HIDROBOLETÍN FENTAP
Lunes, 16 de setiembre de 2013 – Año VIII – Edición 1818 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP
informa:
- Perú - Minería ilegal mueve US$ 2,600 millones. En Madre de Dios de 30 mil mineros, ni uno solo se ha formalizado.
- Perú - Continúan colapsos. Posible deficiencia de alcantarillas en hospital regional provoca la inundación. Yehude Simon llegó a PJ Santo Toribio de Mogrovejo y anunció denuncia.
- Colombia - Piden reducir el páramo de Santurbán. “La petición se sale de todos los procedimientos”: Instituto Humboldt. El gobernador de Santander le pidió al presidente Santos que la delimitación final del páramo sea igual a la del Parque Natural declarado en enero. Expertos creen que el 90% del vital ecosistema quedaría desprotegido.
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Minería ilegal mueve US$ 2,600 millones
En
Madre de Dios de 30 mil mineros, ni uno solo se ha formalizado
http://www.inforegion.pe/
- 15/09/2013.- ¿Quiénes ganan con el entrampamiento? Según cifras oficiales de
la Región Madre de Dios, solo 280 informales iniciaron los trámites, pero nadie
concluyó el proceso, cuyas normas contienen vacíos y contradicciones. Por otro
lado, se calcula que la minería ilegal mueve alrededor de US$ 2,600 millones.
En esta tierra devastada por la fiebre del oro, la
ley es lo último que se conoce. Transcurridos 19 meses desde que el gobierno
convocó a los pequeños mineros
artesanales de todo el país para que se formalicen, ni uno solo lo ha
conseguido en Madre de Dios, la tercera región con mayor producción de oro en
el territorio nacional.
Desde que en febrero de 2012 cuando se inició el
proceso, nada más que 280 mineros auríferos iniciaron el trámite de
formalización ante la Dirección Regional de Energía, Minas y Carburos (DREM).
Pero ninguno lo ha concluido. Es decir, nada ha cambiado. Todo sigue igual. El
reino del caos se mantiene.
En el corredor minero de Madre de Dios, ubicado en la
margen derecha de la carretera Interoceánica, se han establecido 30 mil mineros
informales que trabajan en las 2,049
concesiones entregadas por el Estado. El 93 % de esos hombres y mujeres
trabajan como “invitados” de los mineros titulares.
De acuerdo con el jefe de la DREM, Milder Oyola, la
poca presencia de mineros interesados en formalizarse se debe en parte a que la
normatividad es complicada.
“Hay muchas cosas que no están claras que entrampan
el proceso de formalización. El problema más grande es la tenencia de tierras”,
explica Oyola.
El proceso de formalización reglamentado por el
Estado consta de cinco pasos.
El primero es la presentación de la declaración de
compromiso con la que el minero expresa
su voluntad de formalizarse.
El segundo paso es la acreditación de titularidad
sobre el terreno que explota. En este
caso, en Madre de Dios únicamente 2,049 mineros cuentan con títulos de
concesión, y el resto –unos 28 mil– trabajan como “invitados” de los titulares.
Pero es el tercer paso lo que impide avanzar en el camino a la legalización.
Se trata de la autorización del uso del terreno
superficial donde el minero va a desarrollar su actividad. En el caso del corredor minero de Madre de
Dios, hay predios agrícolas y concesiones forestales sobre las concesiones
mineras. Es decir, hay una superposición
de derechos sobre un mismo terreno.
De las 2,049 concesiones en el corredor minero de
Madre de Dios, en un total de 1,100 (53%, más de la mitad) se presenta el
problema de la entrega de un mismo territorio para diferentes usos.
“Es por el problema de la tenencia de tierras que los mineros no vienen a seguir acogiéndose a
la formalidad. No saben cómo avanzar y es algo que la ley no había previsto. Es
el gobierno central el que debe dar la solución”, dijo el titular de la DREM,
Milder Oyola.
Eso es lo que precisamente le sucedió al pequeño
minero Juan Layme Condori. Se presentó en el proceso de formalización en
febrero de 2013. No obstante que era el titular
de la concesión minera y agrícola en
su propiedad, no le dieron permiso para el uso del terreno superficial
porque este tenía, además, una concesión forestal que no le pertenecía. El 3 de
setiembre de este año –hace unos días– la DREM rechazó la solicitud de Layme.
TIERRA
QUEMADA
El cuarto paso para la formalización es la
presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo, documento en el
que el minero plantea estrategias para mitigar el impacto de su actividad.
El
quinto y último paso es la autorización
del uso de agua.
En un primer momento los mineros presentaban los
documentos del cuarto paso, a pesar de que la norma exige el cumplimiento de
los anteriores. La DREM tuvo que devolver
los expedientes.
“Por este entrampamiento los mineros informales han
resuelto no seguir con el trámite. No saben cómo avanzar porque hay un vacío en
la ley sobre el problema de la tenencia de tierras”, señaló el titular de la
DREM, Milder Oyola.
La destrucción de 100 maquinarias, entre tracas,
embarcaciones, cargadores frontales, retroexcavadoras y volquetes de los
mineros informales, entre el 27 y 30 de agosto, ha sido tomada como una
traición.
“El objetivo no es formalizar a los mineros sino
eliminar la actividad minera en esta parte del país, esa es la verdad”, afirmó
el presidente de la Federación de Mineros Informales de Madre de Dios
(Fedemin), Luis Otxuca Salazar.
Sin embargo, para el Ministerio Público y para la
Capitanía de Puerto de Madre de Dios, el operativo de desmantelamiento de las
maquinarias se cumplió porque los informales cometían delitos en el corredor
minero.
“Están consideradas como actividades mineras ilegales
las que se registran en los cauces de los ríos. Estamos facultados para
intervenir en este tipo de casos y eso es lo que hicimos”, dijo una fuente del
Ministerio Público en Madre de Dios.
El titular de la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas en la región, capitán de Corbeta Jesús Menacho Piérola, explicó el
papel que desempeñó en la reciente operación contra la minería ilegal.
“Aquí se tergiversa la verdad. Si bien se ha ampliado el
plazo para la formalización de los mineros informales y el cese de las
interdicciones en tierra, no se puede
hacer minería en el río porque está prohibido por ley”, dijo Menacho.
“El Decreto
Legislativo N° 1100 prohíbe la minería en el curso de agua y el N° 1102 incluye
el delito de minería ilegal en el Código
Penal, que lo sanciona con prisión efectiva de 8 a 10 años. Los mineros
informales se vuelven ilegales cundo trabajan en río”, apuntó el capitán de Corbeta.
SOBRE
LA LEY
La decisión del Ejecutivo de ampliar el plazo para la
formalización, del 5 de octubre de 2013 al 19 de abril del 2014, no tiene eco
en esta zona.
“No se trata de ampliar el plazo sino de revisar y
modificar las normas, especialmente el Decreto Legislativo N° 1100, que prohíbe
la explotación del oro en cauces de río y penaliza el uso de maquinarias”,
indicó el dirigente Luis Otxuca.
“Queremos que
se revise el decreto 1100 porque no es
viable la formalización como está planteada. Tampoco queremos que mientras
conversamos en la mesa de diálogo con el gobierno, se ejecuten operativos de
destrucción de maquinarias. Nosotros no fuimos los que pateamos el tablero”,
arguyó el asesor legal de la Fedemin, Eduardo Salhuana Cavides, exministro de
Justicia durante el gobierno de Alejandro Toledo.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental estima que
cada año se extraen 16 toneladas de oro en Madre de Dios, valorizadas en
aproximadamente 1,700 millones de soles. El movimiento de semejante cantidad de
dinero es lo que explica la presencia de 30 mil mineros informales. Por primera
vez, el Estado trata de ordenar la actividad que progresivamente destroza el
medio ambiente. La resistencia, sin embargo, es tenaz.
“Los mineros informales tienen dos prohibiciones que
anulan todo intento por formalizarse: la explotación en los cursos del agua y
el uso de las maquinarias. Si la mayor parte del oro en Madre de Dios está en
los ríos, ¿de qué estamos hablando? Por otra parte, no podemos usar las
maquinarias, pero no nos dicen qué tipo de herramientas usar. Preguntamos y
nadie sabe dar respuesta”, graficó Eduardo Salhuana.
El dirigente de los mineros informales de Huepetue,
Tomás Díaz Alcántara, manifestó que los miembros de su gremio están a favor de
la formalización, pero reclamó modificar las leyes para que sean comprensibles
y aplicables.
“La ley nos permite remover 3 mil metros cúbicos de
tierra, pero nos prohíbe el uso de maquinaria. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Con
pico y pala? Imposible”, dijo.
Policías
cobran coimas por el paso de combustible en zonas mineras
Para el ingreso de combustible en las zonas de
explotación de oro, algunos efectivos de la policía cobran por cada cilindro 50
soles. Si una cisterna lleva mil galones, el efectivo gana 1,000 soles.
Para dejar pasar motores de succión, los policías
cobran 20 gramos de oro, o su equivalente: 2 mil soles.
Hay otros precios: por una bomba cobran 50 soles, por
el ingreso de manguera piden hasta 100 soles. Y por los tubos, entre 20 y 50
soles.
El cobro de coimas se define en función del costo de
lo que los mineros informales pretenden hacer ingresar.
La República recogió la versión de los propios
mineros informales sobre estos sobornos, quienes sostienen que es algo
“completamente normal”.
Las autoridades conocen de este tipo de prácticas,
pero poco o nada hacen para erradicar la corrupción policial.
Hasta hace un mes y medio, funcionaba un puesto
policial en el kilómetro 105 de la carretera Interoceánica. Pero debió ser
clausurado debido a las sucesivas denuncias de corrupción contra los efectivos
policiales que cobraban coimas a todo el que se le cruzara. (María Elena
Hidalgo/Cortesía La República)
HIDROREGIONES
HIDROMUNDO
“La
petición se sale de todos los procedimientos”: Instituto Humboldt
Piden reducir el páramo de Santurbán
El
gobernador de Santander le pidió al presidente Santos que la delimitación final
del páramo sea igual a la del Parque Natural declarado en enero. Expertos creen
que el 90% del vital ecosistema quedaría desprotegido.
http://www.elespectador.com/ - 13/09/2013.- Aunque la nueva ministra de Ambiente, Luz Elena Sarmiento, acaba de dar un plazo de tres meses para presentarle al país los nuevos límites del páramo de Santurbán, que ya fueron trazados por el Instituto Humboldt y que inevitablemente van a tener grandes repercusiones para las actividades económicas de alta montaña (como la ganadería, la agricultura y la minería), el gobernador de Santander, Richard Aguilar, quiso adelantarse al trámite y le solicitó al presidente Juan Manuel Santos que los lindes del páramo coincidan con los del Parque Natural Regional Santurbán, declarado en enero.
En una carta que el portal La Silla Vacía dio a
conocer ayer, el gobernador Aguilar le dice al presidente que el proceso de
delimitación de páramos está “exponiendo a la comunidad a un estado de
incertidumbre y desestabilización de la economía” de quienes viven en zonas que
fueron declaradas áreas protegidas, y habla de los despidos masivos de
trabajadores vinculados a las empresas mineras que se encuentran en la zona y
de las “múltiples peticiones de las comunidades” que reclaman su derecho al
trabajo.
“Teniendo en cuenta que Santander es un departamento
minero”, el gobernador le solicitó al presidente Santos “hacer coincidir, en lo
posible, el proceso de delimitación del Parque Natural Regional con el del
páramo de Santurbán”, una propuesta que a los ojos de organizaciones
ambientales como la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio
Ambiente (AIDA), codirigida por la doctora en ciencias de la Universidad de
Yale Anna Cederstav, es a todas luces descabellada.
“Tenemos entendido que el Parque Natural Regional
Santurbán sólo estaría protegiendo el 10% de un gran sistema de páramos”, dice
Cederstav, “y los graves impactos ambientales que traerían las explotaciones
mineras serían devastadores para estos ecosistemas. Está comprobado que los
daños no sólo afectarán las zonas de extracción sino las aguas y el aire que
las rodean. En Bolivia, los desechos de la mina en el cerro Porco, en Potosí,
se extendieron por 800 kilómetros de río”.
Para la directora de AIDA, el Gobierno deberá
entregarles otras alternativas económicas a los campesinos que se han dedicado
a la ganadería y la minería en los páramos, porque de lo contrario se pondría
en riesgo el agua que abastece a más de dos millones de habitantes.
De acuerdo con Brigitte Baptiste, directora del
Instituto Humboldt, la petición del gobernador “se sale de todos los
procedimientos”, pues no está ajustada al método con el que se están
delimitando los páramos de Colombia. “La manera en que se designa un área
protegida regional es técnica y políticamente muy distinta a la designación
científica de un páramo. Santurbán es muy extenso y gran parte de sus
ecosistemas quedaron por fuera del Parque” (ver mapa).
Sin embargo, “el Instituto respaldará la decisión que
tome el Ministerio de Ambiente frente a este tema”, indicó Baptiste.
Aunque la polémica propuesta del gobernador Aguilar
es bien vista por algunas comunidades y empresas mineras que tienen intereses
de expansión en la zona, como Eco Oro (antigua Greystar), llama la atención que
la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
también avale la solicitud.
“Lo expresado por el señor gobernador refleja el
sentir de las organizaciones de base que están asentadas en la zona. Creemos
que si la línea de páramo corresponde con la del Parque, se cumplirá con las
expectativas de conservación”, le dijo a El Espectador el director encargado de
la autoridad ambiental, Luis Alberto Flórez.
Antes de que el Ministerio de Ambiente emita alguna
respuesta frente al tema, los ambientalistas recuerdan que el presidente Santos
prometió que respetaría la detallada delimitación entregada por el Instituto
Humboldt y que la Corte Constitucional ha sido clara en estipular (sentencia
C-339 de 2002) que en Colombia las zonas excluidas de minería no se pueden
limitar a las áreas protegidas por el sistema de Parques Naturales.
“Defender el Agua es Defender la Vida”