HIDROBOLETÍN FENTAP
Martes, 23 de diciembre de 2014 – Año IX – Edición 2135 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
- Perú - "Pediremos 10 millones de soles por deforestación en la Amazonía". El procurador ambiental Julio Guzmán reveló a OjoPúblico que pedirá una millonaria reparación civil por los casos de deforestación asociados a empresas dedicadas al cultivo de palma aceitera en Ucayali y Loreto. En extensa entrevista habló sobre las investigaciones que lleva por minería ilegal, tala y tráfico de madera y la corrupción derivada de estos delitos: “Hay 119 empleados públicos enjuiciados por temas ambientales, incluidos dos ex presidentes regionales”.
- Perú - Arequipa: El negocio y disputa por el agua. Agricultor denuncia que Junta de Regantes vende agua indebidamente. Ese hecho puso en evidencia que en el canal de Zamácola, más de uno toma el recurso sin ningún permiso. Las pugnas y los conflictos por el agua aumentan cada día por su escasez en la región.
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"Pediremos 10 millones de soles por deforestación en la
Amazonía"
El
procurador ambiental Julio Guzmán reveló a OjoPúblico que pedirá una millonaria
reparación civil por los casos de deforestación asociados a empresas dedicadas
al cultivo de palma aceitera en Ucayali y Loreto”.
http://ojo-publico.com/ - 22/12/2014.- El
Perú acaba de organizar el encuentro por el clima más importante del mundo
(COP20- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y
este ha sido el momento oportuno para poner en la agenda política uno de los
principales problemas que enfrenta la Amazonía: la deforestación por el cambio
de uso de suelo, el tráfico ilegal de madera asociada a la corrupción de funcionarios
y la minería ilegal. Conversamos con Julio Guzmán, procurador especializado en
delitos ambientales, para conocer cómo se enfrenta este tema desde el Estado.
¿Usted
está a la cabeza de la procuraduría desde que esta se creó en el 2010. ¿Cuál es
su balance?
Hemos
logrado consolidar la presencia del Estado en los procesos penales ambientales
que antes eran inexistentes y estaban dispersos en los diferentes sectores,
obtener sentencias condenatorias emblemáticas y reforzar la relación con el
Ministerio Público y el Poder Judicial.
¿Cuál
es la carga procesal y en qué regiones se concentra?
En
este momento tenemos 11.764 procesos por delitos ambientales, el 40% es por
delitos contra los recursos forestales. Por minería ilegal hay alrededor de 800
en todo el país. Las regiones con más casos son Madre de Dios (1.832), Piura
(1.070), Lambayeque (984), San Martín (832), Ucayali (691) y Loreto (688).
¿Y
cuántos de estos casos han concluido?
Alrededor
de mil, de la mayoría de ellos ya se ha cobrado la reparación civil. Y en eso
también se ha avanzado. Antes, por ejemplo, las autoridades judiciales imponían
una reparación civil de 400 soles por cada árbol de cedro talado ilegalmente
cuando su valor en el aserradero superaba los 35.000 soles; entonces, los
delincuentes preferirán talar y pagar la reparación. Por eso es importante que
el juez conozca el tema y entienda el impacto económico que genera el delito
ambiental.
¿Cuánto
es lo que se ha cobrado por reparación civil hasta el momento?
Este
año hemos alcanzado a cobrar 1'300 mil soles a favor del Estado, el 2013 fue
casi un millón, el anterior 400 mil soles, y el 2011 30 mil soles. En los
procesos penales por deforestación de bosques [amazónicos], vinculados al
cultivo de palma aceitera, se ha estimado pedir reparaciones civiles de 10
millones de soles.
En
estos años se han tipificado nuevos delitos y endurecido las penas. ¿Se tiene
más claro ahora que varios de estos delitos están asociados al crimen
organizado?
Sí.
El 2011 se acepta nuestra propuesta para sancionar nuevas conductas penales
como la minería ilegal. Si antes se creía únicamente que había que combatir
estos delitos por lesivos, ahora todos entienden que estos son el núcleo de más
delitos. La lógica de la investigación ha cambiado, ya no solo se trata de la
persecución al último eslabón de la cadena sino de ir tras las cabezas de la
organización criminal para denunciarlos por lavado de activos, defraudación
tributaria, etc.
¿Ha
sido un problema la ausencia de juzgados especializados en materia ambiental?
Solo
se han creado dos juzgados especializados, en Lima y Cusco, pero aún faltan en
otras regiones. Además hemos tenido problemas para que los magistrados
comprendan ciertos temas técnicos ambientales y lo único que nos ha quedado es
casi hacer docencia durante el proceso.
¿Cómo
evalúa la lucha contra el tráfico de madera, considerando que desde el 2009 se
ha documentado la comercialización ilegal por encima de los 134 millones de
dólares?
Es
un tema que se está enfrentando, pero es complejo. Uno de los aspectos que el
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) tiene que precisar es
que no es cierto que luego de la inmovilización de un cargamento de madera
existan cinco días para demostrar con papeles su legalidad. Esto se viene haciendo
pero es una mala interpretación de una norma antigua que solo está facilitando
la corrupción en las regiones, porque en esos días los administrados buscan los
papeles para blanquear la madera. Hace tiempo que sabemos que el sistema está
mal, pero ¿se han generado cambios? Hay responsabilidad en varios sectores.
¿Ha
ayudado separar las funciones entre Serfor y Osinfor (Organismo de Supervisión
de los Recursos Naturales)?
La
idea de que estas competencias estén dispersas fue para evitar la corrupción.
El tema es que Osinfor sí fiscaliza, pero sus inspecciones son aleatorias y no
se hacen al 100%, y cuentan con escasos recursos...
Lo
peor que se hizo fue entregarles la fiscalización a los gobiernos regionales.
No pueden tener el control porque han generado es corrupción.
¿Y
de otro lado están los gobiernos regionales?
Yo
creo que lo peor que se hizo fue entregarles la fiscalización a los gobiernos
regionales, ellos no pueden fiscalizar en ninguna materia.
Bajo
este esquema el gobierno ha anunciado que en unos meses entregará nuevas
concesiones forestales.
Se
debería crear antes unidades de fiscalización desde Lima, porque esto no puede
estar en manos de las regiones, ellos no pueden tener el control sobre los
recursos naturales porque lo único que han generado en estos años es
corrupción. Eso es evidente. Otra de las formas eficientes para combatir la
corrupción es la apertura de la información. Mientras más transparentes sean
las entidades más disminuirá la corrupción.
En
los últimos meses se ha inmovilizado miles de metros cúbicos de madera ¿Qué ha
ocurrido con esta carga?
Ese
es un tema para lo que el Estado Peruano no está preparado, una parte de la
madera la custodia el gobierno regional, otra la fiscalía y Sunat. Mi temor es
que por esa mala interpretación de la norma que entrega cinco días para
presentar la documentación de la carga se haya devuelto o la estén reclamando
con documentos falsos. Algo similar pasa con el combustible que se decomisa en
Madre de Dios, no hay un correcto seguimiento.
¿Pero
no se supone que el Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) debería
administrar esa madera?
Lo
que pasa es que en este momento Conabi no tiene la infraestructura ni las
oficinas descentralizadas para administrar lo incautado.
La
lógica de la investigación ha cambiado, ya no solo se trata de la persecución
al último eslabón sino de ir tras los financistas
¿En
la cadena de comercialización cuál es la responsabilidad del exportador?
El
empresario que exporta siempre dirá que compra la madera de buena fe porque a
él le venden todo con papeles en regla. Es por eso que ahora estamos diseñando
mejores mecanismos de control con Sunat y Osinfor. Lo que estamos planteando es
que las guías de transporte forestal acompañen las declaraciones de aduanas,
así podríamos hacer el seguimiento hasta el origen. Si no reenfocamos la
investigación vamos a seguir procesando solo a los últimos eslabones, pero no a
los financistas.
Se
acaba de firmar un pacto contra la tala ilegal.
Me
sumo al pacto, pero este no debe ser un documento escrito, tiene que
materializarse en protocolos e intervenciones constantes.
¿Cuántos
profesionales integran el equipo de la procuraduría y cuánto es el presupuesto?
Ocho
abogados, seis asistentes administrativos y 4 practicantes. Hay un presupuesto
de 1'100 mil soles anuales para sueldos, alquiler del local, pago de servicios,
viajes y apoyo en intervenciones.
¿Cuántos
funcionarios públicos son procesados por delitos ambientales?
Hay
119 funcionarios públicos procesados por el delito de otorgamiento ilegal de
derechos (para administración de recursos naturales).
¿Cuáles
son los procesos más emblemáticos que está llevando su despacho?
Los
casos de deforestación de bosque amazónico vinculados al cultivo de palma
aceitera.
¿Por
qué?
No
hay nada peor en materia ambiental que la deforestación amazónica por cambio de
uso de suelo, que es lo que pasa en Loreto y Ucayali. En ambas regiones están
involucrados e investigados los presidentes regionales (Yvan Vásquez y Jorge
Velasquez Portocarrero, respectivamente) por otorgamiento ilegal de derechos.
Leer entrevista completa aquí: http://bit.ly/1zoS2nv
HIDROREGIONES
Arequipa: El negocio y disputa por el agua
RECURSO MÁS PRECIADO. Agricultor denuncia que Junta de Regantes
vende agua indebidamente. Ese hecho puso en evidencia que en el canal de
Zamácola, más de uno toma el recurso sin ningún permiso. Las pugnas y los
conflictos por el agua aumentan cada día por su escasez en la región.
http://www.larepublica.pe/ - 22/12/2014.- Una denuncia realizada el
último 15 de noviembre por el agricultor José Ortiz Calisaya, evidencia que
existe un negociado con el agua destinada al riego de cientos de hectáreas de
cultivo.
Entre los beneficiados se encontrarían algunos
agricultores y asociaciones de tanqueros (camiones cisterna), quienes toman el
agua destinada para el riego de cultivos con permisos que están al margen de la
ley.
El documento policial donde figura la denuncia de
Ortiz y que hoy es parte de un proceso sancionador de la Administración Local
del Agua (ALA) - Chili, revela que la Comisión de Regantes de Zamácola, que
agrupa a siete mil agricultores, encargada de resguardar el buen uso del agua,
habría cobrado 50 soles para que un agricultor tome durante siete horas un
adicional de agua, pese a que no le correspondía. Ello afectó a José Ortiz
quien no contó con todo el recurso para regar sus más de 80 topos de cebolla.
En la denuncia se refiere que el agricultor Luis
Copara Villanueva, indebidamente levantó la compuerta que permite el paso del
agua a sus sembríos en el fundo ubicado en el Lateral I, Morro Negro del
distrito de Cerro Colorado (cerca del kilómetro cuatro de la Vía de
Evitamiento).
Cuando la Policía le preguntó porqué desvió el agua,
Copara dijo tener la autorización 1176, que le entregó la Comisión de Regantes
de Zamácola a cambio de una "colaboración" de 50 soles.
Según el director de la Autoridad Administrativa del
Agua Caplina Ocoña, Ronald Fernández Bravo, las comisiones no tienen facultades
para autorizar el uso de agua a un agricultor.
"Este caso ya es investigado y se determinará
porqué la comisión entregó ese documento".
Sobre el tema, el presidente de la Comisión de
Regantes de Zamácola y titular de la Junta de Usuarios del Chili Zona Regulada,
Juan Teodoro Álvarez Chávez, aceptó la existencia de la denuncia. Indicó que
hubo un error en la emisión del documento por parte de la secretaria. "Lo
que se hizo es reponer el agua al agricultor Copara, porque el día que le
tocaba se cayó un muro del canal y lo dejó sin recurso por tres horas".
Exaltado, Álvarez empezó a indicar que era falso que
cobrara por el agua. Cuestionó a este diario por tomar una denuncia que sus
enemigos hacen en su contra. "¡Quién lo manda a preguntar!... seguro viene
de parte de Fernández (director de AAA)... A la secretaria ya se le inició una
investigación. Ese dinero nunca ingresó a la junta", dijo molesto.
Se le preguntó si era el único caso porque la
autorización cuestionada tiene el número 1176. Álvarez respondió que no sabe si
existieron anteriormente 1175 permisos más. Dijo que es nuevo en el cargo.
"Desconozco si anteriores gestiones hicieron el cobro", mencionó.
TANQUES Y AGUA
Los agricultores de Zamácola y El Cural no solo deben
afrontar estos recortes de agua por
autorizaciones indebidas, también sufren recortes del servicio porque
asociaciones de tanqueros del Cono Norte sacan agua del canal para llevarlas a
los pueblos alejados de los distritos de Cerro Colorado y Yura.
La República constató la semana pasada que los
tanqueros se estacionan metros más arriba del cruce de Zamácola, donde con la
ayuda de motores o bombas extractoras llenan con agua sus cisternas. Cobran
entre 80 y 200 soles por cada tancada de agua.
Consultados si contaban con autorización, los
transportistas dijeron que sí, pero evitaron decir quién les dio el permiso y
si pagaron por ello.
Sobre el tema, Juan Álvarez aceptó que los tanqueros
sacan el agua sin autorización. Pero señaló no tener facultades para sacarlos.
"Si lo hago se me viene toda la población del Cono Norte encima. Nosotros
tratamos de formalizarlos y hacerlos parte de la comisión, pero el señor
Fernández no quiso. Ahora ellos siguen tomando el agua, afectando a los
agricultores".
Agregó que no solo los tanqueros sacan el agua,
también lo hace el Gobierno Regional de Arequipa, la municipalidad provincial y
los municipios distritales. "El señor Fernández en lugar de cuestionarme,
debe obligar a estas entidades a ponerse en regla", dijo.
CLAVES
Ronald Fernández exhortó a los agricultores a
denunciar a todo aquel que indebidamente saque el agua sin autorización.
Indicó que en la irrigación Majes - Caylloma, los
agricultores con apoyo de la Policía y Fiscalía lograron detener a los
tanqueros, quienes sin permiso retiraban el agua para comercializarla a la
población que la utiliza para la construcción de predios.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
