miércoles, 10 de abril de 2013

HIDROBOLETÍN FENTAP Jueves, 11 de abril de 2013 – Año VII – Edición 1712



HIDROBOLETÍN FENTAP
Jueves, 11 de abril de 2013 – Año VII – Edición 1712 – www.fentap.org.pe

La FENTAP informa:
  • Perú - En Comisión de Energía y Minas OEFA afirma que sanciones ambientales no afectan competitividad económica.
  • Perú - Emergencia sanitaria en Chiclayo no es viable por bajo nivel de contaminación. Medida descartada. Sustento es presentado en informe técnico realizado por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y la Dirección de Epidemiología de la Geresa.
  • Paraguay - Con motobombas aspiran agua del lago Ypacaraí.
  • Ecuador - La contaminación del siglo. La petrolera Chevron y las autoridades contra la justicia.
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En Comisión de Energía y Minas
OEFA afirma que sanciones ambientales no afectan competitividad económica

http://www2.congreso.gob.pe/ - 10/04/13.- El presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Hugo Ramírez Gómez, afirmó que las sanciones ambientales que se aplican a las empresas que dañan la naturaleza, no afecta la competitividad económica ni las inversiones en el país.
Fue durante su presentación en la Comisión de Energía y Minas, que preside el congresista Teófilo Gamarra (NGP), en la que anunció una sanción de más de ocho mil IUT a la empresa Pluspetrol por el derrame de crudo de petróleo en el yacimiento de Yanayaco, región de Loreto, dañando los afluentes del río Pastaza.
El representante del OEFA manifestó que las multas se aplican teniendo un equilibrio en la fiscalización, buscando no afectar a la empresa ni la inversión, pues dijo que se debe mantener el ritmo de crecimiento de la economía que se ha alcanzado hasta el momento.
La congresista Elsa Anicama (NGP), se refirió a la contaminación que estaría produciendo la empresa Shougang, en Marcona ( Ica), mientras que el legislador Javier Bedoya (APGC) expresó su preocupación por que se afecte la competitividad económica de las empresas y su colega Martín Belaunde (SN) discrepó con las fórmulas que utiliza el OEFA para determinar sus multas.
El presidente de la comisión también defendió la producción del país, pero anotó que hay factores internos y externos que la dificultan. En el caso ambiental solicitó un inventario de los pasivos ambientales. También intervino sobre el tema el congresista Tito Valle (GPPP).
El representante del OEFA dijo que ese organismo de control y fiscalización ambiental está cumpliendo con su trabajo, pero recalcó que “no cerremos negocios. Buscamos el equilibrio y que haya inversión y producción”, expresó Ramírez Gómez.
También, luego de informar que existen 15 procesos de sanción contra la empresa Shougang y una multa de 300 UIT, dijo que en el caso del derrame de crudo de petróleo en los afluentes del Pastaza, el Ministerio del Ambiente está realizando los estudios y de ser necesario se declarará la zona en emergencia.
HIDROREGIONES

CHICLAYO
Emergencia sanitaria en Chiclayo no es viable por bajo nivel de contaminación
Medida descartada. Sustento es presentado en informe técnico realizado por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y la Dirección de Epidemiología de la Geresa.

http://www.larepublica.pe/ - 09/04/13.- ¿Por qué no se declara en emergencia sanitaria a Chiclayo? A través de un informe realizado por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y la Dirección de Epidemiología, la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (Geresa) ha descartado la posibilidad de establecer medidas de alarma ante la contaminación generada por las obras de “Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado del Casco Central de Chiclayo”, ejecutadas por la comuna provincial.
La disposición ha sido solicitada en distintas oportunidades por la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y otros entes, ante el gerente regional de Salud, Carlos Uriarte y el Ministerio Público, por los focos de contaminación producidos por colapsos de desagües y aparición de aniegos en distintos puntos de Chiclayo, que podrían afectar la salud pública.
Según se explica en el documento, la Geresa es la facultada para emitir opinión técnica que dé sustento a la declaratoria de emergencia ambiental (Ley 28611 - Ley General del Ambiente).
¿Cuál es el fundamento técnico que ha permitido descartar dicha medida? Según indica el informe, para declarar la emergencia ambiental (Artículo 3º de la Ley 28804), la Geresa debe tomar en cuenta, entre otros criterios, los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) o los Límites Máximos Permisibles (LMP), que miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos en el aire, suelo y agua, a través de un análisis de riesgo ambiental como indica la norma.
Aunque en el informe se reconoce que el colapso de los desagües y la exposición de aguas servidas en la vía pública han generado contaminación de los suelos y la presencia de material particulado ha contaminado el medio ambiente y creado molestias en los pobladores, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental opinó que la situación “no amerita” la declaración de emergencia por los siguientes motivos:
Primero, según el reporte de la Unidad de Saneamiento Básico, se determina que EPSEL S.A. abastece con agua potable que contiene concentraciones de cloro residual suficientes para garantizar la buena calidad del líquido, lo que no significa riesgo para la salud de las personas.
En segundo lugar, se explica técnicamente que la contaminación atmosférica, en su parámetro PM10, se encuentra en concentraciones que no superan los ECA, (estándares de calidad ambiental) establecidos por la ley, lo que tampoco significa mayor riesgo para la salud pública.
Además, en un análisis epidemiológico realizado en el 2012 y primeras semanas del 2013 se determinó que no se han reportado incrementos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) ni enfermedades diarreica agudas (EDAs), patologías determinantes del posible impacto de contaminación ambiental, manteniéndose las cifras en el rango de seguridad y reforzando la decisión de la Geresa de no establecer la emergencia sanitaria en la provincia.

CLAVES

La Geresa, en su informe, establece las distintas recomendaciones, entre ellas sugiere a la Municipalidad Provincial de Chiclayo tramitar el instrumento de gestión ambiental referido en el Decreto Supremo Nº 015-2012  del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, ente encargado de fiscalización ambiental de las obras.
Además se indica a la Unidad de Higiene Alimentaria  prohibir la venta ambulatoria de alimentos cerca a donde se ejecutan las obras, por el riesgo de contaminación.

DROMUNDO

Con motobombas aspiran agua del lago Ypacaraí
 
http://www.ultimahora.com/ - 09/04/13.- Dos motobombas fueron instaladas con el objetivo de aspirar el agua contaminada del lago Ypacaraí para derivarla al humedal del Salado. Los trabajos son coordinados por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Secretaría del Ambiente (Seam).                      
Ambas instituciones estatales acordaron realizar los trabajos de aspirado en la zona más concentrada de contaminantes existentes en la ribera del lago Ypacaraí, en la zona de la ciudad de Areguá.
Las dos primeras motobombas fueron colocadas, y por medios de ellas se prevé transvasar el agua contaminada del lago Ypacaraí al humedal del Salado.
Las dos máquinas funcionarían 12 horas diarias, con lapsos de descanso de media hora cada tres horas de funcionamiento.
Los trabajos de aspirados cuentan con el apoyo financiero de Petropar, según los datos proporcionados por la SEN.
Las tareas de bombeo se extenderán por un periodo de tres meses.
Estos trabajos se realizarán en forma paralela a otras acciones que viene realizando el Poder Ejecutivo y Judicial para erradicar la alta contaminación que presenta el cauce hídrico.
El nivel de toxicidad del lago Ypacaraí aumentó con la presencia de algas tóxicas, producto de los desechos y aguas residuales vertidos en el espejo de agua durante varios años. La presencia de las cianobacterias fue detectada en el 2012.

La petrolera Chevron y las autoridades contra la justicia
La contaminación del siglo

http://www.rebelion.org/ - 09/04/13.- La petrolera Chevron fue condenada por contaminación en Ecuador y debe pagar 19.000 millones de dólares a campesinos e indígenas. Pero se niega a cumplir y, por resolución judicial, fueron embargados sus activos en Argentina. Asociada con YPF para explotar yacimientos en Neuquén, presiona para que la Justicia argentina levante el embargo. Ya tiene el apoyo del Gobierno Nacional y Neuquino.
Un caso paradigmático de contaminación petrolera: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. Son algunos de los hechos que confirmó la Justicia de Ecuador y por el cual condenó a la petrolera Chevron, una de las mayores corporaciones del mundo, a pagar 19.000 millones de dólares. La condena alcanzó a sus activos en Argentina, donde fue embargada en todos sus activos. En 2012, la corporación petrolera acordó con YPF la explotación conjunta de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta (en Neuquén). La semana pasada, por primera vez, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, salió en defensa de la multinacional y pidió a los demandantes que cesen con el embargo en Argentina. No habló de la contaminación ni de los afectados por Chevron.

Historia negra

En 1964, bajo la dictadura de una Junta Militar, el gobierno de Ecuador entregó en concesión a la petrolera Texaco-Gulf el oriente ecuatoriano. En los tres primeros años, Texaco exploró la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía norte de Ecuador. Realizó cientos de perforaciones y construyó enormes piletas, al aire libre, con residuos tóxicos. Y explotó el petróleo hasta 1990, cuando abandonó Ecuador y dejó 480.000 hectáreas contaminadas.
En 1993, un grupo de afectados ecuatorianos denunció a Texaco en Nueva York por contaminación y afecciones a la salud. El 16 de mayo de 1994, se conformó el Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a los 30 mil afectados por Texaco.
En 2001, Chevron se fusionó con Texaco, en una operación de 45.000 millones de dólares.
La Corte de Apelaciones de Nueva York envió el caso a la justicia ecuatoriana, a pedido de Chevron, con la condición de que la petrolera acate la decisión del tribunal de Ecuador.
En febrero de 2010, mientras la causa judicial continuaba y se acumulaban pruebas y testimonios contra Chevron-Texaco, la multinacional acusó (con la Ley Federal de Estados Unidos para el Crimen Organizado) a los demandantes (en su mayoría indígenas y campesinos) de ser una “asociación criminal” que tenía la intención de extorsionar a la petrolera.
El expediente judicial contaba ya con 230.000 páginas, 106 informes periciales (60 de ellos pagos por la petrolera), 80.000 resultados químicos de las muestras de suelos y aguas. El juez inspeccionó los daños causados en 54 sitios operados por Chevron.
En febrero de 2011, la Justicia de primera instancia encontró a Chevrón culpable de contaminación y la condenó a pagar 8,6 mil millones de dólares para remediar las zonas contaminadas. Sentencia, y cifra, históricas a nivel mundial.
En enero de 2012, ya en segunda instancia, el tribunal ecuatoriano confirmó la sentencia. Y exigió que Chevron pidiera disculpas públicas a los afectados. En caso de negarse, estipuló que se duplicaba el monto (17,2 mil millones de dólares).
Chevron retiró todos sus activos de Ecuador. Pero la sentencia es ejecutable en cualquier parte del mundo (confirmado incluso por los tribunales de Estados Unidos).
En mayo de 2012, la justicia de Ecuador inició la primera acción internacional del cobro de sentencia (en Ontario, Canadá). Un mes después, comenzó la segunda acción, en Brasil (donde Chevron tiene activos).
El presidente de la multinacional, John Watson, pidió en julio de 2012 al Congreso de Estados Unidos que suspenda las preferencias arancelarias para los productos ecuatorianos. El Congreso de Estados Unidos negó el pedido de represalia comercial.
El 3 de agosto de 2012, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos liquidó el total adeudado y ordenó a Chevron a pagar 19 mil millones de dólares en el término de 24 horas.
El 7 de noviembre de 2012, en Argentina, el juez civil Adrián Elcuj Miranda aceptó el pedido de los tribunales ecuatorianos para establecer un embargo preventivo por 19 mil millones de dólares sobre los bienes de la petrolera Chevron.
La multinacional apeló la medida. Pero obtuvo otro revés: la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó el embargo en enero pasado.

Responsabilidad Social Empresarial

Chevron-Texaco contaminó dos millones de hectáreas, construyó 880 fosas (sin recubrimiento ni aislante) y quemó gas durante décadas en sus más de 1.000 mecheros. Los demandantes la acusan de haberse cobrado cientos de vidas en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde se registran los índices más altos de cáncer del Ecuador.
El accionar de la petrolera afectó el territorio y la vida de los pueblos indígenas Tetetes, Sansahuaris, Cofanes, Sionas, Secoyas y Waorani.
Territorios contaminados, pérdida de cultivos y muertes de animales fueron el mal (menor) que padecieron pueblos indígenas y campesinos.
El Frente de Defensa de la Amazonía desnudó la estrategia de Chevron durante el juicio: negaron la contaminación, responsabilizaron al Estado de Ecuador. Luego presionaron al gobierno ecuatoriano y, por último, argumentan “fraude” de los demandantes y sus abogados.
Los 30 mil afectados no desean el dinero de manera individual. Ya consensuaron: la indemnización será utilizada para la remediación ambiental, hospitales, escuelas y suministro de agua potable.

Gobierno, YPF y periodismo petrolero

La petrolera estadounidense firmó en 2012 un convenio de entendimiento con YPF para explotar la formación Vaca Muerta (de hidrocarburos no convencionales), con la cuestionada técnica de fractura hidráulica (“fracking”).
Junto al embargo de la Justicia ecuatoriano comenzó un juego de presión política y lobby periodístico que, semanalmente, condiciona la “inversión” de Chevron al levantamiento del embargo.
“La principal operación económica de Cristina Kirchner está amenazada porque los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana, amparados por el bolivariano Rafael Correa, embargaron a Chevron Argentina en un juicio por daños ambientales. Chevron era, hasta ahora, la única gran petrolera privada que se había interesado en explotar el yacimiento Vaca Muerta con YPF. Pésima noticia para Miguel Galuccio”, escribió el editorialista del diario La Nación Carlos Pagni el 12 de noviembre de 20121 (sobra un 1).
El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, no ocultó su posición: “Quiero desearle públicamente éxitos a Chevron en su apelación, luego de que se dictaminara, de manera arbitraria e ilegal, el embargo de sus activos en el país. Esta determinación no le hace ningún favor a la actividad, ya que afecta a uno de los grandes y más confiables jugadores de nuestra industria de Oil & Gas, y no tendré problemas en decirlo todas las veces que sea necesario”. Fue el 13 de noviembre, en un discurso público, en el tradicional almuerzo del Club del Petróleo.
En un fino equilibrio, el gerente comercial de Chevron Argentina, Ricardo Aguirre, señaló al diario Página12 el 30 de noviembre de 2012: “Estamos haciendo una cuidadosa planificación financiera para seguir operando. La idea es lograr que se revierta el embargo de la Justicia sin que antes se alteren nuestros planes de inversión. No queremos suspender la exploración en Vaca Muerta”.
“Advierten que habrá menos crudo si continúa un embargo a Chevron”, advirtió el diario Perfil en su edición del 2 de diciembre de 2012, en un artículo en el que citó ampliamente a Aguirre y también al director de Relaciones Públicas para América Latina, James Craig.

Durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre, Aguirre y Craig tuvieron apariciones en todos los grandes diarios de Buenos Aires.
El 17 de diciembre, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, viajó a Houston (Estados Unidos) para reunirse con Chevron y avanzar en el acuerdo por Vaca Muerta.
El 21 de diciembre, el diario La Nación advirtió: “El acuerdo de YPF depende de que se levante el embargo a Chevron”.
El 17 de febrero, Perfil afirmó: “Embargada, Chevron dirá que se va del país”.
Dos días después, en el juego de presión constante, Chevrón desmintió la retirada y señaló su “voluntad de seguir operando”.
El 14 de marzo fue el turno de Clarín: “Chevron admite que el embargo pone en peligro el acuerdo con YPF”.
El 28 de marzo, por primera vez, se conoció la posición del gobierno argentino, a través de Miguel Galuccio, presidente de YPF. Mediante una “carta privada” (pero filtrada por la misma empresa a un pequeño grupo de periodistas), el presidente de YPF arremetió contra los demandantes: “Las medidas por ustedes promovidas son absolutamente perjudiciales para la Argentina y podrían tener un efecto negativo en la inversión en el país (…) La única forma de evitar un enorme daño a nuestro país es el cese de tales medidas en la República Argentina”.
Galuccio dejó de lado la contaminación, a los afectados e incluso a los fallos de la Justicia de Ecuador. Sólo fijó su preocupación en la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta, recordó que Chevron es parte de esa explotación y afirmó: “Cualquier medida que afecte la inversión que YPF se ha comprometido a realizar para desarrollar estos recursos (Vaca Muerta) no afecta solamente el patrimonio de nuestros socios sino que también afecta seriamente los intereses de YPF y los del país y sus ciudadanos”.

“Crímenes con total impunidad”

El joven Pablo Fajardo, hijo de colonos, asumió en 2003 como ayudante de los abogados denunciantes. Hoy está al frente de la causa, con el respaldo de campesinos e indígenas ecuatorianos. “Los últimos 18 años hemos ido reaccionando poco a poco y hemos podido enfrentar a este poder real. Hasta hace pocos años atrás, la gente en Ecuador y en el mundo pensaba que era imposible que un grupo de indígenas, de campesinos, de gente pobre, de un país ‘tercermundista’ pueda enfrentar a una empresa poderosa como Chevron. Estamos demostrando que es posible y que se puede hacer, que es posible ir mucho más allá, que se pueden cambiar las cosas, que no son intocables, que ellos no son invencibles”, afirmó Fajardo. Remarcó que el juicio es histórico e invitó a leerlo en clave histórica (más allá del caso particular): “Lo que está en juego es todo un sistema empresarial que por décadas ha cometido enormes crímenes con total impunidad en América Latina, en África, Asia y en todas partes del mundo. Este juicio puede cambiar las reglas del juego”.

“Defender el Agua es Defender la Vida”