dos décadas después de que Texaco se
retiró del país andino, plantea un riesgo significativamente mayor a la
población local de cáncer y otros problemas de salud relacionados con el
petróleo.
CORREA: PERITOS DE CHEVRON HALLARON CONTAMINACIÓN
EN AMAZONÍA
En declaraciones recientes,
el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que informes obtenidos por el
Estado ecuatoriano revelan que peritos contratados por la multinacional
estadounidense Chevron constataron los daños ambientales causados por la
compañía en la amazonía ecuatoriana.
El gobernante sudamericano
dijo que la multinacional, condenada por la justicia ecuatoriana a pagar 9.500
millones de dólares de indemnización por los daños, llevó a cabo
"preinspecciones" antes del juicio por los daños.
Según dijo, Chevron
"contrataba peritos para que vayan a hacer inspecciones en los diferentes
pozos" con la intención de indicar después a los peritos del tribunal
lugares que no resultaron contaminados, pero sus propios expertos le informaron
que sí había daños ambientales.
“Defender el Agua es
Defender la Vida”