HIDROBOLETÍN FENTAP
Martes 05 de marzo de 2013 – Año VII – Edición 1687 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
- Perú - ¿Procede declarar en emergencia ambiental los territorios indígenas de la cuenca del Pastaza? La Federación Indígena Quechua del Pastaza pidió al Estado que se declare en emergencia ambiental la cuenca del Pastaza por la grave contaminación que sufre esta zona y sus habitantes desde ahora más de 40 años de explotación petrolera y que recién fue constatada científicamente por instituciones estatales.
- Ecuador - Río Tahuando tendrá agua limpia.
- Colombia - CVS busca recuperar humedal. A raíz de la denuncia del personero de Chimá, por la invasión de los terrenos del complejo de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), hizo una visita para tomar acciones y evitar que se apropien de los predios de esa zona.
- Estados Unidos - YPF, involucrada en un caso de contaminación en Estados Unidos. Es por una subsidiaria que adquirió en 1995.
- España - Agua, del derecho al negocio. La asfixia económica de los municipios hace que cada vez más ayuntamientos vendan a empresas privadas la gestión del servicio público del agua como un modo de financiación, un proceso sin órganos reguladores que garanticen la buena salud en la prestación.
- Chile - Detectan anomalías en calidad del agua en comunas de Chile.
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¿Procede
declarar en emergencia ambiental los territorios indígenas de la cuenca del
Pastaza?
http://www.gatoencerrado.net
– 04/03/13.- La Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP) hizo un
llamado general y pidió al Estado que se declare en emergencia ambiental la
cuenca del Pastaza por la grave contaminación que sufre esta zona y sus
habitantes desde ahora más de 40 años de explotación petrolera y que recién fuera
constatada científicamente por cuatro instituciones estatales.
Ante el pedido, el Estado ha tomado la situación con pinzas
y asegura que tiene que revisar la norma con detalle. Esto nos invita a
responder algunas preguntas básicas respecto del tema:
¿Qué es una declaratoria de emergencia ambiental y cuál es
la norma que la prevé? ¿Cuáles son sus criterios y requisitos de su
procedimiento? ¿Para qué se declararía en emergencia ambiental una zona? ¿Quién
es la autoridad competente?
¿Para qué
declarar la emergencia ambiental?
La misma Resolución Presidencial que prevé la Declaración de
Emergencia Ambiental de una zona determinada, emitida por el MINAM, incluirá un
Plan de Acción Inmediata y de Corte Plazo (“Plan de Acción”).
Este Plan de Acción, cuya ejecución se encuentra a cargo de
los gobiernos regionales a través de los gobiernos locales, contiene un
conjunto de medidas y acciones especificas (actividades y metas) destinadas a
controlar la situación de emergencia y atender los efectos sobre la salud
pública, el ambiente, las actividades productivas, en un plazo inmediato (1).
El interés de declarar la emergencia ambiental es
precisamente este Plan de Acción pues permitirá que se desarrollen acciones de
manera inmediata, visto el carácter urgente de la situación. Cabe señalar que
el plazo para la evaluación de la procedencia de la declaratoria y la
elaboración del consiguiente Plan de Acción por el MINAM, es de máximo 20 días
(artículo 11 del Reglamento).
Esta Declaratoria de Emergencia Ambiental permite por otro
lado de involucrar al causante del daño ambiental. Éste deberá “participar
económica y técnicamente en las acciones necesarias para enfrentar la
emergencia ambiental y la reducción de los daños según el Plan de Acción”. De
hecho, el Plan de Acción será financiado por el presupuesto de las entidades
públicas involucradas, por los recursos provenientes de la cooperación técnica
internacional y por los recursos que aportan los agentes causantes de la
contaminación (artículo 19 del Reglamento).
Una última precisión de gran importancia es que este
procedimiento de Declaratoria es independiente de toda acción o responsabilidad
a nivel civil, penal y/o administrativo. Es decir, no es necesario que el
responsable del daño ambiental sea perseguido en el ámbito de una de estas tres
esferas para que proceda la declaratoria. Tampoco la declaratoria impide que se
persiga al responsable en la vía civil, penal y/o administrativa.
¿Entonces,
procede declarar la emergencia ambiental del territorio indígena de la cuenca
del Pastaza?
En efecto, se pudo constatar y comprobar científicamente,
vía la interpretación de los resultados del monitoreo ambiental realizado en
octubre 2012 por organizaciones internacionales reconocidas y por el mismo
Estado peruano vía reuniones con la Comisión Multisectorial [5], que la
contaminación no solo es dañina para el medio ambiente sino que puede resultar
como un serio peligro para la salud y la vida de los miembros de las
comunidades indígenas quechuas (3).
Resulta evidente de que hay indicadores básicos de que
estamos en presencia de una situación de emergencia ambiental. Ahora bien,
veamos: ¿Se trata de un daño ambiental significativo? ¿Existe una amenaza sobre
la salud y la vida de las comunidades indígenas de la zona? ¿Se requiere la
acción inmediata sectorial a nivel local, regional y nacional?
A todas estas preguntas, la respuesta es afirmativa.
Leer texto
completo aquí:
HIDROMUNDO
ECUADOR
Río Tahuando tendrá agua limpia
http://www.elnorte.ec
– 01/03/2013.- En 60 días aproximadamente empezarán los trabajos de
construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ibarra,
la que contará con alta tecnología y será la primera en el país, así lo dio a conocer Patricio Aguirre,
gerente de la EMAPA-I, institución responsable de la obra.
Financiación. La EMAPA- I hizo la
exposición del proyecto a los medios de comunicación, se explicó que la obra
será financiada por el Gobierno Español,
quien le otorgó un crédito a la ciudad de Ibarra por USD 30 millones, al 1% de
interés y 6 años de gracia, con un plazo de 22 años. La ejecución del proyecto
estará a cargo del Consorcio español Acciona Eduinter. Además estará ubicada en
las riberas del río Tahuando, a la altura de la avenida Carchi, parroquia El
Sagrario. La planta se construirá en una extensión de 6 hectáreas junto a lo
que será el parque lineal.
Funcionamiento. La planta recogerá
las aguas servidas de la ciudad para tratarlas y devolverle al río Tahuando
líquido vital con menos contaminación.
Ramiro Estévez, analista de
alcantarillado de la Emapa-I, manifestó que la planta poseerá control de olores
y desodorización, además indicó que el biogas que generarán los desechos que se
tratan en la planta, ayudará a que exista energía eléctrica, la que se
utilizará para el funcionamiento de la planta.
“Así se abaratarán costos en un 50%
de energía eléctrica”, explicó.
COLOMBIA
CVS busca recuperar humedal
http://www.elmeridianodecordoba.com.co
- 27/02/2013.- A raíz de la denuncia del personero de Chimá, Eduardo Benedetti
Manzur por la invasión de los terrenos del complejo de la Ciénaga Grande del
Bajo Sinú, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge (CVS), hizo una visita para tomar acciones y evitar que se apropien de
los predios de esa zona.
La actuación del personero se dio
porque un grupo de campesinos que cultivaba patilla y fríjol en época de verano
se quejó porque los terrenos están siendo cercados por Sergio Martínez, quien
supuestamente construyó un terraplén en el humedal, además porque otros
particulares se están apropiando de los terrenos de la Ciénaga.
Ante esa denuncia, funcionarios de
la División de Calidad Ambiental y del grupo de Gestión de Riesgo de la
Subdirección de Planeación junto a una abogada de la CVS, visitaron la zona de
Parraguá y Mass, ubicadas cerca a la comunidad de Malembá, en Chimá, donde se
hizo una inspección y se constató que particulares se han apropiado de una
parte de los terrenos de la ciénaga.
Los funcionarios también observaron
que pobladores de Chimá utilizan el terreno en época de sequía para sus
cultivos de patilla en baja escala y pastoreo de ganado en pequeñas áreas, sin
construir cercas, y sin alterar el sistema.
Es
por una subsidiaria que adquirió en 1995
YPF, involucrada en un caso de contaminación en
Estados Unidos
http://www.ieco.clarin.com
– 02/03/2013.- Mientras busca inversores internacionales para su megayacimiento
Vaca Muerta, YPF vio el miércoles aparecer en “letras de molde” su nombre en el
Wall Street Journal, uno de los principales diarios económicos del mundo, y
lectura obligada de los hombres de negocios. “La argentina YPF hereda lío en un
río de New Jersey”, decía el artículo. Y es que YPF podría tener que pagar 3
mil millones de dólares para limpiar el río Passaic, en Estados Unidos. El
litigio, que lleva siete años en marcha, es contra una empresa adquirida por
YPF en 1995, Maxus Energy, y contra su subsidiaria, Tierra Solutions, aunque
los hechos por los que se la acusan datan de antes de esa fecha e YPF afirma
que no tiene obligación jurídica sobre ellos. El Estado de New Jersey considera
responsable a Maxus Energy de verter al Passaic el químico Dioxin, uno de los
más contaminantes del mundo con posibles efectos cancerígenos.
Diamond Shamrock, la empresa que
luego se convirtió en Maxus, vertió Dioxin al río durante los años 50 y 60,
mientras fabricaba pesticida DDT y el temido Agente Naranja que costó la vida a
miles de vietnamitas durante la guerra que libró Estados Unidos en el país
asiático.
The Wall Street Journal informó que
YPF ya había sido declarada responsable por los costos de limpieza, pero la
petrolera argentina desmintió ayer esa información. YPF dijo que otras
empresas, como Occidental Chemical, fueron declaradas responsables por los
costos de limpieza. La petrolera argentina “niega enfáticamente dicha
responsabilidad y seguirá haciéndolo”.
HIDROALERTA
ESPAÑA
Agua, del derecho al negocio
La
asfixia económica de los municipios hace que cada vez más ayuntamientos vendan
a empresas privadas la gestión del servicio público del agua como un modo de
financiación, un proceso sin órganos reguladores que garanticen la buena salud
en la prestación
http://www.publico.es
– 03/03/2013.- Se vende. Con la llegada de la crisis, cada vez más
ayuntamientos en España cuelgan el cartel para adjudicar a empresas privadas la
gestión del agua, un servicio por lo general eficiente y en la mayoría de casos
viable para los consistorios. Sin embargo, según las estimaciones de la
Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento
(AEOPAS), si en 1996 sólo un 37% de la población del país estaba abastecida por
sociedades privadas, ese porcentaje supera hoy el 50% y se calcula que pueda
alcanzar el 57% en el transcurso de los próximos meses. ¿La razón? Económica,
principalmente.
Las delicadas finanzas municipales
han convertido a las empresas públicas de agua en una perita en dulce para
conseguir aliviar las arcas públicas con una suma de capital considerable, de
manera rápida y relativamente sencilla. Cuando los ayuntamientos deciden
externalizar el servicio, las entidades interesadas ofrecen un canon
concesional millonario a cambio de hacerse cargo de la gestión durante unos 20
años de media (en algunos casos pueden llegar a firmar para cuatro décadas),
mediante un contrato que no garantiza que el dinero recibido vaya a ser reinvertido
en el propio ciclo hidráulico. Las administraciones reducen sus deudas y se
desentienden de la contratación de personal, el mantenimiento de las
instalaciones y las tarifas. Las empresas, por su parte, adquieren un servicio
con alta viabilidad (las facturas tienen una garantía de cobro de entre el 95%
y 97%) y sin competidores en el sector.
"Como los ayuntamientos ya no
pueden vender el suelo, venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja
inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua", lamenta Luis Babiano,
gerente de AEOPAS, que considera un "escándalo" que los municipios
destinen parte del dinero que reciben del canon para financiar partidos o
levantar rotondas.
Roque Gistau, presidente de la
Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), a la que
pertenece el 80% de las operadoras del servicio tanto públicas, como mixtas y
privadas, no cree que la titularidad de las empresas influya en la calidad de
la gestión, pero coincide en señalar la mala administración que se hace de los
fondos: "lo que no puede ser es que los ayuntamientos no inviertan ese
canon concesional en el servicio de agua", afirma.
En sus conclusiones ambos apuntan en
la misma dirección al identificar el origen del problema: la falta de un ente
regulador que supervise la concesión. Mientras que en la mayoría de países
europeos los acuerdos con operadoras privadas están sometidos a un fuerte
control tanto para fijar las tarifas como para las inversiones en
infraestructura, etc., en España la ausencia de mecanismos de este tipo hace
los procesos mucho menos garantistas.
"Lo que se produce es una
desviación total de los fondos. Los alcaldes están privatizando para hacer
caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que
especular", dice Eloi Baldía Casas, miembro de Ingeniería sin Fronteras y
portavoz de la plataforma Agua es Vida, por la defensa del agua en Catalunya.
Su agrupación es una de las muchas
que se han creado en España para responder a la tendencia privatizadora del
servicio del agua por parte de las administraciones locales. Los ejemplos se
reproducen por múltiples comunidades autónomas. En Candeleda (Ávila), la
Plataforma contra la Especulación Ambiental y Urbanística ha conseguido
recolectar 3.400 firmas (en una población de poco más de 5.000 habitantes)
contra la intención del alcalde (PP) de vender el servicio público de aguas a
la empresa Aqualia, a la que sólo se le exige una inversión de 500.000 euros
durante 30 años. El Ayuntamiento argumenta que sufre pérdidas con la gestión
del servicio y que no tiene el dinero para realizar las inversiones necesarias
en infraestructura, pero según Pilar Diego, portavoz de la plataforma, las
cuentas públicas disponen de superávit y el servicio de aguas da beneficios al
consistorio, tal y como reflejan los datos del Ministerio de Hacienda.
Otro caso es el de El Puerto de
Santa María (Cádiz), donde el ayuntamiento (PP-PA) tramita la venta del 49% de
la empresa municipal APEMSA y la cesión a un socio privado de su gestión
indirecta durante 25 años, periodo en el que la primera pagará a su socia un 5%
de los beneficios de la entidad. La plataforma Aguas del Puerto no se Vende
lleva más de un año luchando para demostrar que la empresa pública no tiene
pérdidas ni necesidad de una financiación especial o urgente.
Un valor de mercado
El agua, declarada como un
"derecho humano" por las Naciones Unidas en 2010, pasa así de ser un
servicio público sin ánimo de lucro, a manos de sociedades privadas que, como
tal, buscan generar beneficios económicos. La primera consecuencia del proceso
es un incremento casi inmediato del coste del líquido que repercute en el
consumidor.
Gistau defiende que esta subida se
produce porque la tarifa pública "no recoge los costes reales del
proceso" al ser estos asumidos en su mayor parte por los ayuntamientos.
Luis Hiniesta, miembro de Aguas del Puerto no se Vende sólo ve, en cambio, una
justificación posible: la necesidad de asegurarse un negocio rentable.
"Hay que poner en cuestión por qué el agua, que en alta se genera a través
de los embalses y cuencas y de un sistema público, se le permite en baja,
cuando llega a los ciudadanos, incorporar el ánimo de lucro. Es un disparate.
El agua no puede convertirse en otra cosa que en un bien básico que tiene un
origen natural, vital e insustituible", enfatiza.
Babiano asegura que "se están
triplicando los casos de corte en el suministro" a nivel nacional y
considera que a través de la gestión privada no es posible garantizar el acceso
a todo el mundo. "Se está perdiendo la consideración de que esto es un
derecho humano. Para mí, lo que es más doloroso es que se le pueda cortar el
agua a la gente que no tiene recursos para pagar".
Comprobar con datos si la calidad de
la gestión es superior con operadores públicos o privados es, por el momento,
algo difícil de demostrar. Al no existir entidades reguladoras ni parámetros
estandarizados que analicen por igual la prestación del servicio en toda la
geografía nacional, la escasa información depende de los datos que las empresas
faciliten voluntariamente, sin mucho margen para poder garantizar su
fiabilidad. Tanto AEOPAS como AEAS reclaman cambios en este sentido.
Roque Gistau insiste en que se trata
de un debate "artificial": "Creo que hay que tener el control
público, otra cosa es la operación del servicio... pero la tecnología que hace
falta aplicar a los procesos hoy es tan grande que hace falta tener sistemas
fuertes detrás capaces de aportarlos. Un ayuntamiento no puede hacerle
frente", argumenta.
Lo que parece claro, en cualquier
caso, es que el del agua es un negocio con una proyección de futuro innegable
en el mundo, algo de lo que da cuenta el SGI World Water
CW, un índice bursátil que desde su
puesta en marcha en 2004 ha acumulado beneficios superiores a los del resto de
mercados que cotizan en Bolsa. En España, el 80% del negocio se lo reparten
entre Aquagest, filial del grupo AGBAR (Aguas de Barcelona) y de SUEZ EOLIA; y
Aqualia, del grupo Fomento Construcciones y Contratas (FCC), que funcionan casi
a modo de oligopolio.
Detectan anomalías en calidad del agua en comunas
de Chile
http://www.prensa-latina.cu –
03/03/2013.- En varias localidades de Chile se incumplen las normas de calidad
del agua potable, en algunos casos, excedida en los niveles de arsénico
permitidos, evidencia un estudio difundido hoy.
De acuerdo con la investigación, son
nueve las ciudades del país donde, al examinar el vital líquido, se detectó la
presencia de elementos que pueden resultar nocivos para la salud.
En el caso del arsénico, según el
estudio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), los registros
indicaron niveles superiores a lo permitido en las norteñas localidades de
Arica y Alto Hospicio, y en Valle Grande, un asentamiento rural en la comuna de
Lampa, perteneciente a la Región Metropolitana.
El presidente del Colegio Médico y
director del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica,
Enrique Paris, advirtió que cuando el consumo de ese elemento excede la norma,
puede acarrear desde problemas en la piel hasta neuropatías, alteraciones
pulmonares, aborto, arteritis y cáncer, en el caso de intoxicaciones agudas,
según publica el diario El Mercurio.
La norma chilena establece que por
cada litro de agua se debe registrar un máximo de 0,01 miligramos de arsénico,
sin embargo en Arica la cifra es de 0,0113; en Pozo Almonte 0,0307 y en Valle
Grande 0,0382.
Para el alcalde de Arica, Salvador
Urrutia, no se trata de valores de consideración, que definió como frecuentes
en el norte del país, aunque reconoció que existe un "pequeño riesgo que
es preferible no correr", por lo que la situación fue notificada a la
empresa proveedora Aguas Altiplanos.
El informe de la SISS reveló también
incumplimiento de las normas referentes a los niveles de nitratos y sulfatos en
las comunas de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral, Inca de Oro y Santa
Rosa del Peral.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
