HIDROBOLETÍN FENTAP
Viernes, 26 de abril de 2013 – Año VII – Edición 1723 –
www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
- Uruguay - Nace un movimiento contra la minería y el extractivismo. Ha nacido el primer movimiento social bajo un gobierno progresista. Cuestiona de modo frontal el modelo extractivista y la contaminación del agua le da argumentos potentes ante la población.
- Costa Rica - Ambientalistas creen que carece de una agenda ambiental. Costa Rica carece de una agenda nacional en materia ambiental y de leyes modernas para proteger sus recursos naturales, afirmó hoy la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) en el marco del Día de la Tierra.
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Uruguay
Nace un movimiento contra la minería y el extractivismo
http://www.cipamericas.org
– 19/04/2013.- El 7 de marzo cayó uno de los más sólidos mitos de los
uruguayos: la confianza en las empresas estatales. Ese día quienes abrieron los
grifos sintieron un olor nauseabundo y los que tomaron mate o café sintieron un
sabor extraño. La empresa estatal encargada del suministro de agua, OSE (Obras
Sanitarias del Estado), debió reconocer “un episodio” de contaminación con
algas en la cuenca del río Santa Lucía, que abastece a seis de cada diez
uruguayos.
Pese a ello la empresa estatal aseguró que el agua es
potable. Un comunicado liberado días después señaló: “En relación al evento de
olor y sabor percibido por la población del área metropolitana días atrás, OSE
comunica que se debió exclusivamente a una sustancia liberada por un tipo de
alga microscópica en el Río Santa Lucía. Dicha sustancia, llamada geosmina, no
tiene incidencia sobre la salud de la población”[1].
Las autoridades cerraron filas y negaron
enfáticamente la contaminación de las fuentes de agua, que siempre habían sido
de gran calidad. Sin embargo, gran parte de la población no creyó en los
argumentos del Estado y se volcó a comprar agua embotellada agotando las
existencias.
Este suceso no hubiera tenido mayor trascendencia si
no fuera porque en los últimos años viene creciendo un movimiento contra la
instalación de una mina de hierro a cielo abierto, Aratirí de capitales
hindúes, que cuestiona además la contaminación por el uso masivo de plaguicidas
y fertilizantes en
los cultivos de soya y en la forestación. En rigor,
la sensibilidad ambientalista creció con el debate instalado a raíz de la
instalación de una enorme fábrica de celulosa en el río Uruguay.
En aquel momento, entre 2003 y 2008 aproximadamente,
en un clima de euforia por la llegada al gobierno del Frente Amplio (2004) y un
ambiente nacionalista exacerbado por las controversias con los ambientalistas y
el gobierno argentinos, la mayor parte de la población apoyó al gobierno
uruguayo. Ahora las cosas cambiaron. La población rural (apenas el 5% del
total) comenzó a percibir los efectos nocivos del desarrollo agropecuario y los
pequeños productores tradicionales (incluyendo los ganaderos) comenzaron a
movilizarse.
Un
país contaminado
Es difícil aceptar que los ríos uruguayos están
contaminados. El país fue siempre un paraíso natural, con industria liviana y
pocos coches, con ganadería extensiva y agricultura cerealera. Pero en la
última década, por la especulación con los alimentos y los minerales, las cosas
cambiaron drásticamente.
Los principales cambios se concentran en la
producción rural, a lo largo de los últimos diez años. El precio de la tierra
se multiplicó por seis (de 500 a 3.000 dólares la hectárea en promedio). El 38%
de la superficie agropecuaria fue vendida, y el 41% fue arrendada[2]. Entre
2000 y 2008 los propietarios uruguayos perdieron 1,8 millones de hectáreas que
pasaron a las sociedades anónimas que adquirieron una superficie similar.
Hubo una fuerte concentración de tierras en capitales
multinacionales: catorce grupos poseen un millón de hectáreas. Montes del Plata
(chileno- sueco-finlandesa) tiene 234.000 hectáreas; le sigue Forestal Oriental
(finlandesa) con 200.000 hectáreas. La estadounidense Weyerheuser tiene 140.000
hectáreas y las argentinas El Tejar y Agronegocios del Plata (ADP) con 140.000
y 100.000 hectáreas completan la lista de las mayores inversiones extranjeras.
En la campaña 2001-2002 había sólo 29 mil hectáreas
sembradas con soja. En 2012 superó un millón de hectáreas. Otro millón están
forestadas. Esto supone un aumento exponencial del uso de plaguicidas y
fertilizantes que son arrastrados por la lluvia hasta los ríos. Aquí comienza
un drama que la población está empezando a percibir.
Un estudio de la Dirección Nacional de Medo Ambiente
(DINAMA) de 2011 en el río Santa Lucía (del que proviene el 60% del agua
potable) resultó en un escándalo: los niveles de fósforo admitidos
internacionalmente son de 25 microgramos por litro, pero en el río los mínimos
oscilaron entre 70 y 12.900 microgramos por litro [3]. Ha habido múltiples
denuncias de científicos y organizaciones ambientalistas sobre la
contaminación, pero el Estado no ha hecho mucho.
El biólogo Luis Aubriot de la Facultad de Ciencias
dijo a la prensa que “sin la reducción de las cargas de nitrógeno y fósforo” no
se van a solucionar los problemas del agua [4]. Otro biólogo, Mario Calcagno,
recordó que además de las fumigaciones y fertilizantes que se usan para la soya
el río Santa Lucía recibe efluentes de frigoríficos, industrias de alimentos y
centros urbanos, y que el monte nativo a sus orillas ha ido desapareciendo. “Es
un desastre”, concluyó[5].
Uno de los argumentos más sólidos fue el esgrimido
por Diego Martino, que representó a Uruguay en el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente: “En 2010 se detectaron niveles de atracina en el agua.
Es uno de los componentes del glifosato. No hay ningún estudio a nivel nacional
que diga cuál es la consecuencia de niveles muy bajos de atracina consumidos a
lo largo de diez años” [6].
En su opinión el principal problema es la incapacidad
del Estado para controlar y luego tomar decisiones. Puso un ejemplo: ¿Cuánto
tiempo le llevó a la DINAMA cambiar la distancia de 50 metros a 500 metros para
la fumigación alrededor de una escuela rural? Años”. No se sabe cuántos niños
enfermaron por esa demora.
Uno de los principales problemas son los embalses,
que en su mayor parte se utilizan para el riego y el cultivo de arroz. En un
pequeño país como Uruguay hay más de mil embalses que con el calor del verano
se convierte en lugares donde crecen algas porque concentran los agroquímicos.
Con las lluvias los embalses derraman sus aguas en los ríos. Todos los ríos del
Uruguay, incluyendo anchísimo el Río de la Plata, están verdes de
contaminación.
El ganado también está siendo afectado. Un productor
del centro del país, cuyas ovejas beben en el gran embalse de Rincón del
Bonete, sufrió la muerte de 56 ovejas en un año, todas intoxicadas [7]. La directora
de Recursos Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
reconoció que “Uruguay no tiene un diagnóstico del estado de sus aguas”, pero
la misma autoridad acepta que se cultive soya a cuatro metros de lagunas, ríos
y arroyos, aunque la legislación establece una distancia de ocho metros,
también insuficiente [8].
Daniel Panario es director del Instituto de Ecología
y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y recibió en 2012 el Premio
Nacional a la Excelencia Ciudadana. Es el más destacado y combativo científico
del país que denuncia la contaminación hace más de 20 años. En su opinión el
mejor ejemplo vinculado al agua es el del plomo.
“En la década de 1940 en Inglaterra se concluyó que
el bajo rendimiento de los niños en las escuelas se debía al plomo y cambiaron
inmediatamente todas las cañerías. En Uruguay esto se comprobó en la década de
1970. Estamos en 2013 y todavía no se terminaron de cambiar las cañerías de
plomo en Montevideo. Dicen que tienen otras prioridades y que es muy caro” [9].
Además del Estado, la universidad es un obstáculo
para hacer conocer la realidad a la población. “Uno no tiene total libertad
para investigar temas de interés nacional. Cuando uno sale a hablar se arriesga
a tener que enfrentarse con las autoridades. Hace pocos días el rector aclaró
que yo hablaba a título personal y me dijo que le hacía daño a la facultad” [10].
Aquí aparecen dos problemas: los académicos priorizan
investigaciones que puedan ser publicadas en revistas especializadas, en general
en inglés, a las que la gente común no tiene acceso. Por otro lado, las
universidades dependen de convenios y fondos que provienen de diversos
organismos internacionales y de empresas privadas que no tienen interés en que
se conozcan críticas a los productos que venden las multinacionales.
Investigadores como Panario, pese al reconocimiento
nacional e internacional, suelen ser boicoteados por los propios
universitarios. Se presentó en dos oportunidades al fondo nacional de
investigadores y las dos veces fue rechazado. Tuvo que apelar a instancias
superiores para ser admitido. Ahora se muestra feliz ante el crecimiento del
movimiento contra la minería a cielo abierto.
Un
movimiento diferente
En julio de 2011 se creó la Confederación de Pueblos
Costeros con representantes de siete pueblos del departamento oceánico de
Rocha: La Paloma (3.500 hab.), Aguas Dulces (400), Punta del Diablo (800),
Valizas (330), La Pedrera (200), La Esmeralda (57) y Cabo Polonio. Se oponen a
la construcción de un puerto en La Paloma para la exportación de madera para
las fábricas de celulosa y del puerto oceánico para el hierro.
El 12 de octubre se realiza la segunda marcha
nacional donde confluyen colectivos del norte, el centro, el sur y de la zona
costera, integrados por productores y trabajadores rurales. Varias
personalidades del arte y el espectáculo participan en un video contra la
megaminería. A partir de ese momento cada región se concentra en la realización
de actividades locales y se crea la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de
la Tierra y los Bienes Naturales con unos 36 colectivos de base [11].
A mediados de 2012 el gobierno confirma la
construcción de un puerto de aguas profundas para la exportación de hierro,
madera y otros productos cerca de La Paloma. El movimiento contra la minería
realiza en agosto su primera asamblea nacional en Tacuarembó (norte) con la
asistencia de 300 personas de 35 colectivos.
Participan tres sindicatos, grupos indígenas, radios
comunitarias, productores y trabajadores rurales. Miembros de los pueblos
costeros optan por la acción directa para impedir las obras del puerto de La
Paloma. El 12 de octubre se realiza la tercera marcha nacional en Montevideo
con 10 mil personas, con decenas de gauchos a caballo, tractores, banderas de
pueblos originarios, ambientalistas y sindicatos.
El movimiento contra la minería tiene tres
características inéditas en Uruguay. La primera es que nace en el Interior
profundo, en pueblos de 50 a 3.000 habitantes, luego llega a las capitales
departamentales y más tarde a Montevideo, donde aún se están organizando los
primeros grupos. Esto es al revés de lo que sucedió en la historia de las
luchas sociales, donde casi todos los movimientos nacieron en la capital.
En segundo lugar, es un movimiento de base, asambleario
y horizontal, ligado a la tierra y al territorio, que se inspira en las
identidades populares rurales y no en las tradiciones sindicales y de la
izquierda, aunque ellas están integradas pero no de manera hegemónica. El
discurso y el lenguaje invocan las luchas por la Independencia lideradas hace
200 años por José Artigas y hacen hincapié en todo lo que se relacione con la
tierra.
La tercera es que el movimiento ha rechazado hasta
ahora su institucionalización. Las ONGs están acotadas. Los partidos políticos
se mantienen en silencio. Pero lo más interesante es que no se ha optado por el
camino del referendo nacional, la modalidad que adoptaron parar todos los grandes movimientos uruguayos
desde la recuperación de la democracia, empezando por el de los derechos
humanos.
Hay colectivos locales que recogen firmas para
realizar referendos departamentales, pero se ha optado por evitar un referendo
nacional luego de extensos debates. La experiencia de más de 20 años indica que
ese camino conduce a la desarticulación del movimiento, ya que la voluntad
popular es vulnerada por los que tienen capacidad para hacer publicidad
millonaria en los grandes medios de comunicación.
Ha nacido el primer movimiento social bajo un
gobierno progresista. Cuestiona de modo frontal el modelo extractivista y la
contaminación del agua le da argumentos potentes ante la población. Como dijo
Panario reflexionando sobre las consecuencias del huracán Sandy en New York y
el debate sobre el cambio climático: “Tiene que ocurrir una catástrofe para que
la población tome conciencia”.
HIDROALERTA
Ambientalistas creen que Costa Rica carece de una
agenda ambiental
http://noticias.lainformacion.com/
- 22/04/2013.- Costa Rica carece de una agenda nacional en materia ambiental y
de leyes modernas para proteger sus recursos naturales, afirmó hoy la
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) en el marco
del Día de la Tierra.
"A pesar de los intentos del sector, la falta de
una agenda nacional de temas ambientales, la ausencia de proyectos de ley
innovadores, y la carestía de participación, han multiplicado los conflictos
socio ambientales en todo el país", indicó Fecon en un comunicado.
La ONG señaló como los principales problemas
ambientales actuales la contaminación de agua por arsénico en algunas
comunidades de la zona norte y el Pacífico del país, proyectos de marinas en el
Golfo Dulce (sur) y los permisos para cultivos transgénicos.
También incluyen los impactos de los monocultivos
como la caña y las quemas asociadas, la "expansión incontrolada de piña
que genera contaminación del agua", así como la "expansión energética
descontrolada y la proliferación de represas hidroeléctricas"."A
pesar de la opinión de las comunidades y del sector ecologista, las políticas
destructivas del Gobierno avanzan sin control", aseguró Fecon.
La ONG lamentó que en el Congreso no avancen
iniciativas como una reforma constitucional que busca declarar el acceso al
agua como un derecho humano y un proyecto de ley que sustituiría a una de 1942
y que pretende, entre otras cosas, aumentar los cánones por uso comercial del
líquido y establecer mayores medidas de protección a los mantos acuíferos.
También criticó un proyecto de ley que estudia el
Congreso y que pretende "mutilar el Parque Nacional Rincón de la Vieja
para autorizar el desarrollo de un proyecto de geotermia".
Por su parte, la defensora de los habitantes, Ofelia
Taitelbaum, consideró en un comunicado que Costa Rica "debe traducir su
discurso de protección ambiental en mayores y mejores acciones visibles que
permitan contribuir a proteger realmente sus riquezas naturales".
Entre las necesidades de su país, Taitelbaum citó la
educación en materia de reciclaje, elevar a rango constitucional la protección
del agua, economizar el consumo de energía eléctrica, detener la violencia
contra los animales, reducir los niveles de contaminación sónica y ambiental y
maximizar un uso adecuado del agua potable".
El ministro costarricense del Ambiente, René Castro,
manifestó hoy, durante la presentación de un estudio medioambiental, que la
sociedad de su país ha decidido rechazar actividades extractivas como la
exploración petrolera y la minería a cielo abierto, pero debe decidir pronto
sobre otros temas polémicos.
Entre estos temas enumeró la posible extracción de
energía geotérmica cerca de los volcanes que están ubicados en zonas protegidas
y que por ley no pueden ser explotados.
Además, la posible construcción una planta
hidroeléctrica en una zona indígena del país, la renovación de la flotilla de
vehículos hacia tecnologías no contaminantes y el mayor uso de biocombustibles.
“Defender el Agua es Defender la Vida”