martes, 17 de septiembre de 2013

HIDROBOLETÍN FENTAP Miércoles, 18 de setiembre de 2013 – Edición 1820



HIDROBOLETÍN FENTAP
Miércoles, 18 de setiembre de 2013 – Año VIII – Edición 1820 – www.fentap.org.pe

La FENTAP informa:
  • Perú - Sedam Huancayo pagaría a la Sunass una multa de 100 a 250 UITs.
  • Perú – Piura - "Contra la minería ilegal no se ha hecho nada". La minería ilegal es una de las mayores preocupaciones para la región, por la contaminación que genera y porque detrás de ella puede estar la delincuencia organizada.
  • México - Privatización del agua incrementará tarifas hasta 700%, advierten.
  • Cuba - Evaluarán formas de reducir emanaciones contaminantes.
  • Ginebra - La Internacional de Servicios Públicos denuncia el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios. Se llaman a sí mismos los “verdaderos buenos amigos de los servicios” pero están vendiendo nuestras comunidades. (Documento)
_____________________________________________________________________

Sedam Huancayo pagaría a la Sunass una multa de 100 a 250 UITs

CORREO – 16/09/2013.- La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), órgano controlador del servicio de agua potable, ha iniciado un procedimiento sancionador en contra de la empresa Sedam Huancayo.
El proceso sería por la presunta comisión de infracciones graves, como el hecho de que la empresa no cumple con el incremento anual de conexiones domiciliarias de agua potable, ni de alcantarillado, menos con el incremento de instalaciones de medidores, entre otros.
Sedam Huancayo sería sancionada con el pago de 100 a 250 UITs

HIDROREGIONES

"Contra la minería ilegal no se ha hecho nada"

http://diariocorreo.pe/ - 16/09/13.- La minería ilegal es una de las mayores preocupaciones para la región, por la contaminación que genera y porque detrás de ella puede estar la delincuencia organizada.

NADA CONTRA ILEGALES.
El congresista Juan José Díaz Dios diferenció al minero llamado informal, que tiene permiso de concesión, pero le falta alguno de los requisitos para estar totalmente en la formalidad.
Sin embargo, el minero ilegal es aquel que realiza acciones contaminando el medioambiente, incluso en zonas totalmente prohibidas.
"Lo extraño es que este gobierno al parecer se ha ido a una guerra abierta contra la minería informal. Sin embargo, respecto a la minería ilegal, que realmente daña el medio ambiente y es donde los sicarios y la delincuencia hacen de las suyas, no se ha hecho absolutamente nada. Es más se han ampliado los plazos para que los ilegales, sigan por ejemplo en el caso del oro, comercializando sin ningún problema", expresó el parlamentario de Fuerza Regional.
Dijo que este tema se verá pronto en comisión en el Congreso. "Nuestra bancada está comprometida con el medio ambiente, con la formalidad sobre todo, pero al parecer el gobierno no sabe diferenciar entre la minería que está formalizándose y la minería ilegal, que simplemente se desarrolla en áreas prohibidas", expresó Juan José Díaz.
El parlamentario resaltó que el gobierno debería concentrar sus esfuerzos en la minería ilegal y brindar a la minería informal las facilidades del programa de formalización.
"Desde el Congreso vamos a seguir con nuestra lucha para que los mineros ilegales sean combatidos, un minero ilegal es por ejemplo el que usa dragas, no tienen ningún tipo de control, ni permiso, ni concesión, no tienen ningún documento y ejercen la actividad en zonas absolutamente prohibidas", expresó.

BOMBA DE TIEMPO.
En el caso de Piura "corremos un grave riesgo, sabemos que puede pasar pronto un Fenómeno El Niño, todos los relaves, el mercurio, que no tienen ningún control, podrían destrozar la agricultura de Tambogrande, incluso afectar la salud de todos los piuranos", resaltó el congresista.
Señaló que ha conversado personalmente con el ministro de Energía y Minas en varias oportunidades y están coordinando para los próximos meses o lo más pronto posible una reunión en Piura, porque la minería ilegal es "una bomba de tiempo", que no se ha tomado con la seriedad del caso.

MINERÍAS FORMAL E ILEGAL.
El exdecano del Colegio de Economistas de Piura y profesor de la Facultad de Economía de la UNP, David Ordinola Boyer, señaló que la minería es la actividad económica que tiene los mayores impactos en el medio ambiente.
Dijo que en el Perú se ha satanizado a la minería formal y las organizaciones ambientalistas, colocadas en un extremo, no se caracterizan por una visión integral, sino más bien parcial.
"La experiencia nos demuestra que cuando la minería formal se aleja con sus proyectos, caso típico el de Tambogrande, porque la población es azuzada por organismos internacionales tremendamente financiados, la población pobre y otra que quiere transformarse y tener riqueza muy rápidamente se dedican a la informalidad y la ilegalidad en el sector minero", expresó Ordinola Boyer.
El docente de la UNP señaló que ahora desde Tambogrande hasta Suyo hay pequeños mineros, peleándose algunos, que incluso a nivel de sus casas extraen el mineral, sin tener los mínimos cuidados para no contaminar.
Aparte, se emplea a personas, a las que se paga salarios de subsistencia y sin ofrecerles ninguna seguridad en sus labores, dijo.
Ordinola consideró positivo que se formalice a los pequeños mineros, para que entren a un proceso de control y supervisión de sus actividades.
Pero, hay que tomar en cuenta que es más apropiada la actividad minera de mediana y gran escala, porque los equipos que se utilizan para no contaminar son modernos y tienen costos muy altos, que no están al alcance de la pequeña minería, agregó.
Ordinola consideró que en el tema de la minería hay que tener una visión integral y ver las experiencias internacionales respecto a los impactos de todo tipo que tienen los proyectos en el medio ambiente.
"Hay que distinguir el efecto neto de los impactos, es decir poner en la balanza los efectos positivos y negativos, tanto a nivel económico, social, ambiental", dijo.

HIDROMUNDO

Privatización del agua incrementará tarifas hasta 700%, advierten

http://a7.com.mx/ - 15/09/2013.- Con el voto mayoritario de las fracciones de los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, durante una sesión ordinaria, el Cabildo de la ciudad de Puebla ratificó la iniciativa del Gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, de concesionar el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP) a la iniciativa privada.
La oposición fue de los regidores priístas Sandra Montalvo, Octavio Castilla, Julio César Sánchez, Teodora Ramírez y Lourdes Dib, así como del perredista David Méndez Marquez y el petista édgar Alonso Cañete, quienes votaron en contra.
El resto de los 17 regidores panistas y aliancistas defendieron la iniciativa privatizadora, bajo el argumento de que habrá beneficios tanto para el organismo operador en el saneamiento de sus finanzas, como para los ciudadanos que contarán con un servicio de calidad como lo es el de la basura y el alumbrado público, que también operan con capital privado, defensa que encabezaron el perredista Arturo Loyola y los panistas Pedro Gutiérrez y Jaime Zurita.
Sin embargo, Méndez Márquez señaló que la privatización del servicio de agua y alcantarillado "es una gran irresponsabilidad, ya que es darle trato de mercancía a un recurso fundamental para la vida".
Subrayó que la experiencia de ciudades que han privatizado el agua es que las tarifas han llegado a aumentarse en 700 por ciento.
Agregó que la redacción del documento es completamente favorable a la empresa, no a los ciudadanos, y una muestra de ello es el cobro discrecional que podrá hacer la empresa concesionada.
En tanto, la priista Sandra Montalvo sostuvo que el cabildo debería ser el primer defensor de los ciudadanos en contra de esta medida, pues los términos que se aprobaron por los regidores permitirán que la empresa inicie procedimientos judiciales en contra de los clientes morosos, cuando la capital poblana concentra a más de 100 mil personas en condiciones de pobreza extrema.
Para el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez las posturas a favor y en contra de la concesión son respetables, pero subrayó que su voto a favor de la medida fue considerando que los capitalinos requieren un mejor servicio de agua y alcantarillado.
Expuso que una vez autorizado el ingreso de capital privado, el SOAPAP deberá analizar los mecanismos para que el agua sea de calidad y con tarifas accesibles a los pobladores.
"Lo más importante es que no nos hemos quedado cruzados de brazos; quitamos los tintes partidistas para establecer decisiones técnicas, que es lo más importante resaltar", subrayó.
Expuso que lo que se autorizó fue que el SOAPAP podrá determinar esquemas financieros de inversión privada para sanear su deuda, como para incrementar su infraestructura y ampliar la red de alcantarillado.
De igual forma, el SOAPAP podrá establecer convenios con otros organismos operadores de la zona metropolitana de la capital para establecer políticas conjuntas de uso del agua.
Rechazó la idea de que generará costos impagables; por el contrario, dijo que en otros estados del país ha resultado efectiva para los ciudadanos. (Agencias)

Evaluarán formas de reducir emanaciones contaminantes

http://www.periodico26.cu/ 16/09/2013.- Aunque Cuba figura entre las naciones que menos intoxica el medio ambiente, el V Taller de Contaminación Atmosférica congregará desde mañana, en esta capital, a científicos y empresarios cubanos para evaluar cómo reducir las emanaciones industriales.
El encuentro sesionará hasta el jueves en el Hotel Kholy y la primera disertación la hará Leonor Turtós Carbonel, del Grupo Impacto Ambiental, del Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía (CUBAENERGÍA), quien se referirá a los efectos dañinos de la concentración del dióxido de carbono (CO2).
Este gas acelera consecuencias impredecibles del cambio climático, sobre
todo desde Estados Unidos, uno de los países más contaminantes del mundo, al emitir en el año el equivalente al 18 por ciento del total del orbe, según la Organización de Naciones Unidas, mientras que las cubanas se calculan en 0,11 por ciento anual.
La variabilidad, causas y riesgos de la radiación solar ultravioleta, la energía sostenible, la calidad del aire, los gases de efecto invernadero y el cambio climático fueron asuntos analizados en 2012, en un taller sobre contaminación atmosférica.

Se llaman a sí mismos los “verdaderos buenos amigos de los servicios” pero están vendiendo nuestras comunidades
La Internacional de Servicios Públicos denuncia el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios

ISP - 16/09/2013.- Los gobiernos que se reúnen esta semana en Ginebra, Suiza están negociando en secreto un proyecto de Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés).
Los 48 países que participan en la negociación del TISA parecen resueltos a imponer el programa de las empresas de utilizar los acuerdos de comercio para obligar a los países a adoptar una liberalización y desregulación extremas para garantizar mayores beneficios empresariales a costa de los/las trabajadores/as, granjeros/as, usuarios/as de servicios y el medio ambiente. En resumen: a costa de la gente.
El TISA ha sido concebido para sobrepasar las normas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) y el acuerdo de libre comercio (ALC) al restringir el derecho de los gobiernos de regular e invertir en el bien común.
La Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos, Rosa Pavanelli, dice: “Pedimos a nuestras afiliadas que insten a sus gobiernos nacionales a retirarse de las conversaciones sobre este Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y movilicen a trabajadores/as y comunidades contra este acuerdo que supone un ataque a los intereses públicos”.
“Creemos que este acuerdo pretende transferir servicios públicos a las empresas privadas y extranjeras, motivadas únicamente por las ganancias. Esto socavará los derechos de los/las ciudadanos/as y el acceso asequible a los servicios públicos vitales como la atención sanitaria, el agua y el saneamiento, la energía, la educación, los servicios sociales y las pensiones, y explotará los bienes comunes y los recursos naturales”.
Los países negociadores, que son todos miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y representan a la mayoría de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la par de ocho países en vías de desarrollo, se autodefinen como los “verdaderos buenos amigos de los servicios”. El acuerdo propuesto tiene por
objeto liberalizar considerablemente todo el comercio de servicios, como la construcción, los servicios financieros, los servicios públicos, así como los servicios empresariales y profesionales. El acuerdo reducirá la regulación generalizada.
Pavanelli añade: “Si los gobiernos están tan seguros de trabajar en el interés de las personas a las que representan, ¿por qué continúan llevando a cabo estas negociaciones secretas y no democráticas? Este acuerdo está corrompido en muchos sentidos. Es inaceptable que nuestros gobiernos nos excluyan del debate de leyes y políticas que afectarán a la justicia social y económica, la igualdad y las condiciones de vida de miles de millones de personas”.
“Además, parece que los/las dirigentes gubernamentales no han aprendido nada de la crisis financiera: en lugar de adoptar una normativa financiera más fuerte y apoyar la inversión pública, se rinden ante la avaricia de los intereses empresariales y los mercados al vender nuestras comunidades”.
El TISA también promueve la liberalización del denominado movimiento temporal de personas físicas, que son en realidad trabajadores/as migrantes, sin garantizar la protección jurídica de sus derechos humanos. Los/las trabajadores/as no son un mercancía; la migración no forma parte de las competencias de los acuerdos comerciales y se debe abordar a través del marco tripartito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Internacional de Servicios Públicos no es la única organización que exige que los países negociadores excluyan todos los servicios públicos del ámbito de aplicación de este tipo de acuerdos. La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) apoyan la demanda y más de 340 organizaciones importantes de la sociedad civil se han unido para protestar contra el acuerdo. Los grupos, que representan a decenas de millones de personas en países en todo el mundo, han firmado una carta conjunta para pedir a los gobiernos y a la Organización Mundial del Comercio que abandonen las conversaciones.
“Es hora de exigir transparencia. Es hora de que los medios de comunicación expongan lo que está ocurriendo en secreto. Es hora de que la gente y los/las trabajadores/as decidan qué es mejor para las comunidades. Es hora de que prevalezca la democracia, no la avaricia empresarial”, dice Pavanelli.

“Defender el Agua es Defender la Vida”